GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea                                                                                              	     1ra. Sesión
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 152

INFORME POSITIVO

24 de abril de 2025


AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 152 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 152 tiene como objetivo añadir un nuevo Articulo 20 y reenumerar los actuales Artículos 20, 21, 22, 23 y 24 como Artículos 21, 22, 23, 24, y 25, a la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como "Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales", a los fines de reforzar y ampliar las disposiciones existentes sobre la prevención del maltrato animal, la gestión de animales realengos, y la promoción de la adopción; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La Exposición de Motivos del P. del S. 152 reconoce las aportaciones de la                   Ley 154-2008, conocida como Ley para el Bienestar y la Protección de Animales al establecer un marco legal relacionado al trato hacia los animales y la prevención contra el maltrato animal.

No obstante, se resalta la necesidad de refozar esta legislación para atender la problemática existente relacionada a los animales realengos; tanto desde el punto de vista de protección animal, como desde el punto de vista de protección ciudadana, y hasta la protección de la biodiversidad local. Con el propósito de atender estas situaciones, esta medida propone crear un Task Force para el manejo de animales realengos en Puerto Rico. Este grupo estaría compuesto por representantes de la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y la Policía Municipal. Entre sus responsabilidades se encuentran la promoción de la esterilización, vacunación y adopción de animales realengos, así como la creación de protocolos para la intervención en casos de maltrato animal y programas educativos sobre tenencia responsable. 

No obstante, para garantizar la viabilidad operativa y funcionalidad del Task Force, se han identificado áreas en las que la medida puede fortalecerse. Entre estas, se incluyen la deseabilidad de que el mismo esté adscrito al Departamento de Salud y no al DRNA, la importancia de contar con los recursos económicos para que el mismo sea funcional, modificar su composición, entre otras.

ALCANCE DEL INFORME

Para la redacción de este Informe la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional celebró una Vista Pública el 4 de marzo de 2025 la cual contó con la participación de representantes de la Sociedad para la Protección de Animales, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Salud/Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) y la Federación Protectora de Animales (FePA). 

Además, la Comisión solicitó y recibió los comentarios de dichas agencias y entidades, así como del Departamento de Justicia, la Federación de Alcaldes, la Asociación de Alcaldes, Save a Sato, Apolo Pets Profesional Club, Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 

Igualmente, se peticionaron memoriales al Negociado de la Policía de Puerto Rico y la organización Rabito Kontento, así como un informe de efecto fiscal a la OPAL; no obstante, al momento de redactar este Informe, estos no habían remitido el mismo.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La situación de los animales realengos en Puerto Rico ha sido objeto de gran preocupación tanto por sectores gubernamentales como por organizaciones dedicadas al bienestar animal. Esta problemática no solo refleja una crisis de salud y seguridad pública, sino que también evidencia fallas estructurales en la coordinación de esfuerzos para controlar de forma humana y efectiva la población de animales sin hogar. El Proyecto del Senado 152 propone una medida concreta y estratégica: la creación de un Task Force con funciones definidas, composición multisectorial, y mecanismos de implementación sostenibles.
La base legal de esta medida descansa en la Ley 154-2008, conocida como la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales, que establece como política pública el deber del Estado de velar por el trato digno hacia los animales. No obstante, esta ley ha carecido de los mecanismos operacionales y presupuestarios para implementar su contenido de forma uniforme y coordinada. El P. del S. 152 intenta llenar este vacío mediante la creación de una entidad coordinadora que incluya representación de cuerpos de seguridad, municipios, entidades sin fines de lucro, y personal veterinario capacitado.
Los memoriales presentados por el Colegio de Médicos Veterinarios, FePA, la Sociedad Protectora de Animales, Save a Sato, y otras organizaciones sin fines de lucro coinciden en que la propuesta es un paso importante, pero insisten en la necesidad de mejorar su contenido. Solicitan, entre otras cosas: que se elimine el DRNA como agencia ejecutora principal por carecer de jurisdicción legal; que se incluya formalmente a la OECA como ente coordinador; que se establezcan adiestramientos obligatorios; y que se contemple un plan de acción basado en evidencia científica para la esterilización masiva, la adopción, la educación ciudadana y la participación comunitaria.
El análisis del P. del S. 152 también evidencia que el problema no puede atenderse desde un enfoque exclusivamente punitivo o reactivo. Se requiere una política pública coherente, educativa, accesible y regionalizada. Es, por tanto, indispensable establecer alianzas entre el gobierno central, los municipios y las entidades comunitarias para atender con sensibilidad y eficacia una crisis que no solo afecta a los animales, sino a la convivencia humana, al turismo, a la salud pública y a la imagen internacional de Puerto Rico.



