GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea	    1ra.   Sesión 
       Legislativa									   Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
P. del S. 329
INFORME POSITIVO

2 de abril de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Proyecto del Senado 329, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 
ALCANCE DE LA MEDIDA

Para establecer el marco regulatorio sobre el uso, desarrollo, adquisición y propiedad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) en el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, con el propósito de garantizar la soberanía tecnológica, la interoperabilidad entre agencias, la protección de la información del gobierno y los contribuyentes, evitar la dependencia de proveedores externos, y crear un sistema único de identidad digital para los contribuyentes con el fin de eliminar la duplicidad de gestiones y uniformar los servicios gubernamentales mediante el uso de APIs; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN
El avance tecnológico exige que el Gobierno de Puerto Rico implemente soluciones modernas y eficientes para mejorar el flujo de información entre sus agencias y los contribuyentes. Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) permiten la comunicación segura y efectiva entre sistemas, optimizando los servicios públicos. Sin embargo, la dependencia de proveedores externos ("vendors") para el desarrollo y mantenimiento de APIs ha generado preocupaciones sobre la soberanía tecnológica, la privacidad de los datos y el uso apropiado de recursos públicos.
Esta ley asegura que, una vez el Gobierno de Puerto Rico invierta en APIs, estas sean consideradas propiedad exclusiva del Estado y sus instrumentalidades, eliminando barreras para cambios de proveedores y promoviendo la transparencia en la gestión tecnológica. Además, las APIs deben cumplir con normativas de seguridad y privacidad, alineadas con leyes existentes como la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como Ley de Gobierno Electrónico de Gobierno de Puerto Rico y la Ley 141-2019, según enmendada. Conocida como la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se establece la creación de un sistema de identidad digital único para los contribuyentes, el cual permitirá la interconexión entre todas las agencias gubernamentales mediante APIs, eliminando la redundancia de datos, reduciendo la burocracia y facilitando la gestión de servicios públicos. Esto contribuirá a una administración más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.
AnÁlisis de la Medida

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del presente Proyecto del Senado, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico analizó los memoriales explicativos recibidos por parte de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, Puerto Rico Innovation Technology Cluster, Giancarlo González Ascar, Internet Society Puerto Rico Chapter y Onboard, LLC. A continuación, se desprende la posición expuesta por cada una de las instrumentalidades consultadas.

