GOBIERNO DE PUERTO RICO
20 ma Asamblea 1 ra Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. del S. 90
INFORME POSITIVO
24 DE JUNIO DE 2025
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, tras el correspondiente análisis y evaluación, recomienda a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobación del Proyecto del Senado 90 (en adelante, P. del S. 90), mediante el presente Informe Positivo, incorporando, además, las enmiendas sugeridas que se detallan en el entirillado electrónico que se acompaña.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El P. del S. 90, tiene el propósito de crear la “Ley para el Rescate de una Generación”, establecer el Programa de Ayuda al Estudiante adscrito al Departamento de Educación y disponer sus propósitos, deberes y facultades.
El bienestar emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes se erige como una prioridad inaplazable en el actual contexto social y educativo. Las secuelas de la pandemia, junto con las difíciles condiciones económicas y sociales que enfrenta Puerto Rico, han afectado de manera adversa la salud mental de la juventud. Datos proporcionados por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción revelan un aumento notable en la demanda de servicios de apoyo emocional. Al mismo tiempo, la tasa de deserción escolar señala una situación preocupante.
En este contexto, esta iniciativa presenta una solución integral y bien estructurada que integra los servicios de salud mental en el ámbito escolar. Se reconoce que la escuela constituye un entorno privilegiado para identificar, prevenir e intervenir de manera efectiva en los desafíos emocionales que afrontan nuestros estudiantes. Esta legislación promueve la inclusión, la equidad y la colaboración entre agencias, con el objetivo de establecer un sistema de apoyo que sea accesible, ético y sostenible.
Esta medida no solo reconoce la problemática de la salud mental como una emergencia de salud pública, sino que también establece un sólido marco programático que se fundamenta en principios esenciales como la prevención, la intervención oportuna, la equidad y la coordinación entre agencias. El P. del S. 90 también fomenta la inclusión de las familias y la comunidad, considerándola un elemento fundamental para alcanzar el bienestar integral.
ANÁLISIS DE LA MEDIDA
La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, como parte de la evaluación y análisis del P. del S. 90, solicitó memoriales explicativos a las siguientes organizaciones y/o agencias: Departamento de Educación; Departamento de Salud; Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción; Asociación de Psicología de Puerto Rico; Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico; Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, y el Instituto del Desarrollo de la Juventud.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO
El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante, DEPR), representado por su secretario, Lcdo. Eliezer Ramos Pares expresa que está en consonancia con la política pública establecida, ya que la implementación del Programa de Ayuda al Estudiante, previsto en la medida, supondría un avance considerable en la prestación de servicios esenciales de salud mental. Esto, a su vez, fortalecería la capacidad del sistema educativo para atender adecuadamente las necesidades de la población estudiantil.
Además, subrayan que esta iniciativa facilitaría el acceso integral de nuestros estudiantes a servicios de salud mental, mediante la expansión de la oferta de atención, que incluiría el acceso a psicólogos, psiquiatras y profesionales del trabajo social. Esto permitiría una intervención temprana y un manejo más adecuado de condiciones que podrían impactar negativamente en su rendimiento académico y desarrollo personal. El fortalecimiento del vínculo que se generaría con la aprobación de esta medida, entre entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro dedicadas a abordar casos de violencia intrafamiliar, abuso y pobreza extrema, se convertiría en una herramienta poderosa para alcanzar los objetivos de la política pública propuesta.
Por otro lado, destaca la relevancia de tener en cuenta que la implementación efectiva del programa dependerá de la adecuada selección de profesionales en el ámbito de la salud mental, así como de la inclusión de los fondos necesarios en el presupuesto del DEPR. Se señala que, a pesar de que el DEPR dispone en la actualidad de un equipo interdisciplinario enfocado en el ámbito socioemocional, integrado por trabajadores sociales escolares, psicólogos, personal de enfermería y consejeros profesionales, es fundamental fortalecer y asegurar la continuidad de estos recursos, a través de un respaldo financiero adecuado.
Asimismo, consideran imprescindible la creación de un sistema de evaluación de resultados que sea robusto, transparente y que refleje de manera precisa el impacto real en los estudiantes. De igual forma, el Programa de Ayuda al Estudiante debe complementar y reforzar los procesos del Programa de Educación Especial. Por lo tanto, la integración de ambos programas debe asegurar la continuidad de los servicios sin imponer obstáculos burocráticos a las familias.
Concluyen manifestando su firme compromiso hacia la implementación efectiva de esta medida, así como en el establecimiento de protocolos claros. Además, enfatizan la importancia de capacitar al personal docente y fomentar la colaboración con entidades gubernamentales, comunitarias y profesionales para asegurar el cumplimiento de la política pública relacionada con la medida.
DEPARTAMENTO DE SALUD
El Departamento de Salud, representado por su secretario, Víctor M. Ramos Otero, expresa en su memorial, la entidad responsable de la salud de nuestra población expresa su reconocimiento y apoyo a la intención legislativa de la medida propuesta. Sin embargo, también muestra consideración por los comentarios que pueda presentar la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, ya que se entiende que esta cuenta con la información necesaria para evaluar la viabilidad de la propuesta legislativa.
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (en adelante, ASSMCA) representada por su administradora, Catherine I. Oliver Franco, describió con detalle la variedad de servicios que actualmente se brindan a la población estudiantil a través de la División de Niños, Jóvenes y sus Familias (en adelante, DNJF), abarcando desde niños de 3 años hasta jóvenes adultos de 25 años. Se destaca que su personal cuenta con una capacitación de alta calidad, y que entre las certificaciones adquiridas por su equipo se encuentran: Terapia Cognitivo-Conductual (en adelante, CBT), CBT con enfoque en trauma (en adelante, CBT-TF), ARC, Entrevista Motivacional, Mindfulness, entre otras. Por lo que disponen de los recursos necesarios para respaldar la implementación de la medida.
