GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 3ra. Sesión
Legislativa Ordinaria
CAMARA DE REPRESENTANTES
P. del S. 15
INFORME POSITIVO
22 de junio de 2026
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:
La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico; previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 15, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la pieza legislativa con las enmiendas incluidas en el Entirillado Electrónico que acompaña este informe.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 15 con el finde “Para enmendar el subinciso (10) del inciso (a) y añadir el subinciso (16) al inciso (a) de la Sección 1020.02; el inciso (a) de la Sección 2021.03; las Secciones 2022.04; y 2023.02; y eliminar el párrafo (iv) y redesignar el párrafo (v) como (iv) del subinciso (1) del inciso (a) de la Sección 2024.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de modificar criterios específicos para la otorgación de los incentivos, con el objetivo de asegurar la permanencia de médicos altamente capacitados en Puerto Rico y atraer nuevos médicos; disponer como nuevos requisitos para la otorgación de estos decretos que los médicos presten servicios a participantes del Plan Vital; y que certifiquen una o varias de las siguientes alternativas: llevar a cabo al menos cinco (5) admisiones o consultas de pacientes presenciales semanales en instituciones hospitalarias o Centros de Salud Primaria, o que se trate de un médico enfocado exclusivamente en entornos hospitalarios, o sea parte de una franquicia o práctica contratada con los hospitales o Centros de Salud Primaria, o sea un médico con una posición de liderazgo o mejoramiento de la calidad en el hospital o Centros de Salud Primaria, entre otros; establecer un periodo de exención de quince (15) años para los médicos cualificados que posean un decreto bajo el Código, durante el cual estarán sujetos a una tasa fija preferencial de contribución sobre ingresos del doce por ciento (12%); y para otros fines relacionados.”
AnÁlisis de la Medida
El Proyecto del Senado 15, constituye una de las iniciativas legislativas más relevantes dentro del marco del Código de Incentivos de Puerto Rico para atender la crisis de escasez de médicos en la Isla. Mediante enmiendas a diversas disposiciones de la Ley 60‑2019, esta medida propone fortalecer los mecanismos de retención, reclutamiento y retorno de profesionales de la salud, particularmente en áreas de alta necesidad. El proyecto reconoce que la disminución acelerada de médicos en Puerto Rico ha generado serias limitaciones en el acceso a servicios esenciales, aumentando los tiempos de espera para recibir atención médica en la isla, reducción de especialistas de la salud y afectando de manera directa la capacidad del sistema sanitario para responder adecuadamente a las necesidades de la población.
El PS 15 introduce ajustes sustantivos a los requisitos y beneficios aplicables a los Médicos Cualificados, ampliando las definiciones relevantes, estableciendo nuevos criterios de certificación e incorporando medidas específicas dirigidas a asegurar la participación de estos profesionales, tanto para los proveedores del Plan Vital, como en entornos hospitalarios o centros de salud primaria. Asimismo, mantiene el periodo de exención contributiva a quince años, crea disposiciones para especialistas en escasez y médicos que se dedican a la enseñanza. Finalmente, el proyecto incluye salvaguardas de cumplimiento fiscal alineadas con PROMESA y el Plan Fiscal vigente, asegurando que la implementación de estos incentivos no afecte adversamente el Fondo General. En conjunto, estas disposiciones buscan fortalecer el sistema de salud, mejorar el acceso a servicios médicos y posicionar a Puerto Rico como un destino viable y competitivo para la práctica médica.
En 2024, la Junta de Supervisión Fiscal, en colaboración con el Departamento de Salud y la AAFAF, comisionó a FTI Consulting para realizar el estudio más abarcador hasta la fecha sobre la fuerza laboral de salud en Puerto Rico. Este análisis, basado en un modelo de oferta y demanda, un perfil de la fuerza laboral, encuestas a profesionales y administradores del sector, y entrevistas a actores clave en la industria de la salud, reveló un cuadro alarmante sobre la capacidad actual y futura del sistema de salud de la Isla. Los resultados evidencian un desbalance severo entre la oferta y la demanda de profesionales de la salud, especialmente en especialidades críticas como endocrinología, gastroenterología, geriatría, nefrología, oncología, ortopedia, urología y salud mental. Estas brechas se agravan en varias regiones de la Isla, principalmente Mayagüez, Arecibo, Ponce y Fajardo, donde el acceso es significativamente más limitado que en el área metropolitana.
