GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea	    1ra.   Sesión 
       Legislativa									      Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. del S. 329
INFORME POSITIVO
	

23 de junio de 2025


A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Proyecto del Senado 329, recomienda su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 329, según aprobado por el Senado de Puerto Rico el 7 de abril de 2025, tiene el propósito de crear la "Ley de Uniformidad de Servicios Mediante Interface de Programación de Aplicaciones en el Gobierno de Puerto Rico", a los fines de establecer el marco regulatorio sobre el uso, desarrollo, adquisición y propiedad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) en el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, con el propósito de garantizar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad entre agencias, la protección de la información del gobierno y los contribuyentes, evitar la dependencia de proveedores externos, y crear un sistema único de identidad digital para los contribuyentes con el fin de eliminar la duplicidad de gestiones y uniformar los servicios gubernamentales mediante el uso de APIs, entre otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El avance tecnológico exige que el Gobierno de Puerto Rico implemente soluciones modernas y eficientes para mejorar el flujo de información entre sus agencias y los contribuyentes. Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) permiten la comunicación segura y efectiva entre sistemas, optimizando los servicios públicos. Sin embargo, la dependencia de proveedores externos ("vendors") para el desarrollo y mantenimiento de APIs ha generado preocupaciones sobre la soberanía tecnológica, la privacidad de los datos y el uso apropiado de recursos públicos.

Esta ley asegura que, una vez el Gobierno de Puerto Rico invierta en APIs, estas sean consideradas propiedad exclusiva del Estado y sus instrumentalidades, eliminando barreras para cambios de proveedores y promoviendo la transparencia en la gestión tecnológica. Además, las APIs deben cumplir con normativas de seguridad y privacidad, alineadas con leyes existentes como la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como Ley de Gobierno Electrónico de Gobierno de Puerto Rico y la Ley 141-2019, según enmendada. Conocida como la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se establece la creación de un sistema de identidad digital único para los contribuyentes, el cual permitirá la interconexión entre todas las agencias gubernamentales mediante APIs, eliminando la redundancia de datos, reduciendo la burocracia y facilitando la gestión de servicios públicos. Esto contribuirá a una administración más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

AnÁlisis de la Medida

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto del Senado, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes analizó los memoriales explicativos recibidos por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, por parte de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, Puerto Rico Innovation Technology Cluster, Giancarlo González Ascar, Internet Society Puerto Rico Chapter y Onboard, LLC. 

Además, la Comisión Cameral Informante recibió los comentarios del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, sobre la medida ante nuestra consideración.  A continuación, se desprende la posición expuesta por cada una de las instrumentalidades consultadas.

Puerto rico innovation and technology service

El Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS) presentó ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico su posición oficial en respaldo al Proyecto del Senado 329. 

PRITS respalda la medida por su potencial para transformar la administración pública al optimizar servicios, reducir duplicidades y fortalecer la infraestructura tecnológica del gobierno. Destacó que el proyecto se alinea con la política pública contenida en la Ley Núm. 75-2019 y que su agencia ya ha comenzado esfuerzos relacionados, como la orden administrativa OA-IDEA-2025-003 que impulsa el uso de APIs bajo su coordinación.

El memorial resalta los beneficios de las APIs en el contexto gubernamental: automatización de procesos, integración tecnológica, innovación, eficiencia y seguridad. También identifica los problemas históricos como la dependencia de proveedores externos, falta de estandarización tecnológica, y fragmentación digital, que han limitado la capacidad del gobierno para operar eficientemente.

En ese contexto, PRITS enfatiza la importancia de que las APIs desarrolladas con fondos públicos sean propiedad exclusiva del Estado. Esto evitaría restricciones impuestas por terceros, garantizaría la continuidad operativa, y preservaría la soberanía tecnológica. PRITS se compromete a ejercer las funciones asignadas en el Artículo 8 del proyecto, incluyendo la supervisión, auditoría, desarrollo reglamentario, coordinación con las agencias, y aplicación de sanciones.

