GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma. Asamblea ^4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

R. de la C. 0040

INFORME PARCIAL

4 de septiembre de 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad de atender todo asunto dirigido a responder efectivamente a las necesidades de la población y promover el bienestar social en Puerto Rico somete el presente Primer Informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara 40 tiene el propósito de:

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la situación relacionada con el desarrollo del funcionamiento y la supervisión de servicios de bienestar social a individuos, familias y comunidades, específicamente de poblaciones especiales, tales como los adultos mayores y comunidades marginadas, con el propósito de implantar la política pública que garantice los servicios que requieren estas poblaciones; los beneficios de asistencia económica, rehabilitación física, económica y emocional; la asistencia nutricional y provisión de alimentos; las facilidades de amas de llaves; los centros de cuidado; las instituciones para la atención y rehabilitación de niños con problemas sociales; para combatir el maltrato infantil, así como los sistemas de seguridad social; y los servicios enfocados a una mejor calidad de vida, y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara 40 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social realizar una investigación amplia sobre el funcionamiento y la supervisión de los servicios de bienestar social que se ofrecen a individuos, familias y comunidades en Puerto Rico. La medida presta particular atención a las poblaciones vulnerables, entre ellas los adultos mayores, los menores y las comunidades marginadas.

El alcance de la Resolución comprende los programas de asistencia económica, rehabilitación física y emocional, asistencia nutricional, provisión de alimentos, servicios de amas de llaves, centros de cuidado, prevención del maltrato infantil y otras iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Por su naturaleza amplia, la R. de la C. 40 permite que la Comisión examine distintos programas y asuntos comprendidos dentro de su jurisdicción. En esta ocasión, la medida sirvió como vehículo legislativo para recibir información sobre la implementación, administración y desempeño del Programa Community Services Block Grant, conocido como CSBG, en Puerto Rico.

El 13 de abril de 2026, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario solicitó formalmente a la Cámara de Representantes la celebración de una vista pública legislativa relacionada con este programa. La solicitud se presentó para cumplir con la Sección 676 del Community Services Block Grant Act, 42 U.S.C. § 9908, y con las directrices de la Office of Community Services, adscrita a la Administration for Children and Families del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

La normativa federal requiere que el Gobierno de Puerto Rico celebre, al menos cada tres años, una vista pública ante la Legislatura como parte del proceso de evaluación, planificación y transparencia del CSBG. Esta vista constituye, además, un componente del Plan Estatal del programa y es necesaria para mantener la elegibilidad de Puerto Rico y procurar la continuidad de los fondos federales destinados a las comunidades de bajos ingresos.

El CSBG es un programa federal dirigido a reducir las causas y condiciones de la pobreza. Sus fondos apoyan una red de entidades elegibles que ofrecen servicios en áreas como empleo, educación, vivienda, nutrición y asistencia de emergencia, con el propósito de promover la autosuficiencia económica de las personas y familias y fortalecer las comunidades.

En Puerto Rico, ODSEC es la agencia responsable de recibir y administrar los fondos asignados al programa, conforme a la Ley Núm. 10-2017, según enmendada. Entre sus responsabilidades se encuentra coordinar la distribución de los recursos, supervisar a las entidades elegibles y asegurar el cumplimiento de los requisitos programáticos y fiscales establecidos por el Gobierno federal.

A través de la vista pública, la Comisión procuró conocer la forma en que se ha implementado el CSBG en Puerto Rico, el desempeño del programa y el uso de los fondos federales asignados. Asimismo, la vista permitió recibir el insumo de las entidades elegibles, organizaciones comunitarias y demás sectores relacionados con la prestación de los servicios.

Su celebración respondió a una solicitud de la propia agencia y al cumplimiento de un requisito federal aplicable al CSBG. No obstante, la vista pública también permitió a la Comisión ejercer su función fiscalizadora, formular preguntas y recopilar información sobre la administración, los resultados y las necesidades del programa.

La R. de la C. 40 faculta a la Comisión para citar personas y entidades, solicitar documentos, celebrar vistas públicas y realizar los estudios que estime necesarios. Además, permite presentar informes parciales sobre los asuntos examinados bajo su amplio mandato investigativo.

En síntesis, la R. de la C. 40 sirvió como el vehículo legislativo para celebrar la vista requerida por la normativa federal y examinar el Programa CSBG dentro del ámbito de los servicios de bienestar social. La información recopilada permitirá dejar constancia del cumplimiento de este requisito, contribuir a la preparación del Plan Estatal para el año fiscal 2027 y formular recomendaciones dirigidas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la efectividad de los servicios ofrecidos a las comunidades de bajos ingresos.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Para atender el asunto objeto de este informe, la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social convocó una vista pública al amparo de la Resolución de la Cámara 40. La vista se celebró el 13 de agosto de 2026, a las 9:00 a. m., en el Salón de Audiencias 1 de la Cámara de Representantes.

