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GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea 1 ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 325

INFORME NEGATIVO

20 de junio de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 325, no recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 325, tiene el propósito de crear la “Ley para el desarrollo integral del estudiantado a través de las Bellas Artes en la educación pública de Puerto Rico”; definir la política pública que devolverá el ofrecimiento de los cursos de Bellas Artes en las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico para el desarrollo pleno de los estudiantes, conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico; enmendar el subinciso 1 y añadir un subinciso 13 al inciso (e) del Artículo 1.02, añadir un nuevo inciso 42 al Artículo 1.03, y reenumerar los incisos 42 al 56 como 43 al 57, respectivamente, enmendar el subinciso 40, añadir un nuevo subinciso 41 al inciso (b) del Artículo 2.04, y reenumerar los subincisos 41 al 65 como 42 al 66, respectivamente, enmendar el inciso (f) y añadir los incisos (s) y (t) al Artículo 2.10, enmendar el inciso (c) del Artículo 6.02, enmendar el Artículo 6.04, enmendar el subinciso 7, del inciso (b) del Artículo 7.01, enmendar el inciso (n) del Artículo 9.01, enmendar el Artículo 9.05, añadir un nuevo Artículo 9.06 y reenumerar los artículos 9.06 al 9.10 como 9.07 al 9.11, respectivamente, y enmendar el inciso (b) del Artículo 11.03 de la Ley 85-2018, supra, con el fin de establecer la educación en Bellas Artes en todas sus modalidades como requisito indispensable en todos los grados y niveles en las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico, diversificar el currículo escolar para desarrollar el talento artístico estudiantil, fomentar el pensamiento crítico y ampliar los programas de estudio de las escuelas, garantizar la organización escolar adecuada para lograr tales fines, definir lo que constituyen proyectos culturales y artísticos en las escuelas, ordenar la adquisición de materiales y equipos necesarios así como el reclutamiento de los maestros y maestras necesarios para lograr tales fines, modificar la composición del Consejo Escolar, fomentar el estudio de la cultura puertorriqueña a través de las Bellas Artes, viabilizar las alianzas con entidades con o sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos culturales y artísticos.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto del Senado 325, representa una iniciativa legislativa profundamente valiosa en cuanto a su propósito educativo, cultural y social. La medida propone integrar de manera plena y formal la enseñanza de las Bellas Artes como parte esencial del currículo escolar en todos los grados del sistema público de enseñanza. Esta integración busca no solo fomentar el desarrollo del talento artístico del estudiantado, sino también promover el pensamiento crítico, enriquecer la experiencia educativa, cultivar la identidad cultural puertorriqueña y reforzar la formación integral del ser humano.

El Departamento de Educación de Puerto Rico ha expresado de manera clara y enfática su respaldo al valor intrínseco de las artes en la formación del estudiantado. Reconoce, en su memorial, que el currículo del Programa de Bellas Artes está alineado con las competencias del siglo XXI, tales como la creatividad, la colaboración y la comunicación, y que la educación artística tiene un impacto positivo tanto en el desarrollo emocional y sensorial como en la percepción analítica y la capacidad crítica del estudiantado. En ese sentido, no existe desacuerdo respecto a los beneficios de la medida ni a su intención de garantizar una educación más holística, inclusiva y culturalmente rica.

No obstante, a pesar de la loable naturaleza del Proyecto del Senado 325 y de su sólida fundamentación en principios constitucionales y pedagógicos, el Departamento de Educación ha manifestado serias limitaciones operacionales y fiscales que hacen inviable su implementación en el presente. Según señala la agencia, la aprobación del proyecto implicaría una reorganización sustancial del ofrecimiento académico en las escuelas, una redistribución de personal docente y administrativo, así como la habilitación de nuevos salones y la adquisición de materiales especializados. Estas necesidades generarían un impacto económico significativo, no solo para la agencia, sino también para las familias de los estudiantes.