Finalmente, se subraya que el proyecto fortalece la ciberseguridad gubernamental al imponer mecanismos de protección como el cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor, en cumplimiento con la Ley de Ciberseguridad de Puerto Rico (Ley Núm. 40-2024). PRITS concluye expresando su respaldo a la aprobación del P. del S. 329 y reafirma que esta legislación es un paso decisivo hacia una administración pública moderna, segura, y centrada en la tecnología.

COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) comenzó su ponencia estableciendo que el Proyecto del Senado 329 representa un paso importante hacia la transformación digital del aparato gubernamental, con el objetivo de fomentar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad, la eficiencia y la protección de datos sensibles del Estado y de sus ciudadanos.

Indicó que esta medida tiene el potencial de fortalecer la soberanía tecnológica, mejorar la interoperabilidad e identidad digital única, así como la seguridad de la información, al reconocer la importancia de implementar cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactorial para proteger la información.  

Sugirió que la medida debe expresar compatibilidad con las normativas federales de Estados Unidos, tales como el Federal Information Security Modernization Act (FISMA), HIPAA, y GLBA, que aplican a sistemas gubernamentales.  A su vez, sugiere que se especifiquen requisitos claros para garantizar la entrega de código fuente, documentación y credenciales para la continuidad de las APIs.
Sobre el aspecto de fortalecimiento de los requisitos de seguridad, sugirieron incluir en el texto de la ley, la obligatoriedad de aplicar controles de seguridad del NIST SP 800-53 e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) conforme a la norma ISO/IEC 27001 o más recientes.  De igual manera, recomendaron establecer mecanismo de auditoría externa para verificar la seguridad y el cumplimiento de los requisitos técnicos de las APIs.  Igualmente, recomendaron que todas las APIs desarrolladas o adquiridas con fondos públicos pasen por un proceso de validación que incluya revisión de código fuente; pruebas de penetración (Pentesting); evaluación del ciclo de vida del software; proceso de validación de computadoras para evaluar la seguridad y el correcto funcionamiento de las APIs. 

A su vez, el CIAPR recomendó incorporar la participación de Ingenieros Licenciados, debidamente acreditados según las leyes vigentes de Puerto Rico en el diseño, desarrollo, validación y certificación de APIs.

PUERTO RICO INFORMATION TECHNOLOGY CLUSTER

El Puerto Rico Information Technology Cluster (PRITC) presentó su posición oficial sobre el Proyecto del Senado 329, reconociendo su relevancia para la modernización digital del Gobierno de Puerto Rico y respaldando sus objetivos principales. El PRITC enfatizó que esta legislación tiene el potencial de fortalecer la soberanía tecnológica, mejorar la interoperabilidad entre agencias, proteger la información gubernamental y de los contribuyentes, reducir la dependencia de proveedores externos, e implementar un sistema único de identidad digital. Además, expresó su apoyo a varias disposiciones clave del proyecto, como la exigencia de estándares abiertos, la implementación de protocolos de seguridad robustos, y el fomento del talento y los negocios locales en el sector tecnológico.

No obstante, el PRITC también planteó recomendaciones puntuales para mejorar el alcance y viabilidad del proyecto. Entre ellas, solicitó una mayor claridad sobre la participación de proveedores y los derechos de propiedad intelectual, permitiendo que estos conserven derechos sobre mejoras no financiadas exclusivamente por el gobierno. También recomendó extender el cronograma de implementación de 12 a 24 meses, estableciendo programas piloto para facilitar la transición. Además, sugirió que la Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) cuente con los recursos necesarios para supervisar la implementación y que se cree un comité asesor multisectorial.

El PRITC advirtió sobre los riesgos de interrumpir contratos existentes sin una transición estructurada, y propuso fomentar la colaboración público-privada mediante subvenciones y espacios de prueba para nuevas soluciones tecnológicas. Finalmente, subrayó la importancia de que PRITS exprese públicamente su respaldo al proyecto y confirme su alineación con sus objetivos. El PRITC reiteró su disposición a colaborar con los legisladores, las agencias gubernamentales y la industria para garantizar una implementación exitosa del Proyecto del Senado 329.

