GOBIERNO DE PUERTO RICO
20 ma. Asamblea 1ra. Sesión
Legislativa Ordinaria
SENADO DE PUERTO RICO
P. del S. 145
INFORME POSITIVO
14 de mayo de 2025
AL SENADO DE PUERTO RICO
La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del P. del S. 145 con enmiendas.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El P. del S. 145 tiene como objetivo añadir un nuevo inciso (h) al Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”, a los propósitos de que se haga mandatorio, como parte del ingreso de una persona, indistintamente de su edad, a un asilo, centro de cuido o facilidad de cuidado prolongado, se incluya en su expediente un examen oral con un limite de 60 días de retroactividad al momento de ingresar y se cumpla con al menos una revisión bucal anual y se haga constar bajo la certificación de un cirujano dentista; y para otros fines relacionados.
INTRODUCCIÓN
El envejecimiento de la población en Puerto Rico representa un desafío social y sanitario de gran envergadura. En los hogares de cuidado prolongado se concentran algunos de los sectores más vulnerables, donde los adultos mayores dependen de servicios integrales para mantener su calidad de vida. La necesidad de contar con políticas públicas que aseguren una atención de calidad es cada vez más urgente, especialmente en un contexto en el que la salud integral abarca aspectos que han sido tradicionalmente desatendidos, como la salud oral.
Históricamente, la atención dental ha ocupado un lugar secundario en el sistema de salud, pese a que múltiples estudios han demostrado que existe una estrecha relación entre la salud bucal y el bienestar general. Problemas como caries, infecciones y enfermedades periodontales pueden desencadenar complicaciones en otras áreas, influyendo en la nutrición, la función inmune y el desarrollo de enfermedades crónicas. Por ello, es fundamental que la atención en los hogares de cuidado prolongado incluya mecanismos preventivos que permitan la detección temprana y el tratamiento oportuno de afecciones dentales.
El Proyecto del Senado 145 surge en este contexto, con el propósito de integrar la salud oral dentro del expediente médico de los residentes. La medida propone que, al momento del ingreso, se incluya un examen oral realizado durante los 60 días previos, y que se realice una revisión bucal anual certificada por un cirujano dentista. Esta iniciativa se fundamenta en el respeto a la dignidad y el derecho a la salud de los adultos mayores, garantizando que se dé la debida importancia a un aspecto tan esencial como la salud bucal.
Además, la propuesta se enmarca en un modelo de atención integral que promueve la coordinación entre los centros de cuidado, los profesionales de la salud y las autoridades estatales. Se busca crear un sistema en el que la prevención y la detección temprana se conviertan en herramientas clave para mejorar la calidad de vida, reducir complicaciones médicas y generar un mayor control y transparencia en la gestión de los servicios de cuidado prolongado.
Finalmente, el proyecto responde a la necesidad de actualizar la normativa vigente y adaptar las políticas públicas a los nuevos retos demográficos y sanitarios. La implementación de esta medida contribuirá a consolidar un sistema de atención que respete los derechos fundamentales de los adultos mayores, garantizando el acceso a evaluaciones preventivas que promuevan su bienestar integral.
ALCANCE DEL INFORME
Para la redacción de este Informe la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional celebró una Vista Pública el 21 de marzo de 2025 la cual contó con la participación de representantes del Departamento de Salud, Departamento de la Familia, Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, AARP, Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y la Dra. Yolanda Varela Rosa.
Además, la Comisión solicitó y recibió los comentarios adicionales de dichas agencias y entidades, así como del Centro Unido de Detallistas y la Administración de Seguros de Salud.
ANÁLISIS DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 145 responde a la necesidad apremiante de fortalecer la atención integral que reciben los adultos mayores en los hogares de cuidado prolongado en Puerto Rico. Reconociendo que la salud oral es un componente esencial del bienestar general, la medida establece la obligación de realizar un examen oral en un plazo máximo de sesenta (60) días previos al ingreso de toda persona a dichos centros, así como una revisión bucal anual, ambas certificadas por un cirujano dentista. Esta disposición promueve la detección temprana de afecciones bucales, previniendo complicaciones médicas de mayor gravedad y fortaleciendo la calidad de vida de los residentes.
Durante el trámite legislativo, y tomando en consideración las ponencias recibidas, se introdujeron mecanismos para facilitar la implementación efectiva de esta política pública. En primer lugar, se estableció una excepción documentada al cumplimiento obligatorio para aquellos centros que, habiendo realizado al menos tres (3) gestiones diligentes debidamente consignadas en bitácora o formulario, no hayan logrado obtener los servicios dentales requeridos por causas ajenas a su control. Esta flexibilización reconoce las realidades operativas, particularmente en regiones con escasez de profesionales de la salud oral, y evita sanciones cuando los centros evidencien su diligencia.
Asimismo, se autorizó que los exámenes orales puedan ser realizados por estudiantes practicantes de medicina dental, siempre bajo la supervisión directa de un dentista licenciado. Este mecanismo no solo amplía la disponibilidad de personal cualificado, sino que promueve la formación académica de futuros profesionales de la odontología. El tiempo que los estudiantes dediquen a la realización de estos exámenes será acreditado como horas contacto dentro de su práctica clínica o internado, conforme a la reglamentación que establecerán el Departamento de Salud y la Junta Examinadora Dental.