VISTA PÚBLICA

Tal como se esboza en el apartado relacionado al alcance del informe, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional celebró una vista pública el 4 de marzo de 2025 que contó con la participación de representantes de la Sociedad para la Protección de Animales, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Salud/Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) y la Federación Protectora de Animales (FePA). A continuación, se discute el insumo recibido por cada una de las entidades y agencias participantes.

La Sociedad para la Protección de Animales:

Compareció la organización representada por la Sra. Jaraileen Marrero Méndez, en representación del presidente de la Sociedad. En su participación, denunció la gravedad de la situación de los animales callejeros en la isla. Respaldó la creación de un grupo de trabajo (task force) siempre y cuando, cuente con autoridad, recursos, y colaboración multisectorial. Recomendó un enfoque estructurado para programas TNR (captura-esterilización-retorno), el registro obligatorio de mascotas, y tarifas a criadores para financiar esterilizaciones.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA):

La Lcda. Brendaliz González Méndez, Directora Legal del Departamento, explicó que el DRNA posee facultades sobre especies silvestres, no domésticas, y que su intervención está limitada por la falta de recursos. No obstante, se mostró dispuesta a colaborar mediante orientación y adiestramiento. Señaló que los municipios son los responsables primarios del manejo de animales realengos bajo la Ley 154-2008.

Departamento de Salud / OECA:

La Sra. Wilma Rivera Díaz, Directora de la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA), recalcó que los municipios tienen responsabilidad histórica sobre los animales realengos de conformidad con la ley Criticó que el proyecto no incluya al Departamento de Salud en el task force, a pesar de su rol en la salud pública.

Advirtió sobre las restricciones fiscales impuestas por la Ley PROMESA y abogó por una fuente de financiamiento recurrente. Reconoció limitaciones operativas en OECA ya que cuentan con dos empleados activos, la ausencia de los ocho refugios regionales requeridos por ley y la falta de reuniones del Grupo Asesor creado por orden ejecutiva. Recomendó usar la experiencia previa y trabajar con municipios para reglamentar y educar sobre el bienestar animal.

Federación Protectora de Animales (FePA):

La Lcda. Yolanda Álvarez, presidenta de FePA, respaldó el proyecto de forma condicionada, aportando recomendaciones clave. Como parte de sus sugerencias, propuso:
Implementar un plan integral para reducir animales sin hogar.
Exigir el cumplimiento de la Ley de Albergues Regionales.
Instituir esterilización gratuita como política pública.
Reorganizar o sustituir la OECA.
Entrenar al Task Force.
Utilizar la Ley 86-2020 para incorporar veterinarios de EE.UU. y Canadá.
Actualizar definiciones legales para incluir derechos de animales no humanos.

FePA también denunció la escasez de veterinarios y sugirió comenzar con un censo poblacional y campañas de esterilización satelital. Indicó que el Colegio de Médicos Veterinarios posee fondos recaudados por vacunación que podrían ser usados. También, resaltó la necesidad de colaboración con universidades y participación comunitaria, e instó a legislar para asegurar la continuidad de las políticas más allá del cambio de administraciones.

RESUMEN DE COMENTARIOS RECIBIDOS

Además de realizar una vista pública, la Comisión recibió los siguientes Memoriales Explicativos más detallados de éstas y otras entidades:

Sociedad para la Protección de Animales:

A través de un memorial suscrito por su representante, Nelson Rivera, presentó su posición y recomendaciones respecto al Proyecto del Senado 152.