Más aún, el Departamento advierte que la ejecución de esta medida podría comprometer otros programas esenciales como el Programa de Salud Escolar, el cual no solo tiene un componente educativo, sino que incide directamente en la salud pública del país. Esto pone de relieve la complejidad de armonizar nuevos ofrecimientos académicos sin desplazar ni debilitar otras áreas fundamentales del currículo escolar.

Por todo lo anterior, y reconociendo que esta medida responde a un interés legítimo de transformación educativa, debemos enfatizar que su aprobación no es rechazada por razones de mérito o conveniencia pedagógica, sino por la ausencia de recursos económicos suficientes para su ejecución efectiva. Una política pública tan ambiciosa requiere no solo voluntad legislativa, sino también una estructura fiscal sólida que viabilice su implantación sin detrimento de los programas existentes. En consecuencia, se emite un informe negativo a esta medida, exhortando a que en el futuro se continúe trabajando en iniciativas similares que, con el respaldo presupuestario necesario, puedan materializar esta visión educativa integral que tanto necesita nuestro sistema público de enseñanza.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. del S. 325, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Educación; Asociación de Maestros; Federación de Maestros de Puerto Rico; Corporación del Conservatorio de Música; Fundación Arturo Somohano; Sr. Jorge A. Rodríguez Torres, Presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela Libre de Música de Arecibo; Taller Artístico Ruiseñor; Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE).

Al momento de redactar el presente memorial, no habíamos recibido el memorial explicativo del Taller Artístico Ruiseñor.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación, en adelante DEPR, expresó en su memorial que reconoce y valora la importancia de las Bellas Artes en el desarrollo integral del estudiantado y en la formación de una ciudadanía crítica, creativa y culturalmente enriquecida. La agencia destaca múltiples beneficios educativos, sociales y personales asociados a la enseñanza de las artes, reafirmando su compromiso con el fomento de una educación holística. Sin embargo, el DEPR deja claro que, a pesar del valor de la propuesta, el Proyecto del Senado 325 no debe ser aprobado en estos momentos debido a múltiples limitaciones estructurales, organizacionales y, principalmente, fiscales.

En primer lugar, la agencia sostiene que la aprobación de esta medida requeriría cambios sustanciales en el ofrecimiento académico de las escuelas públicas, implicando una transformación completa de la organización escolar para permitir que se ofrezcan cursos de Bellas Artes en todos los niveles y en cada semestre. Esta reorganización no solo exige modificaciones a la estructura curricular actual, sino también una redistribución significativa del personal docente y administrativo, lo cual afectaría directamente las gestiones gerenciales de la división de recursos humanos.

Uno de los señalamientos del DEPR es que la implantación de esta medida pondría en riesgo el funcionamiento de otros programas esenciales como el Programa de Salud Escolar, un componente curricular clave que no solo educa, sino que impacta directamente la salud pública y el bienestar social del país. Este programa aborda temáticas críticas como la toma de decisiones saludables, prevención del embarazo en adolescentes, enfermedades crónicas y la violencia, entre otros. El Departamento advierte que, de aprobarse esta medida sin los recursos necesarios, el curso de Salud Escolar podría ser desplazado o eliminado, lo cual socavaría la formación biopsicosocial integral del estudiantado. De igual forma, se alerta sobre posibles efectos adversos en los cursos de Educación Física.

Además, el DEPR señala que la ejecución de la medida tendría un impacto presupuestario considerable para la agencia y las familias. Se requeriría la habilitación de salones adicionales y la compra de materiales especializados para cada curso artístico, tales como instrumentos musicales, materiales plásticos, libros y equipos de sonido. Estos gastos, en ausencia de un presupuesto adicional claramente identificado, afectarían tanto al erario como a los padres y encargados que tendrían que sufragar parte de los costos.

Aunque el Departamento respalda el valor de las Bellas Artes en el currículo escolar, deja claro que no respalda su implementación obligatoria en los términos propuestos, si esta conlleva comprometer la estabilidad de otros programas igualmente importantes. Para el DEPR, resulta esencial que la política pública educativa se construya sobre bases realistas, tomando en cuenta la capacidad fiscal y operativa del sistema educativo. La medida, tal como está redactada, crea obligaciones que no están respaldadas por los recursos necesarios para su implementación efectiva, lo cual podría causar un efecto dominó perjudicial en la operación y planificación educativa de las escuelas.