La celebración de esta vista respondió a una solicitud de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, como parte de los requisitos federales aplicables al Programa Community Services Block Grant (CSBG).

Durante los trabajos, la Comisión recibió el testimonio de funcionarios de ODSEC y de representantes del Municipio de San Juan, el Municipio de Bayamón y el Instituto Socioeconómico Comunitario (INSEC). También se recibió información de Acción Social de Puerto Rico, Inc. (ASPRI).

Los comparecientes presentaron memoriales explicativos, ponencias y documentos relacionados con el funcionamiento del programa, la distribución y el uso de los fondos, los servicios ofrecidos y las poblaciones atendidas.

Durante los turnos de preguntas, los miembros de la Comisión solicitaron información sobre los procesos de desembolso, la supervisión de las entidades participantes, las auditorías realizadas y las medidas tomadas para atender cualquier incumplimiento. También se discutieron las necesidades de las comunidades y las dificultades que enfrentan las entidades para continuar y ampliar sus servicios.

Concluida la vista pública, la Comisión evaluó los testimonios, memoriales y documentos recibidos. Esta información sirvió de base para preparar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones incluidos en este informe.

RESUMEN DE LAS PONENCIAS E INFORMACION RECIBIDA

Condominio Villa Marina, Fajardo: Sr. Eduardo Castañeda

El señor Eduardo Castañeda, presidente de la Junta de Directores del Condominio Villa Marina en Fajardo, compareció para exponer varias situaciones relacionadas con la administración y el manejo de los fondos del condominio.

Indicó que, luego del paso del huracán María, el condominio recibió aproximadamente $1.54 millones como resultado de una reclamación de seguro. Según expresó, surgieron cuestionamientos entre los titulares sobre el uso de esos fondos, las obras realizadas y la información financiera suministrada por la administración.

El deponente manifestó que los titulares enfrentaron dificultades para obtener estados de cuenta, contratos y otros documentos relacionados con las operaciones del condominio. Señaló que fue necesario acudir al Departamento de Asuntos del Consumidor para procurar acceso a parte de la información solicitada. También mencionó dificultades durante el proceso de transición entre Juntas de Directores.

Posteriormente, el señor Castañeda ocupó los cargos de tesorero y presidente de la Junta. Desde esas posiciones, indicó que se iniciaron gestiones para revisar las cuentas, organizar los asuntos administrativos, atender reclamaciones pendientes y procurar la recuperación de fondos.

Además, expresó preocupación por los obstáculos que enfrentan los adultos mayores para hacer valer sus derechos dentro del régimen de propiedad horizontal. A su juicio, los procedimientos existentes pueden resultar complejos y costosos, particularmente cuando los titulares necesitan obtener documentos, cuestionar decisiones administrativas o presentar reclamaciones.

Como parte de sus recomendaciones, propuso fortalecer las consecuencias legales aplicables cuando se determine que una persona utilizó su posición en la administración de un condominio para obtener un beneficio indebido. También recomendó establecer una unidad especializada que pueda investigar posibles irregularidades, recibir confidencias y orientar a los titulares y miembros de las Juntas de Directores.

Finalmente, sugirió revisar los términos prescriptivos aplicables a las reclamaciones relacionadas con el manejo indebido de fondos. Entiende que estas medidas contribuirían a promover una mayor transparencia en la administración de los condominios y a brindar mayor protección a los adultos mayores.

RESUMEN DE PONENCIAS

Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario compareció para explicar la administración del Programa Community Services Block Grant (CSBG) y presentar el Plan Estatal propuesto para el año fiscal federal 2027. La agencia indicó que la vista pública forma parte de los requisitos federales para la presentación de dicho Plan. ODSEC explicó que el CSBG es un programa de fondos en bloque del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, dirigido a atender las causas y condiciones de la pobreza. Mediante este se financian servicios de empleo, educación, vivienda, nutrición, salud, asistencia de emergencia y desarrollo comunitario.

La agencia informó que la ley federal requiere transferir al menos el noventa por ciento de la asignación a las entidades elegibles. El Estado puede utilizar hasta un cinco por ciento para gastos administrativos y el cinco por ciento restante para asistencia técnica, coordinación y otras iniciativas permitidas por el programa. En Puerto Rico, los servicios se ofrecen a través de Acción Social de Puerto Rico, Inc. (ASPRI), el Instituto Socioeconómico Comunitario (INSEC) y los municipios de San Juan y Bayamón.

Según ODSEC, el Plan Estatal 2027 fue preparado tomando como referencia el Estudio de Necesidades del Programa CSBG de 2025. Este estudio reflejó que el 41.6 % de la población de Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. La tasa alcanza un 55.5 % entre los menores de dieciocho años y un 60.1 % entre los menores de cinco años. En el caso de las personas de sesenta y cinco años o más, la tasa informada fue de 39.2 %.