Además, se dispuso que el Departamento de la Familia, en coordinación con el Departamento de Salud, asistirá a los centros en la calendarización y coordinación de las visitas necesarias para la realización de los exámenes orales. En apoyo adicional, el Departamento de la Familia, junto al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, establecerá protocolos y mecanismos logísticos —como la implementación de clínicas gratuitas y evaluaciones a domicilio— para garantizar el acceso efectivo a los servicios, especialmente para aquellos residentes con limitaciones de movilidad.
Finalmente, se incorporó el requisito de implementar procedimientos y formularios que aseguren que la realización del examen oral se lleve a cabo únicamente con el consentimiento previo del residente o de su representante legal, en estricto apego a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores. Esta salvaguarda refuerza el respeto por la autonomía y la dignidad de los residentes en el proceso de atención.
En conjunto, el Proyecto del Senado 145, conforme a las disposiciones originales y los mecanismos integrados durante el trámite legislativo, constituye una herramienta transformadora para impulsar la prevención, fomentar la transparencia en la gestión de la salud bucal en los hogares de cuidado prolongado y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de las personas de edad avanzada.
PONENCIAS DE ENTIDADES CONSULTADAS
El Departamento de la Familia, por conducto de la Hon. Suzanne Roig Fuertes, Secretaria del Departamento de la Familia, presentó una ponencia muy completa y fundamentada en la que se expone el respaldo al Proyecto del Senado 145 desde la perspectiva de la protección y atención integral de los adultos mayores. En su intervención, la Secretaria enfatizó que la salud oral es un componente esencial del bienestar global, dado que problemas como caries, infecciones y enfermedades periodontales tienen una influencia directa en la salud sistémica y pueden desencadenar complicaciones en áreas críticas como la función cardiovascular y la nutrición. La ponencia destaca que incorporar un examen oral, realizado dentro de los 60 días previos al ingreso, junto con la realización de una revisión bucal anual certificada por un cirujano dentista, constituye una herramienta fundamental para la detección temprana de afecciones y la implementación oportuna de intervenciones preventivas.
La Secretaria Roig Fuertes subrayó que integrar estos exámenes en el expediente médico de cada residente fortalece la capacidad de seguimiento y control en los centros de cuidado prolongado, facilitando la identificación temprana de cambios en la salud oral y generando datos valiosos para mejorar la calidad de la atención. Además, resaltó que la documentación detallada de dichos exámenes refuerza la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo a las autoridades supervisar de manera continua la calidad del servicio prestado.
Otro aspecto central en la ponencia consiste en la necesidad de flexibilizar el plazo de realización del examen oral. Se propone que, considerando las diversas condiciones de salud y limitaciones de movilidad de los residentes, el examen pueda efectuarse hasta 60 días después del ingreso, sin que ello afecte la admisión ni la continuidad del servicio. Esta flexibilidad es vital para adaptar la medida a las realidades particulares de cada paciente y asegurar un acceso oportuno a la atención.
La Secretaria también destacó la importancia de mitigar el impacto económico que pudiera derivarse de la implementación de esta disposición. Se enfatizó que, en situaciones de vulnerabilidad económica, los costos asociados a la evaluación oral y la elaboración del informe de hallazgos no deben recaer exclusivamente en los centros o en los propios residentes. Por ello, se propone que el Estado, a través del Departamento de la Familia, asuma total o parcialmente dichos costos, garantizando que la medida se aplique de manera equitativa y sin generar barreras económicas que perjudiquen el acceso a servicios de cuidado prolongado. Sobre ese asunto, no tendrían reparo pero se tendría que evaluar la asignación de fondos para atender el particular.
En conclusión, la ponencia presentada deja de forma clara que el Departamento de la Familia está a favor del Proyecto del Senado 145. La medida se considera un avance esencial para la protección de la salud oral y el bienestar integral de los adultos mayores, siempre y cuando se implementen mecanismos de flexibilidad, coordinación y apoyo estatal que aseguren su aplicación efectiva, sostenible y respetuosa de los derechos de los residentes.
La Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, por conducto de la Sra. Juanita Aponte Morales, Presidenta de la Asociación, presentó una ponencia detallada y matizada que enfatiza tanto el valor intrínseco de la medida como la necesidad de adecuar ciertos requisitos para que la implementación se ajuste a la realidad operativa de los centros de cuidado prolongado. La Asociación inició su intervención subrayando que la incorporación de la salud oral en el expediente médico de los residentes es un avance importante, ya que permite una detección temprana de afecciones que pueden afectar de manera crítica la salud integral de los adultos mayores. Su presidenta argumentó que, si bien es fundamental contar con exámenes orales periódicos y revisiones anuales, la medida debe articularse de forma que no se impongan cargas excesivas que puedan poner en riesgo la operación de los establecimientos.
La ponencia profundizó en la importancia de flexibilizar el mecanismo de certificación. En lugar de exigir una certificación formal que, en ocasiones, puede resultar rígida y poco adaptable a las circunstancias particulares de cada residente, se propuso reemplazar este requisito por un informe detallado de hallazgos y recomendaciones. Según la entidad, este enfoque permitiría a los profesionales de la salud oral evaluar de manera más integral las condiciones de cada paciente, ajustando el seguimiento y el tratamiento a sus necesidades específicas. Además, se destacó la necesidad de establecer protocolos claros para la elaboración de dichos informes, de modo que se mantenga un alto estándar de calidad y se garantice la coherencia en la documentación de la salud oral.