En conclusión, aunque el DEPR comparte el propósito de integrar las Bellas Artes como elemento esencial de la enseñanza, considera que la aprobación del Proyecto del Senado 325 en este momento no es viable. La medida requeriría recursos financieros, humanos y físicos que la agencia no posee, y su implementación podría desestabilizar programas fundamentales que ya están en operación.

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE PUERTO RICO

El Conservatorio de Música de Puerto Rico, en su memorial explicativo, expresa su respaldo a la medida. Reconoce que esta educación es un pilar fundamental en la formación integral del estudiantado y una herramienta poderosa para el desarrollo cognitivo, social y cultural. No obstante, en su defensa del proyecto, el Conservatorio identifica una serie de condiciones indispensables para que dicha política pública pueda ser viable y efectiva. La ausencia de estas condiciones representa, en la práctica, un argumento técnico en contra de la aprobación inmediata de la medida si no se atienden con seriedad.

En primer lugar, el Conservatorio subraya que la implementación adecuada de esta política requiere un currículo estructurado y debidamente articulado. Esta observación evidencia que no basta con establecer el mandato legislativo, sino que es necesario contar con una infraestructura académica sólida y una planificación pedagógica rigurosa para lograr los objetivos trazados. La inexistencia de este andamiaje curricular podría traducirse en una implantación superficial o desorganizada, lo cual no solo reduciría el impacto esperado, sino que también desperdiciaría recursos públicos sin lograr la transformación educativa deseada.

En segundo lugar, el Conservatorio señala como indispensable la asignación adecuada de recursos. Esta declaración constituye una advertencia directa: sin financiamiento suficiente, la medida no podrá ser ejecutada correctamente. La falta de instrumentos, materiales, espacios físicos, y personal docente capacitado sería un obstáculo insalvable que desvirtuaría la intención del proyecto. La medida conlleva una serie de costos operacionales que, si no están cubiertos en el presupuesto del Departamento de Educación, podrían comprometer el funcionamiento de otros programas académicos esenciales o quedar simplemente sin ejecución práctica.

Además, el Conservatorio destaca que, para maximizar los beneficios de la educación artística, se debe garantizar un balance entre su valor social y el desarrollo técnico y expresivo de los estudiantes, lo cual requiere una enseñanza seria y profesionalizada. Esta exigencia subraya la necesidad de contar con docentes altamente cualificados y plazas disponibles para su reclutamiento, algo que depende directamente del presupuesto y la planificación del sistema educativo. La implementación sin este respaldo estructural redundaría en una oferta académica desigual o ineficaz.

Finalmente, aunque la institución se compromete a contribuir con la formación de maestros capacitados en el área de las artes, también deja ver que este esfuerzo debe estar acompañado de un sistema público preparado para recibirlos y retenerlos. De lo contrario, se corre el riesgo de tener profesionales formados sin las condiciones mínimas para ejercer su vocación dentro del sistema público de enseñanza.

En síntesis, el respaldo del Conservatorio de Música de Puerto Rico a la medida está condicionado, en la práctica, a que se aseguren los componentes esenciales de planificación, currículo, recursos materiales, plazas docentes y financiamiento sostenido. La ausencia de estos elementos representa una razón técnica suficiente para no aprobar la medida en este momento, a menos que se garantice que dichos factores estarán plenamente atendidos en su implementación. Cualquier aprobación sin estos cimientos correría el riesgo de convertir una política valiosa en una aspiración inejecutable.

ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (en adelante, AMPR) expresó su respaldo al Proyecto, reconociendo el valor de las Bellas Artes en el desarrollo integral del estudiantado. Sin embargo, en su análisis del contexto socioeconómico y fiscal del sistema educativo actual, así como de la historia reciente de recortes y limitaciones presupuestarias, la AMPR identifica una serie de factores estructurales y económicos que constituyen argumentos sustanciales para no aprobar la medida sin antes garantizar las condiciones mínimas para su implementación efectiva.

