GOBIERNO DE PUERTO RICO
20 ma Asamblea 1 ra Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. del S. 089
INFORME POSITIVO
24 DE JUNIO DE 2025
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
La Comisión de Educación, tras el correspondiente análisis y evaluación, recomienda respetuosamente a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobación del P. del S 089 (en adelante, P. del S. 089), mediante este Informe Positivo incorporando las enmiendas sugeridas que se detallan en el entrillado electrónico que se acompaña.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El P. del S. 089, tiene como propósito establecer la “Ley de Apoyo a Sistemas Municipales de Educación”; a los fines de disponer mecanismos de apoyo económico y operacional para las escuelas públicas alianza constituidas y operadas por gobiernos municipales; enmendar el Artículo 13.10 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; y para otros fines.
INTRODUCCIÓN
La Exposición de Motivos de la pieza legislativa propone enmendar el marco legal vigente para permitir y fomentar que los municipios en Puerto Rico, que cuenten con los recursos y la capacidad necesaria, establezcan y operen escuelas públicas alianza. Esta iniciativa responde a los múltiples desafíos del sistema educativo actual, tales como la falta de recursos, problemas de infraestructura y escasez de personal, proponiendo un modelo de colaboración directa entre los municipios y el Departamento de Educación.
Basado en las facultades conferidas por la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico, y en el Capítulo XIII de la Ley 85-2018, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, este proyecto busca formalizar un marco estructurado que permita a los municipios participar activamente en la educación pública mediante la creación de escuelas públicas alianza municipales. Estas escuelas atenderían necesidades educativas locales de forma más ágil y eficiente, especialmente en áreas históricamente desatendidas.
El P. del S. 089 también establece mecanismos de fiscalización mediante auditorías periódicas para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos y la calidad educativa, así como la asignación de una partida presupuestaria específica dentro del Departamento de Educación de Puerto Rico para estas escuelas municipales.
En resumen, esta medida fortalece la descentralización educativa, promueve la equidad en el acceso a servicios educativos de calidad y amplía las herramientas disponibles para enfrentar los retos del sistema educativo puertorriqueño, mediante un rol más proactivo de los gobiernos municipales.
ANÁLISIS DE LA MEDIDA
El P. del S. 089 fue radicado el 2 de enero de 2025 y referido a la Comisión de Educación el 27 de mayo de 2025. Para la evaluación y análisis de la referida medida fueron solicitados Memoriales Explicativos y Vistas Públicas de: Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Inc., Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Departamento De Educación de Puerto Rico (DEPR), Municipio de San Juan, EDUCAMOS, Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE), Municipio Autónomo de Caguas, Municipio de San Juan, y Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
En cumplimiento con nuestra responsabilidad legislativa y con el propósito de obtener el aporte necesario dichos memoriales fueron evaluados y analizados para propósitos de la redacción de este informe bajo nuestra consideración.
A continuación, se presenta un resumen detallado de los comentarios proporcionados por las entidades gubernamentales antes mencionadas:
OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, (en adelante, OPAL), representada por su director ejecutivo, Lcdo. Hecrian D. Martínez Martínez, presenta comentarios y recomendaciones sobre el P. del S. 089, que propone establecer mecanismos legales y económicos para el desarrollo de sistemas municipales de educación pública.
OPAL concluyó que el P. del S. 089 no genera un impacto fiscal neto sobre el Fondo General, ya que su implantación conllevaría una reasignación de fondos dentro del presupuesto vigente del Departamento de Educación de Puerto Rico. Esta reasignación podría alcanzar $110.5 millones, destinados a financiar los nuevos sistemas educativos municipales.
El proyecto dispone que la aportación estatal a cada sistema educativo municipal se calculará utilizando el costo por estudiante del año anterior en escuelas del Departamento de Educación, multiplicado por la matrícula del plantel municipal. Esta asignación será global, pero estará sujeta a transparencia y fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa y el(la) Gobernador(a).
Además, se establece que la aportación estatal no podrá exceder una tercera parte del costo total por estudiante en la jurisdicción municipal correspondiente, y estará condicionada al cumplimiento de requisitos estructurales y de rendición de cuentas definidos en la propia Ley.
Finalmente, OPAL contextualiza su análisis en la disminución sostenida de la población infantil, lo cual representa un factor relevante en la planificación y viabilidad de estos sistemas municipales de educación.