También se indicó que el ingreso mediano de los hogares es de $25,096 y que el 46.8 % recibe beneficios del Programa de Asistencia Nutricional. Además, el 22.3 % de los hogares no cuenta con una suscripción a internet. ODSEC señaló que la pobreza se concentra principalmente en municipios rurales y de difícil acceso, particularmente en las regiones central, sur y suroeste de Puerto Rico.

Para el año fiscal federal 2026, Puerto Rico recibió una asignación acumulada de $32,515,268. De esta cantidad, se transfirió el noventa por ciento a las cuatro entidades elegibles. ASPRI recibió el treinta y nueve por ciento de la asignación total; INSEC, el treinta y dos por ciento; el Municipio de San Juan, el quince por ciento; y el Municipio de Bayamón, el cuatro por ciento. En conjunto, estas entidades recibieron $29,263,741.20.

En cuanto a la supervisión, ODSEC explicó que revisa los planes de acción comunal, presupuestos, solicitudes de fondos e informes programáticos y fiscales de las entidades. También examina las conciliaciones, obligaciones y liquidaciones, verifica el cumplimiento de los estándares organizacionales y evalúa la composición de las Juntas Tripartitas. Los resultados del programa se miden mediante el sistema Results Oriented Management and Accountability (ROMA).

La agencia informó que las cuatro entidades elegibles alcanzaron, en conjunto, un cumplimiento superior al noventa por ciento con los estándares organizacionales. Para continuar fortaleciendo sus operaciones, ODSEC mantiene una asignación de $75,000 destinada a capacitación y asistencia técnica. Entre los temas programados se encuentran el análisis de riesgos, la preparación para monitorías y las responsabilidades de los integrantes de las Juntas Tripartitas.

ODSEC también informó que se encuentra evaluando la fórmula utilizada para distribuir los fondos. Según explicó, la fórmula vigente responde a una distribución histórica que no necesariamente refleja los cambios demográficos, la localización actual de la pobreza ni la demanda de servicios. Por esta razón, encomendó un estudio independiente que considerará la pobreza por municipio y región, la población elegible, la dispersión geográfica, la capacidad operacional de las entidades y las áreas que actualmente no reciben servicios suficientes.

La agencia aclaró que cualquier cambio en la fórmula deberá realizarse de manera ordenada y participativa para evitar la interrupción de servicios. El proceso incluirá análisis de impacto, comunicación con las entidades y posibles medidas de transición.

Finalmente, ODSEC destacó varias iniciativas incluidas en el Plan Estatal, entre ellas Comunidades Doradas, dirigida a adultos mayores y cuidadores; Comunidades Seguras; la Academia de Formación de Líderes Comunitarios; proyectos para reducir la brecha digital y esfuerzos relacionados con la seguridad alimentaria, la educación, el empleo y la organización comunitaria. La agencia reiteró su compromiso de mantener los fondos federales, fortalecer la supervisión de las entidades y dirigir los recursos hacia las comunidades con mayores necesidades.

Municipio de San Juan (Departamento para el Desarrollo Social Comunitario)

El Municipio de San Juan compareció por conducto de su Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, entidad que cuenta con más de treinta años de experiencia administrando fondos del Programa Community Services Block Grant (CSBG). Para el año programático comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, el Municipio informó una asignación de $4,846,247.70 y proyectó atender a 7,624 participantes.

Los servicios se organizan principalmente bajo los componentes de Participación Comunitaria y Autosuficiencia. Estos incluyen programas para familias, jóvenes, adultos mayores y personas con diversidad funcional. Según el Municipio, las iniciativas fueron diseñadas a base del Estudio de Necesidades de San Juan de 2025 y se encuentran alineadas con las metas nacionales del CSBG.

El Municipio informó que, durante los últimos tres años fiscales, utilizó el cien por ciento de los fondos asignados, sin remanentes pendientes ni fondos devueltos al Gobierno federal. Para el año 2025-2026, el 65.2 % de la asignación fue destinado al Programa de Autosuficiencia, el 28.3 % al Programa de Participación Comunitaria y el 6.5 % a gastos administrativos.

Dentro del Programa de Participación Comunitaria se ofrecen varias iniciativas dirigidas a familias y jóvenes. Entre estas se encuentran talleres de manejo financiero, empleo y emprendimiento; distribución de comidas calientes; capacitación en oficios creativos; actividades de liderazgo juvenil; vales para uniformes escolares; entrega de alimentos y asistencia de emergencia. El Municipio también ofrece talleres sobre prevención de fraude, seguridad en el hogar y preparación para emergencias.

El Proyecto de Ciudadanos de Edad Avanzada representa la mayor inversión dentro del programa, con una asignación aproximada de $2.9 millones. A través de este componente se ofrecen servicios de cuidadores en el hogar, orientación sobre nutrición y tecnología, prevención de accidentes, actividades en centros y servicios sociales y de salud en las residencias. Estos servicios se prestan en cinco centros ubicados en Barrio Obrero, Las Margaritas, Villa Palmeras, Luis Llorens Torres y Nemesio Canales.

