GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma Asamblea 1 ^ra Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. Conc. de la C. 9

18 DE FEBRERO DE 2025

Presentada por las representantes Lebrón Robles y Gutiérrez Colón

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN CONCURRENTE

Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la determinación de la Jueza Federal Laura Taylor Swain que ha reducido de manera drástica, unilateral y sin considerar el daño sufrido por los afectados el monto que podrán recibir las familias e individuos afectos por el pleito de clase contra el Departamento de Educación (DE) y el Gobierno de Puerto Rico, confirmando la determinación de la Junta de Control Fiscal. Expresamos nuestra solidaridad con las miles de familias afectadas por el daños que sufrieron por parte del DE y el Estado, y exigimos que la Jueza Laura Taylor Swain reconsidere la reducción en los daños que puede recibir cada persona afectada particularmente a la luz de los cálculos impuestos por el plan de ajuste de la deuda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace 44 años padres y madres de familia llevan un pleito de clase contra el Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico ante la indiferencia a las necesidades de individuos de educación especial y por violación a su derecho a la educación. El mero hecho que estas familias hayan tenido que demandar al Estado para recibir servicios que son garantizados por nuestra Constitución de por si es vergonzoso y es una mancha para el Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico. Estas familias buscaban simplemente que los menores de educación especial recibieran los servicios necesarios para poder recibir una educación pública y adecuada, y recibir la restitución por daños sufridos ante la negligencia del Estado hacia esta población.

Luego del arduo trabajo y lucha liderada por estas familias, casi medio siglo después de empezar el pleito, por fin podían recibir una justa compensación por los daños sufridos como consecuencia de la violación a sus derechos. Ahora, luego de décadas de violaciones a sus derechos, la Junta de Control Fiscal ha tomado la determinación de proponer una oferta transaccional para finalizar el caso de manera final. Sin embargo, esta determinación es injusta, arbitraria y atenta contra la dignidad de las demandantes.

La petición de la Junta propone un pago de $25,000 por hogar o unidad familiar, sin importar cuántos miembros de la familia sean reclamantes ni la magnitud de los daños sufridos. Bajo la ley de Puerto Rico, cada reclamante individual puede tener derecho a compensaciones de hasta $75,000 por persona y $150,000 por incidente, lo que demuestra que la cantidad ofrecida es significativamente menor a lo que los reclamantes podrían recibir si su caso fuera evaluado de manera justa. Además, esta cantidad se vería reducida por el plan de ajuste de la deuda que en estos momentos propone pagar aproximadamente el 20.4% de la cantidad de la oferta de $25,000. Esto significa que de los 25,000 la familia solo recibiría $5,100.

Guiados por la empatía y el reconocimiento del derecho constitucional a la educación que existe en Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa expresa su solidaridad hacia las familias afectas por esta decisión unilateral de la Junta y la Jueza Federal. Repudiamos la imposición de medidas que limiten la restitución de daños que puedan recibir los individuos afectados por la violencia y negligencia institucional del Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico. El derecho a la educación es un derecho protegido por la constitución de Puerto Rico y nos solidarizamos con las familias afectadas en este pleito.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se expresa el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a la determinación de la Jueza Federal Laura Taylor Swain que ha reducido de manera drástica, unilateral y sin considerar el daño sufrido por los afectados el monto que podrán recibir las familias e individuos afectos por el pleito de clase contra el Departamento de Educación (DE) y el Gobierno de Puerto Rico, confirmando la determinación de la Junta de Control Fiscal. Expresamos nuestra solidaridad con las miles de familias afectadas por el daños que sufrieron por parte del DE y el Estado, y exigimos que la Jueza Laura Taylor Swain reconsidere la reducción en los daños que puede recibir cada persona afectada particularmente a la luz de los cálculos impuestos por el plan de ajuste de la deuda.

Sección 2. – Copia de esta Resolución será enviada a la Jueza Federal Laura Taylor Swain y a los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Sección 3. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.