GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma.	Asamblea
         	Legislativa                                                                                                          			                 2da. Sesión
	       	         Ordinaria
	
SENADO DE PUERTO RICO
R.C. de la C. 47
	INFORME POSITIVO	
17 de octubre de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a la aprobación de la R. C. de la C. 47, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta de la Cámara 47 propone "ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía Eléctrica a gestionar y solicitar fondos federales para el dragado de los embalses bajo su administración, con el propósito de restaurar su capacidad de almacenamiento de agua; para establecer las condiciones de dicho proceso; y para otros fines relacionados."


INTRODUCCIÓN

La realidad hídrica de Puerto Rico ha estado marcada por la ausencia de lagos naturales, lo que condujo a la construcción de embalses con el fin de atender las necesidades esenciales de la población y del desarrollo económico. Estos cuerpos de agua, administrados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, cumplen funciones vitales como el almacenamiento de agua cruda para la producción de agua potable, la generación de energía hidroeléctrica, el riego agrícola, el control de inundaciones y la promoción de actividades recreativas y deportivas. Sin embargo, con el paso del tiempo, dichos embalses han enfrentado serios retos ambientales y estructurales, entre los que se destacan la contaminación orgánica e inorgánica, la proliferación  de  especies  acuáticas  invasoras  y  la  sedimentación acelerada, situación 
que se agravó tras el impacto de los huracanes Irma y María en el año 2017. La consecuencia directa ha sido una reducción drástica en la capacidad de almacenamiento de agua, lo que compromete la función primaria de los embalses y limita su aprovechamiento en los demás usos designados.

La administración de los embalses ha recaído en distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico, según el fin que cumplen: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, encargada del suministro de agua cruda para potabilización; la Autoridad de Energía Eléctrica, responsable de su utilización para la generación hidroeléctrica; y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que custodia aquellos destinados a la conservación y aprovechamiento recreativo. Sin embargo, el deterioro de estas estructuras y de los cuerpos de agua que contienen constituye hoy una amenaza que exige acción inmediata.

Esta situación plantea un problema de seguridad pública y de política pública ambiental, pues el almacenamiento óptimo del recurso hídrico es indispensable para garantizar el abasto de agua potable a las comunidades, la continuidad en la generación de energía eléctrica y la sostenibilidad de sectores productivos como la agricultura. A la vez, se trata de un asunto de justicia intergeneracional, ya que las generaciones futuras dependen de la preservación de estos recursos para su bienestar y desarrollo.

Frente a este escenario, resulta urgente impulsar mecanismos que permitan el dragado de los embalses, en cumplimiento con la política pública de Puerto Rico de proteger la pureza de sus aguas, asegurar su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras y fomentar su aprovechamiento racional y sustentable. La Cámara de Representantes, consciente de esta responsabilidad, propone mediante esta Resolución Conjunta ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía Eléctrica que realicen todas las gestiones necesarias para identificar y acceder a fondos federales dirigidos al dragado fraccional de mantenimiento permanente. Este método técnico, que permite la extracción de sedimentos en volúmenes superiores a los que se acumulan anualmente, ofrece la posibilidad de recuperar progresivamente la capacidad de los embalses sin comprometer de manera excesiva los presupuestos de las agencias responsables, asegurando así una estrategia de conservación sostenible a largo plazo.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA
La Resolución Conjunta de la Cámara 47 propone "ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Energía Eléctrica a gestionar y solicitar fondos federales para el dragado de los embalses bajo su administración, con el propósito de restaurar su capacidad de almacenamiento de agua; para establecer las condiciones de dicho proceso; y para otros fines relacionados."

Como parte del proceso de evaluación e investigación contenido en la resolución, la Comisión solicitó memoriales explicativos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Oficina de Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico y a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.  

Departamento de Recursos Naturales
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante "DRNA") en cumplimiento de su ley habilitadora, Ley 23-1972, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según enmendada, es la responsable de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico, contenida en la sección 19 del Artículo VI de la Constitución.  De igual forma, hace constar que "la misión del DRNA es proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales de la isla, de forma balanceada para propiciar una mejor calidad de vida y garantizar su disfrute a las próximas generaciones.  Dentro de ese deber ministerial, el DRNA está enfocado en mantener armonía entre la protección de los recursos y el desarrollo económico de la isla." El DRNA emitió sus comentarios y observaciones respecto a la R.C. de la C. 47, exponiendo con detalle su rol como la agencia responsable de los recursos naturales y ambientales de Puerto Rico, incluyendo la implementación de la política pública en materia de manejo sostenible, conservación, utilización y protección de dichos recursos.