Entre las metas informadas se encuentra brindar servicios de cuidadores a noventa adultos mayores, atender a 265 participantes en los centros y ofrecer servicios sociales y de salud en el hogar a 375 personas. También se proyectó impactar a quinientos adultos mayores mediante una jornada educativa y a cien mediante talleres y equipos dirigidos a prevenir accidentes en el hogar.

Para las personas con diversidad funcional, el Municipio ofrece talleres de vida independiente y laboratorios de destrezas laborales. Estas iniciativas están dirigidas principalmente a jóvenes y adultos jóvenes, e incluyen capacitación práctica, experiencias educativas e incentivos económicos al completar determinados componentes.

En cuanto a la supervisión, el Municipio indicó que utiliza el modelo Results-Oriented Management and Accountability (ROMA) para establecer y medir los resultados de cada iniciativa. También cuenta con una Junta Tripartita, auditorías anuales, informes mensuales y trimestrales, políticas para documentar el tiempo del personal y una plataforma digital que contiene más de catorce mil expedientes electrónicos. Según informó, obtuvo un 96 % de cumplimiento con los estándares organizacionales del CSBG.

El Municipio identificó como retos principales la inseguridad alimentaria, las dificultades para acceder a servicios de salud y el desempleo. El Estudio de Necesidades de San Juan reflejó que el 48 % de los hogares consultados enfrentaba inseguridad alimentaria, el 35 % no tenía acceso a servicios de salud asequibles y el desempleo entre los adultos alcanzaba el 22 %.

También se informó la existencia de vacantes en varios proyectos, incluyendo nueve puestos en el Programa de Ciudadanos de Edad Avanzada. El Municipio señaló que estas vacantes pueden afectar temporalmente la capacidad de ofrecer servicios. Mencionó, además, el aumento en el costo de los alimentos, materiales y suministros, así como la incertidumbre relacionada con las asignaciones federales anuales.

Como parte de sus recomendaciones, el Municipio solicitó que se procure una asignación estable de fondos que permita planificar la continuidad de los servicios. También recomendó apoyar la inversión en plataformas digitales, agilizar el reclutamiento de personal especializado, fortalecer la coordinación entre agencias y continuar diversificando las fuentes de financiamiento.

Finalmente, el Municipio reiteró su compromiso con la fiscalización y el uso adecuado de los fondos. Indicó que los recursos del CSBG se complementan con otras asignaciones municipales, estatales y federales para ampliar los servicios y evitar la duplicidad de esfuerzos.

Municipio de Bayamón

El Municipio de Bayamón compareció para informar sobre su participación como entidad elegible del Programa Community Services Block Grant y presentar sus recomendaciones en torno al Plan Estatal para el año fiscal federal 2027. El Municipio centró su ponencia en la fórmula utilizada para distribuir los fondos entre las cuatro entidades elegibles.

A través de la Oficina de Servicios Comunales, conocida como Ciudad Dorada, el Municipio ofrece programas de Nutrición al Hogar, Asistentes en el Hogar, Empleo para Envejecientes, Empleo y Futuro, servicios de emergencia y otras ayudas dirigidas a adultos mayores, familias y personas de escasos recursos.

Bayamón recibe actualmente el cuatro por ciento de la asignación total del CSBG para Puerto Rico. Según el Municipio, este porcentaje responde a una fórmula establecida hace aproximadamente cuatro décadas que no refleja los cambios demográficos, el envejecimiento de la población ni el aumento en la demanda de servicios.

El Municipio señaló que Bayamón representa cerca del seis por ciento de la población de Puerto Rico y una proporción similar de la población de sesenta y cinco años o más. También indicó que cerca del cinco por ciento de las personas que viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico reside en Bayamón. A su entender, estos datos no guardan proporción con el cuatro por ciento que recibe actualmente.

La ponencia destacó el aumento en la demanda de servicios para adultos mayores. En el Programa de Nutrición al Hogar, la cantidad de comidas distribuidas aumentó de aproximadamente 740 en 2023 a cerca de 1,040. En cuanto al Programa de Asistentes en el Hogar, se informó que cuenta con 175 asistentes, de los cuales solo treinta y seis son sufragados mediante fondos CSBG, mientras que los restantes 139 se financian con recursos municipales.

El Municipio indicó que la mayor parte del costo de estos programas se cubre con fondos propios. Para el año fiscal 2025-2026, los fondos municipales sufragaron el 84 % del Programa de Nutrición al Hogar y el 81 % del Programa de Asistentes en el Hogar. En términos generales, Bayamón informó que cubre con recursos municipales el 71 % de los gastos de los programas examinados.

También se presentaron datos históricos sobre las listas de espera. Para el periodo evaluado en 2023, el Programa de Asistentes en el Hogar atendía a 186 personas y mantenía una lista de espera de 1,206. Por su parte, Nutrición al Hogar atendía a 740 personas y tenía una lista de espera de 1,110. El Municipio aclaró que estas cifras no representan necesariamente la lista de espera vigente en agosto de 2026, pero reflejan que la demanda ha superado durante años los recursos disponibles.