El memorial comienza subrayando las profundas inconsistencias en la aplicación de la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales. En Puerto Rico, los animales callejeros enfrentan graves problemas como desnutrición, enfermedades, atropellos, envenenamientos y abandono. Aunque existen esfuerzos por abordar estos problemas, se observa una falta crítica de implementación efectiva, educación pública e intervenciones estructuradas, lo que impide un cambio sostenible.

La organización considera que la creación de un grupo de trabajo interagencial (Task Force) representa un avance necesario, pero advierte que su éxito dependerá de que cuente con:
Autoridad clara para ejecutar políticas,
Fondos adecuados, y
Colaboración genuina con organizaciones de protección animal.

El memorial aborda el uso de programas de TNR (Captura-Esterilización-Retorno) como método para controlar la sobrepoblación de animales. Aunque reconoce su potencial, destaca que estos programas, en el contexto puertorriqueño, deben ejecutarse con mucho cuidado. En particular, se critica el riesgo de liberar animales sin asegurarles condiciones mínimas de bienestar como alimento, refugio, salud y control sanitario, lo cual podría resultar contraproducente tanto práctica como éticamente.

Finalmente, el SPA apoya los esfuerzos legislativos para reforzar la Ley 154, pero enfatiza que cualquier enmienda debe considerar:

Los retos reales en la implementación,
La sostenibilidad financiera de las medidas propuestas,
Y la importancia de una estrategia educativa a nivel social.

El memorial cierra con un llamado al Senado para que adopte un enfoque integral que incluya Organizaciones protectoras de animales, Profesionales veterinarios, Cuerpos de seguridad y Formuladores de política pública.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA):

El DRNA, mediante una comunicación suscrita por su Secretario, destacó su rol institucional según su Ley Orgánica (Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972) y el Plan de Reorganización de 2018 (Ley 171-2018). Ambas leyes le otorgan la responsabilidad de implementar la política pública ambiental de Puerto Rico, incluyendo la conservación y manejo de los recursos naturales y de la vida silvestre-tanto residentes como migratorios y exóticos-, así como especies terrestres y acuáticas. Además, se le confiere la autoridad sobre especies en peligro de extinción, prohibiendo su transporte, posesión, venta o importación.
También se recordó que, tras la reorganización, el DRNA absorbió funciones de la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales, consolidando así las funciones ambientales en una sola agencia.
En cuanto al P. del S. 152, el DRNA reconoció su propósito como uno loable y en sintonía con el bienestar animal. No obstante, hizo énfasis en las limitaciones jurisdiccionales de la agencia, aclarando que su competencia se circunscribe exclusivamente a especies de vida silvestre y no incluye animales domésticos ni realengos, los cuales son responsabilidad de los municipios, conforme lo dispone la Ley 154-2008.
La agencia citó que dicha ley asigna expresamente a los municipios la prioridad en el manejo de situaciones de maltrato y negligencia contra animales realengos, incluyendo su recogido y cuidado. Esta responsabilidad municipal también se extiende a la colaboración en emergencias junto con la Policía, agencias privadas y miembros del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, los cuales están reconocidos como agentes del orden público.
Sobre la composición del Task Force propuesto, el DRNA trajo a la atención de esta Comisión que, el proyecto propone la creación de un Task Force Interagencial, que incluiría representación del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, la Policía de Puerto Rico, la Policía Municipal y representantes de los municipios. Sugiere que el DRNA designe como su representante al Comisionado del Cuerpo de Vigilantes.
Además, en cuanto al Artículo 20(b) del proyecto indica que los miembros del Task Force ejercerán sus funciones dentro del grupo como parte de sus responsabilidades regulares, sin generar costos significativos adicionales. No obstante, señala que el mencionado artículo hace referencia a los fondos para las actividades del Task Force, disponiendo que los mismos provendrían de asignaciones existentes del DRNA, el Departamento de Seguridad Pública, fondos federales o donaciones.
En este aspecto, el DRNA fue claro en advertir que los fondos que administra están asignados exclusivamente para la atención de especies de vida silvestre, por lo que no podrían utilizarse legalmente para cubrir actividades relacionadas con animales domésticos o realengos. De igual modo, señaló que no emitiría reglamentos al respecto, aunque sí está dispuesto a ofrecer orientación y capacitación a los miembros del Cuerpo de Vigilantes que participen en estas iniciativas.
Concluye el DRNA reiterando su reconocimiento del valor del proyecto y su disposición a colaborar dentro de sus competencias legales. Sin embargo, enfatizó en que el manejo de animales domésticos y realengos no recae bajo su jurisdicción, por lo que no cuenta con los recursos económicos ni legales para atender esas poblaciones conforme a la Ley 154-2008. En consecuencia, cualquier implementación de las disposiciones del P. del S. 152 que involucre atención directa a esos animales deberá recaer en los municipios y las agencias correspondientes.

