GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma. Asamblea 2^da. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. del C. 52

INFORME NEGATIVO

15 de septiembre de 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES:

Las Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 52, no recomienda su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 52 (P. de la C. 52) propone establecer “La ley del límite de Contratos Gubernamentales”. Esta ley busca limitar la cantidad de contratos de asesoría legal, asesoría en administración, relaciones públicas, finanzas y/o cualquier otro asunto que no beneficie directamente a la ciudadanía. Asimismo, establecería un tope económico para estos contratos, los cuales serían realizados entre personas naturales y jurídicas con cualquiera de las ramas del gobierno (legislativo, judicial y ejecutivo) y/o los municipios.

De manera más específica, el P. de la C. 52 decreta lo siguiente:

1. Límite de Contratos: Ninguna persona natural o jurídica podrá ostentar a la vez más de cinco (5) contratos con las tres ramas del gobierno y los municipios.
2. Tope Económico: Si una persona natural o jurídica obtiene cinco contratos, el importe de estos nunca podrá exceder la cantidad de doscientos cincuenta mil ($250,000.00) dólares al año. Los servicios que superen esta cantidad se considerarán "ad honorem"
3. Excepciones: Se exceptúan de estas disposiciones los contratos y las cuantías que sean resultado de una subasta pública. La ley entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación.

AnÁlisis de la Medida

La Exposición de Motivos del P. de la C. 52 señala que, en vista de la disminución de recursos económicos en Puerto Rico, es imperativo invertir los recaudos de manera responsable. La medida busca abordar la existencia de "contratos exorbitantes" ostentados por un grupo de personas o entidades, los cuales son percibidos como una afrenta a los ciudadanos y un impedimento para que otros talentos contribuyan al desarrollo del país. El proyecto se propone limitar la cantidad y el tope económico de los contratos para desalentar la "voracidad de unos pocos" y asegurar una mejor distribución de los fondos públicos.

No obstante, la Comisión de Gobierno, tras examinar el P. de la C. 52 y los memoriales recibidos de varias agencias gubernamentales, encuentra que las objeciones y preocupaciones planteadas son sustanciales.

Las razones para no recomendar su aprobación incluyen posibles conflictos constitucionales y legales, ambigüedad significativa en el lenguaje de la medida, el potencial de desalentar la prestación de servicios gubernamentales por parte de profesionales cualificados y la imposibilidad de determinar con precisión su impacto fiscal. Estas preocupaciones colectivas sugieren que, en su forma actual, el proyecto podría generar complicaciones operacionales y legales que afectarían sus objetivos loables.

ALCANCE DEL INFORME

Para el estudio y evaluación del P. de la C. 52, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes solicitó comentarios y ponencias a los siguientes:

1. Administración de Servicios Generales (ASG)
2. Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR)
3. Oficina de Ética Gubernamental (OEG)
4. Departamento de Justicia (DJ)
5. Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)
6. Asociación de Alcaldes de Puerto Rico
7. Federación de Alcaldes de Puerto Rico
8. Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL)

Se recibieron y consideraron los siguientes:

Administración de Servicios Generales (ASG)

La Administración de Servicios Generales (ASG) subraya la importancia de asegurar la eficiencia y el alto valor en los servicios adquiridos por el Gobierno a través de procedimientos competitivos. Sin embargo, el memorial de la ASG indica que el P. de la C. 52 difícilmente puede reconciliarse con las realidades actuales de la contratación gubernamental. La ASG destaca que muchos servicios profesionales son "altamente técnicas o especializadas" y requieren expertise, por lo que establecer límites arbitrarios en la cantidad y cuantía de contratos sin criterios específicos puede impedir la adquisición de servicios competitivos y esenciales para el gobierno. Asimismo, la entidad advierte que un tope de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000.00) para cinco contratos podría llevar a que no se pueda prohibir "un gasto de determinada cantidad", lo que dificultaría un proceso transparente y ponderado cuando la necesidad del servicio es crítica para el buen gobierno.

Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR)

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) evaluó el P. de la C. 52 y, desde un punto de vista legal, administrativo y funcional, no recomienda su aprobación. Las razones expuestas son las siguientes:

• Conflicto con la Libertad de Contratación: La OCPR argumenta que la medida menoscaba el principio fundamental de la libertad de contratación, garantizado en el Artículo 1232 del Código Civil de Puerto Rico (Ley 55-2020), que permite a las partes acordar cláusulas no contrarias a la ley, la moral o el orden público.
• Conflicto Constitucional: Las limitaciones propuestas contravienen la disposición constitucional del Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que protege las obligaciones contractuales y prohíbe leyes que las menoscaben.
• Contradicción con Ley existente: La OCPR señala que la Ley 237-2004 ya establece que en toda contratación gubernamental se debe considerar la necesidad real de los servicios, la situación económica y el presupuesto del contratante. El P. de la C. 52, al imponer límites arbitrarios, es inconsistente con estos propósitos y con el deber ministerial de proteger los fondos públicos mediante una evaluación prudente y necesaria de los contratos de servicios profesionales.
• Impacto Negativo en Servicios Profesionales: La aprobación de la medida incidiría principalmente en el otorgamiento de contratos de servicios profesionales.