A base de esta información, Bayamón solicitó que su participación en la asignación total del CSBG aumente del cuatro al siete por ciento. Propuso mantener sin cambios el quince por ciento correspondiente al Municipio de San Juan y reducir moderadamente las participaciones de ASPRI e INSEC, sin afectar el noventa por ciento que la ley federal exige distribuir entre las entidades elegibles ni las partidas administradas por ODSEC.

El Municipio expresó que los fondos adicionales serían utilizados para ampliar programas existentes y no para crear una nueva estructura administrativa. Según explicó, el aumento permitiría atender a más adultos mayores, reducir las listas de espera y fortalecer los servicios de nutrición, asistencia en el hogar, empleo y autosuficiencia.

Finalmente, Bayamón recomendó que ODSEC complete la revisión de la fórmula durante el proceso del Plan Estatal 2027 y utilice datos demográficos y socioeconómicos actualizados. También solicitó que se consideren criterios como la pobreza, el envejecimiento poblacional, la demanda de servicios, la utilización de los programas y la capacidad operacional de cada entidad. Además, recomendó que ODSEC establezca por escrito una metodología y un calendario para revisar periódicamente la fórmula. A juicio del Municipio, esto evitaría que la distribución de los fondos vuelva a permanecer durante décadas sin ajustarse a las condiciones sociales y económicas de Puerto Rico.

Instituto Socioeconómico Comunitario, Inc.

El Instituto Socioeconómico Comunitario, Inc. (INSEC) compareció como una de las cuatro agencias de acción comunitaria elegibles para recibir fondos del Programa Community Services Block Grant. La organización ha participado en el programa desde su incorporación en 1985 y ofrece servicios en gran parte de Puerto Rico mediante seis oficinas regionales ubicadas en Toa Baja, Hatillo, Mayagüez, Salinas, Cidra y Humacao.

INSEC explicó que sus servicios se organizan a través de programas de capacitación en el empleo, desarrollo económico y microempresas, desarrollo comunitario y servicios de apoyo integrados. Estos programas se ofrecen mediante un modelo de manejo de casos que procura atender las necesidades particulares de las personas y familias participantes.

El Programa de Capacitación en el Empleo ofrece orientación ocupacional, adiestramientos y apoyo para facilitar la entrada de los participantes al mercado laboral. Por su parte, el Programa de Desarrollo Económico y Microempresas brinda capacitación y asistencia técnica a personas interesadas en comenzar o fortalecer una actividad empresarial. El componente de Desarrollo Comunitario trabaja con organizaciones y líderes para identificar necesidades, establecer alianzas y promover proyectos de autogestión.

La entidad indicó que los servicios se incluyen anualmente en un Plan de Acción Comunal que debe ser evaluado y aprobado por ODSEC. INSEC aclaró que no puede modificar discrecionalmente el uso de los fondos y que cualquier cambio significativo en los programas o en el presupuesto requiere la autorización correspondiente.

En cuanto a sus controles administrativos, INSEC informó que cuenta con un Comité de Auditoría y Cumplimiento, un auditor interno, un oficial de cumplimiento y políticas escritas para atender asuntos financieros, contrataciones, adquisiciones, recursos humanos y manejo de expedientes. También está sujeto a monitorías de ODSEC, auditorías externas y evaluaciones bajo el sistema ROMA.

La evaluación más reciente reflejó un cumplimiento aproximado de 95 % con los estándares organizacionales aplicables a las agencias de acción comunitaria. INSEC también indicó que sus auditorías sencillas han recibido opiniones no modificadas y no han identificado deficiencias materiales en sus controles internos ni incumplimientos materiales con los programas federales examinados.

Durante los cinco años fiscales comprendidos entre 2020-2021 y 2024-2025, INSEC informó una inversión aproximada de $46.4 millones en servicios directos, incluyendo asignaciones suplementarias relacionadas con la pandemia del COVID-19 y el huracán Fiona. Mediante estos recursos se impactaron 67,317 personas pertenecientes a 31,184 familias. Entre la población atendida se encontraban 16,427 adultos mayores, 1,172 personas con alguna discapacidad y 13,315 menores.

En el área de empleo, 4,696 personas participaron en experiencias de capacitación. De estas, 822 jóvenes y 3,874 adultos desempleados obtuvieron oportunidades de empleo. Además, 1,270 participantes lograron obtener y mantener un empleo en el centro donde recibieron su adiestramiento.

La entidad también informó el desarrollo de 675 microempresas y la capacitación de 625 microempresarios. Asimismo, 3,766 familias recibieron ayuda para atender situaciones de crisis. Entre los servicios ofrecidos se incluyó asistencia para evitar desalojos o ejecuciones hipotecarias, prevenir la suspensión de servicios públicos, sustituir equipos esenciales y obtener equipos médicos, suplementos nutricionales o estudios de salud.