En su carácter de administrador de los embalses principales del país, el DRNA destacó la importancia de estas estructuras como infraestructuras críticas para el abastecimiento de agua potable, el consumo doméstico e industrial, el riego agrícola, la producción de energía y la mitigación de inundaciones, elementos que resultan fundamentales para la estabilidad social y económica de Puerto Rico. Actualmente, existen 36 embalses de titularidad pública, junto con otros de carácter privado, que cumplen diversas funciones de almacenamiento y apoyo a la vida diaria de la ciudadanía. Entre ellos, sobresalen los embalses administrados directamente por la agencia, Dagüey y Ajíes ubicados en Añasco, así como Cerrillos y Portugués ubicados en Ponce, cuyas capacidades de reserva y particularidades técnicas los convierten en activos esenciales para la seguridad hídrica y energética del país.

La agencia explicó que estas instalaciones no solo sirven para suplir agua, sino que también son vitales para el control de inundaciones, la recreación y la protección de ecosistemas y hábitats costeros y marinos. Asimismo, señaló que se realizan esfuerzos de coordinación con agencias federales como el USDA y el NRCS, lo que permite implementar programas de rehabilitación y mantenimiento de embalses y represas, garantizando así su capacidad de almacenamiento y la sostenibilidad a largo plazo. En este marco, el DRNA subrayó la importancia de continuar con estudios y gestiones que fortalezcan el manejo de estos recursos, asegurando que la infraestructura cumpla su función de manera adecuada y resiliente frente a los retos ambientales y sociales que enfrenta Puerto Rico. Como administrador de los embalses antes mencionados, el DRNA asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad de dichas estructuras, pues le corresponde las gestiones operativas, mantenimiento, reparaciones, y rehabilitación de la estructura.

Finalmente, reafirmó su compromiso de mantener una estrecha colaboración con la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y con todas las entidades pertinentes, agradeciendo la oportunidad de participar en el proceso y reiterando su disposición de aportar sus conocimientos, propuestas y esfuerzos para garantizar la protección, el aprovechamiento sostenible y el bienestar de la isla.


Autoridad de Energía Eléctrica

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (en adelante "AEE") presentó su memorial explicativo y en este informó que actualmente administra y opera 22 embalses, lo que representa aproximadamente un 60% de los 37 existentes en la isla. Estos embalses también son utilizados por las industrias de manufactura y generación eléctrica, así como para actividades recreativas como pesca y remo, e incluso como medio de transporte, como es el caso del Lago Dos Bocas. Sin embargo, enfrentan problemas de contaminación orgánica, especies acuáticas invasoras y sedimentación, las cuales reducen su capacidad de almacenamiento. Los huracanes Irma y María intensificaron esta situación al aumentar la sedimentación. 

Actualmente, la Autoridad realiza proyectos de dragado y sedimentación bajo la supervisión de la Asamblea Legislativa y en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, contando con apoyo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), que asignó $349.34 millones para proyectos en ocho embalses. Se espera que las obras finalicen en 2026. Estos trabajos buscan extender la vida útil de la infraestructura, aumentar la generación hidroeléctrica, mejorar el suministro de energía renovable y asegurar agua para riego, sistemas de tratamiento y consumo durante sequías. Asimismo, buscan mejorar la calidad del agua, prevenir inundaciones, fallas estructurales y fortalecer los ecosistemas acuáticos. El proceso contempla además el uso de depósitos aledaños y requiere la disposición final de los sedimentos extraídos, lo cual representa un reto logístico y presupuestario. De igual forma, este proyecto brindará como beneficio que la capacidad de almacenamiento de agua será rehabilitada dado que se extenderá la vida útil de la infraestructura de los embalses, restablecerá y/o aumentará la vida útil de la infraestructura de los embalses y restablecerá y aumentará las horas de producción de las centrales hidroeléctricas, brindando un suministro de energía renovable más confiable y seguro.

La Autoridad colabora con el USGS para la medición y monitoreo de caudales y flujos de descarga, habiendo invertido $856,622 en estaciones y equipos especializados. Los embalses más críticos identificados incluyen Guajataca, Garzas, Caonillas, Adjuntas, Yahuecas, Carite, Viví, Guayabal, Patillas, Melania, Coamo y canales de riego en Isabela, la Costa Sur y el Valle de Lajas. 