El estudio también identificó un factor demográfico crítico: el envejecimiento acelerado tanto de la población como de la fuerza laboral. Según revela el estudio, cerca de la mitad de los médicos en práctica activa tienen 60 años o más, y el alrededor de dos terceras partes de los especialistas en ese grupo de edad anticipan retirarse en los próximos cinco años, lo que coloca al sistema ante un potencial “precipicio” de disponibilidad profesional. A este escenario se suma un conjunto de deficiencias estructurales que afectan la disponibilidad real de servicios, aunque existan profesionales licenciados.
Entre ellas destacan: una carga administrativa excesiva, limitaciones en sistemas de información y baja adopción de expedientes electrónicos, procesos de licenciamiento lentos y en papel, y una profunda fragmentación en la prestación de servicios que conduce al uso excesivo de salas de emergencia y a retrasos en diagnósticos y tratamientos. Asimismo, el informe subraya que la educación y la formación clínica presentan fallas significativas, desde cierres de programas residenciales por limitaciones financieras hasta un aumento de programas no acreditados, particularmente en enfermería, con graduados que no siempre cuentan con las destrezas necesarias para una práctica efectiva.
Otro hallazgo fundamental es la migración masiva del talento de salud debido a salarios no competitivos, mejores condiciones laborales en los Estados Unidos, carga laboral insostenible y limitadas oportunidades para desarrollo profesional. La encuesta del estudio confirma que la mayoría de los especialistas considera activamente reubicarse fuera de Puerto Rico, y que la muchos de estos profesionales de enfermería y terapia física buscan nuevas fuentes de ingreso o abandonar el sector por agotamiento. El estudio concluye que la crisis de acceso a servicios de salud en Puerto Rico no es producto de un solo factor, sino de la interacción simultánea de insuficiente producción de profesionales, dificultades para retenerlos, deficiencias en infraestructura, niveles críticos de agotamiento laboral, barreras regulatorias y un sistema financiero y administrativo que obstaculiza la operación eficiente de proveedores.
La proyección del modelo es clara: las brechas entre oferta y demanda continuarán ampliándose hasta 2050 si no se implementan reformas profundas y coordinadas. En conjunto, el estudio FOMB–FTI provee un diagnóstico contundente que valida la necesidad urgente de medidas legislativas dirigidas a fortalecer la retención, el reclutamiento, la distribución geográfica y las condiciones de trabajo de los médicos y otros profesionales de la salud en Puerto Rico, precisamente los objetivos que persigue el Proyecto del Senado 15.
Como parte del proceso de evaluación de esta medida, esta Comisión recibió múltiples memoriales, tanto de las agencias del Gobierno de Puerto Rico, como lo fue el Departamento de Salud, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Asociación de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), así como de diversas representaciones del ecosistema médico del país, como lo fue el Recinto de Ciencias Médicas (RCM), la Asociación Medica de Puerto Rico (AMPR), Asocicacion de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR), Sociedad de Dentistas Pediátricos de Puerto Rico (SDPPR), Colegio de Médicos de Puerto Rico (CMPR), Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Trauma (SPOT), Colegio de Cirujanos Dentistas, Hospital Pavia, Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe, entre otros.
Aunque en este informe discutiremos algunas de estas ponencias, es importante destacar que todas las entidades comparecientes expresaron su apoyo a la medida, reconociendo al mismo tiempo la realidad fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico. La mayoría coincidió en que, aun cuando la propuesta implica un impacto fiscal considerable, la crisis médica y de disponibilidad de profesionales de la salud que vive el País amerita adoptar medidas correctivas urgentes, capaces de mitigar los efectos adversos que esta situación podría continuar generando a largo plazo. En esencia, los comparecientes favorecieron la aprobación del proyecto entendiendo que la inversión en retención y atraimiento de médicos constituye una acción necesaria, estratégica y socialmente impostergable.