GIANCARLO GONZÁLEZ ASCAR

En su ponencia ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado, el Sr. Giancarlo González expresó su firme respaldo al Proyecto del Senado 329, destacándolo como una legislación fundamental para la modernización digital del Gobierno de Puerto Rico. El proyecto propone establecer un marco regulatorio para el desarrollo, uso y propiedad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs), con el fin de fomentar la interoperabilidad, aumentar la transparencia y mejorar la eficiencia en la gestión gubernamental.

González señaló que muchas agencias gubernamentales en Puerto Rico carecen de la capacidad para desarrollar y mantener APIs, dependen de proveedores externos que controlan sistemas críticos, y enfrentan restricciones presupuestarias que limitan su acceso a tecnologías modernas. Estas deficiencias resultan en procesos ineficientes, costosos y lentos que afectan negativamente a ciudadanos y empresas. Ante esto, recomendó que cada agencia identifique sus sistemas críticos y garantice que estos cuenten con APIs documentadas y registradas en un repositorio central, gestionado por PRITS. Además, enfatizó la necesidad de que los proveedores de tecnología aseguren la interoperabilidad entre sistemas, promoviendo la competencia y evitando prácticas monopolísticas.

Como ejemplos de éxito, citó el sistema EDGAR de la SEC en EE.UU., que permite el acceso automatizado y estructurado a datos regulatorios mediante una API pública, y la infraestructura X-Road en Estonia, que posibilita que más del 99% de los servicios gubernamentales se realicen en línea gracias a una arquitectura de APIs segura y descentralizada.

González también resaltó los serios vacíos de interoperabilidad digital en Puerto Rico. Señaló la falta de APIs públicas en plataformas clave como SURI, el Single Business Portal, el Departamento de Seguridad Pública, AAA, LUMA y el Registro de la Propiedad. Esta ausencia de conectividad genera duplicación de procesos, trámites manuales innecesarios y costos elevados para el Estado y el sector privado.

González propuso la creación de un Repositorio Central de APIs Gubernamentales bajo la supervisión de PRITS. Este repositorio actuaría como un punto único de acceso regulado a las APIs del gobierno, asegurando su disponibilidad, seguridad y utilidad en beneficio de Puerto Rico y de una administración pública más ágil, moderna y eficiente.
Finalmente, indicó que la regulación de APIs no es solo una cuestión tecnológica; es una necesidad urgente para mejorar la eficiencia gubernamental y reducir la burocracia. Implementar un sistema de interoperabilidad bien estructurado:
Disminuirá costos administrativos.
Agilizará trámites para ciudadanos y empresas.
Promoverá el desarrollo tecnológico local.
Fortalecerá la transparencia y el acceso a la información.

En conclusión, manifestó que el Proyecto del Senado 329 es un paso esencial para lograr que Puerto Rico pueda posicionarse como un líder en modernización digital en el Caribe. 
INTERNET SOCIETY PUERTO RICO CHAPTER

El Internet Society Puerto Rico Chapter describe en su memorial que las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) juegan un papel crucial en la transformación digital del gobierno. Estas herramientas facilitan la interoperabilidad entre sistemas gubernamentales, permitiendo la automatización y optimización de procesos administrativos. Además, son fundamentales para garantizar una gestión de datos eficiente y segura, lo que elimina la duplicidad de trámites para ciudadanos y empresas. Esto contribuye significativamente a la transparencia gubernamental al facilitar el acceso a datos abiertos y servicios digitales. 

A su vez, destaca que entre los beneficios clave que identifican en la medida son el fortalecimiento de la soberanía tecnológica, al disminuir la dependencia de proveedores externos mediante la adopción de estándares abiertos; el fortalecimiento de la seguridad y protección de los datos gubernamentales; la optimización de los recursos públicos mediante la reducción de redundancias y costos por medio de plataformas unificadas; y el fomento a la innovación tecnológica a través de la participación activa de empresas locales. 