INSEC destacó la iniciativa Employment Connect Now, mediante la cual 646 participantes fueron adiestrados y empleados como cuidadores. Estos prestaron servicios principalmente a adultos mayores que vivían solos. La entidad señaló que esta iniciativa atendió simultáneamente la necesidad de empleo de personas de bajos ingresos y la necesidad de servicios de cuidado en el hogar.

Además, informó que 1,784 adultos mayores y personas con alguna discapacidad recibieron servicios de cuidado dirigidos a promover su independencia y permanencia en sus comunidades. También se desarrollaron proyectos en treinta y seis comunidades y se movilizaron aproximadamente 278,000 horas de trabajo voluntario.

En cuanto a los retos del programa, INSEC señaló la necesidad de fortalecer la planificación, coordinación y comunicación entre ODSEC y las entidades elegibles. También recomendó agilizar la evaluación de los Planes de Acción Comunal, la formalización de los acuerdos de delegación y la disponibilidad de los fondos.

La entidad informó que, en ocasiones, los fondos correspondientes a un año programático se reciben varios meses después de su comienzo. Como ejemplo, indicó que la asignación del periodo vigente estuvo disponible en abril, aunque el año programático había comenzado en octubre. Esto obliga a ejecutar en aproximadamente seis meses actividades planificadas para un periodo de doce meses.

INSEC reconoció la importancia de revisar periódicamente la metodología utilizada para distribuir los fondos. No obstante, sostuvo que cualquier evaluación debe ser abierta, transparente y fundamentada en criterios técnicos. También recomendó que las entidades elegibles participen en todas las etapas del proceso y tengan acceso al estudio, las variables y los criterios utilizados antes de que se adopte una determinación.

La posición de INSEC es que el estudio de la fórmula debe utilizarse principalmente para identificar necesidades y justificar la obtención de recursos adicionales, en lugar de limitarse a redistribuir los fondos existentes. A su juicio, cualquier cambio debe preservar la estabilidad de las cuatro entidades elegibles y la continuidad de los servicios que actualmente se ofrecen en todos los municipios.

Finalmente, recomendó considerar un Plan Estatal con vigencia de dos años, establecer mecanismos permanentes de diálogo entre ODSEC y las entidades elegibles y organizar con mayor anticipación los procesos de consulta pública. También exhortó a coordinar con las entidades gubernamentales correspondientes para evitar que los procesos de revisión administrativa retrasen la delegación de los fondos y afecten la prestación de servicios.

Acción Social de Puerto Rico, Inc.

Acción Social de Puerto Rico, Inc. (ASPRI) compareció como una de las cuatro entidades elegibles del Programa Community Services Block Grant. La organización ofrece servicios a individuos, familias, adultos mayores, menores y comunidades de bajos ingresos mediante cinco oficinas de coordinación y servicios ubicadas en distintas regiones de Puerto Rico.

ASPRI informó que su trabajo se dirige a promover la autosuficiencia y mejorar la calidad de vida de las poblaciones atendidas. Entre sus principales áreas se encuentran los servicios para adultos mayores, educación, empleo, cuidado en el hogar, asistencia en emergencias, seguridad alimentaria y desarrollo comunitario.

Durante el año fiscal 2024-2025, la organización informó haber impactado a 26,276 personas y 23,744 familias. Sus programas se desarrollan a través de oficinas regionales y mediante acuerdos de colaboración con municipios, agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias, instituciones educativas y entidades privadas.

El Programa de Centros de Servicios Múltiples para el Adulto Mayor atendió a 1,161 participantes mediante diecisiete centros diurnos y servicios en el hogar. Allí se ofrecieron alimentos, transportación, actividades recreativas, educación, atención preventiva y espacios de socialización. ASPRI también desarrolló actividades dirigidas a reducir el aislamiento y promover un envejecimiento activo.

A través del Programa de Cuidado en el Hogar, 228 adultos mayores y personas con limitaciones funcionales recibieron asistencia personal, apoyo en tareas domésticas, acompañamiento y supervisión. La entidad explicó que estos servicios procuran mantener la independencia del participante y permitirle permanecer en su hogar y comunidad.

En el área de educación, ASPRI atendió a 439 participantes. El Proyecto de Bellas Artes ofreció clases de música, arte, baile y deportes a menores y jóvenes. También se ofrecieron talleres para adultos mayores sobre alfabetización digital, salud emocional, costura y otras destrezas dirigidas a promover su autonomía y bienestar.

El Programa de Empleo brindó experiencias laborales y capacitación a personas desempleadas y adultos mayores. La entidad informó que ochenta y cinco participantes adquirieron destrezas y oportunidades para obtener empleo, mientras que cinco adultos mayores completaron los trimestres necesarios para cualificar para el Seguro Social. También se ofrecieron adiestramientos vocacionales en áreas como cuidado geriátrico, artesanía, repostería y otras actividades que pueden utilizarse para generar ingresos.