La asociación también enfatizó la importancia de implementar estrategias que faciliten el acceso a los servicios preventivos para aquellos residentes que presentan limitaciones de movilidad. Se propuso la creación de una red de atención domiciliaria, en la cual un grupo de profesionales dentales esté disponible para realizar evaluaciones en el propio centro o incluso en el domicilio del residente, cuando sea necesario. Esta estrategia no solo contribuiría a superar las barreras logísticas y de transporte, sino que también garantizaría que todos los adultos mayores, independientemente de su condición física, puedan beneficiarse de la medida sin retrasos ni complicaciones.
Otro punto crucial abordado fue la necesidad de integrar la medida dentro del marco normativo existente sin generar conflictos operativos. Se subrayó que la medida debe ser coherente con el Reglamento Núm. 7349 y otros instrumentos normativos que ya regulan el funcionamiento de los centros de cuidado, de manera que se evite la duplicación de requisitos o sanciones que pudieran afectar la continuidad del servicio. La ponencia insta a una revisión conjunta que permita articular la nueva disposición con el modelo asistencial actual, preservando la autonomía operativa de los centros y, al mismo tiempo, elevando los estándares de atención preventiva.
Finalmente, la intervención de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración culminó con una evaluación crítica de la medida; reconociendo que, en esencia, la iniciativa es valiosa y necesaria para mejorar la atención integral de los adultos mayores. No obstante, enfatizó que, sin las adecuaciones pertinentes, la medida podría resultar contraproducente, al generar cargas financieras y operativas que obstaculicen la prestación de servicios. Por ello, la asociación se mostró en contra del Proyecto del Senado 145, siempre y cuando se incorporen las enmiendas que flexibilicen los requisitos de certificación, faciliten el acceso a evaluaciones domiciliarias y aseguren que la implementación se realice en un marco de coordinación y respeto a la realidad de los centros.
La ponencia del Centro Unido de Detallistas, por conducto de su presidente, el Dr. Ramón C. Barquín III, expresa la oposición institucional de dicha entidad al Proyecto del Senado 145, al tiempo que ofrece recomendaciones dirigidas a reconceptualizar la medida con un enfoque más funcional, justo y sensible a las realidades del sector de cuidado asistido para adultos mayores en Puerto Rico. En su intervención se destacó que, al incluir un examen oral en el expediente médico de cada residente, se dispone de una herramienta clave para identificar de manera temprana problemas dentales que, de no ser tratados, podrían desembocar en complicaciones sistémicas y agravar condiciones como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La ponencia subraya que la prevención no solo mejora la salud individual de los residentes, sino que también contribuye a disminuir futuros costos en el sistema de salud al evitar intervenciones más complejas y costosas a largo plazo.
El Centro Unido de Detallistas enfatizó que, para que la medida sea sostenible, es indispensable que se establezcan límites claros en cuanto a los costos asociados a la realización de los exámenes y la emisión de informes. Se planteó la necesidad de que dichos límites permitan a los centros de cuidado manejar de manera previsible y razonable los recursos destinados a estas evaluaciones, evitando que la carga financiera se convierta en un factor que obstaculice la operación regular de los establecimientos. Además, se destacó la importancia de promover evaluaciones orales a domicilio, especialmente para aquellos residentes que enfrentan barreras de movilidad o que, por su condición de salud, tienen dificultades para trasladarse a clínicas externas. Esta estrategia, según se argumentó, no solo facilitaría el acceso a la atención, sino que también garantizaría que la medida tenga un alcance efectivo en todos los centros, sin importar las particularidades logísticas de cada uno.
En su ponencia, el Centro Unido de Detallistas también abordó la necesidad de una coordinación efectiva entre los centros de cuidado y los profesionales de la salud oral. Se propuso que se implementen protocolos de seguimiento que permitan registrar sistemáticamente los resultados de los exámenes orales, de forma que se facilite el monitoreo continuo y la rendición de cuentas. Esto, argumentaron, contribuirá a elevar los estándares de calidad de la atención y a generar datos relevantes que puedan orientar futuras políticas públicas en beneficio de los adultos mayores.
Finalmente, el Centro Unido de Detallistas manifestó su oposición al Proyecto del Senado 145, tal como está redactado; y mostrando se incorporen las enmiendas que aseguren la sostenibilidad económica y operativa de la medida.
La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO), por conducto de su Presidente, Jonathan Morales Adorno, presentó una ponencia en la que se abordó la medida desde una perspectiva crítica y constructiva, reconociendo al mismo tiempo su potencial para mejorar la calidad de la atención en los hogares de cuidado prolongado. En su intervención, la Federación destacó que la incorporación obligatoria de un examen oral y de una revisión bucal anual es, en principio, un avance significativo que puede contribuir a la detección temprana de afecciones dentales y, en consecuencia, a prevenir complicaciones sistémicas que afecten a la población vulnerable de adultos mayores. La ponencia subrayó la importancia de que la medida se enmarque en un modelo facilitador y coordinado, en lugar de un enfoque punitivo, ya que la implementación de evaluaciones orales debe adaptarse a las diversas condiciones de salud y movilidad de los residentes.