En resumen, el P. del S. 089 permite una redistribución presupuestaria sin aumento en el gasto total, promoviendo la descentralización educativa mediante la gestión directa de escuelas públicas por parte de los municipios.
GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA
El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, representado por su alcalde, José C. Aponte Dalmau, presenta comentarios y recomendaciones sobre el P. del S. 089. El mismo presentó ante la Asamblea Legislativa su experiencia en el desarrollo de un modelo educativo municipal complementario, centrado en una visión multisectorial y en la teoría de las inteligencias múltiples. Este modelo, que no busca reemplazar al sistema educativo estatal, ha permitido crear un robusto programa extracurricular y especializado que atiende las necesidades educativas desde la gestación hasta la adultez.
A través del Departamento de Educación Municipal, Carolina ha establecido escuelas municipales especializadas en deportes, bellas artes, ciencias y matemáticas, tecnología e idiomas, que operan en horario extendido ("after school") y que han dado lugar a resultados notables, como medallistas olímpicos, profesionales en STEM, y artistas reconocidos.
Además, Carolina administra programas de Head Start, Early Head Start, un sistema de bibliotecas, y tutorías en materias clave como español, matemáticas e inglés. Este enfoque integral actualmente beneficia a más de 1,400 estudiantes en sus escuelas especializadas y a más de 33,000 usuarios del sistema de bibliotecas, operando mayormente con fondos municipales, con un presupuesto que supera los $2.5 millones.
En el año académico 2024-2025, Carolina incorporó el modelo de escuelas públicas alianza mediante la colaboración con LEAP Social Enterprise, integrando el currículo STEAM en horario regular con una matrícula de 846 estudiantes en tres academias temáticas.
El Municipio reconoce los aciertos del P. del S. 089 al promover un rol más activo de los municipios en el sistema educativo. Sin embargo, deja claro que su interés no es administrar un sistema tradicional estatal, sino continuar desarrollando y fortaleciendo un sistema educativo complementario y extracurricular, el cual considera replicable y digno de ser apoyado por la Asamblea Legislativa.
En conclusión, Carolina respalda los objetivos del P. del S. 089 en cuanto a descentralizar y mejorar el sistema educativo, pero recomienda que se considere el fortalecimiento de programas municipales educativos alternativos como los que ya ha implementado exitosamente.
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, OGP), representada por su director, Orlando C. Rivera Berríos, reconoce el propósito del P. del S. 089 de establecer sistemas municipales de educación como alternativa para mejorar el sistema público. La medida propone que el Gobierno Central realice aportaciones económicas y técnicas a los municipios mediante una fórmula basada en la matrícula y el costo promedio por estudiante del Departamento de Educación (DEPR), sin que dicha aportación exceda una tercera parte del costo total por estudiante. También contempla apoyo estatal para infraestructura educativa y la donación de propiedades estatales.
Desde la perspectiva gerencial y presupuestaria, la OGP identifica varios retos y preocupaciones:
En conclusión, aunque la OGP reconoce los fines loables del P. del S. 089, no lo avala en su redacción actual debido a su falta de claridad operacional, su posible incongruencia con la Ley 85 y la ausencia de información presupuestaria clave. Sin embargo, se mantiene abierta a reevaluar su posición si se atienden estos aspectos y se provee un análisis completo con métricas claras, recomendando la colaboración con OPAL y la presentación de planes detallados por parte de los municipios interesados.
FEDERACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO, INC.
La Federación de Alcaldes de Puerto Rico (en adelante la Federación), representada por su director ejecutivo, Sr. Ángel M. Morales Vázquez, respalda el P. del S. 89, al considerar que ofrece una alternativa estructurada y sostenible para que los municipios con capacidad y recursos puedan establecer sus propios sistemas educativos.
Esta medida permitiría complementar los servicios del Departamento de Educación de Puerto Rico y de las escuelas privadas, especialmente en áreas con deficiencias significativas, donde la intervención municipal puede ser más efectiva. La Federación destaca la experiencia de los municipios en el manejo responsable de fondos federales y estatales, como el CARES Act y el ARPA, lo cual demuestra su capacidad para administrar recursos públicos eficientemente. Además, considera acertada la fórmula de financiamiento propuesta en el proyecto, basada en la matrícula y el costo promedio por estudiante, aunque recomienda aclarar aspectos sobre la contratación de personal y los costos operacionales, y garantizar condiciones equitativas de financiamiento en comparación con otras escuelas públicas. El modelo educativo municipal del Municipio de San Juan se presenta como ejemplo exitoso de lo que puede lograrse desde el ámbito local. La Federación sostiene que, dada su cercanía con las comunidades, los municipios pueden responder con mayor agilidad y eficacia a las necesidades educativas locales, fortaleciendo así el sistema educativo del país en consonancia con la política pública de autonomía y descentralización establecida en la Ley 107-2020.
FEDERACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO
La Federación de Maestros de Puerto Rico (en adelante FMPR), representada por su presidente, Mercedes Martínez Padilla, se opone firmemente al P. del S. 89, al considerar que promueve la privatización del sistema educativo mediante la creación de sistemas municipales que pondrían los recursos públicos en manos de intereses particulares. Critican que el proyecto no aborda las verdaderas causas de la crisis educativa, como la federalización del sistema, la imposición de pruebas estandarizadas y la pérdida de autonomía en las escuelas. Denuncian que estas políticas han restringido el currículo, limitado la libertad de cátedra y priorizado el cumplimiento burocrático por encima de las necesidades del estudiantado. La FMPR sostiene que el proyecto perpetúa un modelo fracasado de gestión empresarial en la educación, fomentando el clientelismo, la corrupción y la fragmentación del sistema. Mencionan múltiples casos de corrupción en municipios para advertir sobre los riesgos de delegar la educación a estructuras locales sin la debida capacidad fiscal y administrativa. Además, recalcan que ya existen mecanismos como las escuelas charter bajo la Ley 85 que permiten la participación municipal, por lo que no se justifica crear sistemas paralelos. Señalan que la coexistencia de dos sistemas educativos compitiendo por la misma población estudiantil es insostenible, especialmente ante la baja demográfica. Finalmente, hacen un llamado a una verdadera reforma educativa que fortalezca el sistema público, devuelva autonomía a las escuelas y responda a las necesidades de las comunidades escolares, y reiteran que no apoyarán medidas que, a su juicio, destruyen el sistema educativo público de Puerto Rico.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), representado por su secretario, Lcdo. Eliezer Ramos Parés y la subsecretaria de la Oficina de Presupuesto del DEPR, Sandra E. Clemente Rosado, informan que, para el año fiscal 2023-2024, contó con un presupuesto estatal asignado de $2,618,434,000, del cual quedó un saldo libre de $51,279,505 al cierre del año. Este sobrante se atribuye a varios factores, entre ellos: la alta rotación de personal que afectó la nómina; la no ejecución completa del proceso de reclutamiento relacionado con la Reforma del Servidor Público impulsada por la Junta de Supervisión Fiscal; y la estrategia de usar fondos estatales para cubrir gastos inicialmente presupuestados con fondos federales de emergencia (ESSER), con el fin de evitar sobrantes en estos últimos. Además, el DEPR enfrentó obstáculos para redistribuir presupuesto estatal debido a procesos burocráticos impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal. También señaló que el presupuesto asignado no refleja la necesidad real del Departamento, ya que muchas de sus responsabilidades recurrentes, como transportación, seguridad, mantenimiento y aumentos salariales, han sido cubiertas en años recientes con fondos federales que no estarán disponibles de forma permanente.
Por otro lado, El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) no favorece la aprobación del Proyecto del Senado Núm. 89 (P. del S. 89) debido a varios señalamientos presupuestarios, legales y estructurales. El DEPR aclara que, aunque respeta el derecho de los municipios a establecer sistemas educativos paralelos, no puede financiar estos con fondos no comprometidos, como propone el artículo 4 del proyecto. Todo el presupuesto del DEPR ya está asignado según la Oficina de Gerencia y Presupuesto, por lo cual sería necesario establecer una asignación recurrente independiente para los municipios.
También se advierte que, al tratarse de fondos públicos, se debe evitar la duplicidad de funciones entre el DEPR y los municipios, especialmente en un contexto donde el DEPR necesita fondos estatales para cumplir con sus responsabilidades actuales. Además, cualquier redistribución de recursos debe ser autorizada por la Junta de Supervisión Fiscal.
El DEPR señala que el proyecto requiere financiamiento para infraestructura educativa municipal sin prever un aumento al presupuesto de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP), lo cual limita su viabilidad. Igualmente, el proyecto delega la acreditación de las escuelas municipales al Consejo de Educación de Puerto Rico, un organismo que ya fue eliminado por ley. La agencia competente en la actualidad es el Departamento de Estado, bajo el Reglamento 9592, o en su defecto, la Agencia Estatal Aprobadora del DEPR con reconocimiento federal.