Mediante el Proyecto de Emergencias, 1,764 participantes recibieron equipos médicos, materiales de salud, enseres, generadores eléctricos, artículos de higiene y otros suministros esenciales. La entidad también ofreció ayuda en comunidades de difícil acceso y participó en ferias de salud y distribución de alimentos.

El Programa Mochila Alegre atendió a 1,087 menores mediante la entrega de alimentos para los fines de semana. Además, se ofrecieron talleres de nutrición a los participantes y sus familias. Por otro lado, el proyecto de donaciones y distribución de alimentos informó haber impactado a 19,126 personas.

En el área de desarrollo comunitario, ASPRI trabajó con veinte comunidades ubicadas en dieciséis municipios. La entidad informó la participación de once comités comunitarios, 201 voluntarios y ochenta y siete acuerdos de colaboración. También se llevaron a cabo actividades de rehabilitación comunitaria, preparación para emergencias, educación financiera, capacitación vocacional, salud y recreación.

Como parte de sus iniciativas de seguridad alimentaria, ASPRI destacó el programa Loncherita de Amor, mediante el cual se entregaron alimentos a 127 adultos mayores para cubrir sus necesidades durante los fines de semana. Además, 6,436 personas recibieron alimentos, ropa, pañales, artículos de cuidado personal, efectos escolares y otras ayudas directas.

La entidad señaló que la colaboración de voluntarios y organizaciones aliadas resulta esencial para ampliar el alcance de sus servicios. Para el próximo año fiscal, ASPRI proyecta continuar fortaleciendo los programas existentes, desarrollar iniciativas que respondan a necesidades emergentes y establecer nuevas alianzas que ayuden a sostener sus servicios.

Finalmente, ASPRI reiteró su compromiso de continuar utilizando los fondos del CSBG para atender las necesidades de las poblaciones de bajos ingresos, particularmente de los adultos mayores, menores y familias que enfrentan situaciones de pobreza o emergencia.

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de examinar los memoriales, las ponencias, los documentos sometidos y la información ofrecida durante la vista pública, la Comisión encontró que el Programa Community Services Block Grant constituye una de las principales fuentes de fondos para atender las causas y consecuencias de la pobreza en Puerto Rico. Sus recursos sostienen servicios de empleo, educación, nutrición, asistencia en el hogar, desarrollo comunitario y atención de emergencias.

La información presentada por ODSEC confirma la magnitud de la necesidad. Según el Estudio de Necesidades utilizado para preparar el Plan Estatal 2027, el 41.6 % de la población vive bajo el nivel de pobreza. Esta tasa alcanza el 55.5 % entre los menores de dieciocho años y el 60.1 % entre los menores de cinco años. En el caso de las personas de sesenta y cinco años o más, el 39.2 % vive bajo el nivel de pobreza.

La pobreza tampoco se manifiesta de igual forma en todos los municipios. Las regiones rurales y de difícil acceso enfrentan mayores dificultades para recibir servicios de transportación, salud, alimentación y asistencia en el hogar. Esta realidad obliga a que la planificación del CSBG tome en cuenta las diferencias regionales, la dispersión geográfica y las características de las poblaciones atendidas.

Para el año fiscal federal 2026, Puerto Rico recibió una asignación acumulada de $32,515,268. De esta cantidad, el noventa por ciento fue distribuido entre las cuatro entidades elegibles. Acción Social de Puerto Rico recibió el treinta y nueve por ciento; el Instituto Socioeconómico Comunitario, el treinta y dos por ciento; el Municipio de San Juan, el quince por ciento; y el Municipio de Bayamón, el cuatro por ciento.

La Comisión encontró que las cuatro entidades mantienen programas dirigidos a las poblaciones contempladas en la R. de la C. 40. Los servicios ofrecidos incluyen cuidado en el hogar, nutrición, empleo, capacitación ocupacional, apoyo a microempresas, asistencia en emergencias, actividades educativas, servicios para personas con diversidad funcional y proyectos de desarrollo comunitario.

Una parte significativa de los fondos se utiliza para atender a los adultos mayores. Los servicios incluyen centros diurnos, entrega de alimentos, asistentes en el hogar, atención de salud, actividades educativas y apoyo a cuidadores. Estos programas ayudan a que los participantes permanezcan en sus hogares y comunidades y reducen el aislamiento, la institucionalización y el riesgo de crisis de salud.

No obstante, la demanda supera los recursos disponibles. El Municipio de Bayamón presentó datos históricos que reflejan listas de espera de más de mil personas en los programas de Nutrición al Hogar y Asistentes en el Hogar. Aunque estas cifras corresponden al año 2023, muestran que la insuficiencia de recursos ha sido constante. El Municipio de San Juan también informó vacantes en varios proyectos, incluyendo nueve puestos en el Programa de Ciudadanos de Edad Avanzada, situación que puede limitar la cantidad de personas atendidas.