Asimismo, señalan que, para cumplir con lo establecido en el Artículo 4. 6 de la medida, es recomendable hacer uso de los servicios de la DNJF de la ASSMCA. Al optar por estos recursos, se logra una optimización en la utilización de los recursos humanos y financieros disponibles. Esto permitiría lograr una mayor eficiencia económica en comparación con la contratación de servicios privados, ya que se pone a disposición del DEPR un grupo de profesionales altamente calificados, listos para ofrecer la asistencia necesaria.
Por otra parte, sugieren la elaboración de un protocolo destinado al desarrollo de referencias en las escuelas. Finalmente, la agencia elogió la iniciativa legislativa y manifestó su total disposición para colaborar en su implementación.
ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA DE PUERTO RICO
La Asociación de Psicología de Puerto Rico, (en adelante, APPR) representada por sus Co-coordinadoras, Dra. Alice Pérez Fernández y Dra. Ángeles Acosta reconocieron el valor de la medida, pero subrayaron que su éxito depende de la integración con estructuras ya existentes. La organización recomendó fortalecer los equipos de salud mental ya presentes en las escuelas públicas antes de crear nuevos sistemas paralelos. Igualmente, enfatizó la necesidad de reducir la carga administrativa de los profesionales y mejorar sus condiciones de trabajo para evitar el agotamiento.
Además, propuso la capacitación del personal docente y no docente para identificar signos de alerta temprana, y la creación de unidades interdisciplinarias regionales. La participación de las familias en el proceso de intervención también fue destacada, así como la necesidad de optimizar recursos a través de programas existentes como el Programa de Salud Escolar y el uso de herramientas federales gratuitas, para evitar gastos redundantes.
COLEGIO DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE PUERTO RICO
El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (en adelante, CPTSPR), representado por su Presidenta de Junta Directiva, Lydael M. Vega Otero, Destacó su apoyo al proyecto, subrayando la salud mental como un derecho humano esencial. No obstante, proponen un enfoque más integral que aborde los determinantes sociales de la salud. Asimismo, es fundamental establecer acuerdos de colaboración con otras agencias u organizaciones, de manera que se evite la necesidad de recurrir a la contratación privada.
El CPTSPR propuso reforzar la Secretaría de Servicios de Ayuda al Estudiante del DEPR, incorporando directamente a profesionales del trabajo social y desarrollando sistemas de atención comunitaria que trasciendan el modelo clínico tradicional.
RED POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD DE PUERTO RICO
La Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico (en adelante, REDENIJ-PR), representada por su presidente y fundador, Marcos Santana Andujar, manifesta su apoyo al P. del S. 90, subrayando la urgencia de eliminar la violencia contra la niñez y la juventud a través de un ecosistema sólido de servicios integrados, preventivos y culturalmente sensibles. Destacó que gran parte de las dificultades emocionales y sociales que enfrentan los niños se originan en experiencias adversas, como la pobreza, la violencia estructural y la ausencia de una respuesta institucional adecuada y oportuna.
La REDENIJ-PR subrayó la necesidad de adoptar un enfoque preventivo centrado en la comunidad, fundamentado en los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Se urges a dar prioridad a inversiones concretas y sostenibles en el ámbito de la salud mental, comenzando desde la primera infancia y abarcando todas las agencias del gobierno. Asimismo, se pronunció a favor de la inclusión de servicios voluntarios siempre que sea factible, así como de la participación activa de cuidadores relevantes. Además, propuso la evaluación de iniciativas como la creación de una línea de atención exclusiva para el DEPR, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
INSTITUTO DEL DESARROLLO DE LA JUVENTUD
El Instituto del Desarrollo de la Juventud, (en adelante, IDJ) representado por su Gerente de Abogacía, Estela M. Reyes Rodríguez, expresó apoyo al proyecto, destacando el gran potencial del modelo bio multi-generacional que propone la iniciativa para revolucionar los servicios de apoyo en las escuelas. Destacó que la incorporación de la salud mental y el bienestar en el sistema escolar puede propiciar la movilidad económica para las familias. No obstante, enfatizó la importancia de establecer claramente cómo se coordinarán los esfuerzos con los programas ya existentes, con el fin de prevenir la duplicidad de funciones.
Asimismo, el IDJ propuso que se lleve a cabo una consulta con otras organizaciones comunitarias que ya están involucradas en el trabajo con niños y jóvenes. Uno de los aspectos más destacados de sus recomendaciones fue la importancia del enfoque intersectorial y la colaboración entre las distintas agencias.
DETERMINACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO
Conforme el análisis y los hallazgos de la medida, la Comisión de Educación entiende que la aprobación de esta medida no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de las agencias, departamentos, organismos, instrumentalidades, o corporaciones públicas, que amerite certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
El P. del S. 90 reconoce que la salud mental constituye un elemento fundamental del bienestar estudiantil, enfatizando que el sistema educativo debe desempeñar un papel proactivo y preventivo en esta área. Esta legislación constituye un avance notable hacia la garantía de un acceso equitativo a los servicios de salud mental, además de promover la creación de comunidades escolares más resilientes, empáticas y solidarias.
Por tanto, a la luz de los beneficios sociales, educativos que ofrece esta medida, así como del apoyo expresado por las agencias pertinentes y las organizaciones profesionales, la Comisión de Educación recomienda favorablemente la aprobación de la P. del S. 90, mediante el presente Informe Positivo, incorporando, además, las enmiendas sugeridas se detallan en el entirillado electrónico que se acompaña.
Respetuosamente sometido,
Hon. Tatiana Pérez Ramírez
Presidenta
Comisión de Educación
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