No obstante, también se señalan varios retos que deben atenderse, tales como la necesidad de definir protocolos abiertos y estándares internacionales para garantizar la interoperabilidad entre sistemas; establecer una entidad supervisora que vele por la privacidad y la ciberseguridad en la administración de las APIs; promover un ecosistema inclusivo que integre a las pequeñas y medianas empresas, e implementar un sistema de identidad digital robusto que utilice autenticación multifactor y tecnologías seguras para proteger la identidad de los ciudadanos. Para su implementación

Para garantizar la interoperabilidad entre agencias, se recomienda la adopción de un marco regulador basado en estándares abiertos como RESTful APIs, GraphQL y OAuth 2.0, el desarrollo de un ecosistema local de innovación mediante alianzas con universidades y empresas emergentes, y la creación de un sistema de gobernanza multisectorial que supervise el cumplimiento del proyecto. 

Además, proponen que el sistema cuente con una plataforma centralizada, multilingüe, compatible con dispositivos móviles, y accesible a todas las personas, garantizando así inclusión y equidad en el acceso a los servicios digitales. La Internet Society reitera su respaldo al proyecto y su disposición a colaborar activamente para lograr una implementación efectiva que promueva la modernización, seguridad y accesibilidad digital en Puerto Rico.

ONBOARD, LLC

La empresa Onboard, LLC, representada por su presidenta Nannette Martínez Ortiz, profesional certificada en seguridad de sistemas de información y pasada directora ejecutiva de PRITS, presentó sus comentarios sobre el Proyecto del Senado 329, expresando su respaldo a la modernización del gobierno mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs) para mejorar la eficiencia, interoperabilidad y seguridad de los servicios públicos. Sin embargo, señala aspectos que deben analizarse para evitar limitaciones innecesarias.

En cuanto a la propiedad de las APIs recomiendan aclarar que solo las APIs desarrolladas para integrar sistemas gubernamentales serán propiedad exclusiva del gobierno, evitando restricciones que limiten el uso de tecnologías innovadoras con propiedad intelectual.

Sobre el uso de estándares abiertos (open sources), su recomendación fue que, aunque promover softwares de códigos abiertos es positivo para la soberanía tecnológica, no debe imponerse como requisito legal debido a que las soluciones propietarias pueden ser más robustas en seguridad, escalabilidad y accesibilidad. Además, recomiendan adoptar una plataforma basada en protocolos existentes de autenticación y autorización en lugar de crear una nueva desde cero, pues la adopción de estos estándares facilitaría la auditoría de accesos y el cumplimiento normativo.

Concluyen destacando la importancia de la flexibilidad tecnológica, evitando regulaciones que limiten el uso de herramientas avanzadas y enfatizan que las mejores prácticas en seguridad y modernización deben definirse a nivel de políticas y estándares técnicos.

IMPACTO FISCAL

Conforme al Informe emitido por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), Informe 2025-156, mayo 2025, establece:
"El costo fiscal de establecer el marco regulatorio para el uso y gestión de APIs no conlleva impacto fiscal por encontrarse dentro de las facultades inherentes del Gobierno de Puerto Rico y de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). Sin embargo, las disposiciones que se encuentran en el Artículo 5(d) y 9(b) de la medida pueden sugerir costos que no se pueden determinar. Por una parte, la creación de un mecanismo de identificación única pudiera conllevar gastos adicionales al PRITS de desarrollarse con recursos externos, mientras que no podemos determinar el impacto sobre el mandato de renegociación o cancelación de contratos debido a que depende de una evaluación caso a caso."  Énfasis en el original.

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisiónde Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la Proyecto del Senado 329, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 


Respetuosamente sometido,




Hon. Víctor L. Parés-Otero
Presidente
Comisión de Gobierno