La Federación enfatizó que, para que la medida sea realmente efectiva, es crucial establecer mecanismos que permitan la adaptación del proceso evaluativo a las necesidades particulares de cada centro. Se propuso, por ejemplo, la implementación de protocolos flexibles que tengan en cuenta las limitaciones operativas de los establecimientos, de manera que el examen oral pueda efectuarse en un plazo que se ajuste a las circunstancias específicas de cada residente, sin generar retrasos en la admisión ni comprometer la continuidad de los servicios. Asimismo, se destacó la necesidad de coordinar esfuerzos entre los centros de cuidado, los profesionales de la salud oral y las autoridades estatales para garantizar que la medida se implemente de forma integral y sin generar cargas adicionales que puedan afectar la viabilidad operativa de las instituciones.
Otro aspecto importante que abordó la ponencia de la Federación fue la relevancia de que la medida se aplique en un marco de apoyo y no se transforme en una herramienta de sanción excesiva. La FICPRO señaló que, si bien es fundamental contar con mecanismos de control y rendición de cuentas, estos deben estar orientados a mejorar la calidad del servicio y a potenciar la prevención, sin que se impongan penalizaciones que puedan derivar en el cierre o deterioro de los centros de cuidado. En este sentido, la ponencia enfatizó la importancia de incorporar en la medida enmiendas que permitan flexibilizar ciertos requisitos y que aseguren que las evaluaciones se realicen de forma adaptada a la realidad operativa de cada establecimiento.
La FICPRO concluye su exposición reafirmando su oposición al Proyecto del Senado 145, al entender que la medida, en su redacción actual, coloca en riesgo la estabilidad de los centros de cuidado, vulnera el acceso equitativo a los servicios, y no toma en cuenta los modelos y prácticas ya establecidos en el sector. No obstante, la Federación manifiesta que, de acogerse las recomendaciones propuestas —que incluyen la flexibilización del requisito, la transferencia de responsabilidad al entorno familiar o estatal, y la creación de mecanismos de acceso reales y razonables—, estarían dispuestos a endosar el proyecto. Por tanto, se exhorta a los legisladores a reconsiderar el texto de la medida y adoptar una política pública que verdaderamente fortalezca la atención dental sin sacrificar la viabilidad de los hogares ni la calidad de vida de las personas mayores.
El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, por conducto de un memorial realizado por la Dra. Ivette Rodríguez Quesada, Presidenta del Colegio, presentó una ponencia en la que se expone de forma contundente el respaldo al Proyecto del Senado 145. En su intervención, el Colegio destacó que la salud oral es un componente fundamental para la prevención de enfermedades sistémicas, subrayando que datos epidemiológicos demuestran una alta incidencia de caries, enfermedades periodontales y otros problemas dentales en la población mayor, lo que evidencia la urgencia de implementar evaluaciones periódicas. El Colegio resalta que la realización oportuna del examen oral, obligatorio dentro de los 60 días previos al ingreso y complementado con una revisión bucal anual, constituye una herramienta esencial para detectar precozmente afecciones que, de no tratarse, podrían desencadenar complicaciones de gran envergadura y elevar los costos médicos futuros.
El Colegio de Dentistas enfatizó la importancia de que la evaluación oral sea realizada exclusivamente por dentistas licenciados, garantizando así la calidad técnica y la competencia necesaria para emitir diagnósticos precisos y recomendaciones oportunas. Además, se argumentó que la implementación de esta medida debe ir acompañada de estrategias de acceso innovadoras, tales como la creación de clínicas gratuitas y la facilitación del transporte para aquellos residentes con limitaciones de movilidad, lo que permitirá que la atención preventiva se extienda de manera efectiva a todos los sectores de la población adulta mayor.
El Colegio también subrayó la necesidad de establecer protocolos de consentimiento informado, de modo que la realización del examen oral se lleve a cabo únicamente con el previo acuerdo del residente o de su representante legal, respetando así sus derechos fundamentales y su autonomía. Asimismo, se hizo hincapié en la coordinación interinstitucional, proponiendo que el Departamento de la Familia asuma un papel central para facilitar la implementación de la medida y asegurar la aplicación de estrategias logísticas que superen barreras de acceso.
En definitiva, la ponencia del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico fundamenta la importancia del Proyecto del Senado 145 como una medida preventiva integral.
El memorial sometido por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), firmado por su directora ejecutiva interina, Lymari Colón Rodríguez, expresa el respaldo institucional al Proyecto del Senado 145, siempre que se consideren varias recomendaciones importantes sobre su implementación. La ASES reconoce la relevancia de incluir la salud bucal como parte del cuidado integral de los adultos mayores que ingresan a centros de cuidado prolongado, pero subraya la necesidad de evaluar los recursos disponibles, las capacidades operativas de los centros y la coordinación interagencial para viabilizar los requisitos propuestos en la medida.
El memorial destaca que el Plan Vital —el programa de salud bajo la administración de ASES para personas con elegibilidad Medicaid— ya ofrece una cobertura dental comprensiva, que incluye exámenes dentales, limpiezas, radiografías, tratamientos restaurativos, endodoncia, cirugía oral, profilaxis, y anestesia (sujeta a autorización para adultos con condiciones específicas). ASES proporciona también estadísticas sobre el volumen de servicios dentales ofrecidos bajo el Plan Vital en 2024, lo que demuestra el alcance de estos servicios: más de 3.3 millones de servicios dentales, distribuidos entre diagnósticos, preventivos, restaurativos, quirúrgicos, y otros. Esta información evidencia el compromiso institucional con la salud oral de los beneficiarios y la capacidad operacional de ofrecer estos servicios bajo su red de proveedores.
