GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 1ra. Sesión
CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO
P. del S. 145
INFORME POSITIVO
25 de junio de 2025
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad de atender todo asunto dirigido a responder efectivamente a las necesidades de la población y promover el bienestar social en Puerto Rico somete el presente Informe. Luego de realizar la evaluación correspondiente, atemperando la legislación a nuestra realidad actual, se presentan ante este honorable Cuerpo legislativo Informe Positivo del P. del S. 145 sin enmiendas.
El Proyecto del Senado 145 tiene el propósito de:
Para añadir un nuevo inciso (h) al Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”, a los propósitos de que se haga mandatorio, como parte del ingreso de una persona, indistintamente de su edad, a un asilo, centro de cuido o facilidad de cuidado prolongado, se incluya en su expediente un examen oral con un límite de 60 días de retroactividad al momento de ingresar y se cumpla con al menos una revisión bucal anual y se haga constar bajo la certificación de un dentista; establecer disposiciones sobre su ejecución mediante personal autorizado, mecanismos de excepción, coordinación interagencial, y consentimiento informado; y para otros fines relacionados.
INTRODUCCIÓN
La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento con su responsabilidad de evaluar legislación dirigida a atender las necesidades de las personas de edad avanzada, somete el presente Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado 145.
Reconocemos que actualmente, la población en Puerto Rico se encuentra enfrentando un envejecimiento acelerado lo que nos presenta a todos importantes retos sociales y de salud pública. En particular, los hogares de cuidado prolongado albergan a una población altamente vulnerable, compuesta mayoritariamente por personas adultas mayores que dependen de servicios especializados para mantener su calidad de vida y bienestar. En este contexto, resulta indispensable fortalecer las políticas públicas dirigidas a asegurar una atención integral y digna para esta población.
Un aspecto que ha sido históricamente relegado en los servicios de salud es el cuidado bucal, a pesar de su relación directa con la salud general. Condiciones como caries, infecciones y enfermedades periodontales pueden afectar negativamente la nutrición, la respuesta inmunológica y el desarrollo de enfermedades crónicas. Por ello, incorporar el componente de salud oral en los servicios que se ofrecen en estas instituciones es una necesidad impostergable.
El Proyecto del Senado 145 atiende precisamente esta realidad. La medida propone que, al momento del ingreso de un residente a un hogar de cuidado prolongado, se incluya en su expediente médico un examen oral realizado dentro de los 60 días previos, así como una revisión bucal anual certificada por un cirujano dentista licenciado. Esta disposición busca reconocer la salud oral como parte esencial del bienestar integral de los adultos mayores, y garantizar su atención dentro de un marco de dignidad y derechos.
Asimismo, la medida promueve un modelo de coordinación entre centros de cuidado, profesionales de la salud y el Estado, en el que la prevención y la detección temprana se conviertan en ejes fundamentales para mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones médicas. De igual forma, fomenta una mayor fiscalización y transparencia en la prestación de servicios de cuidado prolongado.
Cabe señalar que esta medida ya fue objeto de un análisis exhaustivo por parte de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico. Dicha Comisión llevó a cabo un estudio abarcador del proyecto, evaluando los memoriales presentados por diversas agencias y sectores y citándoles a vista pública. Así pues, esta Comisión de la Cámara también ha evaluado dichos memoriales a cabalidad y las grabaciones de dichas vistas públicas. Así las cosas, esta Comisión concluye que las preocupaciones y recomendaciones allí contenidas fueron debidamente atendidas y consideradas durante el trámite legislativo en el Senado.
A la luz de dicho análisis y en atención a los hallazgos ya establecidos, esta Comisión de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 145 sin enmiendas.
Con esta legislación, se actualiza la normativa vigente para responder a las nuevas exigencias del perfil demográfico del país. Desde la Cámara de Representantes, reconocemos la importancia de esta iniciativa como parte de un esfuerzo mayor para garantizar el bienestar integral de nuestros adultos mayores, mediante el acceso equitativo a evaluaciones preventivas y servicios de salud de calidad.
Este informe recoge el análisis legislativo, las implicaciones sociales del proyecto y las recomendaciones pertinentes para la aprobación de este, en atención a la política pública vigente a favor de los adultos mayores.