Puerto rico innovation and technology service
El Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS) presentó ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico su posición oficial en respaldo al Proyecto del Senado 329. 
PRITS respalda la medida por su potencial para transformar la administración pública al optimizar servicios, reducir duplicidades y fortalecer la infraestructura tecnológica del gobierno. Destacó que el proyecto se alinea con la política pública contenida en la Ley Núm. 75-2019 y que su agencia ya ha comenzado esfuerzos relacionados, como la orden administrativa OA-IDEA-2025-003 que impulsa el uso de APIs bajo su coordinación.
El memorial resalta los beneficios de las APIs en el contexto gubernamental: automatización de procesos, integración tecnológica, innovación, eficiencia y seguridad. También identifica los problemas históricos como la dependencia de proveedores externos, falta de estandarización tecnológica, y fragmentación digital, que han limitado la capacidad del gobierno para operar eficientemente.
En ese contexto, PRITS enfatiza la importancia de que las APIs desarrolladas con fondos públicos sean propiedad exclusiva del Estado. Esto evitaría restricciones impuestas por terceros, garantizaría la continuidad operativa, y preservaría la soberanía tecnológica. PRITS se compromete a ejercer las funciones asignadas en el Artículo 8 del proyecto, incluyendo la supervisión, auditoría, desarrollo reglamentario, coordinación con las agencias, y aplicación de sanciones.
Finalmente, se subraya que el proyecto fortalece la ciberseguridad gubernamental al imponer mecanismos de protección como el cifrado de extremo a extremo y autenticación multifactor, en cumplimiento con la Ley de Ciberseguridad de Puerto Rico (Ley Núm. 40-2024). PRITS concluye expresando su respaldo a la aprobación del P. del S. 329 y reafirma que esta legislación es un paso decisivo hacia una administración pública moderna, segura, y centrada en la tecnología.
PUERTO RICO INFORMATION TECHNOLOGY CLUSTER
El Puerto Rico Information Technology Cluster (PRITC) presentó su posición oficial sobre el Proyecto del Senado 329, reconociendo su relevancia para la modernización digital del Gobierno de Puerto Rico y respaldando sus objetivos principales. El PRITC enfatizó que esta legislación tiene el potencial de fortalecer la soberanía tecnológica, mejorar la interoperabilidad entre agencias, proteger la información gubernamental y de los contribuyentes, reducir la dependencia de proveedores externos, e implementar un sistema único de identidad digital. Además, expresó su apoyo a varias disposiciones clave del proyecto, como la exigencia de estándares abiertos, la implementación de protocolos de seguridad robustos, y el fomento del talento y los negocios locales en el sector tecnológico.
No obstante, el PRITC también planteó recomendaciones puntuales para mejorar el alcance y viabilidad del proyecto. Entre ellas, solicitó una mayor claridad sobre la participación de proveedores y los derechos de propiedad intelectual, permitiendo que estos conserven derechos sobre mejoras no financiadas exclusivamente por el gobierno. También recomendó extender el cronograma de implementación de 12 a 24 meses, estableciendo programas piloto para facilitar la transición. Además, sugirió que la Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS) cuente con los recursos necesarios para supervisar la implementación y que se cree un comité asesor multisectorial.
El PRITC advirtió sobre los riesgos de interrumpir contratos existentes sin una transición estructurada, y propuso fomentar la colaboración público-privada mediante subvenciones y espacios de prueba para nuevas soluciones tecnológicas. Finalmente, subrayó la importancia de que PRITS exprese públicamente su respaldo al proyecto y confirme su alineación con sus objetivos. El PRITC reiteró su disposición a colaborar con los legisladores, las agencias gubernamentales y la industria para garantizar una implementación exitosa del Proyecto del Senado 329.
GIANCARLO GONZÁLEZ ASCAR
En su ponencia ante la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado, el Sr. Giancarlo González expresó su firme respaldo al Proyecto del Senado 329, destacándolo como una legislación fundamental para la modernización digital del Gobierno de Puerto Rico. El proyecto propone establecer un marco regulatorio para el desarrollo, uso y propiedad de interfaces de programación de aplicaciones (APIs), con el fin de fomentar la interoperabilidad, aumentar la transparencia y mejorar la eficiencia en la gestión gubernamental.
González señaló que muchas agencias gubernamentales en Puerto Rico carecen de la capacidad para desarrollar y mantener APIs, dependen de proveedores externos que controlan sistemas críticos, y enfrentan restricciones presupuestarias que limitan su acceso a tecnologías modernas. Estas deficiencias resultan en procesos ineficientes, costosos y lentos que afectan negativamente a ciudadanos y empresas. Ante esto, recomendó que cada agencia identifique sus sistemas críticos y garantice que estos cuenten con APIs documentadas y registradas en un repositorio central, gestionado por PRITS. Además, enfatizó la necesidad de que los proveedores de tecnología aseguren la interoperabilidad entre sistemas, promoviendo la competencia y evitando prácticas monopolísticas.
Como ejemplos de éxito, citó el sistema EDGAR de la SEC en EE.UU., que permite el acceso automatizado y estructurado a datos regulatorios mediante una API pública, y la infraestructura X-Road en Estonia, que posibilita que más del 99% de los servicios gubernamentales se realicen en línea gracias a una arquitectura de APIs segura y descentralizada.
González también resaltó los serios vacíos de interoperabilidad digital en Puerto Rico. Señaló la falta de APIs públicas en plataformas clave como SURI, el Single Business Portal, el Departamento de Seguridad Pública, AAA, LUMA y el Registro de la Propiedad. Esta ausencia de conectividad genera duplicación de procesos, trámites manuales innecesarios y costos elevados para el Estado y el sector privado.
Finalmente, propuso la creación de un Repositorio Central de APIs Gubernamentales bajo la supervisión de PRITS. Este repositorio actuaría como un punto único de acceso regulado a las APIs del gobierno, asegurando su disponibilidad, seguridad y utilidad en beneficio de Puerto Rico y de una administración pública más ágil, moderna y eficiente.
INTERNET SOCIETY PUERTO RICO CHAPTER