En cuanto al marco legal, el DEPR resalta que la Ley 85-2018 ya provee un mecanismo funcional mediante las Escuelas Públicas Alianza (EPA), que permiten autonomía administrativa y curricular bajo el control del Departamento. Esta ley ya contempla preferencia a propuestas presentadas por municipios o consorcios municipales, por lo que el P. del S. 89 sería redundante.
En conclusión, el DEPR considera que el proyecto es innecesario y problemático, ya que los objetivos que persigue pueden lograrse dentro del marco legal existente, sin crear estructuras paralelas ni comprometer los recursos asignados al sistema educativo actual.
MUNICIPIO DE SAN JUAN
El Municipio de San Juan, representado por su alcalde, Miguel A. Romero Lugo, propone la creación de un Sistema Educativo Municipal como respuesta al deterioro del sistema público de educación en su jurisdicción. Con una población de más de 434,000 habitantes, de los cuales más de 90,000 están en edad escolar, San Juan enfrenta serios desafíos educativos, como deserción escolar, bajo rendimiento académico y riesgo de cierre de escuelas públicas por bajo desempeño. Actualmente, el sistema público atiende al 62% del estudiantado, pero muestra deficiencias significativas en retención, promoción y competencias básicas.
Ante esta realidad, el municipio propone establecer un Código del Sistema de Educación que permita la creación de escuelas municipales desde nivel preescolar hasta postsecundario, incluyendo programas especializados, escuelas de horario extendido, y el fortalecimiento de la formación ética, tecnológica y vocacional. Las escuelas operarían con autonomía del Departamento de Educación, con una cultura educativa distinta centrada en el desarrollo integral del estudiante, el uso de tecnología moderna, disciplina, currículo flexible y bilingüismo.
El sistema se financiaría con fondos municipales, federales, derechos de matrícula (para estudiantes de familias pudientes), y becas para estudiantes de escasos recursos. Esta iniciativa busca brindar una educación de excelencia, equitativa e inclusiva, que atienda las verdaderas necesidades de los estudiantes sanjuaneros y promueva el desarrollo social, económico y cultural de la ciudad.
Por otro lado, El Municipio de San Juan respalda el P. el S. 089, ya que complementa sus esfuerzos en el desarrollo de un sistema educativo municipal. Desde 2003, San Juan ha implementado un modelo de escuelas municipales mediante su propio Código del Sistema de Educación, establecido por ordenanza, con el fin de ofrecer una educación integral desde el nivel preescolar hasta el secundario. Estas escuelas, actualmente operando como escuelas públicas alianza, son financiadas tanto por fondos municipales como por asignaciones estatales y federales, y promueven una cultura educativa centrada en el aprendizaje activo, bilingüismo, ética, tecnología y desarrollo de destrezas del siglo XXI.
El proyecto propone que los municipios que cuenten con los recursos necesarios puedan crear sus propios sistemas educativos, con apoyo financiero y técnico del Gobierno Estatal, mediante una fórmula basada en matrícula y costo promedio por estudiante. Cada municipio tendría que desarrollar un Código de Educación Municipal alineado con los estándares de calidad estatal y federal, e implementar auditorías fiscales y educativas periódicas.
San Juan considera que esta iniciativa fortalece la educación pública al permitir mayor autonomía local y adaptación a las necesidades específicas de las comunidades. Destaca que toda legislación que imponga obligaciones económicas a los municipios debe identificar los recursos necesarios, conforme al Código Municipal. Por lo tanto, el municipio endosa positivamente el proyecto, al considerarlo coherente con su experiencia y como una herramienta útil para ampliar las oportunidades educativas de sus estudiantes.
ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO
La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), representado por su presidente, Víctor M. Bonilla Sánchez, se opone al P. del S. 089, que busca permitir a los municipios establecer y gestionar sus propios sistemas educativos, asumiendo control total sobre escuelas, personal, currículo y presupuesto. Aunque reconoce que los municipios han demostrado capacidad para atender necesidades básicas y emergencias, la AMPR destaca que el proyecto no garantiza derechos fundamentales del magisterio, como la negociación colectiva, la estabilidad laboral y los beneficios adquiridos tras años de lucha sindical. Además, advierte que la creación de sistemas educativos municipales generará competencia directa con el DEPR por estudiantes y personal, fragmentando y debilitando el sistema público. También señala que el proyecto carece de claridad en la asignación y uso de fondos, proponiendo financiar las escuelas municipales con recursos que actualmente deberían fortalecer las escuelas públicas existentes. La posibilidad de que cada municipio establezca su propio currículo y normas laborales, sin parámetros uniformes, podría fomentar desigualdades entre municipios ricos y pobres, además de abrir la puerta a la politización y nepotismo. La AMPR subraya que experiencias en otras jurisdicciones han demostrado que la municipalización puede provocar deterioro en la calidad educativa y corrupción. Por ello, insiste en que cualquier iniciativa debe proteger los derechos laborales de los maestros, garantizar la equidad y dirigir los recursos prioritariamente al sistema público vigente, por lo que no apoya el proyecto mientras no se cumplan estas condiciones.
EDUCAMOS
EDUCAMOS, representado por su presidente, Eva L. Ayala Reyes, sostiene que el sistema de educación pública debe preparar a la comunidad para enfrentar problemas sociales mediante el desarrollo de pensamiento crítico y liderazgo. Reconoce que el sistema actual enfrenta graves dificultades como la falta de participación comunitaria, violación de derechos del magisterio, condiciones laborales precarias, bajo salario, criminalización del personal docente, falta de recursos, insuficiencia de personal y problemas en programas educativos, todo agravado por factores socioeconómicos.
EDUCAMOS no considera que la municipalización de escuelas, propuesta en el P. del S. 089, sea una solución viable, ya que la ve como una forma de privatización que podría agravar problemas existentes. Expresa preocupación por el uso de fondos públicos para este fin, la pérdida del principio de mérito, la politización a nivel municipal, la fragmentación sindical y la duplicación de sistemas centralizados en cada municipio, algunos con problemas fiscales.
En cambio, propone fortalecer la escuela pública haciendo el sistema más atractivo mediante la mejora de programas educativos, revisión curricular, apoyo efectivo al magisterio, reducción de matrícula por salón, mejor distribución de fondos, estructuras participativas y una comunicación fluida en la comunidad escolar. Por todo esto, EDUCAMOS se inclina a no apoyar el P. del S. 089.
UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
La Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (en adelante, UNETE), representada por su presidente, Profesora Liza Fournier Córdova, señala que, aunque existen escuelas municipales en algunos municipios con capacidad fiscal y profesional para operarlas sin financiamiento estatal, no se cuenta con suficiente información sobre su gestión, por lo que antes de municipalizar más escuelas se debe realizar un estudio exhaustivo para evaluar fortalezas y deficiencias. Cuestiona si los municipios realmente tienen los recursos y capacidad para establecer sistemas educativos propios que cumplan con criterios de calidad, por lo que advierte que no se deben asignar fondos sin verificar esos requisitos.
UNETE defiende la autonomía escolar, administrativa, docente y fiscal, como la mejor vía para fortalecer la educación pública, con liderazgo democrático y participación comunitaria, en lugar de escuelas charter o municipales. Se opone a la municipalización por la alta politización en nombramientos y gestión, la creación innecesaria de códigos educativos municipales, la pérdida de permanencia laboral del personal y la transferencia de fondos a municipios con crisis fiscal, lo que podría mercantilizar la educación. Además, advierte que municipalizar podría generar desigualdad entre estudiantes y fragmentar el sistema.
En cambio, propone diálogo amplio para mejorar el aprovechamiento académico, adaptar el currículo, identificar las características de escuelas exitosas, reformar las estructuras administrativas del Departamento de Educación y consolidar la autonomía escolar con la participación de toda la comunidad. UNETE propone crear una Comisión Educativa representativa para abordar estas cuestiones y construir un futuro mejor para la educación en Puerto Rico.
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS
El Municipio de Caguas, representada por la directora del Departamento de Educación Municipal, Mayra Lee Franco Colón, señala que la ley propuesta plantea que los municipios con recursos y capacidad puedan establecer sus propios sistemas educativos, pero no queda claro si el Estado aportará el financiamiento completo o solo una parte, ya que el proyecto indica que la contribución estatal no superará un tercio del costo total por estudiante, basándose en matrícula y costos promedio del DEPR. También hay dudas sobre cómo se contratará al personal docente y no docente. Se menciona un sistema de financiamiento condicionado a estrictos estándares de transparencia y eficacia, con auditorías periódicas para garantizar la correcta utilización de fondos y calidad educativa, lo que requiere análisis cuidadoso para su implementación. El Estado financiará construcción, ampliación y adquisición de instalaciones, pero no se especifica el mantenimiento. Además, se plantea la necesidad de estudiar las áreas con mayores carencias para enfocar la intervención municipal, así como la creación de una Junta de Educación Municipal designada por el alcalde y confirmada por la legislatura local. La ley busca garantizar educación accesible y de calidad desde preescolar hasta técnico-vocacional, fomentar la autonomía municipal para adaptar currículos a las comunidades respetando estándares estatales y federales, y fortalecer disciplinas clave como ciencias, matemáticas e idiomas para formar una ciudadanía competitiva en el contexto global.
ASOCIACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO
La Asociación de Alcaldes, representada por su directora ejecutiva, Verónica Rodríguez Irizarry, presenta el proyecto como una alternativa para que los municipios con recursos y capacidad establezcan sus propios sistemas educativos, complementando los servicios del Departamento de Educación y las instituciones privadas. Este enfoque busca atender áreas con carencias significativas mediante la cercanía y rapidez de respuesta municipal, sin competir con el sistema estatal. Basado en el Código Municipal de Puerto Rico y en conformidad con la Ley Federal ESSA, el proyecto garantiza que las instituciones cumplan con criterios de calidad y permite la organización sindical de los empleados municipales conforme a la Ley Núm. 45-1998, asegurando un ambiente laboral justo.
El proyecto pretende crear un marco sostenible que permita a los municipios gestionar sus escuelas con apoyo financiero y técnico estatal. Sus objetivos incluyen garantizar educación accesible y de calidad desde preescolar hasta técnico-vocacional, fomentar la autonomía educativa municipal adaptando currículos a las realidades locales bajo estándares estatales y federales, y fortalecer áreas clave como ciencias, matemáticas e idiomas para formar ciudadanos competitivos globalmente. Se establece un sistema de financiamiento condicionado a la transparencia y eficacia educativa, con auditorías periódicas que aseguren el buen uso de los fondos y la calidad del proceso.
Además, busca promover la integración social al incentivar la participación de estudiantes de todos los sectores socioeconómicos. El Estado aportará recursos económicos y técnicos mediante asignaciones basadas en matrícula y costos promedio, sin exceder un tercio del costo total por estudiante, y financiará infraestructura educativa para ampliar la capacidad municipal. Los municipios deberán crear un Código de Educación Municipal que regule la administración, admisión, disciplina y evaluación académica, asegurando un ambiente seguro y de calidad, y establecer mecanismos de supervisión y auditorías fiscales y educativas para evaluar el desempeño del sistema.
DETERMINACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO
Conforme al análisis y los hallazgos de la medida, la Comisión de Educación considera que su aprobación no tendrá un impacto fiscal significativo en los presupuestos de las agencias, departamentos, organismos, instrumentalidades o corporaciones públicas que requiera certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
La Comisión de Educación ha realizado un análisis de las comunicaciones recibidas por parte de OPAL, Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, OGP, Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Inc., FMPR, DEPR, Municipio de San Juan, EDUCAMOS, UNETE, Municipio Autónomo de Caguas, Municipio de San Juan, y Asociación de Alcaldes de Puerto Rico en torno al P. del S. 089. A la luz del análisis de las diversas posturas presentadas por organizaciones magisteriales, municipios y el Departamento de Educación, se concluye que el P. del S. 089 parte de una intención legítima de descentralizar la gestión educativa, promover una mayor autonomía local y atender de forma más ágil y contextualizada las necesidades particulares de las comunidades escolares. La experiencia positiva del Municipio de San Juan demuestra que es posible implementar un sistema educativo municipal con resultados favorables, siempre que se cuente con una estructura clara, recursos adecuados, personal capacitado y una visión educativa alineada con los estándares estatales y federales.
En síntesis, el P. del S. 089 ofrece una oportunidad para innovar en la gobernanza educativa desde una perspectiva local, fortaleciendo el sistema público sin sustituirlo, y garantizando el derecho de todos los estudiantes a una educación equitativa y de calidad.
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Por lo antes expuesto, a la luz del análisis realizado y del insumo recibido, se recomienda la aprobación del P. del S. 089, mediante este Informe Positivo incorporando las enmiendas sugeridas que se detallan en el entrillado electrónico que se acompaña.
Respetuosamente sometido,
Hon. Tatiana Pérez Ramírez
Presidenta
Comisión de Educación
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