Departmento de Salud:

El Departamento de Salud sometió un memorial a través de su Secretario, el doctor Víctor Ramos Otero donde presenta una posición en apoyo al proyecto, pero condicionada a que se incluya al Departamento como parte del Task Force.
La agencia destaca que, de conformidad con el Artículo 26 de la Ley Núm. 81 del 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Salud, corresponde a los municipios la responsabilidad legal y económica del manejo de los animales realengos. Esta obligación incluye desde la recolección de animales muertos hasta la educación ciudadana sobre tenencia responsable, así como la promoción de servicios de vacunación y esterilización gratuitos o a bajo costo. Sin embargo, se reconoció que los municipios enfrentan serias limitaciones presupuestarias, escasez de personal y múltiples prioridades, lo cual complica su capacidad para cumplir eficazmente con estos deberes.
El memorial critica que, a pesar de que el P. del S. 152 identifica explícitamente los riesgos de salud pública asociados con los animales realengos, no se incluyó al Departamento de Salud como integrante del Task Force interagencial que coordinaría la política pública sobre este tema. Este grupo está compuesto por la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA y la Policía Municipal, pero no considera el rol esencial de la agencia sanitaria principal del país.
El Departamento subrayó que, dado que los animales sin hogar pueden ser vectores de enfermedades y afectar la salud colectiva, su exclusión del grupo de trabajo debilita el enfoque preventivo que la medida pretende alcanzar.  
El Departamento de Salud expresó su respaldo general a la intención de la medida, reconociendo su importancia y urgencia. No obstante, recomendó que:
Se enmiende el proyecto para incluir al Departamento de Salud como parte del Task Force.
Se incorpore un análisis de costos.
Se establezca una fuente de financiamiento clara y permanente para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del programa propuesto.
Finalmente, la agencia reiteró su disposición a colaborar en futuros esfuerzos legislativos que contribuyan al bienestar y la salud pública de la población puertorriqueña

Federación Protectora de Animales (FePA):

La Federación Protectora de Animales de Puerto Rico (FePA), a través de su presidenta, la Lcda. Yolanda Álvarez, expresó su apoyo al Proyecto del Senado 152, condicionado a la incorporación de una serie de modificaciones fundamentales. FePA enfatizó que su respaldo responde a más de 40 años de experiencia en la promoción del bienestar animal y reiteró su disposición de colaborar activamente en el proceso legislativo.
FePA considera esencial comprender las raíces del problema de animales sin hogar para poder legislar de forma eficaz, humana y estructurada. Entre los elementos críticos que identifica la organización, se destacan:
Escasez de Albergues Municipales: En Puerto Rico solo existen tres albergues municipales (San Juan, Ponce y Carolina), los cuales resultan insuficientes para atender la demanda actual.
Incumplimiento de la Ley de Albergues Regionales: Esta ley, promulgada hace más de 40 años, nunca ha sido implementada, lo que dificulta la gestión adecuada de animales abandonados.
Falta de Veterinarios: Existe una grave escasez de profesionales veterinarios, lo que impide realizar esterilizaciones masivas y adecuadas. Esta situación afecta directamente la viabilidad de los esfuerzos de control poblacional en albergues y comunidades.
La organización presentó un conjunto de sugerencias para fortalecer el Proyecto del Senado 152, muchas de ellas respaldadas por evidencia científica y experiencias internacionales exitosas. Estas se desglosan a continuación:
Implementación de un Plan Integral de Reducción de Animales Sin Hogar: Dicho plan ya ha sido entregado a la comisión y se basa en datos científicos.