El Departamento de Salud de Puerto Rico endosó el P. del S. 15 al considerar que la medida es una herramienta necesaria y eficaz para enfrentar la crisis de escasez de médicos que afecta al país. La agencia sostiene que, como entidad responsable de velar por la salud pública y garantizar el acceso a servicios médicos, reconoce la urgencia de adoptar políticas que promuevan la retención y el reclutamiento de profesionales altamente capacitados. El DS propuso algunas enmiendas que fueron consideradas en el proceso de análisis y fueron incluidas en el entirillado que acompaña este informe.
Entre los cambios más relevantes se incluyen:
El Departamento de Salud subraya que el éxodo de médicos, especialmente especialistas, ha reducido el acceso a servicios y aumentado las desigualdades, particularmente en áreas rurales. Señala que factores como la baja compensación, altos costos operacionales, burocracia y limitaciones de infraestructura han exacerbado la crisis. Según la agencia, el P. del S. 15 es una medida contributiva focalizada que utiliza el poder del Estado para retener talento esencial, mejorar la disponibilidad de servicios y beneficiar directamente a la ciudadanía. Aunque reconoce que la ley no resolverá por completo la fuga de profesionales, entiende que es una herramienta importante dentro de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema de salud.
Mientras tanto, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sometió su memorial explicativo evaluando la medida desde la perspectiva económica y de política pública del Estado. Entre los cambios principales, el proyecto establece un periodo de exención contributiva de quince años sujeto a una tasa fija del 12% sobre ingresos elegibles, así como nuevos requisitos para asegurar que los médicos beneficiados brinden servicios directos en hospitales, Centros de Salud Primaria y a participantes del Plan Vital.
El DDEC destaca que la medida busca atender uno de los problemas más urgentes del país: la fuga de médicos y la escasez de especialistas, lo cual afecta la capacidad del sistema de salud para atender a la población de manera oportuna y eficiente. Según la exposición de motivos citada, la emigración de profesionales de la salud ha creado vacíos significativos en servicios esenciales, aumentando los tiempos de espera y deteriorando la percepción de Puerto Rico como destino laboral para médicos altamente capacitados.
Además, resaltaron que la falta de especialistas debilita la calidad de vida de los residentes, afecta la estabilidad del sistema de salud y, a largo plazo, afecta negativamente la competitividad económica del país. La agencia resalta que la retención y atracción de talento médico son componentes esenciales para un desarrollo económico sostenible. El DDEC entiende que el incentivo contributivo propuesto podría ayudar a revertir el éxodo de médicos, creando condiciones más competitivas para ejercer en Puerto Rico y reduciendo tiempos de espera para los pacientes. También considera que la medida puede incentivar el regreso de profesionales de la diáspora, quienes frecuentemente no contemplan retornar ante la ausencia de incentivos adecuados.
Finalmente, el DDEC no tiene objeciones a la aprobación del P. del S. 15, siempre y cuando se determine la existencia real de necesidad en las especialidades a incentivar, y delega en el Departamento de Salud la certificación de dichas áreas de escasez. Asimismo, reconoce que el Departamento de Hacienda deberá evaluar cómo la medida impactaría las finanzas públicas. El DDEC expresa su disposición para continuar colaborando con la Legislatura en el análisis y la implementación final de la propuesta
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Departamento de Hacienda comparecieron conjuntamente ante la Comisión para presentar sus observaciones respecto al Proyecto del Senado 15. Ambas entidades comenzaron reconociendo el propósito loable del proyecto: contribuir a la retención y retorno de médicos altamente capacitados y reforzar la disponibilidad de servicios clínicos en Puerto Rico. Destacaron que esta política pública coincide con esfuerzos anteriores, que también procuraba atender el éxodo de profesionales de la salud. Sin embargo, aclararon que, aun cuando apoyan la intención general de la medida, cualquier legislación que modifique incentivos contributivos debe evaluarse bajo los parámetros fiscales establecidos por PROMESA, el Plan Fiscal certificado y el presupuesto vigente.
En su análisis, AAFAF y Hacienda repasaron detalladamente las enmiendas que propone la pieza legislativa. Aunque reconocen que estas disposiciones buscan reforzar el compromiso clínico y asegurar la prestación de servicios esenciales, enfatizaron que toda modificación al Código de Incentivos tiene implicaciones directas sobre los recaudos del Gobierno y, por ende, debe ser examinada con rigurosidad.