La Comisión encontró, además, que los municipios utilizan cantidades considerables de fondos propios para mantener sus programas. Bayamón informó que los recursos municipales cubren el 84 % del Programa de Nutrición al Hogar y el 81 % del Programa de Asistentes en el Hogar. Esta aportación permite sostener los servicios, pero también evidencia que la asignación del CSBG no resulta suficiente para cubrir la demanda.

En cuanto al uso de los fondos, ODSEC explicó que revisa los planes de acción comunal, presupuestos, solicitudes de desembolso e informes programáticos y fiscales. También realiza monitorías y verifica el cumplimiento de los estándares organizacionales y la composición de las Juntas Tripartitas. Las entidades, por su parte, informaron contar con auditorías, controles internos y sistemas para medir sus resultados.

Las cuatro entidades alcanzaron, en conjunto, un cumplimiento superior al noventa por ciento con los estándares organizacionales del programa. El Municipio de San Juan informó un cumplimiento de 96 % e INSEC, de aproximadamente 95 %. Estos resultados reflejan capacidad administrativa y cumplimiento general con los requisitos del CSBG, sin perjuicio de las áreas que requieran asistencia técnica o medidas correctivas.

La Comisión también identificó como asunto importante el momento en que se ponen a disposición los fondos. INSEC indicó que, aunque el año programático comienza en octubre, la delegación correspondiente al periodo vigente estuvo disponible en abril. Esta demora redujo a aproximadamente seis meses el tiempo para ejecutar actividades originalmente planificadas para un año.

El Municipio de Bayamón solicitó que su participación aumente del cuatro al siete por ciento. Fundamentó su petición en su población, la cantidad de adultos mayores, la demanda de servicios y la aportación de fondos municipales. INSEC, por su parte, sostuvo que cualquier revisión debe realizarse mediante un proceso abierto, transparente y técnicamente fundamentado. Su posición es que el estudio debe utilizarse principalmente para justificar recursos adicionales y fortalecer la red existente, en lugar de limitarse a redistribuir la asignación actual.

La Comisión concluye que la fórmula debe ser revisada. No resulta aconsejable mantener indefinidamente una distribución establecida hace décadas sin examinar si todavía responde a la realidad de Puerto Rico. Sin embargo, tampoco sería prudente modificarla sin contar con datos suficientes ni evaluar el efecto que tendría sobre la continuidad de los servicios.

La revisión debe considerar la población bajo el nivel de pobreza, la cantidad de adultos mayores y menores, la demanda de los servicios, las listas de espera, la extensión territorial, la dispersión geográfica, los costos de operación y la capacidad de cada entidad. También debe analizar cuáles comunidades reciben servicios limitados o permanecen desatendidas.

La Comisión recomienda que se continúe ofreciendo capacitación y asistencia técnica a las entidades elegibles. Los temas deberán responder a las necesidades identificadas mediante las monitorías y evaluaciones. También deberá brindarse atención a la gobernanza de las Juntas Tripartitas, el análisis de riesgos, la documentación de resultados y el cumplimiento fiscal.

Además, se recomienda fortalecer la recopilación y publicación de datos. ODSEC deberá mantener información uniforme sobre las personas atendidas, las listas de espera, el costo de los servicios y los resultados alcanzados. Esto permitirá comparar las necesidades entre regiones y tomar decisiones presupuestarias mejor fundamentadas.

La Comisión también recomienda que ODSEC y las entidades continúen utilizando el sistema ROMA para medir resultados y no solamente la cantidad de servicios prestados. La evaluación debe permitir conocer si los participantes obtuvieron empleo, aumentaron sus ingresos, superaron una emergencia, mantuvieron su vivienda o lograron permanecer de manera independiente en sus comunidades.

Se recomienda, además, mantener mecanismos permanentes de comunicación entre ODSEC y las cuatro entidades elegibles. Estos pueden incluir reuniones periódicas, mesas de trabajo y un comité consultivo para discutir asuntos programáticos y administrativos. Esta coordinación facilitaría la identificación temprana de problemas y evitaría decisiones que afecten la continuidad de los servicios.

La Comisión reconoce que la asignación federal es limitada frente a la magnitud de la pobreza. Por ello, recomienda que ODSEC utilice los resultados del estudio de necesidades y de la revisión de la fórmula para apoyar gestiones dirigidas a obtener recursos adicionales. También debe promover acuerdos con otras agencias, municipios, organizaciones sin fines de lucro y entidades privadas para complementar los fondos del CSBG sin duplicar servicios.

Finalmente, la Comisión concluye que el Programa CSBG cumple una función indispensable en Puerto Rico. La continuidad de sus fondos y el fortalecimiento de las entidades que ofrecen los servicios deben considerarse una prioridad. El reto es asegurar que los recursos se distribuyan de manera justa, estén disponibles a tiempo y produzcan resultados que mejoren las condiciones de vida de las personas, familias y comunidades que enfrentan la pobreza.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someter el Primer Informe de la R. de la C. 40 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,