Establecimiento de la Esterilización Gratuita como Política Pública: Inspirado en modelos exitosos de otros países, FePA propone integrar la esterilización gratuita al marco estatal de salud y bienestar animal.


Reorganización o Sustitución de la OECA: FePA plantea que la Oficina Estatal para el Control de Animales debe ser reestructurada para cumplir con sus objetivos, o bien, sustituida por una nueva entidad más efectiva y con visión ampliada hacia los derechos de todos los animales.

Capacitación del Task Force: Se propone que los miembros del grupo de trabajo interagencial creado por el proyecto reciban entrenamiento formal, pues la mayoría carece de experiencia en este campo. FePA se ofreció a colaborar en dicho proceso formativo.

Exclusión del DRNA como Agencia Líder: La organización argumenta que el Departamento de Recursos Naturales no es la entidad idónea para liderar estos esfuerzos, y que incluso podría generar conflictos de interés.

Uso de la Ley 86-2020: FePA sugirió activar esta ley, la cual permite el otorgamiento de licencias provisionales a veterinarios de EE. UU. y Canadá para realizar labores de vacunación y esterilización masiva de forma gratuita en Puerto Rico.
Por otra parte, FePA propuso revisar las definiciones legales del proyecto para atemperarlas con la Ley 154-2008 y el Código Civil de Puerto Rico, y modernizar el lenguaje utilizado. En particular, recomendó sustituir términos como "dueño" o "tenencia" por conceptos más sensibles que reconozcan a los animales no humanos como sujetos de derechos básicos y fundamentales.
En síntesis, FePA reiteró su respaldo al P. del S. 152, siempre que se incorporen las recomendaciones señaladas.

Departamento de Justicia:

El Departamento de Justicia de Puerto Rico, mediante comunicación suscrita por su Secretaria Designada, Hon. Janet Parra Mercado, expresó su respaldo a la medida.

El Departamento reconoce que el proyecto busca establecer un grupo de trabajo interagencial compuesto por representantes de la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Policía Municipal. Este Task Force tendría como función:

Continúa expresando que la Asamblea Legislativa cuenta con amplia discreción para formular política pública bajo el amparo del Artículo II, Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico. A su juicio, el P. del S. 152 es una manifestación legítima de esta facultad, y su contenido está orientado a responder a una necesidad social apremiante: la proliferación de animales sin hogar y sus consecuencias para la salud pública y la seguridad vial.

Desde el punto de vista jurídico, no se identificaron impedimentos legales que imposibiliten la aprobación del proyecto. La única observación sustantiva del Departamento fue la recomendación de incluir a la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) como miembro del Task Force ya que consideran la inclusión de la OECA fortalecería la base técnica, médica y de política pública del grupo de trabajo propuesto, y permitiría una respuesta más efectiva y ética ante la problemática.

El Departamento de Justicia finalizó su memorial mostrando su respaldo al propósito de la medida, subrayando su alineación con el bienestar colectivo y la protección de los animales. A su vez, reafirmó su compromiso con ofrecer asesoramiento legal a la Asamblea Legislativa y sostuvo que el Proyecto del Senado 152 puede avanzar, sujeto a las recomendaciones técnicas ofrecidas.

Federación de Alcaldes:

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico, representada por su Director Ejecutivo, endosa la aprobación del P. del S. 152. Mediante un memorial suscrito, comienza reconociendo que la problemática de los animales sin hogar es real y persistente en Puerto Rico y destacó que esta situación no solo afecta la salud pública, sino también el bienestar emocional de los ciudadanos que velan por los derechos de los animales. 

A su juicio, el maltrato animal, tipificado y penalizado por la Ley 154-2008, ha cobrado mayor visibilidad y cumplimiento en años recientes, y la ciudadanía valora cada vez más los mecanismos de protección existentes. Desde esta perspectiva, piensan que el proyecto -al promover la creación de un plan integral para manejar el tema- resulta positivo para los municipios, la ciudadanía y el interés público en general.