AAFAF y Hacienda citaron además disposiciones específicas del Plan Fiscal certificado, que advierten sobre el riesgo de aprobar legislación que reduzca ingresos o aumente gastos sin identificar fuentes de financiamiento o mecanismos de neutralidad fiscal. Señalaron que, en años recientes, múltiples leyes aprobadas sin financiamiento adecuado han generado obligaciones millonarias, comprometiendo la estabilidad presupuestaria del Gobierno. Por ello, recalcaron que cualquier incentivo contributivo nuevo o ampliado debe estar acompañado de medidas compensatorias que garanticen que no se afecte la sostenibilidad financiera del Estado.
Aunque ambas entidades reiteraron su entendimiento de la gravedad de la crisis en la disponibilidad de médicos y la importancia de atender este asunto, también llamaron la atención respecto a que una política pública sólida requiere equilibrio entre su valor social y su responsabilidad fiscal. Por tanto, exhortaron a que el proyecto vaya acompañado del análisis correspondiente de OPAL, el cual se discutirá más adelante en este informe, y de la evaluación de las demás agencias con peritaje programático y presupuestario, como el Departamento de Salud, el DDEC y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En síntesis, AAFAF y el Departamento de Hacienda no se oponen al objetivo del P. del S. 15, pero advierten que su aprobación no debe proceder sin cumplir estrictamente con los requisitos de PROMESA, sin un análisis exhaustivo del impacto fiscal y sin identificar fuentes de financiamiento que garanticen su neutralidad fiscal y compatibilidad con el Plan Fiscal.
Por otra parte, la Asociación Médica de Puerto Rico, por su parte estableció que uno de los méritos importantes del P. del S. 15 es que reconoce que la medicina contemporánea no se ejerce de una sola manera. La organización estableció que hoy, el sistema de salud de Puerto Rico descansa no solo sobre el médico que mantiene una oficina tradicional, sino también sobre médicos que operan en oficinas privadas, hospitales, centros de salud primaria, salas de emergencia, servicios intrahospitalarios, grupos médicos, estructuras de contratación institucional, franquicias y funciones de liderazgo clínico y administrativo.
La AMPR resaltó que este esfuerzo responde a la realidad operacional del sistema. Expresaron que la medicina moderna es diversa en sus escenarios, en sus modelos de contratación y en la forma en que se articula la prestación de servicios. Estos entienden que cualquier medida que pretenda fortalecer el ecosistema médico del país debe partir precisamente de ese entendimiento amplio. Y ahí reside uno de los aciertos de esta pieza legislativa: intenta moverse más allá de una visión limitada o anticuada de la práctica médica.
IMPACTO FISCAL
Esta Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, como parte de análisis del P. del S. 15, evaluó el informe financiero de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). La OPAL concluyó que la implementación de esta medida podría llegar a tener un impacto fiscal negativo estimado entre noventa y cinco millones, ochocientos mil dólares (-$95.8 millones) a ciento seis millones de dólares (-$106.0 millones) anuales durante los años fiscales 2026 a 2030. Estas cifras reflejan los ingresos que el Fondo General dejaría de recibir como resultado de establecer una tasa fija preferencial de 12% para los ingresos elegibles de Médicos Cualificados bajo nuevos decretos contributivos, conforme al análisis realizado previo a las enmiendas sugeridas por esta comisión.
Este impacto incluye una compensación parcial de recaudos por concepto del IVU, derivada del aumento en ingreso disponible de los médicos beneficiarios, pero aun así el efecto neto representa una reducción significativa en recaudos para el Estado. Aun cuando el costo fiscal es considerable, el análisis también confirma que la tasa propuesta del 12% representa una alternativa fiscalmente más sostenible que la tasa histórica de 4%. De hecho, OPAL calcula que, si los nuevos médicos cualificados recibieran el incentivo al 4%, como ocurría previo a la paralización del otorgamiento de los incentivos a médicos, el impacto fiscal ascendería a más del doble en un solo año. Esto demuestra que el P. del S. 15 corrige una distorsión contributiva previa y busca un balance entre retención de talento médico y responsabilidad fiscal.