Uno de los principales señalamientos gira en torno al impacto de la crisis económica y las políticas de austeridad impuestas en el país desde hace más de 15 años. Estas medidas fiscales, dirigidas principalmente a cumplir con la Ley PROMESA y las exigencias de la Junta de Control Fiscal, han resultado en la eliminación masiva de plazas docentes, reducción en la oferta académica, y la desaparición de numerosos programas culturales y artísticos en las escuelas públicas. La AMPR recalca que las Bellas Artes han sido uno de los componentes más golpeados por estos recortes, lo cual evidencia la fragilidad del sistema actual para sostener, siquiera, la oferta mínima en esta área.

La Asociación denuncia que esta situación ha provocado la eliminación de oportunidades para el desarrollo del talento artístico estudiantil y ha limitado el acceso al disfrute de los bienes culturales. Advierte que la aprobación de la medida, sin una inyección de recursos adecuada, corre el riesgo de convertirse en una política simbólica sin capacidad real de transformación, perpetuando las desigualdades que ya existen en el sistema.

En apoyo a su análisis, la AMPR cita estudios como el publicado por el Othering & Belonging Institute de la Universidad de California en Berkeley, y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, en el cual se demuestra que el cierre masivo de escuelas ha generado costos sociales y económicos sustanciales, especialmente en comunidades de bajos recursos. Estos cierres, que pretendían ahorrar fondos, en realidad han tenido un efecto devastador en la retención escolar, incrementando la deserción y los gastos de las familias. Este contexto sugiere que iniciativas como la que propone el P. del S. 325 solo podrían tener éxito si están acompañadas de una política pública coherente, sustentada en planificación estructural y recursos fiscales reales.

La AMPR también destaca que cualquier transformación significativa (como la integración obligatoria de cursos de Bellas Artes en todos los niveles) requiere de un sistema que valore y fortalezca la profesión docente. En ese sentido, advierten que el éxito del proyecto depende no solo del texto legislativo, sino de su implementación realista, lo cual incluye autonomía profesional para los docentes, condiciones laborales dignas y el reclutamiento efectivo de maestros especialistas en arte, música, teatro y danza. Si no se atienden estos factores, la medida podría tener efectos contraproducentes, cargando aún más a un sistema que ya se encuentra debilitado.

Finalmente, la Asociación subraya que la educación artística solo puede florecer en un entorno que respete la función de la escuela como espacio físico, estructurado y funcional. El deterioro de las facilidades escolares y la ausencia de materiales adecuados son realidades cotidianas en muchas escuelas públicas, y representarían una barrera inmediata para cumplir con las disposiciones de la ley propuesta. Por ello, insisten en la importancia de proteger y aumentar el financiamiento público antes de expandir mandatos curriculares de esta envergadura.

En conclusión, aunque la AMPR respalda la intención y el contenido de la medida, deja implícitamente claro que su implementación efectiva está condicionada a la existencia de recursos fiscales, voluntad gubernamental sostenida, infraestructura escolar adecuada y un entorno laboral fortalecido para el magisterio. En ausencia de estos componentes, la aprobación del Proyecto del Senado 325 en este momento podría ser prematura y contraproducente, agravando las deficiencias estructurales existentes en lugar de corregirlas.

FEDERACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO

La Federación de Maestros de Puerto Rico (en adelante FMPR), expresa su apoyo a la medida. No obstante, aunque respalda la restauración del currículo de Bellas Artes en las escuelas públicas, ofrece un análisis crítico del contexto educativo actual que revela profundas deficiencias estructurales, ideológicas y operacionales en el sistema de educación pública. Estas condiciones hacen evidente que la aprobación del proyecto sin atender previamente esos problemas podría resultar contraproducente e incluso inviable.