Sin embargo, ASES expresa reservas sobre los desafíos prácticos que implicaría implementar el mandato legal propuesto. Señala que la obligación de realizar un examen oral dentro de los 60 días previos al ingreso, y revisiones anuales obligatorias, requiere recursos adicionales, tanto humanos como económicos, que podrían comprometer otros aspectos del funcionamiento de los centros de cuidado si no se planifica adecuadamente. Por tal razón, sugiere que se evalúe con detenimiento la capacidad operativa actual de los establecimientos y se ausculte la opinión del Departamento de la Familia y los propios centros de cuidado, como entidades directamente impactadas por la medida.
ASES también recomienda que se consideren alternativas de implementación, como la capacitación del personal en los centros sobre la importancia y el manejo básico de la salud oral, así como la promoción de una cultura institucional que valore la atención dental entre cuidadores y familiares. Propone la creación de mecanismos de revisión periódica para monitorear los efectos del proyecto tanto en la salud y el bienestar de los adultos mayores como en la operación diaria de los centros.
En resumen, ASES avala el Proyecto del Senado 145 y respalda su intención de fortalecer el bienestar integral de la población adulta mayor. No obstante, lo condiciona a la consideración de recomendaciones relacionadas con la viabilidad fiscal, administrativa y operativa del proyecto. La agencia se pone a disposición de la Comisión para continuar el diálogo legislativo y colaborar en la implantación efectiva de esta medida, sin menoscabo de la calidad de los servicios de cuidado prolongado ni de la sostenibilidad financiera del sistema.
El memorial explicativo presentado por AARP Puerto Rico, suscrito por su Director Estatal José Acarón Rodríguez, expresa una posición favorable con reservas al Proyecto del Senado 145, el cual propone enmendar la Ley Núm. 94 de 1977 para establecer como requisito obligatorio la inclusión de un examen oral realizado dentro de los 60 días previos al ingreso de una persona a un centro de cuidado prolongado, así como una revisión bucal anual, todo certificado por un cirujano dentista. AARP valida la intención de política pública del proyecto en cuanto a fortalecer el bienestar integral de los adultos mayores, pero exhorta a que se tomen en cuenta diversos factores regulatorios y operacionales para evitar que su implantación resulte onerosa o impracticable para los hogares.
Como organización nacional dedicada al bienestar del adulto mayor en todas las jurisdicciones de Estados Unidos, AARP reconoce que la salud oral es un componente integral de la salud general y respalda iniciativas dirigidas a atenderla, especialmente entre residentes de instituciones de cuido prolongado. El memorial subraya que el Código de Regulaciones Federales (42 CFR § 483.20) ya exige a los hogares realizar evaluaciones de salud bucal al ingreso y periódicamente, pero aclara que la reglamentación federal no impone a los hogares la obligación de certificar la condición oral de los residentes, ni especifica el tipo de proveedor responsable de dichas evaluaciones, dejando estos aspectos a discreción de los estados.
En ese contexto, AARP recomienda que la Comisión evalúe cuidadosamente si imponer la certificación como requisito para obtener o renovar la licencia operacional podría afectar la capacidad financiera y operativa de los hogares. La organización teme que el mandato legal, aunque bien intencionado, imponga una carga desproporcionada sobre instituciones que ya enfrentan desafíos estructurales y de personal. Se cuestiona si existen suficientes proveedores de servicios dentales disponibles para cumplir con la demanda que generaría la nueva legislación, y si los hogares, especialmente los de recursos limitados, podrían sostener el cumplimiento sin sacrificar otros servicios esenciales.
El memorial también identifica que la reglamentación vigente en Puerto Rico, contenida en el Reglamento 7349 bajo la Ley 94, ya contempla la salud bucal como parte de los cernimientos periódicos, por lo que la inclusión de requisitos adicionales podría crear duplicidad normativa. AARP destaca que, en armonía con la legislación federal, el rol de los hogares debe ser el de facilitador o coordinador de servicios, y no de garante ni ejecutor directo de evaluaciones dentales certificadas. Esa distinción es importante para mantener un equilibrio entre la protección de los derechos del residente y la viabilidad de los modelos de cuidado institucional.
A modo de evidencia empírica, AARP cita un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts titulado “Salud Oral en los Hogares de Cuido: Lo que sabemos y lo que debemos saber”, el cual revela que muchos hogares de cuidado tienen una capacidad limitada para brindar atención bucal, y que el personal a menudo carece de capacitación en esta área. La alta rotación de empleados (“turnover”) en estos entornos también limita la continuidad en la prestación de servicios dentales. Además, se hace referencia a recomendaciones de la Asociación Dental Americana (ADA) sobre la necesidad de adiestrar al personal y evaluar la capacidad real de estas instituciones para cumplir con los estándares deseados.
Con base en este panorama, AARP invita a la Comisión a reconsiderar que la evaluación bucal sea requisito de licenciamiento y, en su lugar, sugiere que se analicen primero las necesidades de educación, adiestramiento y capacidad operativa de los hogares. Insisten en que cualquier medida legislativa debe evitar efectos colaterales adversos sobre la calidad de los servicios de cuidado prolongado. Por tanto, exhortan a que el proyecto se revise de forma integral para garantizar que su implementación no afecte la misión de estas instituciones ni los derechos de los adultos mayores.