Oficina de Ética Gubernamental (OEG)

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG), aunque reconoce la intención loable de proteger los fondos públicos, considera que la pieza legislativa "no resulta del todo clara". La OEG presenta las siguientes preocupaciones clave que la llevan a no respaldar plenamente la medida:

• Ambigüedad en el Alcance de los Contratos: La medida no es precisa al definir "cualquier otro asunto que no beneficie directamente a la ciudadanía", lo que "abre la especulación e inexactitud en su aplicación". Esta falta de parámetros objetivos podría generar incertidumbre y problemas en la implementación.
• Riesgo de Desincentivar la Colaboración: La OEG advierte que aprobar medidas que "desalienten que las personas le brinden servicios al Gobierno puede ser peligroso para la correcta implantación de las políticas públicas en el servicio público". Esto implica que las limitaciones contractuales podrían disuadir a profesionales competentes de colaborar con el gobierno, afectando negativamente la calidad y eficiencia de la administración pública.

Asociación de Alcaldes de Puerto Rico

La Asociación de Alcaldes indica que los municipios “deben tener la discreción, dentro de una sana administración y fiscal contratar los servicios necesarios. El limitarlo contravendría el Art. 1.007 de la Ley 107-2020 (“Código Municipal”)” el cual declara los principios generales de la autonomía municipal y afirma lo siguiente: “Se reconoce la autonomía municipal en el ejercicio de sus poderes jurídicos, económicos y administrativos sobre asuntos relativos al bienestar general de sus habitantes.”

En resumen, la Asociación de Alcaldes manifiesta su desacuerdo con el proyecto, argumentando que limita la autonomía municipal establecida en el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020), que otorga a los municipios poderes para contratar los servicios necesarios para cumplir con sus funciones y fines públicos. La Asociación señala también que la Oficina del Contralor supervisa las transacciones municipales bianualmente, y cualquier desviación administrativa puede ser señalada y remitida al Departamento de Justicia. Por ello, expresan oposición al P. de la C. 52, defendiendo la discreción municipal en la contratación.

Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluye que no puede precisar el efecto fiscal del P. de la C. 52. Las razones para esta indeterminación son fundamentales para no recomendar su aprobación:

• Lenguaje Impreciso sobre Tipos de Contratos: La medida incluye la categoría "cualquier otro asunto que no beneficie la ciudadanía" sin ofrecer parámetros objetivos para definir qué contratos caen bajo esta denominación. Esta imprecisión impide a la OPAL realizar un análisis riguroso y objetivo del impacto fiscal.

• Ambigüedad en el Tope Económico: El Artículo 3 establece un tope de $250,000, pero la OPAL no puede determinar si este umbral aplica a cada uno de los cinco contratos individualmente o a la sumatoria total de los contratos de una entidad. Esta ambigüedad hace imposible cuantificar con exactitud el impacto financiero del proyecto.

• Debido a estas imprecisiones, la OPAL clasifica el efecto fiscal como "No se Puede Precisar (NPP)". A pesar de proyectar un impacto fiscal mínimo si lo hubiera, la incapacidad de determinarlo con certeza representa una debilidad significativa para una medida que busca controlar el gasto público.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico ha analizado de forma exhaustiva los planteamientos presentados por las diversas agencias en torno al Proyecto de la Cámara 52. Aunque la medida surge con la intención de fomentar una administración pública más responsable y transparente, las objeciones y preocupaciones identificadas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental, la Administración de Servicios Generales, la Asociación de Alcaldes y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa son de tal envergadura que la Comisión se ve en la obligación de no recomendar su aprobación.

Las objeciones centrales giran en torno a posibles conflictos con principios constitucionales y legales fundamentales como la libertad de contratación, la extrema ambigüedad y falta de claridad en la definición de los tipos de contratos y en la aplicación del tope económico, y el riesgo de desalentar a profesionales cualificados de proveer servicios esenciales al gobierno, lo que podría afectar negativamente la implementación de políticas públicas.

Adicionalmente, la imposibilidad de precisar el impacto fiscal del proyecto debido a su lenguaje impreciso representa una preocupación significativa para la sana administración de los recursos públicos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, presenta ante este Cuerpo el Informe Negativo sobre el Proyecto de la Cámara 52, recomendando que el proyecto no sea aprobado.

Respetuosamente sometido,

Hon. Víctor L. Parés-Otero

Presidente

Comisión de Gobierno

Cámara de Representantes de Puerto Rico