GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 1ra. Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 158
14 DE FEBRERO DE 2025
Presentada por el representante Torres Cruz
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
RESOLUCIÓN
Para ordenar a las comisiones de Hacienda y la de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a los múltiples señalamientos sobre el uso de fondos públicos por parte de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Entre estos, los fondos disponibles desde los años 2022, 2023 y 2024 que suman sobre cuarenta y dos millones de dólares ($42,000,000.00), del efectivo en caja con un aproximado de doscientos sesenta y tres millones de dólares ($263,000,000.00), que incluyen sobre ciento sesenta y cinco millones de dólares ($165,000,000.00) de gasto de capital para proyectos en curso (“CapEx) de los cuales sobre veintitrés millones de dólares ($23,000,000.00) no se han asignado a proyectos específicos, según detalla una comunicación enviada el 29 de enero de este año por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al nuevo Director Ejecutivo de dicha corporación pública, Félix Lasalle Toro. Además, sobre datos en la referida comunicación en cuanto a que la AEP incumplió con la contratación de un ente externo para realizar un análisis sobre sus gastos e ingresos producto de una solicitud de propuestas (RFP) a estos fines, que no había sometido un cronograma para reanudar dicho proceso y que apenas ha desembolsado nueve millones de dólares ($9,000,000.00) de los sobre cincuenta y seis millones de dólares (56,000,000.00) para reparaciones en Cuarteles de la Policía y tampoco, sobre dos millones de dólares ($2,000,000.00) para mejoras a planteles escolares, así como las alegaciones en contrario de la AEP que plantean fueron las acciones de la JSF las responsables de no poder utilizar dichos fondos; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (AEP) tiene la misión de planificar, diseñar, subastar, construir y conservar las facilidades físicas para todas las agencias y ofrecerle al Pueblo de Puerto Rico las mejores estructuras para su uso y disfrute elevando la calidad de vida, lo cual constituye un alto fin público para la debida prestación de servicios por el Gobierno a la ciudadanía. En específico, la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada, la crea como un cuerpo corporativo regido por una Junta de Gobierno; nombrados sus directores por el Gobernador(a), con el consejo y consentimiento del Senado. Así, se constituye como una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ejerciendo funciones públicas y esenciales del Gobierno.
Es menester apuntar, que el Artículo 1 de la Ley 56-1958, supra, declara e instituye como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que;
“…sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y demás dependencias gubernamentales, promoverán y fomentarán la contratación de los servicios de la Autoridad de Edificios Públicos para satisfacer sus necesidades de diseño, construcción, remodelación, mejoras, operación y mantenimiento de las estructuras que necesitan para ofrecer sus servicios. Sin que ello implique que aquellas agencias, instrumentalidades, corporaciones y demás dependencias gubernamentales donde tradicionalmente se proveen estos servicios por sus propios empleados o contratan estos servicios con otras entidades tengan la obligación de utilizar los servicios que promueve la Autoridad de Edificios Públicos;…”
Es decir, la AEP en primera instancia la encargada del diseño, construcción y mantenimiento de las estructuras del estado, a excepción de aquellas dependencias de ordinario realizan tales responsabilidades con su personal. Por tanto, el buen uso de los millonarios fondos públicos asignados para el óptimo descargue de esta vital responsabilidad tiene que responder a los más estrictos criterios de una efectiva y diligente sana administración pública, así como ser transparente en su utilización conforme a la necesidad continua de mejoras a estas propiedades del aparato gubernamental.
Sin ignorar, que en el contexto actual de carácter fiscal en nuestro Gobierno se aprobó la Ley Federal, “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act de 2016 (PROMESA)” la cual faculta a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para determinar, entre otros poderes, si cualquier estatuto, resolución, política o norma del Gobierno de Puerto Rico menoscabaría o frustraría los propósitos de dicha Ley Federal y a tal fin paralizar su implantación. Adicional, para tener el control de asegurar la aprobación y la implementación de los planes fiscales dirigidos a alcanzar responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital de Puerto Rico dentro de los procesos de recuperación financiera y el pago de la deuda pública, así como para hacer reducciones necesarias en los gastos del Gobierno para asegurar que los ingresos y gastos se ajusten a dicho Plan Fiscal.
Ante este escenario, la AEP ha planteado de manera consistente ante la JSF que las tarifas de arrendamiento de sus facilidades al Gobierno son insuficientes para cubrir las necesidades presupuestarias para el debido mantenimiento de las estructuras a su cargo y el capital adecuado para las reparaciones a las mismas. Particularmente, para escuelas y Cuarteles del Negociado de la Policía. Aunque, la JSF reconoce estos planteamientos y los beneficios potenciales que dicha revisión de canon de arrendamiento representaría para la AEP, argumenta varios factores a considerar sobre las finanzas de la AEP.