En conclusión, AARP respalda la intención del P. del S. 145, pero condiciona su apoyo a que la implantación no comprometa la prestación efectiva y sostenible de los servicios de cuido asistido. El memorial reafirma el compromiso de la organización con la búsqueda del bienestar y la dignidad de los adultos mayores y se pone a disposición de la Comisión para seguir colaborando en el desarrollo de una política pública justa, viable y basada en evidencia.
La Dra. Yolanda Varela Rosa, nominada a dirigir la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, quien compareció como médico primario, generalista, certificada en geriatría, medicina alterna y acupuntura, presentó un memorial explicativo a favor del Proyecto del Senado 145.
La Dra. Varela Rosa apoya la intención legislativa, destacando que la salud oral tiene una relación directa con la salud sistémica y la calidad de vida de los adultos mayores, en particular dentro de entornos institucionales donde el riesgo de complicaciones médicas es mayor. Adelantó que el descuido de la salud bucal puede derivar en patologías graves, como gingivitis, periodontitis y pérdida de piezas dentales, pero también en afecciones de mayor impacto sistémico, incluyendo enfermedades cardíacas y neumonía por aspiración, esta última particularmente común en centros de cuidado prolongado. Explica que la aspiración de patógenos orofaríngeos está fuertemente asociada a la incidencia de neumonía en esta población, y que los microorganismos presentes en infecciones orales pueden contribuir a condiciones como la aterosclerosis. Así, la salud oral deja de ser un asunto accesorio y se convierte en una necesidad clínica prioritaria.
Sin embargo, advierte que el texto actual del proyecto carece de disposiciones de excepción clínicas y éticas, indispensables para evitar situaciones injustas, inaplicables o hasta perjudiciales. Por ello, propone incorporar un catálogo de excepciones explícitas que justifiquen la exención del requisito del examen bucal en determinados casos, entre ellos:
Estas exclusiones permitirían aplicar el mandato legal de manera racional y compasiva, y evitarían sanciones automáticas en contextos clínicos donde el cumplimiento del requisito sería improcedente. La Dra. Varela también señala que el proyecto, en su redacción actual, contempla sanciones significativas, incluyendo multas de hasta $500 y la suspensión de la licencia del centro, sin tomar en cuenta estos contextos excepcionales. Propone que estas excepciones se incluyan de forma expresa en la Sección 2 del proyecto.
En cuanto a las disposiciones sobre sanciones, recomienda:
Con relación a este último punto, sugiere que la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada sea la entidad custodio de estos recursos, ya que dicha oficina tiene el mandato institucional de velar por los derechos y el bienestar de la población adulta mayor, y podría administrar dichos fondos de forma que se reinviertan directamente en iniciativas de salud y prevención oral.
En su conclusión, la Dra. Yolanda Varela Rosa reitera su apoyo a la medida, destacando la urgencia de elevar la atención dental como una prioridad de política pública.
El Departamento de Salud, mediante una comunicación suscrita por su Secretario, establece una posición favorable con recomendaciones específicas al Proyecto del Senado 145. El análisis de la agencia se fundamenta en la experiencia de la Sección de Envejecimiento Saludable, adscrita a la Secretaría Auxiliar de Servicios para la Salud Integral (SASSI), así como en el peritaje de la Unidad de Salud Oral, que forma parte del mismo componente. Ambas estructuras coinciden en la importancia de fortalecer las políticas públicas de prevención y evaluación bucal para personas adultas mayores, considerando su alta vulnerabilidad a condiciones orales y sistémicas asociadas.
En su exposición, el Departamento enfatiza que la incidencia de caries, boca seca, enfermedad periodontal, uso de prótesis y otras afecciones orales aumenta significativamente entre la población envejeciente, debido en gran medida al uso de múltiples medicamentos que reducen la salivación y al deterioro progresivo de la capacidad de autocuidado.
No obstante, el Departamento plantea ajustes a la redacción legislativa del proyecto para maximizar su claridad, efectividad y alineación con las guías profesionales reconocidas. En primer lugar, recomienda que el texto del nuevo inciso (h) sea modificado para establecer que el Certificado de Examen Oral deberá haber sido emitido por un dentista licenciado en Puerto Rico con una vigencia no mayor de seis (6) meses antes del ingreso del paciente, en lugar de 60 días, y que dicho examen deberá repetirse de forma anual. Asimismo, propone que tanto el examen inicial como las revisiones posteriores se consignen en el expediente clínico del residente, manteniendo trazabilidad y continuidad en el cuidado dental.
Adicionalmente, el Departamento propone que se enmiende la Ley 94 para incorporar una definición oficial de “examen oral”, la cual permita delimitar el alcance clínico del procedimiento, facilitar su facturación y estandarizar su ejecución entre los proveedores. En ese sentido, se ofrece como definición técnica la siguiente: “Evaluación del paciente que puede incluir la recopilación de información mediante entrevista, observación, examen y uso de pruebas específicas que permiten al dentista diagnosticar afecciones existentes.” Esta definición está fundamentada en los códigos de facturación D0150 (examen inicial) y D0120 (examen periódico), reconocidos por la Asociación Dental Americana, lo que permite armonizar la propuesta con los estándares vigentes en los Estados Unidos y Puerto Rico.