ANÁLISIS DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 145 propone añadir un nuevo inciso (h) al Artículo 7 de la Ley Núm. 94-1977, conocida como la “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”, con el objetivo de reforzar la atención dental en los hogares de cuidado prolongado. La medida establece que, al momento del ingreso de una persona a un asilo, centro de cuido o facilidad de cuidado prolongado, deberá incluirse en su expediente un examen oral realizado dentro de los 60 días previos. Además, requiere una revisión bucal anual certificada por un dentista licenciado, cuyos resultados quedarán registrados en el expediente médico del residente.
El texto legislativo contempla que este requisito podrá cumplirse hasta 60 días después del ingreso si así lo ameritan las condiciones de salud del residente, sin que ello interfiera con su admisión. En situaciones de vulnerabilidad económica, el Estado asumirá parcial o totalmente el costo de la evaluación, a través del Departamento de la Familia y en coordinación con otras agencias.
Asimismo, se permite que estudiantes de medicina dental realicen los exámenes requeridos, siempre bajo la supervisión directa de un dentista licenciado. Las horas dedicadas por estos estudiantes podrán contarse como parte de su práctica clínica. Para viabilizar este componente, se faculta al Departamento de Salud y a la Junta Examinadora Dental a establecer la reglamentación correspondiente.
El proyecto promueve una coordinación interagencial entre el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y las escuelas de medicina dental, con el fin de implementar clínicas gratuitas, facilitar evaluaciones a domicilio y coordinar visitas a los centros. Igualmente, establece que todo procedimiento deberá realizarse con el consentimiento informado del residente o de su representante legal, conforme a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores.
Como excepción, se dispone que si un centro demuestra haber hecho al menos tres gestiones diligentes para obtener los servicios dentales —sin lograrlo por razones fuera de su control— no se le aplicarán sanciones administrativas por incumplimiento. Estas gestiones deben documentarse adecuadamente en una bitácora.
La medida también contempla la imposición de multas administrativas de hasta quinientos dólares ($500), la suspensión de licencias o ambas, en los casos en que los establecimientos incumplan con lo dispuesto. Finalmente, ordena al Departamento de la Familia a emitir la reglamentación correspondiente en un plazo de 60 días desde su aprobación.
Como parte del proceso de evaluación se analizaron los memoriales solicitados por la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico de las siguientes agencias, departamentos, asociaciones y otras: Departamento de la Familia, la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, Centro Unido de Detallistas, Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), AARP Puerto Rico, Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada y el Departamento de Salud.
Departamento de la Familia
El Departamento de la Familia, mediante ponencia suscrita por la Hon. Suzanne Roig Fuertes, Secretaria de la agencia, expresó su respaldo al Proyecto del Senado 145, destacando su valor como herramienta para fortalecer la protección y el cuidado integral de las personas adultas mayores en instituciones de cuidado prolongado.
La Secretaria subrayó que la salud oral es un componente esencial del bienestar general, ya que condiciones como las caries, infecciones o enfermedades periodontales pueden incidir negativamente en otras funciones sistémicas, incluyendo la nutrición y la salud cardiovascular. En ese sentido, respaldó la inclusión de un examen oral previo al ingreso del residente y una revisión bucal anual, como mecanismos efectivos para la detección temprana de problemas de salud y la implementación de medidas preventivas.
Asimismo, enfatizó que integrar estos exámenes en el expediente médico de los residentes contribuirá al seguimiento clínico, facilitará la detección de cambios en la salud oral y permitirá fortalecer la rendición de cuentas en la prestación de servicios por parte de los centros.
En cuanto a la ejecución de la medida, el Departamento de la Familia recomendó incluir una cláusula de flexibilidad que permita realizar el examen oral hasta 60 días después del ingreso, tomando en consideración las condiciones médicas y de movilidad de ciertos residentes. La Comisión en el Senado evaluó dicha sugerencia y atendió la misma al incluir la posibilidad de que el examen se realice posterior al ingreso, sin que esto afecte la admisión ni la continuidad del servicio.
Por otro lado, la agencia planteó la importancia de que los costos de estos exámenes no recaigan completamente sobre los residentes ni los centros, especialmente en casos de limitaciones económicas. A tales efectos, propuso que el Estado, a través del propio Departamento de la Familia y en coordinación con otras entidades, pueda asumir total o parcialmente los gastos correspondientes. La Comisión en el Senado acogió este planteamiento y dispuso expresamente mecanismos para que el Estado cubra estos costos en los casos aplicables, sujeto a disponibilidad de fondos.