Finalmente, la Autoridad mantiene su compromiso de colaboración con la Comisión y el pueblo de Puerto Rico, reiterando su disposición de continuar participando en este proceso hasta completar los trabajos, cuyo acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.


Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante "AAA") resaltó la importancia de los embalses para el servicio de agua potable a una gran cantidad de clientes en Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. 

Informó que ha tomado diversas acciones para evaluar y generar proyectos dirigidos a mejorar la capacidad de almacenamiento de nuestros embalses.  Actualmente, la AAA ha desarrollado esfuerzos para evaluar, remover sedimentos y proteger los embalses en los siguientes cuerpos: Lago Loíza, Lago La Plata y Lago Cidra.  En estos últimos se han llevado a cabo estudios de sedimentación, así como la preparación de un diseño preliminar para el dragado del Lago Loíza en 2022 y el cumplimiento de la Evaluación Ambiental para dicho proyecto en 2023. También se mencionó un estudio realizado en el Lago Carraízo en enero de 2023. La información presentada incluyó el estado actual de los embalses principales de la Isla, destacando que algunos, como el Lago Loíza, presentan una mayor pérdida de capacidad debido a los altos niveles de sedimentación, mientras que otros embalses críticos fueron señalados en rojo en la tabla suministrada. 

Se indicó que el dragado de embalses fue incorporado en el Plan del Programa de Estrategia de Obligación Acelerada de FEMA, bajo el cual se lleva a cabo el Proyecto de Dragado del Embalse Loíza desde febrero de 2023, con una inversión aproximada de $93 millones y un progreso de 64%. Además, se detalló que se desarrolla un Estudio Preliminar de Ingeniería para un Proyecto de Control de Sedimentación en el Lago Loíza, con una inversión estimada de $90 millones financiada con fondos federales del programa de Mitigación de Riesgos de FEMA. 

Finalmente, la AAA concluyó que estos proyectos ya atienden los objetivos relacionados con el manejo de los embalses y reiteró su disposición a continuar colaborando con las comisiones legislativas y las partes interesadas en beneficio del desarrollo y sostenimiento de estas infraestructuras esenciales para el país.


Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (en adelante "PRFAA") presentó sus comentarios en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 47, señalando que el problema principal que atiende esta resolución es la sedimentación excesiva en los embalses, la proliferación de vegetación acuática invasora y los daños ambientales ocasionados por fenómenos extremos como los huracanes Irma y María.  Los fenómenos atmosféricos y otras situaciones han reducido significativamente la capacidad de almacenamiento de agua en los principales embalses de la Isla, limitando el acceso al agua potable y comprometiendo tanto la seguridad como la estabilidad económica de las comunidades. 

PRFAA destacó que esta situación evidencia la necesidad de acciones que fortalezcan los esfuerzos de resiliencia y mitigación promovidos por el gobierno de Puerto Rico en respuesta a los desastres naturales ocurridos en los últimos años. Además, subrayó que la medida resulta consistente con las prioridades de financiamiento federal, incluyendo fondos de recuperación de FEMA, el Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) y otras fuentes disponibles a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), lo cual permite viabilizar proyectos para atender la sedimentación y rehabilitación de los embalses. También resaltó la importancia de integrar herramientas técnicas como la utilización de tecnología Doppler para recopilar información hidrológica y la colaboración con el United States Geological Survey (USGS), ya que estas iniciativas fortalecen la base científica de los proyectos de dragado y aumentan las probabilidades de éxito al momento de solicitar fondos federales, asegurando de esta manera la protección de las fuentes de agua y del ambiente, así como el bienestar de las comunidades que dependen de dichos recursos.


Oficina de Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia

	La Oficina de Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (en adelante "COR3") comenzó su memorial explicativo haciendo constar que, a partir de 2017, Puerto Rico ha sido receptor de múltiples asignaciones económicas provenientes del gobierno federal para subsanar los daños y perdidas de los huracanes Irma, María y Fiona, los terremotos en el área suroeste de la isla, el COVID 19 y otros sucesos.

	La medida que nos ocupa ordena a COR3 a identificar y canalizar fondos asignados por el gobierno federal para la reconstrucción de Puerto Rico para destinarlos al dragado fraccional o parcial de los embalses de la isla.  El propósito de COR3 es "identificar y procurar todos los recursos estatales, federales y/o privado disponibles a las entidades gubernamentales para invertir en la recuperación; coordinar y canalizar todos los esfuerzo y actividades de las entidades gubernamentales relacionadas a la recuperación; financiar, ejecutar o provocar obras y proyectos de infraestructura relacionadas a la recuperación; y asesorar al Gobernador de Puerto Rico y ofrecer asistencia y asesoramiento técnico a las demás entidades gubernamentales en cuanto a todo asunto relacionado a dicha recuperación."

Como parte de su memorial explicativo, el COR3 explico los diferentes programas de recuperación que subvencionan la recuperación de Puerto Rico, el Programa de Asistencia Pública y el Programa de Mitigación de Riesgos.  Luego de explicar los fondos, categorías, proyectos elegibles y aplicabilidad de cada programa, se incluye la salvedad de que los fondos federales deberán estar sujetos a las restricciones y requisitos del gobierno federal.  Así las cosas, en cumplimiento con la orden de esta medida legislativa, el COR3 identifico 12 proyectos relacionados con el dragado de embalses en Puerto Rico y procedió a indicar su estado actual.


Agencia	Número de Proyecto	Embalse	Costo	Estatus	
AAA	169882	Carraízo	$111,454,233.04	Se encuentra en etapa de construcción desde el 1er trimestre de 2023. Debe culminar para el 1er trimestre 2026	
AEE	-	Garzas (Peñuelas)	$394,671,467.00	Proyectos propuestos pero no han sido obligados por encontrarse en etapa de formulación, pendiente a validación de los costos estimados y definición de alcance de trabajo de cada uno	
	-	Guajataca (Quebradillas, Isabela y San Sebastián)			
	-	Guayabal (Juana Díaz)			
	-	Lucchetti (Yauco)			
	-	Dos Bocas (Utuado y Arecibo)			
	-	Loco (Yauco)			
	-	Guerrero (Aguadilla)			
	-	Guayo (Adjuntas)			
	-	Matrullas (Orocovis y Ciales)			
	-	Caonillas (Utuado)			
	-	Guineo (Villalba)			
DRNA	No cuenta con proyectos de dragado registrados ni en desarrollo	

	El COR3 concurre con la necesidad de que se realicen los dragados de los embalses y en que su ejecución atiende la necesidad inmediata de restaurar nuestros almacenamientos de agua.  Además, esta medida se alinea con las metas de mitigación y resiliencia al cambio climático.  

Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evaluó la Resolución Conjunta de la Cámara 47, que ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) gestionar y solicitar fondos federales para el dragado de embalses bajo su administración, con el fin de restaurar su capacidad de almacenamiento de agua. 

OPAL concluye que la medida no tendría un costo fiscal directo para las arcas del Gobierno de Puerto Rico, ya que se limita a ordenar gestiones para identificar y obtener asignaciones de fondos federales, aunque reconoce que el beneficio de tales gestiones no se puede precisar en este momento. El informe recuerda que ya existen disposiciones análogas en la Resolución Conjunta Núm. 19-2021, mediante las cuales la AAA y la AEE asumieron obligaciones económicas para proyectos relacionados con el dragado y la remoción de sedimentos en embalses. Asimismo, se destaca que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) han intervenido en la identificación de fondos federales para este tipo de proyectos. El informe sometido señala que estas disposiciones forman parte de las funciones regulares de las corporaciones públicas concernidas y, por lo tanto, no implican la asignación de fondos adicionales ni impacto fiscal directo, aunque reconoce que el resultado de las gestiones dependerá de la disponibilidad y aprobación de fondos federales. 

En conclusión, OPAL establece que la aprobación de la R.C. de la C. 47 no genera impacto fiscal directo, aunque el potencial de fondos federales que se obtengan está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos.