El memorial parte reconociendo una realidad ampliamente compartida: el sistema educativo ha sido transformado en las últimas décadas para responder a una visión de eficiencia económica y cumplimiento con políticas neoliberales, particularmente las exigidas por la Junta de Control Fiscal. Esta orientación ha provocado un progresivo vaciamiento del contenido curricular humanista, el cierre de cientos de planteles escolares y una reducción drástica en la oferta académica de las artes. En palabras de la FMPR, la política pública actual ha marginado las artes, reduciéndolas a lo decorativo o prescindible, en contraste con asignaturas que se consideran más rentables para el mercado, como matemáticas y ciencias.

La Federación denuncia que, a pesar de que la Ley 85-2018 invoca una filosofía educativa inspirada en los principios de Eugenio María de Hostos y Paulo Freire —centrada en la formación humanista, crítica y democrática del estudiantado—, la práctica ha sido diametralmente opuesta: la reducción de contenidos, la eliminación de cursos de música, teatro, baile y artes plásticas, y la supeditación de todo el currículo a las pruebas estandarizadas. Esta contradicción entre teoría y ejecución legislativa constituye un argumento central para cuestionar la viabilidad de implementar una nueva política pública como la que propone el P. del S. 325, sin corregir primero las distorsiones sistémicas que han desmantelado la educación artística.

Además, la FMPR cita estudios y posturas teóricas de académicos como Isabel Palacios, Adolfo Sánchez Vázquez y Elliot Eisner, quienes señalan que la reducción de la educación artística responde a un sistema que privilegia lo económico sobre lo humano, y que ignora la diversidad de formas de representación y aprendizaje que las artes promueven. Esta crítica permite inferir que aprobar la medida sin transformar el modelo educativo dominante sería simplemente un gesto simbólico, sin efectos reales en la experiencia escolar del estudiantado.

Por otro lado, el memorial advierte que el sistema educativo actual no está preparado, ni en estructura ni en visión, para absorber una reforma como la que propone el P. del S. 325. No se menciona, por ejemplo, un compromiso presupuestario específico que garantice la contratación de personal docente capacitado, la rehabilitación de espacios adecuados, ni la compra de materiales didácticos esenciales para la enseñanza artística. En ausencia de estos elementos, cualquier mandato legal de ampliar el ofrecimiento de Bellas Artes corre el riesgo de caer en la inoperancia o, peor aún, de desplazar otros programas igualmente importantes sin resolver el problema de fondo.

En síntesis, la ponencia de la Federación de Maestros de Puerto Rico reafirma que el proyecto tiene méritos pedagógicos incuestionables, pero la situación actual del sistema educativo es incompatible con su implementación efectiva. Las consecuencias de décadas de recortes presupuestarios y la ausencia de recursos tangibles constituyen obstáculos insalvables si no se atienden antes de aprobar la medida.

Por tanto, la lectura crítica del memorial permite concluir que la medida no debe aprobarse hasta tanto se asegure un andamiaje fiscal, estructural y pedagógico que permita su implantación con la seriedad y efectividad que amerita.

UNIÓN NACIONAL DE EDUCADORES Y TRABAJADORES

DE LA EDUCACIÓN (UNETE)

La organización UNETE expresa su respaldo al Proyecto del Senado 325, reconociendo que la educación artística es una herramienta esencial para el desarrollo integral del estudiantado. No obstante, a lo largo del memorial se identifican limitaciones estructurales y organizativas que, si no son atendidas antes de su aprobación e implementación, podrían comprometer seriamente los objetivos del proyecto y su viabilidad real.

Uno de los señalamientos más significativos es que, aunque la medida establece aspiraciones nobles (como la integración de cursos de Bellas Artes en todos los niveles escolares impartidos por personal capacitado), no se garantiza en el texto legislativo la asignación de recursos suficientes ni una estructura clara para la ejecución inmediata. La organización recalca que, para cumplir con lo propuesto, es imprescindible considerar estos elementos en los procesos de organización escolar del año académico en curso (2024-2025), lo cual requiere planificación urgente y realista. De lo contrario, se corre el riesgo de establecer una ley que, al entrar en vigor, encuentre al sistema desprevenido y sin capacidad para ejecutarla adecuadamente.