En síntesis, el Departamento de la Familia favoreció la aprobación del Proyecto del Senado 145 y resaltó que su éxito dependerá de la implantación efectiva de mecanismos de coordinación, apoyo estatal y respeto a los derechos de los residentes.
Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración Inc.
La Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, a través de su presidenta, la Sra. Juanita Aponte Morales, presentó una ponencia en la que reconoció el valor del Proyecto del Senado 145 al promover la integración de la salud oral como parte de la atención integral en los hogares de cuidado prolongado. No obstante, la Asociación expresó preocupaciones relacionadas con la implementación práctica de la medida, destacando la necesidad de ajustes que permitan armonizar los requisitos con la capacidad operativa de los centros.
Entre los planteamientos más relevantes, la Asociación recomendó sustituir el requisito de una certificación formal del dentista por un informe detallado de hallazgos y recomendaciones. Argumentaron que este enfoque permitiría una evaluación más ajustada a las necesidades individuales de los residentes, sin comprometer los estándares de calidad. La Comisión en el Senado evaluó dicha sugerencia y atendió la misma, disponiendo expresamente que los resultados del examen se registren en el expediente médico mediante un informe certificado.
Asimismo, se propuso establecer protocolos claros para garantizar la consistencia y calidad en la documentación, así como crear una red de atención domiciliaria que permita la realización de evaluaciones en los propios centros o en el domicilio del residente, especialmente para aquellos con movilidad reducida. Esta sugerencia también fue considerada por la Comisión senatorial, que incorporó enmiendas dirigidas a fomentar clínicas gratuitas, visitas a domicilio y mecanismos logísticos coordinados por el Departamento de la Familia y otras entidades pertinentes.
La Asociación también enfatizó la importancia de asegurar que la medida se integre de manera coherente con el Reglamento Núm. 7349 y otras normativas aplicables, a fin de evitar conflictos regulatorios o duplicidad de obligaciones. Este planteamiento fue atendido mediante el reconocimiento de la necesidad de reglamentación por parte del Departamento de la Familia, la cual deberá emitir disposiciones específicas que armonicen esta ley con el marco normativo existente.
Finalmente, aunque la Asociación reconoció la intención positiva del proyecto, expresó su oposición al mismo en tanto no se incorporaran mecanismos de flexibilidad, apoyo logístico y protección operativa para los centros. No obstante, la Comisión en el Senado tomó en cuenta la mayoría de estas preocupaciones, incorporando disposiciones que permiten excepciones documentadas, coordinación interagencial y atención diferenciada a residentes con limitaciones de movilidad o escasos recursos.
Centro Unido de Detallistas
El Centro Unido de Detallistas (CUD), por voz de su presidente, el Dr. Ramón C. Barquín III, expresó su oposición institucional al Proyecto del Senado 145, aunque reconoció su valor como herramienta de prevención en la salud integral de los adultos mayores. En su ponencia, el CUD destacó que la inclusión de exámenes orales en el expediente médico de cada residente permite la detección temprana de condiciones dentales que, si no son atendidas, podrían derivar en complicaciones de salud más amplias, como desórdenes cardiovasculares o descompensaciones en personas con diabetes.
No obstante, la organización planteó preocupaciones puntuales sobre la viabilidad económica y operativa de la medida. En específico, recomendó establecer límites claros y razonables sobre los costos de los exámenes orales y la documentación requerida, con el fin de evitar cargas financieras que dificulten la operación diaria de los centros. La Comisión en el Senado evaluó dicha sugerencia y atendió la misma al incluir una disposición que permite que el Estado, a través del Departamento de la Familia, asuma total o parcialmente los costos de los exámenes para residentes en condiciones de vulnerabilidad económica, lo que representa un alivio importante para los establecimientos.
El CUD también subrayó la necesidad de viabilizar evaluaciones orales a domicilio, en beneficio de residentes con movilidad limitada. Este planteamiento fue acogido en el texto final del proyecto, que ordena al Departamento de la Familia y al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico establecer mecanismos logísticos como clínicas móviles y evaluaciones a domicilio, en coordinación con otros actores del sistema.
En relación con la gestión y seguimiento de la información clínica, la ponencia recomendó que se desarrollen protocolos claros de registro y monitoreo de los resultados de los exámenes dentales, para asegurar la rendición de cuentas y generar datos útiles para la política pública. Aunque el proyecto no detalla un sistema centralizado de monitoreo, se atendió parcialmente esta sugerencia al requerirse que los resultados se documenten formalmente en el expediente médico del residente y se sometan a certificación por parte de un dentista licenciado, fortaleciendo así la trazabilidad clínica de los servicios.