El Internet Society Puerto Rico Chapter estblece en su ponencia que entre los beneficios clave que identifican se destacan el fortalecimiento de la soberanía tecnológica, al disminuir la dependencia de proveedores externos mediante la adopción de estándares abiertos; el fortalecimiento de la seguridad y protección de los datos gubernamentales; la optimización de los recursos públicos mediante la reducción de redundancias y costos por medio de plataformas unificadas; y el fomento a la innovación tecnológica a través de la participación activa de empresas locales. 
No obstante, también se señalan varios retos que deben atenderse, tales como la necesidad de definir protocolos abiertos y estándares internacionales para garantizar la interoperabilidad, establecer una entidad supervisora que vele por la privacidad y la ciberseguridad, promover un ecosistema inclusivo que integre a las pequeñas y medianas empresas, e implementar un sistema de identidad digital robusto que utilice autenticación multifactor y tecnologías seguras para proteger la identidad de los ciudadanos. Para su implementación, se recomienda la adopción de un marco regulador basado en estándares abiertos como RESTful APIs, GraphQL y OAuth 2.0, el desarrollo de un ecosistema local de innovación mediante alianzas con universidades y empresas emergentes, y la creación de un sistema de gobernanza multisectorial que supervise el cumplimiento del proyecto. 
Además, proponen que el sistema cuente con una plataforma centralizada, multilingüe, compatible con dispositivos móviles, y accesible a todas las personas, garantizando así inclusión y equidad en el acceso a los servicios digitales. La Internet Society reitera su respaldo al proyecto y su disposición a colaborar activamente para lograr una implementación efectiva que promueva la modernización, seguridad y accesibilidad digital en Puerto Rico.

ONBOARD, LLC
La empresa Onboard, LLC presentó sus comentarios sobre el Proyecto del Senado 329, expresando su respaldo a la modernización del gobierno mediante interfaces de programación de aplicaciones (APIs) para mejorar la eficiencia, interoperabilidad y seguridad de los servicios públicos. Sin embargo, señala aspectos que deben analizarse para evitar limitaciones innecesarias.
En cuanto a la propiedad de las APIs recomiendan aclarar que solo las APIs desarrolladas para integrar sistemas gubernamentales serán propiedad exclusiva del gobierno, evitando restricciones que limiten el uso de tecnologías innovadoras con propiedad intelectual.
Sobre el uso de estándares abiertos, su recomendación fue que, aunque promover softwares de códigos abiertos es positivo para la soberanía tecnológica, no debe imponerse como requisito legal debido a que las soluciones propietarias pueden ser más robustas en seguridad y escalabilidad. Además, recomiendan adoptar una plataforma basada en protocolos existentes de autenticación y autorización en lugar de crear una nueva desde cero, pues la adopción de estos estándares facilitaría la auditoría de accesos y el cumplimiento normativo.
Concluyen destacando la importancia de la flexibilidad tecnológica, evitando regulaciones que limiten el uso de herramientas avanzadas y enfatizan que las mejores prácticas en seguridad y modernización deben definirse a nivel de políticas y estándares técnicos.Top of FormBottom of Form
IMPACTO FISCAL

La presente medida no contiene ningún tipo de impacto a las arcas fiscales del Gobierno de Puerto Rico.

CONCLUSIÓN
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la Proyecto del Senado 329, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Respetuosamente sometido,


Wilmer Reyes Berríos 						
Presidente							
Comisión de Ciencia, Tecnología
e Inteligencia Artificial