Asimismo, aunque UNETE valora el establecimiento de alianzas comunitarias y la ampliación del currículo, no deja de señalar que toda esta ampliación curricular debe ir acompañada de una planificación organizacional detallada que incluya procesos logísticos como la contratación de personal, adecuación de horarios escolares y disponibilidad de salones. Si estas condiciones no se materializan de forma inmediata y efectiva, se estaría imponiendo una carga adicional a un sistema que ya enfrenta limitaciones operativas y fiscales.

Otro punto crítico es el diseño de evaluación contenido en la Sección 17 del proyecto. UNETE advierte que la obligación de entregar informes detallados de implementación apenas meses después de su aprobación exige una integración inmediata en los procesos escolares que ya están en curso, lo cual puede ser impráctico si no se ha iniciado con suficiente antelación.

Concluyen mencionando que el respaldo de ÚNETE a la medida va acompañado de un llamado implícito a que no se apruebe la ley sin antes asegurar que su ejecución será viable y sustentable. Esto incluye atender aspectos como: disponibilidad de presupuesto, contratación de maestros de Bellas Artes, integración en la organización escolar vigente, preparación de infraestructura, y colaboración efectiva con entidades externas. En ausencia de estos elementos, el proyecto corre el riesgo de convertirse en una promesa sin cumplimiento, o de generar frustración y sobrecarga en el sistema educativo público.

FUNDACIÓN ARTURO SOMOHANO

La Fundación Arturo Somohano, mediante su memorial explicativo, manifiesta un sólido respaldo al Proyecto del Senado 325, reconociendo la urgencia de reincorporar las Bellas Artes como parte integral y obligatoria del currículo en las escuelas públicas del país. La entidad valora profundamente el papel transformador del arte en la educación y argumenta que esta política contribuiría al desarrollo cognitivo, social, cultural y emocional de los estudiantes, además de fortalecer la identidad puertorriqueña. Sin embargo, dentro del propio apoyo, el texto revela implícitamente una serie de condiciones estructurales, organizativas y presupuestarias cuya ausencia comprometería la viabilidad real del proyecto.

En primer lugar, el memorial parte de una visión idealizada del sistema educativo, al considerar que el Departamento de Educación tiene la responsabilidad constitucional de desarrollar el pensamiento crítico y cultivar talentos en todas las áreas, incluyendo las artísticas. No obstante, en ningún momento se reconoce que el sistema educativo actual no cuenta con la infraestructura ni con el personal necesario para implementar de forma inmediata una política como la propuesta, lo cual se convierte en un obstáculo práctico importante.

La Fundación también propone que las artes pueden actuar como herramientas para atender problemas de salud mental, una preocupación válida y creciente en el entorno escolar. Pero, al señalar la falta de profesionales de la conducta humana en las escuelas y la escasez de recursos terapéuticos, revela indirectamente que el sistema educativo no está preparado actualmente para asumir esta nueva función sin una planificación interagencial, recursos adicionales y apoyo económico sustancial.

En conclusión, aunque la Fundación Arturo Somohano endosa la medida, el propio memorial evidencia que su implementación exige una serie de requisitos estructurales que actualmente no están asegurados. Esto incluye planificación curricular, contratación de personal especializado, adaptación de espacios físicos, acceso a materiales y coordinación intersectorial. En ausencia de estos elementos, aprobar la medida en su estado actual podría representar un riesgo de inejecución, frustración comunitaria o desplazamiento de otros programas educativos esenciales.