Más allá del componente presupuestario, la medida adquiere particular importancia a la luz de la crisis actual en la fuerza laboral de la industria de la salud. El estudio FOMB–FTI evidencia que Puerto Rico enfrenta una escasez severa y creciente de médicos, especialmente en regiones rurales y en especialidades críticas. La migración de facultativos, el envejecimiento acelerado del personal clínico y la insuficiente capacidad formativa agravan una situación que compromete el acceso a servicios esenciales. En este contexto, mantener incentivos competitivos y alineados con necesidades reales es indispensable para evitar el deterioro adicional del sistema de salud y garantizar la continuidad de servicios a la ciudadanía.
Así, aunque el P. del S. 15 implicaría una reducción en recaudos, su diseño representa un instrumento fiscal más eficiente, responsable y dirigido a resultados, asegurando que el incentivo se traduzca en disponibilidad real de servicios médicos, participación en entornos hospitalarios y atención directa a poblaciones vulnerables. La medida, por tanto, no solo responde a un reto fiscal, sino que fortalece la infraestructura humana del sistema de salud, componente esencial para la estabilidad social y el bienestar de Puerto Rico.
CONCLUSIÓN
Según el análisis realizado por esta Comisión del Proyecto del Senado 15, pudimos evidenciar de forma contundente que el sistema de salud del país se encuentra en un punto crítico que requiere acción inmediata, estratégica y sostenida. El estudio confirma un desbalance profundo y creciente entre la oferta y la demanda de profesionales de la salud, con déficits severos en especialidades esenciales, una concentración urbana del talento médico y un envejecimiento acelerado tanto de la población como de la propia fuerza laboral sanitaria. Estos factores, sumados a la migración masiva de profesionales por condiciones laborales inadecuadas, baja remuneración y exceso de carga administrativa, anticipan un colapso progresivo en la capacidad de Puerto Rico para garantizar acceso oportuno y seguro a servicios médicos esenciales.
Durante el proceso de investigación, pudimos comprobar que las causas estructurales del problema no son aisladas, sino interdependientes: deficiencias en la formación clínica, procesos administrativos lentos y obsoletos, fragmentación en la prestación de servicios, insuficiencia de programas de residencia y especialización, y un sistema regulatorio que limita herramientas modernas. Todo ello ocurre en un contexto donde las condiciones de salud pública continúan deteriorándose, impulsadas por la alta prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, que incrementan la carga sobre un sistema ya agotado.
A la luz de este escenario, el P. del S. 15 se presenta como una medida necesaria y pertinente para comenzar a cerrar las brechas más apremiantes del sistema. Sus disposiciones, incluyendo incentivos fiscales reformulados, requisitos de servicio en hospitales y Centros de Salud Primaria, alineación con el Plan Vital y criterios más rigurosos de elegibilidad, buscan asegurar que los incentivos contributivos realmente retengan talento, fortalezcan la capacidad clínica en entornos de alta necesidad y generen un retorno directo en acceso a servicios médicos para la población. El proyecto atiende, además, uno de los hallazgos fundamentales del estudio: la desconexión entre incentivos previos y el impacto real en la disponibilidad de profesionales, proponiendo un modelo más responsable, auditado y orientado al servicio público.
Este proyecto legislativo apunta hacia que el bienestar del pueblo y la estabilidad del sistema de salud dependen de aplicar reformas integrales que aborden tanto la retención de profesionales como las barreras sistémicas que limitan su capacidad de servir. El P. del S. 15 no resuelve todos los desafíos identificados, pero sí constituye un paso decisivo hacia un modelo más sostenible de reclutamiento, retención y práctica médica en Puerto Rico. Su aprobación representa una inversión estratégica en la salud de la ciudadanía, una respuesta concreta a años de evidencia acumulada y una afirmación del compromiso de la Asamblea Legislativa con la protección del derecho fundamental a servicios de salud accesibles y de calidad.
POR LO ANTES EXPUESTO, esta Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico previo estudio y consideración, tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo un Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 15, recomendando su aprobación con las enmiendas realizadas en el Entirillado Electrónico que se incluye junto a este informe.
Respetuosamente sometido,
Hon. Joel I. Franqui Atiles
Presidente
Comisión de Desarrollo Económico
Cámara de Representantes de Puerto Rico
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