La Resolución Conjunta de la Cámara 47 persigue atender una de las problemáticas ambientales, sociales y de infraestructura más apremiantes que enfrenta Puerto Rico: la pérdida progresiva de capacidad de los embalses debido a la sedimentación y otros factores de deterioro. El planteamiento de esta medida parte del reconocimiento de que los embalses constituyen la columna vertebral de la seguridad hídrica de la Isla, en tanto aseguran el suministro de agua potable a la ciudadanía, respaldan la producción energética mediante generación hidroeléctrica, sostienen actividades agrícolas mediante riego, y funcionan como herramientas de control de inundaciones y de impulso a la recreación y el turismo interno.
La exposición de motivos de la medida, así como los memoriales presentados por las agencias concernidas, coinciden en que el problema de sedimentación acelerada se ha agudizado en los últimos años, particularmente tras los embates de los huracanes Irma y María en 2017, eventos que provocaron una erosión masiva de suelos y el arrastre de materiales hacia los cuerpos de agua. Este escenario ha reducido de forma significativa la capacidad de almacenamiento de los principales embalses, comprometiendo no solo el abasto de agua potable, sino también la resiliencia del sistema eléctrico y la seguridad alimentaria del país.
El DRNA, en cumplimiento con su misión de proteger y administrar los recursos naturales de la Isla, destacó la importancia crítica de los embalses como infraestructuras de carácter estratégico. La agencia subrayó que existen actualmente 36 embalses de titularidad pública y otros privados que cumplen funciones esenciales, entre ellos los que administra directamente, como Dagüey, Ajíes, Cerrillos y Portugués. El DRNA recalcó que estas estructuras no se limitan a suplir agua, sino que también aportan al control de inundaciones, la protección de hábitats costeros y marinos, y a la recreación ciudadana. La agencia reiteró la necesidad de continuar con proyectos de rehabilitación y mantenimiento, además de fortalecer la colaboración inter agencial y con el gobierno federal.
Por su parte, AEE informó que opera 22 embalses, lo que representa alrededor de un 60% de los existentes en la Isla. La corporación pública reconoció los problemas de contaminación, proliferación de especies invasoras y sedimentación que afectan su funcionamiento, pero detalló además los esfuerzos de dragado que actualmente se llevan a cabo en coordinación con la Asamblea Legislativa, el DRNA, la AAA y con el apoyo de FEMA. Se resaltó que la AEE cuenta con una asignación de $349.34 millones para obras en ocho embalses, proyectos que buscan extender la vida útil de la infraestructura, fortalecer la generación hidroeléctrica y garantizar la disponibilidad de agua durante sequías, lo que a su vez fortalece la seguridad energética y ambiental del país.
En cuanto a la AAA, esta resaltó la importancia de los embalses para garantizar el servicio de agua potable a los abonados en toda la Isla, incluyendo Vieques y Culebra. La agencia informó que ya se han desarrollado proyectos dirigidos a evaluar y remover sedimentos, particularmente en los embalses Loíza, La Plata y Cidra, y que se adelantan estudios preliminares para dragados futuros. Destacó, además, que el dragado del embalse Loíza, con una inversión de aproximadamente $93 millones, se encuentra en ejecución con un progreso sustancial, y que se cuenta con fondos federales adicionales para mitigar riesgos de sedimentación. La AAA concluyó que estas acciones ya encaminadas atienden los objetivos de la resolución, reiterando su disposición a colaborar con la Legislatura.
PRFAA y COR3 coincidieron en que la medida es compatible con las prioridades de financiamiento federal. Ambas entidades resaltaron que existen programas, como los fondos de FEMA y el Hazard Mitigation Grant Program, que pueden utilizarse para proyectos de dragado y rehabilitación de embalses. El COR3 identificó un total de 12 proyectos de dragado en distintas etapas de desarrollo, con costos que ascienden a cientos de millones de dólares. No obstante, subrayó que la utilización de estos fondos está sujeta a las restricciones y requisitos impuestos por el gobierno federal, lo que limita la flexibilidad de ejecución.
Finalmente, la OPAL evaluó la medida desde una perspectiva fiscal, concluyendo que la Resolución Conjunta de la Cámara 47 no generaría un impacto directo sobre las finanzas del Gobierno de Puerto Rico, puesto que se limita a ordenar gestiones de identificación y obtención de fondos federales. No obstante, advirtió que los resultados dependerán de la disponibilidad y aprobación de dichos fondos, reconociendo además que medidas similares han sido aprobadas previamente y que forman parte de las funciones ordinarias de las agencias concernidas.
De este modo, el análisis integral de los memoriales y de la medida legislativa refleja un consenso general en cuanto a la necesidad urgente de atender la problemática de sedimentación de los embalses y a la viabilidad de recurrir a fondos federales para tales fines. No obstante, también pone de relieve que varios proyectos de dragado ya se encuentran en curso, lo que evidencia que el asunto está siendo atendido, aunque de manera fragmentada y con limitaciones logísticas y financieras. La aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 47, por ende, serviría para consolidar y reforzar dichas gestiones, asegurando que las agencias responsables trabajen de manera coordinada y con un mandato legislativo claro.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales certifica que la R.C. de la C. 47 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda a la aprobación de la R. C. de la C. 47, sin enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Marissa "Marissita" Jiménez Santoni
Presidenta de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales 
y Ambientales del Senado de Puerto Rico