En cuanto a la viabilidad fiscal del proyecto, el Departamento de Salud advierte que debe evaluarse cuidadosamente el posible impacto presupuestario que pudiera generar la implementación de este mandato legal, en aquellos casos donde el examen no esté cubierto por el plan médico del paciente. Por tal razón, recomienda que se identifiquen recursos adicionales para cubrir este renglón en caso de ser necesario, ya sea a través de reprogramación presupuestaria, asignaciones legislativas o convenios interagenciales. Este señalamiento evidencia la importancia de acompañar toda legislación de impacto salubrista con un análisis fiscal riguroso y medidas compensatorias viables.
El Departamento concluye su memorial reiterando su endoso al Proyecto del Senado 145, con las enmiendas propuestas sobre redacción, definición técnica del examen y planificación presupuestaria. Reconoce que este tipo de iniciativas refuerza la salud integral de la población adulta mayor, particularmente en el contexto de envejecimiento acelerado que enfrenta Puerto Rico. Agradece la oportunidad de participar en el proceso legislativo y manifiesta su disposición de continuar aportando su peritaje técnico a futuras medidas que incidan sobre el bienestar físico y social del pueblo puertorriqueño.
VISTA PÚBLICA 21 DE MARZO DE 2025
Tal como se esboza en el apartado relacionado al alcance del informe, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional celebró una vista pública el 21 de marzo de 2025 que contó con la participación de representantes del Departamento de Salud, Departamento de la Familia, Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, AARP, Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y la Dra. Yolanda Varela Rosa.
En la vista participaron varios miembros de la Comisión, entre ellos los senadores Morales Rodríguez, Álvarez Conde, Padilla Alvelo y Rosa Ramos, con algunas ausencias excusadas. A continuación, se discute el insumo recibido por cada una de las entidades y agencias participantes.
Primer panel: Departamento de la Familia y Departamento de Salud
La Sra. Wilma Ortiz Rivera, en representación de la secretaria Suzanne Roig Fuertes, inició la presentación expresando apoyo al proyecto, destacando que la salud bucal es una parte integral del bienestar de los adultos mayores. No obstante, recomendó que el requisito del examen oral pueda realizarse dentro de los primeros 60 días luego del ingreso, para no dificultar reubicaciones urgentes por razones de maltrato o abandono. Sugerencias adicionales incluyeron limitar la aplicación de la medida a adultos mayores y proveer alternativas de financiamiento ante la falta de cubierta médica.
La Dra. Elaine Pagán Ortiz, oficial dental del Departamento de Salud, respaldó la medida con énfasis en el valor preventivo del examen oral. Propuso enmendar la redacción del proyecto para establecer un límite de seis meses de retroactividad y añadió que se debe incluir una definición técnica del “examen oral” conforme a los códigos ADA (D0150 y D0120). Reconoció que si bien existen alrededor de 971 dentistas activos en Puerto Rico, la disponibilidad geográfica y los retrasos en citas representan retos adicionales.
Segundo panel: Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD)
La Dra. Minerva Gómez, presidenta de la ADCCLD, expresó preocupación por los efectos operacionales y financieros del proyecto. Afirmó que los hogares pequeños no podrían absorber el costo del examen sin afectar otros servicios, y que no todos los adultos mayores son clínicamente aptos para someterse a una evaluación dental. Planteó que el proyecto debía contemplar excepciones clínicas y salvaguardas legales. Recomendó que los exámenes fueran voluntarios, realizados a domicilio, con un costo tope de $75, y sin penalidades para los centros por acciones de terceros. También sugirió que la responsabilidad recaiga en el Estado o los tutores legales.
En el proceso de preguntas con los legisladores, se reconoció que muchos centros operan sin fondos asignados y que la escasez de dentistas a domicilio es una limitación concreta. Se solicitó que las sanciones no se impongan indiscriminadamente. Además, se mencionó que, de 1,217 hogares registrados, solo 600 están afiliados a la ADCCLD, reflejando la fragmentación del sector.
Tercer panel: Colegio de Cirujanos Dentistas y Dra. Yolanda Varela Rosa
La Dra. Ivette Rodríguez Quesada, presidenta del Colegio, apoyó enérgicamente la medida y resaltó que la salud oral es fundamental para prevenir infecciones sistémicas, incluyendo neumonía y enfermedades cardiovasculares. Propuso que se amplíe la cobertura de la política pública a égidas, residencias privadas y centros gubernamentales. Sugirió además que el Departamento de la Familia lidere la implementación en coordinación con ASES, el Comisionado de Seguros, La Fortaleza, el Recinto de Ciencias Médicas y otros entes. También recomendó establecer protocolos para el consentimiento informado y la creación de clínicas móviles o gratuitas.
La Dra. Yolanda Varela, nominada al puesto de Procuradora de las Personas de Edad Avanzada y médico geriatra, expresó respaldo a la intención de la medida pero pidió incorporar excepciones para adultos en condición terminal o con deterioro cognitivo avanzado. Abogó por que las multas impuestas por incumplimiento se canalicen a la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada y se utilicen para subsidiar servicios de salud oral. Resaltó que la salud oral es un factor determinante en la prevención de neumonía por aspiración, una de las principales causas de muerte en centros de cuido prolongado.
Cuarto panel: Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO) y AARP Puerto Rico
El Sr. Jonathan Morales Adorno, presidente de FICPRO, expresó oposición institucional al proyecto en su forma actual. Sostuvo que condicionar la licencia operacional a un requisito dental genera cargas excesivas. Argumentó que la medida podría obligar a muchos centros a cerrar o reducir servicios. También alegó redundancia con el Reglamento 7349 y la Ley 94, y recomendó sustituir el mandato por programas educativos, sin penalizaciones para los centros.