En conclusión, aunque el Centro Unido de Detallistas reiteró su oposición al proyecto tal como fue originalmente presentado, sus recomendaciones dirigidas a la sostenibilidad financiera, el acceso equitativo a evaluaciones y la documentación adecuada fueron consideradas y, en su mayoría, incorporadas de forma sustantiva en el texto aprobado por el Senado.
La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), representada por su presidente Jonathan Morales Adorno, presentó una ponencia que abordó el Proyecto del Senado 145 desde una postura crítica pero constructiva. Si bien expresó su oposición al proyecto en la versión presentada, reconoció que la propuesta tiene el potencial de mejorar la calidad de la atención en hogares de cuidado prolongado, especialmente al fomentar la detección temprana de afecciones dentales en adultos mayores.
FICPRO resaltó que para que la medida sea efectiva, debe insertarse en un modelo de coordinación y apoyo, y no percibirse como una carga punitiva. En ese sentido, propuso protocolos flexibles para la realización del examen oral, permitiendo que su ejecución se adapte a las condiciones médicas y logísticas de cada residente y centro. La Comisión en el Senado evaluó dicha sugerencia y atendió la misma, al incluir en el texto la posibilidad de realizar el examen hasta 60 días después del ingreso, sin afectar la admisión ni la continuidad del servicio.
Asimismo, la Federación hizo hincapié en la importancia de que la implementación de la medida se base en la colaboración entre las instituciones, los profesionales de la salud oral y las agencias del Estado. Este planteamiento fue parcialmente acogido en el texto final, que promueve la coordinación interagencial entre el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud y el Colegio de Cirujanos Dentistas para facilitar las evaluaciones, incluyendo clínicas móviles y atención domiciliaria.
Otro punto destacado en la ponencia fue la necesidad de evitar que la disposición legal se convierta en un mecanismo de sanción que afecte la operación de los centros. La Federación alertó sobre el riesgo de que sanciones administrativas excesivas puedan comprometer la estabilidad de instituciones ya frágiles. La Comisión en el Senado consideró esta preocupación e incorporó una cláusula de excepción para aquellos centros que evidencien haber realizado al menos tres gestiones diligentes para obtener servicios dentales, eximiéndolos temporalmente del cumplimiento estricto sin que ello afecte su licencia.
Por último, FICPRO reiteró su oposición al proyecto mientras no se incorporen de forma explícita mayores flexibilidades y responsabilidades compartidas, ya sea con el entorno familiar o con el Estado. Aun así, dejó abierta la puerta al diálogo, manifestando su disposición a apoyar la medida si se adoptaban enmiendas que reflejen un enfoque más realista y equitativo para todos los sectores involucrados.
En resumen, varias de las preocupaciones y propuestas principales de la Federación fueron atendidas por la Comisión en el Senado y reflejadas en el texto aprobado, aunque la organización reiteró que persisten reservas en torno a la aplicación práctica de la medida y su impacto económico-operativo en los centros.
Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico
El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, mediante ponencia suscrita por su presidenta, la Dra. Ivette Rodríguez Quesada, expresó su firme respaldo al Proyecto del Senado 145. La organización recalcó que la salud oral es un componente esencial del bienestar integral, particularmente en la población adulta mayor, donde prevalecen condiciones como caries, enfermedades periodontales y otras afecciones dentales que, de no atenderse, pueden derivar en complicaciones sistémicas y elevar los costos de atención médica a largo plazo.
El Colegio apoyó la disposición del proyecto que exige un examen oral dentro de los 60 días previos al ingreso a un centro de cuidado prolongado, junto con una revisión bucal anual, al considerar que estas herramientas permitirán una detección temprana de condiciones que podrían pasar desapercibidas sin una evaluación especializada.
En cuanto al personal autorizado para realizar los exámenes, el Colegio insistió en que estos deben ser realizados exclusivamente por dentistas debidamente licenciados en Puerto Rico, a fin de asegurar la calidad técnica de las evaluaciones. La Comisión en el Senado evaluó dicha sugerencia y atendió la misma, permitiendo que, aunque los exámenes puedan ser realizados por estudiantes practicantes, esto se haga únicamente bajo la supervisión directa de dentistas licenciados, y acreditándose como parte de su formación clínica.