La JSF establece[1] que desde los años 2022, 2023 y 2024 la AEP tiene sobre cuarenta y un millones de dólares ($41,000,000.00) disponibles por no utilizar los dineros asignados para pago de nómina. Señala, que la AEP cuenta con efectivo en caja con un aproximado de doscientos sesenta y tres millones de dólares ($263,000,000.00), que incluyen sobre ciento sesenta y cinco millones de dólares ($165,000,000.00) de gasto de capital para proyectos en curso (“CapEx) de los cuales sobre veintitrés millones de dólares ($23,000,000.00) no se han asignado a proyectos específicos. Además, que la AEP incumplió con la contratación de un ente externo para realizar un análisis sobre sus gastos e ingresos producto de una solicitud de propuestas (RFP) a estos fines y que no había sometido un cronograma para reanudar dicho proceso. Adicional, de que apenas ha desembolsado nueve millones de dólares ($9,000000.00) de los sobre cincuenta y seis millones de dólares ($56,000,000.00) para reparaciones en Cuarteles de la Policía y tampoco sobre dos millones de dólares ($2,000,000.00) para mejoras a planteles escolares.
Por otro lado, la JSF alega se han aprobado múltiples reprogramaciones de fondos en la AEP para los años 2023 al 2025 dirigidas a solventar proyectos esenciales de infraestructura como reparaciones de Cuarteles de Policía y el reclutamiento de noventa (90) nuevas plazas para llevar a cabo trabajos de mantenimiento, que la AEP no ha podido reclutar. Estas reprogramaciones suman, $20 millones de dólares al 2023, $26.7 millones de dólares al 2024 y al 2025, $21.1 millones para mejoras y $5 millones para reclutamiento.
En contrario, la AEP argumentaba por voz de su entonces Director Ejecutivo, Yamil Ayala Cruz, que las acciones de la JSF provocaron que dicha corporación no utilizara millones de fondos presupuestados durante tres (3) años. Esto, porque a pesar de que la AEP sometió su Plan de Clasificación a diciembre del año 2023, no fue hasta julio de 2024 que la JSF lo aprobó. Así, alega[2] la Junta al presupuesto del 2024 eliminó la partida para implementar el Plan de Clasificación y Retribución sometido y los dineros para reclutar los 326 empleados necesarios que iban a reclutar, conforme a un análisis para dar mantenimiento a cerca de 700 propiedades que maneja. Así también, para el pago de nómina de alrededor de 300 empleados que le fueron transferidos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y para el pago de horas extras trabajadas por su personal. Por último, que los dineros que la JSF alega en caja de $263 millones de dólares están en una cuenta restringida, ya que son para proyectos de reconstrucción por el efecto del huracán María, los terremotos y partidas especiales para proyectos especiales.
Cónsono a lo expuesto, es deber primario de esta Cámara de Representantes atender y fiscalizar cualquier reclamo, señalamiento e información que apunte a un uso inadecuado por parte de la AEP de los multimillonarios recursos a su cargo y la responsabilidad, si alguna, de los directivos y funcionarios con la autoridad delegada a estos fines. Máxime, esta controversia y argumentos encontrados ante la AEP y la JSF que afectan sobremanera la construcción, reparación y mantenimiento de la planta física del Gobierno para garantizar la prestación de un servicio público de excelencia como es nuestra responsabilidad.
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:
Sección 1.-Se ordena a las comisiones de Hacienda y la de Reorganización, Eficiencia y Diligencia de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a los múltiples señalamientos sobre el uso de fondos públicos por parte de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Entre estos, los fondos disponibles desde los años 2022, 2023 y 2024 que suman sobre cuarenta y dos millones de dólares ($42,000,000.00), del efectivo en caja con un aproximado de doscientos sesenta y tres millones de dólares ($263,000,000.00), que incluyen sobre ciento sesenta y cinco millones de dólares ($165,000,000.00) de gasto de capital para proyectos en curso (“CapEx) de los cuales sobre veintitrés millones de dólares ($23,000,000.00) no se han asignado a proyectos específicos, según detalla una comunicación enviada el 29 de enero de este año por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al nuevo Director Ejecutivo de dicha corporación pública, Félix Lasalle Toro. Además, sobre datos en la referida comunicación en cuanto a que la AEP incumplió con la contratación de un ente externo para realizar un análisis sobre sus gastos e ingresos producto de una solicitud de propuestas (RFP) a estos fines, que no había sometido un cronograma para reanudar dicho proceso y que apenas ha desembolsado nueve millones de dólares ($9,000,000.00) de los sobre cincuenta y seis millones de dólares (56,000,000.00) para reparaciones en Cuarteles de la Policía y tampoco, sobre dos millones de dólares ($2,000,000.00) para mejoras a planteles escolares, así como las alegaciones en contrario de la AEP que plantean fueron las acciones de la JSF las responsables de no poder utilizar dichos fondos; y para otros fines relacionados.
Sección 2.-La Comisión estará facultada para rendir informes parciales y un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término no mayor de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución.
Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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