SR. JORGE A. RODRÍGUEZ TORRES

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES

DE LA ESCUELA LIBRE DE MÚSICA DE ARECIBO

El memorial presentado por Jorge Arturo Rodríguez Torres, estudiante de la Escuela Libre de Música de Arecibo, constituye un testimonio conmovedor y apasionado a favor de las Bellas Artes en el sistema educativo público. A través de su experiencia personal como pianista y joven artista, el estudiante resalta el valor formativo, emocional y social que el arte tiene en su vida y en la de sus compañeros. Reconoce a las Bellas Artes como un canal de expresión, integración, identidad cultural y crecimiento cognitivo. No obstante, y aunque su posición es de apoyo a la medida, el texto también revela de forma implícita deficiencias estructurales y condiciones adversas dentro del sistema educativo actual, que representan razones legítimas para no aprobar la medida sin antes garantizar los medios para su implementación efectiva.

Uno de los elementos más significativos es su denuncia sobre el trato que reciben los maestros de Bellas Artes. Relata el caso de su padre, maestro de música jubilado, quien durante años careció incluso de un salón para impartir sus clases. Este testimonio revela una realidad que no es aislada: la falta de infraestructura básica para desarrollar adecuadamente los cursos de esta área. Esta carencia estructural plantea un serio obstáculo para ejecutar la medida propuesta en el P. del S. 325, ya que resultaría contradictorio ordenar un aumento en la oferta de cursos de Bellas Artes sin proveer el espacio físico, el personal ni los materiales necesarios.

El memorial también destaca que los estudiantes han tenido que recurrir a crear agrupaciones artísticas por su cuenta, sin respaldo institucional suficiente, para poder canalizar sus talentos. Esta observación, aunque presentada como una muestra de perseverancia estudiantil, deja al descubierto que el sistema educativo no está preparado actualmente para cumplir con las exigencias del proyecto.

En conclusión, aunque el memorial defiende de forma emotiva y sincera la educación artística, también revela una serie de condiciones que obstaculizarían la implementación de la medida. Estas incluyen la carencia de salones adecuados, y la falta de recursos específicos para promover el desarrollo artístico en las escuelas. Aprobar la medida sin atender previamente estas realidades significaría imponer un mandato inalcanzable para muchas escuelas públicas del país.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 325, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

El Proyecto del Senado 325 representa una propuesta legislativa extraordinaria en cuanto a su contenido, propósito e impacto potencial en la formación integral del estudiantado del sistema público de enseñanza. No cabe duda de que integrar las Bellas Artes como parte esencial del currículo escolar constituye un paso firme hacia una educación más completa, inclusiva y transformadora. Así lo han reconocido múltiples sectores, incluyendo estudiantes, docentes, instituciones educativas y entidades culturales, quienes coincidieron en destacar los beneficios cognitivos, emocionales, sociales y culturales de una educación artística bien estructurada y accesible.

Sin embargo, tras evaluar con detenimiento los memoriales explicativos recibidos (particularmente los del Departamento de Educación, la Asociación de Maestros, la Federación de Maestros, UNETE, el Conservatorio de Música, la Fundación Arturo Somohano y aportaciones ciudadanas) resulta evidente que el sistema educativo no cuenta en este momento con los recursos económicos, humanos ni estructurales necesarios para implementar esta medida de forma efectiva y responsable. Se ha documentado la falta de salones adecuados, la escasez de docentes especializados, la inexistencia de materiales e instrumentos, y la sobrecarga administrativa que implicaría reorganizar la oferta académica sin respaldo fiscal adicional.

Aprobar esta legislación sin atender previamente esas limitaciones podría generar frustración, desorganización escolar e, incluso, el debilitamiento de otros programas esenciales que ya operan con restricciones. Si bien la intención del proyecto es legítima y admirable, su ejecución exige una inversión considerable de fondos, planificación estructurada y un compromiso firme con la transformación curricular, condiciones que en el presente no están garantizadas. Por tanto, se concluye que, aunque la medida es una de gran valor educativo y cultural, no debe aprobarse en este momento, en tanto el Departamento de Educación de Puerto Rico no dispone de los recursos necesarios para su implantación adecuada.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico previo al estudio y consideración del Proyecto del Senado 325, no recomienda la aprobación de la medida.

Respetuosamente sometido,

Hon. Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura

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