El Colegio también destacó la necesidad de promover el acceso equitativo a estos servicios mediante estrategias innovadoras, tales como clínicas gratuitas y mecanismos de transporte para residentes con movilidad limitada. Esta recomendación fue acogida por la Comisión senatorial, que incluyó en el texto aprobado la creación de protocolos logísticos para facilitar evaluaciones a domicilio y clínicas móviles, en coordinación con el Departamento de la Familia y otras entidades.
De igual forma, se enfatizó la importancia de garantizar el consentimiento informado como salvaguarda de los derechos y autonomía de los residentes. El texto del proyecto refleja esta preocupación, al requerir expresamente que los exámenes se realicen únicamente con el consentimiento previo del residente o de su representante legal, conforme a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores.
Por último, el Colegio destacó la relevancia de la coordinación interagencial, recomendando que el Departamento de la Familia tenga un rol protagónico en la implementación de la medida. Esta sugerencia también fue atendida, al asignarse al Departamento responsabilidades tanto en la reglamentación como en la coordinación de esfuerzos institucionales para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.
En síntesis, las recomendaciones presentadas por el Colegio de Cirujanos Dentistas fueron en su mayoría acogidas e integradas al texto aprobado del Proyecto del Senado 145, fortaleciendo su enfoque preventivo y garantizando que la medida pueda implementarse de manera efectiva, técnica y respetuosa de los derechos de los residentes.
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)
La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), mediante memorial sometido por su directora ejecutiva interina, Lymari Colón Rodríguez, expresó su respaldo institucional al Proyecto del Senado 145, condicionado a la consideración de ciertas recomendaciones clave relacionadas con su implementación fiscal y operativa.
ASES destacó la importancia de integrar la salud oral como parte del cuidado integral de los adultos mayores en centros de cuidado prolongado, y señaló que el Plan Vital ya ofrece una cubierta dental amplia, que incluye servicios diagnósticos, preventivos, restaurativos y quirúrgicos, entre otros. La agencia aportó estadísticas que evidencian su capacidad operativa, señalando que en el año 2024 se ofrecieron más de 3.3 millones de servicios dentales bajo dicho programa, lo que confirma el compromiso de ASES con la salud bucal de la población cubierta.
No obstante, ASES expresó reservas sobre la viabilidad práctica de la medida, advirtiendo que el mandato de realizar un examen oral previo al ingreso, junto con evaluaciones anuales obligatorias, podría implicar una carga adicional para los centros de cuidado si no se toman en cuenta las capacidades operativas y fiscales actuales. En respuesta a esta preocupación, la Comisión en el Senado evaluó dicha sugerencia y atendió la misma, al incluir disposiciones que facultan al Estado, mediante el Departamento de la Familia, a asumir total o parcialmente los costos de las evaluaciones en casos de vulnerabilidad económica.
Adicionalmente, ASES propuso que se fomente la educación del personal y la promoción de una cultura institucional de salud oral, así como el establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación periódica para medir el impacto de la medida. Aunque el texto legislativo no incorpora expresamente estas estrategias de promoción y evaluación, sí refleja un enfoque coordinado entre agencias y reconoce la necesidad de reglamentación por parte del Departamento de la Familia, lo cual abre la puerta para que estas recomendaciones se desarrollen en la etapa de implantación.
Finalmente, ASES recomendó que se consulte de forma directa a las entidades más impactadas —como el Departamento de la Familia y los propios centros de cuidado— antes de implementar la medida, para asegurar una implantación efectiva y sostenible. La Comisión en el Senado acogió este planteamiento mediante el requerimiento de colaboración interagencial, incluyendo expresamente al Departamento de la Familia y al Departamento de Salud como entes responsables de establecer mecanismos logísticos para facilitar el cumplimiento de la ley.
En síntesis, aunque ASES condicionó su aval a la consideración de aspectos operacionales, varias de sus recomendaciones fueron atendidas e incorporadas de forma sustancial en el texto aprobado, lo que refuerza la viabilidad de la medida y su alineación con las capacidades existentes del sistema de salud pública en Puerto Rico.
AARP Puerto Rico
La AARP en Puerto Rico, mediante memorial sometido por su Director Estatal, el Sr. José Acarón Rodríguez, expresó una postura favorable con reservas al Proyecto del Senado 145. La organización validó la intención de política pública de la medida al buscar mejorar la salud integral de los adultos mayores en centros de cuido prolongado, pero advirtió sobre posibles implicaciones regulatorias y operacionales que podrían comprometer su implantación efectiva.