El memorial subraya que los municipios ya realizan múltiples gestiones en esta área, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 1.010(h) del Código Municipal. Estas gestiones incluyen:

Legislación municipal propia,
Acuerdos con organizaciones dedicadas al recogido y albergue de animales,
Campañas de esterilización y adopción a bajo costo.
No obstante, se señala que todas estas iniciativas generan gastos operacionales significativos para los gobiernos locales, los cuales enfrentan limitaciones presupuestarias. Por ello, aunque la intención del Proyecto del Senado 152 es loable, es esencial que no imponga nuevas cargas fiscales a los municipios.

La Federación de Alcaldes enfatizó su posición de apoyo al proyecto siempre que no se impongan cargas económicas adicionales a los municipios. En este sentido, se acoge favorablemente la disposición del Artículo 20(b), que establece que el financiamiento para las actividades del Task Force provendrá de:

Asignaciones presupuestarias del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y del Departamento de Seguridad Pública (DSP),
Fondos federales,
Donaciones

Finalizan expresando que dado que el diseño fiscal de la medida no implica nuevos gastos para los gobiernos municipales, endosan formalmente el Proyecto del Senado 152. 

Asociación de Alcaldes:

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, representada por su Directora Ejecutiva, manifestó su apoyo general al propósito y contenido del proyecto, reconociendo su valor para promover una cultura de respeto y cuidado hacia los animales y su contribución a una sociedad más compasiva y saludable. No obstante, expresó una preocupación puntual sobre el diseño organizacional del Task Force propuesto.

El Proyecto del Senado 152, tal como está redactado, contempla la inclusión de todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios de Puerto Rico como miembros del Task Force, lo que considera sería impráctica e inefectiva, dado el volumen de participantes y la dificultad que conllevaría coordinar las actividades del grupo con tanta representación directa.

Para mejorar la eficiencia y representatividad del grupo de trabajo, la Asociación de Alcaldes propone una composición más manejable y representativa de los municipios dentro del Task Force, que incluya:

1 alcalde o alcaldesa de un municipio pequeño
1 alcalde o alcaldesa de un municipio mediano
1 alcalde o alcaldesa de un municipio grande
3 alcaldes(as) designados por la Asociación de Alcaldes
3 alcaldes(as) designados por la Federación de Alcaldes

Esta recomendación, según la suscribiente, permitiría una participación municipal más efectiva, garantizando la inclusión de las diversas realidades y tamaños poblacionales de los municipios sin comprometer la operatividad del Task Force.

Finalizaron su memorial mostrando su respaldo a la intención del Proyecto del Senado 152, y exhortó a que se incorpore la enmienda sugerida para lograr un balance adecuado entre representatividad municipal y eficiencia funcional del grupo de trabajo.

Save a Sato:

La organización Save a Sato, representada por su directora, Sra. Gloria Martí, presentó un memorial explicativo con propuestas detalladas y estructuradas para apoyar y complementar el Proyecto del Senado 152, enfocadas en la reducción efectiva de la sobrepoblación de animales callejeros en Puerto Rico. Su enfoque es a base de multi-fases, combinando prevención, mitigación, atención directa, legislación y financiamiento. Como parte de su insumo presentaron un plan de protección animal.

El plan de protección animal propuesto se divide en tres fases: 

La Fase I - Prevención, incluye educación escolar obligatoria sobre tenencia responsable, campañas de concienciación y una ley para registrar maltratadores de animales. 
La Fase II - Mitigación propone ambulancias veterinarias, hospitales públicos, fortalecimiento de refugios (incluyendo uno exclusivo para gatos), campañas de esterilización, registro con microchip, penalización de la cría ilegal y equipos de rescate animal. 
La Fase III - Financiamiento e Infraestructura, busca alianzas público-privadas e identifica recursos públicos para crear refugios y centros veterinarios.

Aunque sin expresar postura, Save a Sato ofreció un plan detallado e integral para atender la emergencia de salud pública que representa la sobrepoblación de animales callejeros. Su propuesta complementa al Proyecto del Senado 152, y promueve una transformación estructural y sostenible mediante educación, legislación, acción comunitaria y colaboración intersectorial.