El Sr. José Acarón, director estatal de AARP, reconoció la intención positiva de la medida, pero alertó sobre su viabilidad fiscal y operacional. Abogó por la creación de una mesa multisectorial de consenso para asegurar que la medida pueda ser implantada de manera justa y realista.
ENMIENDAS TRABAJADAS POR LA COMISIÓN
Las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico del Proyecto del Senado 145 responden a las recomendaciones de entidades clave, en particular el Departamento de la Familia, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y otros sectores del cuidado prolongado. Estas enmiendas han sido diseñadas para asegurar que la medida se implemente de manera flexible, coordinada y efectiva, adaptándose a las realidades operacionales de los centros de cuidado y a las necesidades específicas de los adultos mayores.
Las enmiendas abordan siete aspectos esenciales:
Primero, se contempla la flexibilización del plazo para la realización del examen oral, permitiendo que se efectúe hasta 60 días después del ingreso, en función de las condiciones particulares de salud de cada residente, sin que ello afecte su admisión o la continuidad de los servicios.
Segundo, se incorpora un mecanismo de apoyo económico estatal: en situaciones de vulnerabilidad económica, el costo de la evaluación oral y la elaboración del informe de hallazgos será asumido total o parcialmente por el Estado, a través del Departamento de la Familia.
Tercero, se establece una coordinación interinstitucional bajo la responsabilidad del Departamento de la Familia, que desarrollará protocolos y mecanismos logísticos —como la implementación de clínicas gratuitas y evaluaciones a domicilio— en coordinación con el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, para asegurar el acceso efectivo a los exámenes orales y reducir los gastos, de haberlos.
Cuarto, se garantiza el consentimiento informado, implementando procedimientos y formularios que aseguren que la realización del examen oral se lleve a cabo únicamente con el consentimiento previo del residente o de su representante legal, en estricto apego a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores.
Quinto, se autoriza que los exámenes orales puedan ser realizados por estudiantes practicantes de medicina dental, bajo la supervisión directa de dentistas licenciados, promoviendo de este modo el acceso a los servicios preventivos.
Sexto, se dispone que el tiempo dedicado por dichos estudiantes a la realización de los exámenes será acreditado como horas contacto dentro de su práctica clínica o internado, conforme a la reglamentación que adopten el Departamento de Salud y la Junta Examinadora Dental.
Séptimo, se establece un mecanismo de documentación mediante bitácora o formulario para que los centros puedan evidenciar las gestiones diligentes realizadas para coordinar los servicios dentales. De probarse dicha diligencia, el centro quedará eximido de sanciones administrativas asociadas al incumplimiento de la obligación de examen oral.
IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
Conforme a lo establecido en la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, del análisis realizado se concluye que el Proyecto del Senado 145 no conlleva imposiciones económicas para los municipios.
CONCLUSIÓN
El Proyecto del Senado 145 constituye una herramienta legislativa esencial para fortalecer la protección de los adultos mayores en hogares de cuidado prolongado, asegurando una atención médica y dental de calidad. La inclusión obligatoria en el expediente de cada residente de un examen oral realizado dentro de un término de sesenta (60) días previos al ingreso, y la exigencia de una revisión bucal anual certificada por un cirujano dentista, son medidas que contribuyen directamente a la prevención de condiciones de salud graves y a la promoción de una mejor calidad de vida.
El proceso de evaluación legislativa permitió integrar valiosas recomendaciones mediante enmiendas que enriquecieron la medida, haciéndola más sensible y viable en su aplicación práctica. Así, el proyecto contempla mecanismos de flexibilidad para aquellos centros que, demostrando gestiones diligentes documentadas, no logren obtener los servicios dentales requeridos, eximiéndolos de sanciones administrativas. Asimismo, en atención a la reconocida escasez de profesionales dentales en Puerto Rico y a los retos que representa para muchos centros conseguir citas disponibles con prontitud, se autoriza la participación de estudiantes practicantes de medicina dental para la realización de los exámenes orales, bajo la supervisión directa de dentistas debidamente licenciados. Esta disposición no solo amplía la disponibilidad de servicios esenciales, sino que asegura que la calidad de la atención se mantenga conforme a los más altos estándares profesionales, al mismo tiempo que fomenta la formación académica de futuros odontólogos.
De igual manera, se refuerza la colaboración interagencial entre el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico para la implementación de protocolos logísticos, clínicas gratuitas y evaluaciones a domicilio, garantizando que ningún residente quede privado de la evaluación requerida, especialmente aquellos con limitaciones de movilidad. La medida también incorpora disposiciones claras para asegurar que la realización de los exámenes se lleve a cabo con el consentimiento previo del residente o su representante legal, en estricto apego a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores.
En su conjunto, este proyecto de ley reafirma el compromiso del Estado de velar por la dignidad, la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos más vulnerables, dotando al sistema de cuidado prolongado de mejores herramientas para una supervisión efectiva, una atención integral y el respeto a los derechos humanos. La Comisión, por tanto, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 145, así enmendado, por ser cónsono con la política pública de protección, bienestar y equidad para las personas de edad avanzada en Puerto Rico.
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, previo estudio, análisis y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 145, con las enmiendas que se acompañan en el Entirillado Electrónico.
Respetuosamente sometido,
Hon. Wanda “Wandy” Soto Tolentino
Presidenta
Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad
y Población con Diversidad Funcional
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