En su escrito, AARP destacó que la salud oral es un componente esencial del bienestar de la población envejeciente y reafirmó su apoyo a iniciativas que promuevan su atención preventiva. No obstante, aclaró que el Código de Regulaciones Federales (42 CFR § 483.20) ya requiere que los hogares de cuido realicen evaluaciones de salud bucal al ingreso, aunque no exige certificaciones formales ni especifica que deban ser realizadas por dentistas, por lo que el proyecto local introduce una exigencia adicional no contemplada a nivel federal.
En ese contexto, AARP recomendó reconsiderar que la certificación dental propuesta sea un requisito obligatorio para el licenciamiento, señalando que ello podría representar una carga excesiva para centros que ya enfrentan limitaciones estructurales y de personal. La Comisión en el Senado evaluó dicha sugerencia parcialmente y atendió la misma al incluir una cláusula de excepción que exime del cumplimiento estricto a los centros que puedan evidenciar haber realizado tres gestiones diligentes para obtener servicios dentales sin éxito, evitando así sanciones automáticas por razones fuera de su control.
AARP también alertó sobre el posible conflicto con el Reglamento Núm. 7349, vigente bajo la Ley 94, el cual ya contempla la salud bucal dentro de los requisitos de evaluación. En ese sentido, instó a evitar duplicidades normativas y propuso que el rol de los hogares se limite a coordinar —mas no garantizar ni ejecutar directamente— los servicios de salud oral. Aunque el texto aprobado mantiene la responsabilidad del centro en cuanto a la inclusión del examen en el expediente, también dispone que los servicios puedan ser coordinados con entidades externas, lo que representa un enfoque más flexible, atendiendo en parte la preocupación levantada por AARP.
La organización respaldó sus planteamientos con evidencia empírica, incluyendo estudios que reflejan la limitada capacidad de los hogares para ofrecer servicios dentales, el alto nivel de rotación del personal y la falta de adiestramiento en el área de salud oral. En respuesta a ello, AARP recomendó que la legislación incorpore medidas educativas y de fortalecimiento institucional antes de imponer obligaciones formales. Si bien el proyecto no integra directamente módulos de capacitación, sí contempla la participación de estudiantes de medicina dental supervisados, lo cual puede contribuir indirectamente a ampliar la disponibilidad de servicios y crear espacios de formación.
En conclusión, AARP reafirmó su apoyo a la intención del Proyecto del Senado 145, condicionado a que su implementación no afecte adversamente la sostenibilidad operativa de los centros ni los derechos de los adultos mayores.
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada
La Dra. Yolanda Varela Rosa, en aquel momento quien era la nominada a dirigir la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y quien posteriormente fue nombrada oficialmente como ello, expresó su respaldo al Proyecto del Senado 145, destacando la importancia de la salud oral como componente esencial de la salud sistémica, especialmente entre adultos mayores institucionalizados. Señaló que afecciones dentales no tratadas pueden derivar en complicaciones como enfermedades cardíacas y neumonía por aspiración, lo que justifica la necesidad de establecer evaluaciones orales regulares.
No obstante, advirtió que el proyecto carece de excepciones clínicas y éticas necesarias para proteger a pacientes en condiciones particulares. Propuso un catálogo de exclusiones —como personas con enfermedades terminales, trastornos mentales severos o bajo cuidados paliativos— que justificarían no aplicar el requisito del examen bucal. La Comisión en el Senado evaluó esta preocupación y la atendió parcialmente, al incluir una cláusula de excepción basada en la evidencia de gestiones diligentes, aunque no incorporó una lista clínica como la recomendada.
Asimismo, la Dra. Varela propuso aclarar a quién se dirigen las multas, establecer términos para su pago, y asignar la custodia de los fondos recaudados. Sugirió que la Oficina del Procurador administre dichos recursos para reinvertirlos en programas de prevención. Estas recomendaciones no fueron reflejadas en el texto aprobado, que mantiene al Departamento de la Familia como agencia responsable.
En conclusión, la Dra. Varela apoyó la medida y subrayó la urgencia de priorizar la salud oral en la política pública, siempre que se apliquen criterios clínicos razonables y justos.