Apolo Pets Professional Club:

La organización Apolo Pets Professional Club, a través de su presidente Eliazar Ortiz Santiago, expresó su profunda preocupación por la crisis de bienestar animal en Puerto Rico y ofreció un análisis en torno a la medida. El memorial parte de la premisa de que el abandono y el maltrato animal derivan, en gran medida, de una falta de educación, compasión y voluntad política.

Ortiz Santiago denunció que el bienestar animal ha sido postergado por décadas en la política pública puertorriqueña, lo que ha derivado en una situación insostenible de cientos de miles de animales sin hogar, maltrato generalizado y problemas de salud pública. Destacó que los animales realengos no son un accidente, sino el resultado de fallas estructurales y sociales que deben atenderse con enfoque integral.

Aunque reconoce la intención del proyecto, el memorial plantea que los cuerpos propuestos para integrar el Task Force (Policía Estatal, Policía Municipal y Cuerpo de Vigilantes del DRNA) no cuentan con la preparación técnica, sensibilidad ni recursos necesarios para asumir eficazmente esta función. Se cuestiona su idoneidad y se señala que su mandato constitucional y legal está orientado a otras funciones: seguridad ciudadana y protección ambiental.

Ortiz Santiago reclama que muchas leyes ya existentes en materia de bienestar animal no se implementan ni fiscalizan adecuadamente, incluyendo:

La propia Ley Núm. 154-2008.
La Ley Núm. 36-1984 que crea la OECA.
El P. del S. 1100 de 2022, que ordena la inclusión del bienestar animal en el currículo educativo. Señala que a la fecha, el Departamento de Educación ha incumplido el mandato de implementación dentro del término establecido.

Finalizó proponiendo una revisión profunda de las estructuras actuales y ofreció su colaboración para impulsar una política pública robusta, fiscalizada y verdaderamente compasiva.

Colegio de Médicos Veterinarios:

El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR) sometió un memorial explicativo expresando reservas sustanciales con relación al Proyecto del Senado 152.
El Colegio reconoce la urgencia de atender la situación de los animales sin hogar y destaca que desde 1999 ha promovido activamente la necesidad de establecer un Registro de Mascotas con identificación permanente como pieza clave para la solución. Aunque ha participado de múltiples campañas de educación y esterilización junto a agencias del gobierno y entidades sin fines de lucro, el Colegio lamenta que el componente del registro obligatorio no ha recibido la atención legislativa necesaria.
Además, recuerda que en 2021 se creó mediante la Orden Ejecutiva OE-2021-033 un Grupo Asesor para la Protección y Seguridad Animal, del cual el CMVPR formó parte junto a otras agencias como el Departamento de Salud, DRNA, Compañía de Turismo y representantes del sector veterinario. Dicho grupo elaboró un informe con recomendaciones internacionales organizadas en tres categorías: campañas educativas, fomento de la esterilización y registro de mascotas con identificación permanente.
El CMVPR crítica a la composición y alcance del Task Force propuesto y no avala la creación de este bajo los términos del P. del S. 152. Las razones principales son:
El proyecto delega funciones a agencias estatales que no cuentan con médicos veterinarios entre su personal, lo cual dificulta una atención adecuada y profesional al problema.
La exclusión del Departamento de Salud, a pesar de tratarse de un asunto de salud pública, representa una omisión grave.
Se asignan nuevas responsabilidades a entidades estatales sin garantizar recursos adicionales ni un aumento presupuestario, lo cual se considera inviable.
Asimismo, el Colegio enfatiza que la Ley 154-2008 ya establece que los municipios son los responsables del manejo de animales realengos, y que cuentan con la facultad de coordinar esfuerzos interagenciales conforme al Artículo 3 de dicha ley. Por tanto, trasladar esas funciones a agencias sin la infraestructura veterinaria adecuada se consideraría un error técnico y estratégico.
Ante lo anterior, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico recomienda rechazar el P. del S. 152 en su forma actual y, en su lugar, urge a la Asamblea Legislativa a:
Legislar de forma prioritaria para establecer un Registro de Mascotas obligatorio con identificación permanente.
Reconocer la relevancia del componente municipal y veterinario en el manejo de animales realengos.
Garantizar financiamiento adecuado y sostenible para cualquier política pública sobre bienestar animal.
El CMVPR finalizó reiterando su compromiso con la salud y bienestar de los animales en Puerto Rico, y reafirma su disposición para colaborar con la legislatura en el desarrollo de medidas efectivas, éticas y fiscalizables. Sostiene que un enfoque técnico, legal y veterinario es indispensable para abordar esta crisis de forma estructural.

