GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma. Asamblea 1 ^ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 31

INFORME POSITIVO

23 de junio de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 31, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Positivo de la presente medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 31, tiene el propósito de añadir un nuevo Artículo 9.09 a la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de ordenar al Secretario del Departamento de Educación que diseñe e integre en el currículo general del grado duodécimo (12) de todas las escuelas superiores vocacionales de Puerto Rico cursos electivos en materia de Historia y Estudios Sociales; incluyendo cursos de Historia de los Estados Unidos, Sociología, Economía, Relaciones Obrero-Patronales, Derecho Laboral, Procesos Electorales, entre otros, que tenga a bien aprobar el personal cualificado del Departamento de Educación; reenumerar los actuales Artículos 9.09 y 9.10 de la Ley Núm. 85-2018, supra, como Artículos 9.10 y 9.11, respectivamente y establecer la facultad de reglamentación.

INTRODUCCIÓN

El sistema educativo de Puerto Rico se enfrenta al constante reto de mantenerse alineado con las exigencias de una sociedad en transformación y de una economía global cada vez más competitiva. En este contexto, las escuelas superiores ocupacionales y técnicas constituyen un componente esencial de nuestra oferta pública educativa. Estas escuelas brindan a miles de estudiantes una formación académica y técnica que les permite insertarse eficazmente en el mundo laboral, al tiempo que desarrollan destrezas específicas en áreas de alta demanda.

Sin embargo, más allá de las habilidades técnicas, es indispensable proveerles una formación integral que cultive su conciencia histórica, pensamiento crítico y participación ciudadana. En ese sentido, el Programa de Estudios Sociales cumple una función determinante: dota al estudiantado de las herramientas necesarias para comprender el mundo que les rodea, analizar su entorno desde una perspectiva informada y actuar de manera ética y reflexiva ante los retos sociales y democráticos del presente.

El Proyecto de la Cámara 31 busca precisamente fortalecer esa dimensión del aprendizaje, al ordenar al Departamento de Educación que integre cursos electivos de Historia y Estudios Sociales; incluyendo Historia de los Estados Unidos, Economía, Derecho Laboral, Relaciones Obrero-Patronales, y Procesos Electorales; en el currículo del grado duodécimo de las escuelas ocupacionales. Esta ampliación curricular no es un simple añadido temático; representa un compromiso con la equidad educativa, al asegurar que los estudiantes del sistema ocupacional reciban las mismas oportunidades de formación ciudadana y global que sus pares del sistema académico tradicional.

A través de este esfuerzo, se pretende garantizar que los egresados de nuestras escuelas ocupacionales no solo posean la pericia técnica que demanda el mercado, sino también la madurez cívica, la capacidad analítica y la sensibilidad social que exige una ciudadanía activa y democrática. Este enfoque está alineado con los principios de la Ley 85-2018, mejor conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, así como con los objetivos de la Ley Federal Carl D. Perkins de 2018, que promueve la integración de conocimientos académicos rigurosos con preparación técnica especializada.

Reconociendo el potencial transformador de esta medida, esta Comisión acoge con responsabilidad y visión el contenido del P. de la C. 31. E incluye las enmiendas necesarias con el fin de responder a una necesidad real del sistema educativo: la formación plena del estudiantado puertorriqueño en su dimensión técnica, intelectual, histórica y humana.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. de la C. 31, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Educación; Asociación de Maestros y la Federación de Maestros de Puerto Rico.