Departamento de Salud
El Departamento de Salud, mediante comunicación firmada por su Secretario, expresó una posición favorable al Proyecto del Senado 145, acompañado de recomendaciones específicas sobre su redacción y viabilidad fiscal. La evaluación se fundamentó en el peritaje de la Sección de Envejecimiento Saludable y de la Unidad de Salud Oral, adscritas a la Secretaría Auxiliar de Servicios para la Salud Integral (SASSI), ambas coincidiendo en la necesidad de reforzar las políticas públicas de prevención y evaluación bucal para adultos mayores.
La agencia sostuvo que condiciones como caries, boca seca y enfermedad periodontal son comunes en esta población, agravadas por el uso de múltiples medicamentos y el deterioro del autocuidado. Ante este escenario, recomendó enmendar el texto del proyecto para extender a seis (6) meses el periodo de validez del examen oral previo al ingreso, en lugar de los 60 días propuestos, y que se consigne el examen en el expediente clínico del residente para garantizar trazabilidad.
Además, el Departamento propuso que se incorpore en la Ley 94 una definición técnica de “examen oral”, basada en los códigos de facturación D0150 y D0120 reconocidos por la Asociación Dental Americana. Esta definición estandarizaría el procedimiento clínico y facilitaría su facturación. La Comisión en el Senado evaluó esta propuesta, pero no fue reflejada directamente en el texto legislativo, aunque su inclusión podría contemplarse mediante reglamentación futura por lo cual no cambia el fin principal de la medida.
Sobre el impacto fiscal, el Departamento advirtió que el cumplimiento del mandato podría requerir recursos adicionales en los casos en que los servicios no estén cubiertos por el plan médico del paciente. Por ello, recomendó identificar fuentes presupuestarias complementarias o establecer convenios interagenciales. Esta preocupación fue atendida en parte, ya que el texto aprobado establece que el Estado podrá asumir total o parcialmente los costos de los exámenes para residentes en situación de vulnerabilidad económica.
Finalmente, el Departamento reiteró su apoyo a la medida como herramienta para mejorar la salud integral de los adultos mayores, particularmente ante el acelerado envejecimiento poblacional del país, y expresó su disposición a continuar colaborando en la formulación e implantación de políticas públicas salubristas.
IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
Conforme a lo establecido en la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, del análisis realizado se concluye que el Proyecto del Senado 145 no conlleva imposiciones económicas para los municipios.
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social emite un informe positivo sin enmiendas al Proyecto del Senado 145, por entender que la medida responde a una necesidad real dentro de la población de personas de edad avanzada en Puerto Rico.
Luego de analizar el contenido del Proyecto del Senado 145, así como los memoriales explicativos y ponencias presentadas por diversas agencias, organizaciones profesionales y entidades del tercer sector, esta Comisión concluye que la medida constituye un paso afirmativo en la dirección correcta hacia la atención integral de la población adulta mayor en Puerto Rico.
La salud oral, por demasiado tiempo relegada a un segundo plano, es hoy reconocida por el consenso médico y científico como un componente fundamental de la salud general, particularmente en personas de edad avanzada. Las complicaciones derivadas de su descuido —como infecciones, deterioro nutricional, enfermedades cardiovasculares y neumonía por aspiración— demuestran que el abordaje preventivo y sistemático es indispensable dentro del marco de los servicios de cuidado prolongado.
El Proyecto del Senado 145 atiende esta necesidad al establecer un modelo que incluye la evaluación bucal como parte obligatoria del expediente médico de los residentes de centros de cuidado prolongado. La medida también contempla una revisión anual, mecanismos de coordinación interagencial, excepciones por gestiones diligentes no concretadas, y herramientas para viabilizar el acceso a servicios, como la participación de estudiantes practicantes y la atención domiciliaria.
En un ejercicio de balances entre el cumplimiento normativo y la realidad operativa de los centros, la Comisión en el Senado acogió múltiples recomendaciones presentadas en el proceso de vistas públicas. Entre ellas, se destacan:
En un ejercicio de balances entre el bienestar y el adulto mayor, es imperativo reconocer que el bienestar de los adultos mayores siempre será más importante para esta Comisión. Bajo esa premisa, toda medida que promueva su dignidad, su acceso a servicios de salud preventiva, y su derecho a una vida plena y protegida, contará con el respaldo firme de este cuerpo legislativo.
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 145, sin enmiendas.
RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,
Hon. Ricardo R. Ocasio Ramos Presidente Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social |
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