Compañía de Turismo de Puerto Rico:

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), mediante escrito firmado por su Directora Ejecutiva, Willianette Robles Cancel, inició su memorial destacando que su creación y funciones están regidas por ley, conforme a la cual su misión principal es estimular, promover y regular el desarrollo del sector turístico en Puerto Rico. Subraya que no posee funciones estatutarias vinculadas al manejo, protección o regulación de animales, ni a la fiscalización del bienestar animal.
En lo que respecta a la medida, reconoce que en la jurisdicción de Puerto Rico existen múltiples leyes que regulan la materia de bienestar animal, y en su mayoría, la autoridad y responsabilidad sobre el manejo de animales recaen en el Departamento de Salud y los municipios.
La Compañía de Turismo manifestó claramente que carece de autoridad legal, recursos, experiencia técnica o peritaje especializado para intervenir en la materia objeto del P. del S. 152. En ese sentido, sostuvo que su participación o inclusión en esta política pública no es procedente.

CONCLUSIÓN

El Proyecto del Senado 152 responde a una necesidad impostergable: el desarrollo de un sistema funcional y humano para manejar la creciente población de animales realengos en Puerto Rico. Los desastres naturales vividos en años recientes han dejado al descubierto la debilidad de nuestras estructuras públicas para proteger tanto a las personas como a los animales, en especial en comunidades marginadas y zonas rurales. Además, la falta de coordinación entre agencias ha perpetuado una crisis que afecta múltiples dimensiones del bienestar colectivo: desde la salud pública hasta la seguridad ciudadana y la protección ambiental.
Durante el proceso de vistas públicas, fue evidente que existe consenso entre todas las partes interesadas en cuanto a la necesidad de la medida. Sin embargo, también quedó claro que el proyecto debía ser fortalecido para alcanzar su máximo potencial. Enmendar la medida para incluir a la OECA como agencia ejecutora principal y eliminar al DRNA, cuyas funciones están limitadas a la vida silvestre, es un paso jurídico y funcionalmente necesario. Asimismo, incorporar un fondo recurrente de manera responsable y un componente educativo escolar, como sugirió Save a Sato, garantiza que la política pública no sea de corto plazo, sino de transformación cultural.
Puerto Rico necesita responder con seriedad y compasión a este reto. La creación de un grupo de trabajo especializado, adiestrado, y con recursos adecuados para intervenir en el problema de los animales realengos no solo es una solución viable, sino una obligación ética, legal y social. La aprobación del Proyecto del Senado 152, con las enmiendas propuestas, representaría un paso histórico hacia una política pública integral que reconozca la dignidad de los animales, la corresponsabilidad ciudadana, y el derecho de todos los seres vivos a habitar un entorno más justo y ordenado. 
Esta medida no solo responde a una necesidad urgente, sino que también promueve un cambio cultural en la forma en que la sociedad se sensibiliza sobre el problema de los animales realengos. Su implementación contribuirá a reducir dicha población, a fortalecer la protección de animales y facilitar el trabajo de entidades de rescate y protección animal. Además, plasma en ley un grupo que se hace necesario en estos tiempos. En síntesis, el Proyecto del Senado 152 es una legislación prudente, que establece un método con integración multisectorial para atender una problemática que afecta a todo Puerto Rico. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, previo estudio, análisis y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 152, con las enmiendas que se acompañan en el Entirillado Electrónico. 

Respetuosamente sometido,



Hon. Wanda "Wandy" Soto Tolentino
Presidenta
Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad
y Población con Diversidad Funcional