Al momento de la redacción del presente informe, no nos habían sido remitidos los memoriales solicitados por nuestra Comisión; no obstante, contamos con los memoriales explicativos que nos entregó la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, que les fueron presentados durante la presente Sesión Legislativa.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) reconoce la intención del Proyecto de la Cámara 31 de ampliar la oferta académica en las escuelas vocacionales mediante la integración de cursos electivos en áreas como Historia de los Estados Unidos, Sociología, Economía, Relaciones Obrero-Patronales, Derecho Laboral y Procesos Electorales, entre otros. Esta iniciativa persigue fortalecer la formación integral de los estudiantes al proveerles conocimientos que trascienden las destrezas técnicas de sus especialidades, aportando al desarrollo de una ciudadanía informada y comprometida con los procesos sociales y democráticos. Desde esta perspectiva, el Departamento reconoce que la medida tiene el potencial de enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes y de fortalecer la fuerza laboral con individuos mejor preparados tanto técnica como cívicamente.

Sin embargo, el Departamento esboza varias preocupaciones logísticas y presupuestarias en torno a la implementación de la medida. Primero, recalca que los programas ocupacionales están diseñados bajo rutas estructuradas que responden a estándares específicos de certificación y licenciamiento, regulados por entidades externas que exigen un mínimo de horas contacto. Estos programas, según detalla el Departamento, no tienen margen suficiente para añadir cursos adicionales sin afectar la estructura existente.

Además, el memorial advierte que para viabilizar la oferta de estos cursos se requeriría la contratación de más maestros de estudios sociales, lo que implicaría un impacto presupuestario considerable para el sistema educativo. El Departamento también señala que, de no eliminar otros cursos electivos para hacer espacio a los nuevos ofrecimientos, sería necesario extender la jornada escolar a siete horas diarias, lo que generaría mayores complicaciones administrativas y costos adicionales.

No obstante, es importante señalar que el Departamento parece partir de la premisa de que los cursos propuestos serían obligatorios, cuando la medida dispone que sean cursos electivos. Este detalle es fundamental ya que cambia por completo el impacto operacional de la medida. Esta Comisión ha atendido adecuadamente esta preocupación mediante la redacción del entirillado electrónico, ajustando el lenguaje legislativo para aclarar que estos cursos se ofrecerán únicamente como electivos y solo en aquellas escuelas que cuenten con el recurso humano disponible. Este ajuste permite que la implementación sea flexible, adaptada a las realidades y capacidades de cada plantel, evitando así la carga presupuestaria y estructural que el Departamento anticipa.

En conclusión, aunque el Departamento de Educación presenta reservas válidas respecto a la estructura y capacidad actual del sistema para implementar la medida de forma obligatoria, dichas preocupaciones han sido atendidas por la Comisión de Educación, Arte y Cultura a través de las enmiendas propuestas. La oferta de estos cursos como electivos, sujetos a la disponibilidad de personal en cada escuela, permite que la medida pueda ser adoptada de forma escalonada, sin generar los impactos adversos que el Departamento anticipa.

Por lo tanto, la aprobación de esta medida resulta favorable para ampliar las oportunidades educativas de los estudiantes de las escuelas ocupacionales y técnicas, sin menoscabar la integridad de los programas existentes ni imponer cargas fiscales irrazonables. La flexibilidad que introduce el nuevo lenguaje legislativo convierte esta propuesta en una herramienta viable para fortalecer la formación académica y ciudadana de nuestros jóvenes.

COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE), reconoce que el contenido de la medida se encuentra fuera del ámbito directo de sus funciones, no obstante, desea aportar con relación a la inclusión del tema de los procesos electorales como curso electivo en el currículo del grado duodécimo de las escuelas ocupacionales.

La CEE expresó deferencia a la posición del Departamento de Educación y de otras entidades educativas, pero apoyó firmemente la inclusión de contenidos relacionados con los procesos electorales como parte de la formación cívica del estudiantado. Consideraron que esta propuesta es una medida loable y meritoria, ya que fortalece el entendimiento del sistema democrático y fomenta la participación informada desde etapas escolares.

