GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma Asamblea 1 ^ra Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 36

13 DE ENERO DE 2025

Presentada por el representante Méndez Núñez

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para expresar la más enérgica censura por parte de la Cámara de Representantes de Puerto Rico al régimen dictatorial de Nicolás Maduro ante las serias violaciones de derechos humanos y civiles suscitadas en Venezuela; manifestar el más solidario apoyo al Pueblo Venezolano al exigir la protección de la voluntad democrática expresada durante las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024; y solicitar el inicio de una transición ordenada y pacífica para que Edmundo González Urrutia inicie su mandato como el nuevo líder de la República Bolivariana de Venezuela; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el 2013, Nicolás Maduro, asumió el poder de la República Bolivariana de Venezuela mediante una elección matizada por serios cuestionamientos de legitimidad. Desde entonces, su gobierno se ha caracterizado por las continuas violaciones a las libertades individuales, el control absoluto de las instituciones gubernamentales, el dominio total de los organismos revisores y el uso excesivo de la fuerza para silenciar a sus opositores. Tras una década de abuso de poder, Venezuela ha sufrido una crisis humanitaria sin procedentes producto de una profunda contracción económica, altos índices de pobreza, una caída significativa en la producción petrolera y una movilización masiva de refugiados y migrantes que no muestra señales de desaceleración.

El 28 de julio de 2024, la inmensa mayoría de los treinta millones de residentes en Venezuela acudieron a las urnas para ejercer el derecho al sufragio y seleccionar al liderato que tendría la responsabilidad de dirigir los destinos del país durante el próximo ciclo de seis años. Según muestran las actas electorales verificadas por expertos y organizaciones internacionales, el opositor Edmundo González Urrutia logró una amplia victoria en las elecciones obteniendo el 67% de los votos.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones. La entidad electoral venezolana, que es de mayoría chavista, se ha negado contundentemente a publicar las actas que respalden la alegada victoria de Nicolás Maduro.

Ante dicho proceder, la reacción de la comunidad internacional fue contundente. Los gobiernos de Colombia, México y Brasil emitieron un comunicado en conjunto para denunciar el proceder del régimen de Nicolás Maduro, reclamar transparencia y exigir la publicación inmediata de las actas electorales. Por su parte, los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Panamá cuestionaron los resultados divulgados y reconocieron la victoria de su opositor.

Tras el resultado de las elecciones del 28 de julio de 2024, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro comenzó un proceso de detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos del orden público. De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado el 7 de enero de 2025, la dictadura venezolana empleó una “etapa de represión sistemática” posterior a las elecciones que dejó al menos 25 asesinatos, y en la que se emplearon técnicas de “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra los detenidos. También destaca la CIDH que los agentes de la dictadura arrestaron niñas, niños y adolescentes. Además, fueron anulados arbitrariamente pasaportes de defensores de derechos humanos y periodistas, así como de sus familiares, “con el fin de impedir su salida del país”. La CIDH afirma que las “prácticas de terrorismo de Estado” estuvieron “dirigidas a infundir miedo y reprimir las protestas sociales, a fin de consolidar el poder del régimen, tras las denuncias de fraude electoral”.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico no puede mantenerse silente ante las serias y continuas violaciones de derechos humanos que diariamente lidera el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, para perpetuarse en el poder y perseguir a quienes denuncien su régimen de terror.

El próximo período presidencial en Venezuela comienza el 10 de enero de 2025, según establece la Constitución de ese país. Por ello, la Cámara de Representantes de Puerto Rico hace un contundente llamado a reconocer la voluntad democrática expresada por el pueblo Venezolano, en el evento electoral celebrado el 28 de julio de 2024. Este Cuerpo Legislativo censura la tiranía del gobierno de Nicolás Maduro ante las serias violaciones de derechos humanos y civiles suscitadas en Venezuela y expresa su más solidario apoyo al Pueblo Venezolano y nos unimos al llamado de la comunidad internacional para comenzar el 10 de enero de 2025 una transición ordenada y pacífica para que Edmundo González Urrutia inicie su mandato como el nuevo líder de la República Bolivariana de Venezuela, según electo democráticamente por el Pueblo Venezolano.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Expresar la más enérgica censura por parte de la Cámara de Representantes de Puerto Rico al régimen dictatorial de Nicolás Maduro ante las serias violaciones de derechos humanos y civiles suscitadas en Venezuela; manifestar el más solidario apoyo al Pueblo Venezolano al exigir la protección de la voluntad democrática expresada durante las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024; y solicitar el inicio de una transición ordenada y pacífica para que Edmundo González Urrutia inicie su mandato como el nuevo líder de la República Bolivariana de Venezuela, según electo democráticamente por el Pueblo Venezolano.

Sección 2.-Copia de esta Resolución será enviada a la Organización de las Naciones Unidas, al Consulado de Venezuela en Puerto Rico; y a los medios de comunicación para su divulgación.

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor al momento de su aprobación.