Destaca que el conocimiento de los procesos electorales debe trascender los límites del sistema escolar vocacional y formar parte de una educación ciudadana más amplia. Además, resaltó su continuo respaldo a iniciativas educativas como simulaciones electorales, proyectos de inscripción de nuevos electores y actividades en escuelas y universidades que fomenten la comprensión del proceso electoral. Finalmente, solicitaron que su ponencia se incluya en el expediente de la medida legislativa y reiteraron su disposición para colaborar en cualquier legislación pertinente a su función institucional.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 31, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La aprobación del Proyecto de la Cámara 31 representa una oportunidad crucial para atender una deficiencia histórica en el currículo de las escuelas vocacionales de Puerto Rico. Si bien las escuelas superiores vocacionales han sido diseñadas para dotar a los estudiantes de destrezas técnicas que faciliten su inserción en el mundo laboral, no debe perderse de vista que estos estudiantes también son ciudadanos que requieren una formación integral.

En este sentido, la medida responde a la necesidad apremiante de ampliar la oferta académica de los estudiantes vocacionales, proveyéndoles acceso a cursos electivos en áreas fundamentales como Historia de los Estados Unidos, Sociología, Economía, Relaciones Obrero-Patronales, Derecho Laboral y Procesos Electorales. Estas materias no solo enriquecen su acervo cultural, sino que les permiten comprender mejor los escenarios laborales, sociales y económicos en los que se desenvolverán.

El modelo educativo actual para las escuelas vocacionales presenta limitaciones estructurales que restringen el acceso de los estudiantes a cursos de historia y estudios sociales más allá de los mínimos requeridos por ley. Tal como se evidencia en la exposición de motivos, mientras que los estudiantes de escuelas superiores regulares tienen acceso a una gama más amplia de cursos en estas disciplinas, los estudiantes vocacionales enfrentan un currículo más limitado, centrado principalmente en las competencias técnicas. Esto provoca que, en muchos casos, estos jóvenes egresen del sistema con una formación incompleta en cuanto a su preparación cívica y ciudadana. La medida propuesta atiende esta laguna educativa de forma precisa, ofreciendo cursos electivos, no obligatorios, adaptables a las capacidades de cada plantel escolar, y en modalidades presenciales o en línea, lo cual facilita su implementación sin comprometer la estructura actual ni los recursos limitados del sistema.

El Departamento de Educación, si bien expresó ciertas preocupaciones relacionadas a la carga académica, disponibilidad de personal y limitaciones presupuestarias, las mismas fueron debidamente atendidas por esta Comisión mediante la inclusión de un lenguaje que deja claro que los cursos serán de carácter electivo y solo se ofrecerán en aquellas escuelas que cuenten con el recurso humano disponible. Este ajuste permite que la medida sea flexible, gradual y sensible a las realidades de cada institución, eliminando cualquier impacto negativo significativo al presupuesto o a la organización escolar. Lejos de imponer una carga, la pieza legislativa ofrece una alternativa enriquecedora que puede ser implementada de manera estratégica en función de los recursos existentes.

Además, esta propuesta legislativa está plenamente alineada con los principios establecidos en la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico y con los postulados de la ley federal Perkins, que promueven el desarrollo de estudiantes capaces de competir en una economía globalizada. La formación integral, que incluye conocimientos históricos, sociales, económicos y cívicos, fortalece las capacidades de los estudiantes para insertarse no solo como trabajadores técnicos, sino como ciudadanos responsables, críticos y conscientes de su entorno. La educación no puede limitarse a la capacitación laboral; debe aspirar al desarrollo pleno del ser humano, capaz de participar activamente en los procesos democráticos y sociales de su país.

Por todo lo anterior, la aprobación de esta medida no solo es necesaria, sino que es un paso indispensable para garantizar la equidad y la calidad educativa de los estudiantes del sistema vocacional. La medida enmienda una omisión en el modelo vigente, amplía las oportunidades de aprendizaje y contribuye de manera significativa al fortalecimiento de la formación ciudadana y profesional de nuestros jóvenes.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico previo al estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 31, recomienda la aprobación de la medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Hon. Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura