GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma Asamblea 2da Sesión
Legislativa Ordinaria
SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 52
INFORME FINAL
10 de octubre de 2025
AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio e investigación de la Resolución del Senado 52, presenta ante este Honorable Cuerpo este informe final, con los hallazgos, recomendaciones y conclusiones alcanzadas.
ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resolución del Senado 52 ordenó a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los “Permisos Únicos PYMES”, que han sido otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comerio (DDEC), profesionales autorizados o municipios autónomos con el fin de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes para el mejor manejo de los mismos.
INTRODUCCIÓN
Según reza en la Exposición de Motivos de la R. del S. 52, uno de los mayores retos que enfrentan los empresarios en Puerto Rico es la burocracia asociada al complejo y extenso proceso de obtención de permisos necesarios para establecer negocios, tanto a nivel estatal como municipal. La medida describe que, este obstáculo afecta particularmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante, PYMES)[1]. Las cuales generan un cuarenta y cuatro por ciento (44%) del empleo privado. Estas cifras demuestran que las PYMES constituyen un motor esencial para el desarrollo de las comunidades locales, así como para la innovación y diversificación económica de la isla.
Sin embargo, “la falta de uniformidad en los requisitos y la escasez de personal en las agencias de permisos agravan los problemas, generando un impacto desproporcionado en su capacidad de operar y crecer” (Resolución del Senado 52, según aprobada el 10 de abril de 2025). A diferencia de las grandes corporaciones, las PYMES suelen carecer de los recursos financieros y legales para mitigar los costos adicionales y la incertidumbre administrativa, lo que limita seriamente su competitividad.
El Gobierno de Puerto Rico se ha expresado mediante distintos marcos normativos con el fin de remediar la situación. La Ley PROMESA, en su Capítulo V sobre la Revitalización de la Infraestructura de Puerto Rico, estableció procesos acelerados para proyectos considerados críticos, utilizando como referencia la Ley 76-2000, conocida como la Ley de Procedimientos para Situaciones o Eventos de Emergencia. Aunque las mencionadas disposiciones han resultado beneficiosas para proyectos de gran escala, su implementación “aún no ha resuelto por completo las demoras en la aprobación de permisos para las PYMES” (Resolución del Senado 52, antes citada).
Posteriormente, se promulgó la Ley 19-2017, conocida como la Ley para Simplificar y Transformar el Proceso de Permisos de 2017, que “marcó un hito al establecer un marco regulatorio más eficiente, orientado a centralizar y digitalizar los procesos de permisología” (Resolución del Senado 52, supra). De manera complementaria, el Reglamento Conjunto dispuso que los Permisos Únicos PYMES deben expedirse en un máximo de treinta (30) días desde su radicación, y que si no son atendidos dentro de ese término, “se entenderán como aprobados para todos los efectos legales” (Resolución del Senado 52, supra).
No obstante, se expresa en la R. del S. 52, que persisten los retos que afectan directamente la competitividad de este sector, particularmente en el contexto de la situación económica que atraviesa Puerto Rico, exacerbada por la inflación global y la lenta recuperación tras la pandemia de COVID-19. Ante las mencionadas consideraciones, se considera vital evaluar si la implementación de las disposiciones legales aplicables ha resultado efectiva y si estas han cumplido con el objetivo de agilizar la apertura y operación de las PYMES en Puerto Rico.
Por lo antes expuesto, se consideró meritorio que el Senado de Puerto Rico, por conducto de esta Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, realizara una investigación con el propósito de analizar los resultados de estas medidas, identificar los desafíos enfrentados y delinear áreas de oportunidad que fortalezcan el desarrollo de las PYMES en nuestra jurisdicción.
ALCANCE DEL INFORME
Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación de la presente Resolución, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico solicitó memoriales explicativos al Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico (CUD), la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), la Junta de Planificación de Puerto Rico, la Asociación de Detallistas de Gasolineras de Puerto Rico, la Asociación de Farmacias de la Comunidad, la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, la Asociación de Centros de Cuido Prolongado, los departamentos de Salud, de Desarrollo Económico y de la Familia. Aunque se le solicitó sus comentarios a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y a Empresarios de Puerto Rico, al momento de la redacción de este informe, no se nos había sometido el mismo.
A continuación, se presentan los memoriales explicativos recibidos, relacionados con el estudio e investigación sobre los “Permisos Únicos PYMES”, según lo dispuesto en la Resolución del Senado 52.
DEPARTAMENTO DE SALUD
Por medio de su memorial explicativo, el Departamento de Salud, suscrito por su Secretario, Hon. Víctor Ramos Otero, expresó que la intención de fomentar el desarrollo económico es loable, aunque a su vez explicó que la celeridad en la emisión de permisos conlleva riesgos derivados de operaciones comerciales, de no realizarse una evaluación exhaustiva de los factores de salud ambiental. Se señala que la División de Salud Ambiental del Departamento de Salud tiene la autoridad y responsabilidad legal de asegurar que todo establecimiento o actividad comercial cumpla con los estándares sanitarios y ambientales establecidos en la jurisdicción.
Entre sus recomendaciones, el Departamento enfatiza la necesidad de evaluar si la División de Salud Ambiental cuenta con los recursos humanos, técnicos y tecnológicos suficientes para realizar inspecciones dentro del término de 30 días que establece el Permiso Único PYMES, e identificar cómo fortalecer dichas capacidades de ser necesario. Además, recomendó mejorar la coordinación entre la OGPe, los municipios y la propia División, mediante la creación de una clasificación de PYMES basada en el riesgo sanitario, la implementación de un sistema unificado de permisos que permita la revisión simultánea por todas las agencias pertinentes y el desarrollo de guías claras para facilitar el cumplimiento de los requisitos desde el inicio. Aunque reconoció que la simplificación de trámites es clave para el desarrollo económico, advirtió que esta no debe comprometer la salud y seguridad ciudadana, y destacó que la investigación representa una oportunidad valiosa para balancear la eficiencia económica con la protección de la población, reiterando su disposición a colaborar en este proceso.
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
El Departamento de la Familia, sometió su escrito, firmado por su Secretaria, Hon. Suzanne Roig Fuertes, en sus comentarios a la Resolución del Senado 52, destaca que la misma no impacta el quehacer diario del Departamento. Por ello, otorgó deferencia a las observaciones que pueda presentar la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. No obstante, subrayó su responsabilidad indelegable de velar por la política pública en beneficio de las familias, la niñez y las personas adultas mayores, reafirmando su compromiso de procurar una vida digna, en paz, salud y equidad para todos los ciudadanos.
ASOCIACIÓN DE DETALLISTAS DE GASOLINA DE PUERTO RICO
La Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico (ADGPR), remitió su memorial explicativo, suscrito por su presidente Ramón L. Ortiz Erazo, donde manifestó su apoyo a la investigación propuesta por la Resolución del Senado 52 sobre el otorgamiento de los Permisos Únicos PYMES. La organización señaló que, en el caso de su industria, la apertura de estaciones de gasolina sin una planificación estratégica adecuada ha generado retos para las comunidades y para el desarrollo ordenado del sector, al no considerarse en todos los casos factores ambientales, criterios de ubicación ni preocupaciones comunitarias. Esto, a su juicio, ha propiciado una competencia poco equilibrada que impacta a los detallistas que cumplen responsablemente con los procesos. La ADGPR también destacó que, se supone su organización sea notificada sobre nuevas solicitudes de apertura, un paso importante para que puedan participar en vistas públicas y aportar su experiencia en representación de más del 60% de las estaciones en la Isla. En ese sentido, la Asociación reiteró la importancia de que se garantice la efectividad, transparencia y cumplimiento de los procesos de permisos, procurando un balance adecuado entre la agilidad en los trámites y la atención a los criterios técnicos, ambientales y comunitarios.
ASOCIACIÓN DE DUEÑOS DE CENTROS
DE CUIDADO DE LARGA DURACIÓN
La Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración (ADCCLD), que representa a operadores licenciados de hogares y centros de cuidado para personas de edad avanzada, presentó sus comentarios sobre la Resolución del Senado 52, según suscritos por su presidenta, la Dra. Minerva Gómez Ramos. La organización valoró la investigación legislativa como una oportunidad importante para analizar los retos que enfrentan las PYMES y, en particular, el sector de cuido prolongado. Expresaron que el proceso de permisos resulta complejo para estas facilidades, pues además del Permiso Único deben cumplir con licencias adicionales del Departamento de Salud, Bomberos, el Departamento de la Familia y Administración de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
Entre los asuntos destacados, la organización señaló la importancia de atender la aplicación retroactiva de los Códigos de Construcción, ya que según describieron, en el pasado esta situación generó requerimientos difíciles de cumplir con la infraestructura existente y reducciones en la capacidad de residentes, lo que pudo haber limitado la continuidad de los servicios a adultos mayores. Asimismo, plantearon que resultaría más adecuado que los procesos de renovación se enfoquen en las licencias específicas relacionadas con la salud y la seguridad, en lugar de requerir la renovación del Permiso Único en su totalidad.
Con el fin de atender los retos identificados, la Asociación resaltó varias recomendaciones para mejorar el proceso de obtención y renovación de permisos. En primer lugar, subrayó la necesidad de reconocer la naturaleza dual del sector, que requiere tanto una licencia sanitaria como una licencia de operación, e integrar al Departamento de la Familia y a ASSMCA en cualquier reforma del proceso de permisos que afecte servicios humanos especializados. Asimismo, propuso establecer un protocolo único de coordinación interagencial que vincule directamente al DDEC (OGPe), Bomberos, Salud y Familia, además de garantizar la representación del sector de cuido prolongado en comités asesores o vistas públicas.
A su vez, la Asociación destacó la importancia de que los Códigos de Construcción se apliquen de forma prospectiva, respetando derechos previamente adquiridos, y que la renovación se limite a licencias específicas de salud y seguridad, sin incluir el Permiso Único en su totalidad. También recomendó que las renovaciones se expidan sin condicionarse a una inspección previa, reforzar la fiscalización de los Profesionales Autorizados, y reconocer la primacía de los reglamentos de las agencias sobre el Reglamento Conjunto. Finalmente, enfatizó que cualquier enmienda al Reglamento Conjunto o al Código de Construcción debe cumplir con los procesos participativos dispuestos en la Ley 38-2017, según enmendada.
En su conclusión, la ADCCLD subrayó que los centros de cuidado desempeñan una función social, salubrista y económica de gran relevancia, por lo que resulta necesario contar con un marco regulatorio ágil, sensible y funcional.
FEDERACIÓN DE INTITUCIONES DE CUIDO PROLONGADO
La Federación de Instituciones de Cuido Prolongado de Puerto Rico (FICPRO), por medio de su presidente Jonathan Morales Adorno, acogió con apertura y sentido de urgencia la investigación ordenada por la Resolución del Senado 52. La organización señaló que, en el caso de su industria, el proceso de permisos representa un componente esencial para garantizar la continuidad de los servicios ofrecidos, pero que en su aplicación, los retrasos en la expedición de permisos han ocasionado cierres temporales, pérdida de licencias, limitaciones en remodelaciones y dificultades para acceder a fondos públicos. Estos obstáculos, a su juicio, impactan de manera directa la sostenibilidad de las instituciones y la atención a adultos mayores y personas con discapacidades que dependen de sus servicios.
En su memorial, la Federación propuso establecer una ventanilla única especializada dentro del DDEC (OGPe), atendida por personal capacitado para comprender las particularidades del sector de cuido prolongado. Recomendó, además, la creación de un protocolo acelerado de revisión para hogares con licencias vigentes y buen historial de cumplimiento, así como un sistema de alertas que active la atención cuando un trámite exceda el término de 30 días dispuesto en el Reglamento Conjunto.
Finalmente, FICPRO subrayó que las instituciones de cuido prolongado no son simples negocios, sino centros de atención humana que cumplen una función social, salubrista y económica indispensable en un contexto de transformación demográfica. En ese sentido, recalcó la necesidad de un marco regulatorio ágil, sensible y funcional que respalde el trabajo de estas instituciones y promueva la estabilidad de los servicios. La Federación reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, y manifestó su disposición a colaborar con la Comisión, en el proceso investigativo, confiando en que los hallazgos resulten en acciones concretas que fortalezcan el sistema de permisos en beneficio de las poblaciones más vulnerables.
CENTRO UNIDO DE DETALLISTAS
El Centro Unido de Detallistas (CUD), remitió su escrito, suscrito por su presidente el Dr. Ramón Barquín, donde presentó su postura institucional respecto a la Resolución del Senado 52, reconociendo el valor de la investigación sobre los Permisos Únicos PYMES como un esfuerzo necesario para atender las preocupaciones del sector empresarial. La organización señaló que el proceso de permisos continúa siendo uno de los mayores retos para las pequeñas y medianas empresas, particularmente en lo relacionado con la renovación de licencias y permisos. Entre las dificultades más frecuentes, destacó la falta de agilidad en los trámites, las demoras en inspecciones y la complejidad de los procesos, lo que impacta directamente la capacidad de los negocios para operar y desarrollarse.
El CUD ofreció un trasfondo legal, recordando que la Ley 161-2009 y su enmienda mediante la Ley 19-2017, fueron creadas con el propósito de simplificar los procesos de permisología, fortalecer la competitividad y consolidar trámites en un sistema ágil y confiable. Sin embargo, expresó que la experiencia práctica ha demostrado que estos objetivos no se han alcanzado plenamente, pues la reglamentación vigente, ha introducido procesos más complejos y onerosos, lo que la organización considera alejado de la intención legislativa original. El CUD reconoció avances logrados con la Resolución de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Número JPI-39-03-2021, como la reducción de documentos requeridos, entre otros, pero indicaron que varias de estas mejoras no han sido incorporadas en la propuesta reglamentaria actual, lo que, a su juicio, representa un retroceso.
En su análisis, la entidad destacó tres áreas principales de preocupación. Primero, la figura del Profesional Autorizado, cuya ampliación de facultades no ha ido acompañada de una fiscalización efectiva, lo que se exrpresa que ha generado inconsistencias en la emisión de permisos y mayores costos para los pequeños negocios. Segundo, el Permiso Único, que actualmente requiere renovaciones anuales, lo que, a juicio del CUD, añade cargas administrativas y económicas innecesarias. En su lugar, la entidad recomendó que solo se renueven las licencias específicas atadas a cada operación. Y tercero, la organización señala la aplicación retroactiva del Código de Construcción. Además, añadieron que la aprobación de enmiendas sin procesos adecuados de participación ciudadana ha generado preocupación e incertidumbre, además de afectar derechos previamente adquiridos. Asimismo, se planteó que el Reglamento Conjunto debe reconocer la primacía de los reglamentos sustantivos de las agencias, ya que estos emanan de leyes orgánicas y contienen requisitos técnicos esenciales para la operación de los negocios.
Finalmente, el CUD reiteró su agradecimiento a la Comisión por abrir un espacio de diálogo sobre este tema crucial y subrayó que la función del gobierno debe ser la de facilitador del quehacer empresarial, evitando imponer costos adicionales que afecten la competitividad del sector.
ASOCIACIÓN DE FARMACIAS DE COMUNIDAD DE PUERTO RICO
En su memorial explicativo, según sometido por la Directora Ejecutiva, Linda Ayala Bousson, la Asociación de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico (AFCPR) manifestó su apoyo a la investigación ordenada por la Resolución del Senado 52 sobre los Permisos Únicos PYMES. La AFCPR coincidió en que la incertidumbre y las demoras en la obtención de permisos se convierten en obstáculos para la continuidad de los servicios de salud y para la expansión de la red de farmacias comunitarias en áreas de alta necesidad. A juicio de la organización, este panorama evidencia la necesidad de evaluar de manera crítica la implementación de la Ley 19-2017 y del Reglamento Conjunto, cuyo objetivo era precisamente simplificar, agilizar y dar uniformidad al sistema de permisos.
En su postura, la Asociación aplaudió que se examine la efectividad de las disposiciones actuales y exhortó a que el proceso investigativo incluya la participación activa del sector PYMES, de modo que se documenten los desafíos concretos que enfrentan industrias esenciales como las farmacias comunitarias. También recomendó que se consideren mecanismos expeditos para negocios catalogados como servicios esenciales, con el fin de asegurar que estas facilidades continúen brindando servicios de manera ininterrumpida a la ciudadanía.
ASOCIACIÓN DE COMERCIO AL DETAL DE PUERTO RICO
La Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET), remitió su memorial explicativo, suscrito por su Directora Ejecutiva, Lymaris Otero, donde respondió al requerimiento de la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo sobre la Resolución del Senado 52. En resumen, la organización estableció que no presenta oposición a la medida ante nuestra consideración.
JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO
La Junta de Planificación, en su escrito, firmado por su Presidente, Lcdo. Héctor Morales Martínez, reconoció el poder constitucional de la Asamblea Legislativa de investigar los asuntos que entienda pertinentes para el bienestar de las comunidades. A su vez, agradeció la oportunidad de participar en el proceso legislativo y reafirmó su compromiso de continuar aportando información, análisis y recomendaciones, con el objetivo de lograr un sistema de permisos más efectivo en beneficio de todos los sectores de Puerto Rico.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, sometió su memorial explicativo, suscrito por la Lcda. Vianca Rivera Román (Asuntos Legislativos – DDEC), quién envió la información sobre los trámites otorgados a PYMES por la OGPe, los municipios autónomos (Municipios con Convenio de Transferencia de Facultades y Competencias sobre la Ordenación Territorial) y los Profesionales Autorizados, correspondiente al período entre 2019 y el 12 de mayo de 2025.
¿Trámite de PA? | |||
Jurisdicción | No | Sí | Total |
Aguadilla | 169 | 0 | 169 |
Bayamón | 398 | 0 | 398 |
Cabo Rojo | 122 | 0 | 122 |
Caguas | 300 | 0 | 300 |
Carolina | 167 | 0 | 167 |
Cidra | 70 | 0 | 70 |
Consorcio ABC | 99 | 0 | 99 |
Consorcio CCVS | 151 | 0 | 151 |
Fajardo | 82 | 1 | 83 |
Guaynabo | 263 | 0 | 263 |
Humacao | 188 | 0 | 188 |
OGPe | 3,584 | 9 | 3,593 |
Ponce | 425 | 7 | 432 |
San Juan | 985 | 5 | 990 |
Total | 7,003 | 22 | 7,025 |
La información anterior es una imagen extraída directamente del documento enviado por el DDEC, titulado Histórico de Trámites PYMES Otorgados (adjudicados) por OGPe, Municipios Autónomos o Profesionales Autorizados”, que va del año 2019 hasta el 12 de mayo de 2025. De lo anterior se desprende que, la cantidad de trámites PYMES adjudicados alcanza la cantidad de 22 en el caso de los Profesionales Autorizados, 3,419 en el caso de los Municipios Autónomos (Municipios con Convenio de Transferencia de Facultades y Competencias sobre la Ordenación Territorial) y de 3,584 emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Esto, para un total de 7,025 trámites PYMES otorgados (adjudicados).
FEDERACIÓN DE ALCALDES DE PUERTO RICO
La Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR), presentó un memorial explicativo, suscrito por su Director Ejecutivo, Ángel M. Morales Vázquez, en apoyo a la Resolución del Senado 52, estableciendo que esta investigación sobre la efectividad de los Permisos Únicos PYMES es necesaria para atender la burocracia que enfrentan los pequeños y medianos negocios, pieza clave de la economía local y la generación de empleo.
En su explicación, la organización subrayó que cualquier revisión del sistema de permisos debe integrar la experiencia de los municipios, por ser los entes gubernamentales más cercanos al ciudadano y ejecutores directos de este proceso. Por otro lado, entre sus recomendaciones, se propuso revisar los mecanismos de delegación de facultades para ampliar la capacidad regulatoria municipal, fortalecer la disposición que valida automáticamente permisos no atendidos en treinta días para garantizar certeza jurídica, e implementar plataformas tecnológicas que interconecten los sistemas estatales y municipales a fin de reducir la duplicidad de trámites. Asimismo, sugirió evaluar los costos asociados al proceso de permisos y crear escalas proporcionales o incentivos que reconozcan las limitaciones fiscales de las PYMES.
Finalmente, la FAPR reiteró su disposición a colaborar en el proceso investigativo, destacando la importancia de un ecosistema empresarial más ágil, descentralizado y justo, en el que los municipios sean reconocidos como facilitadores del desarrollo económico local.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como indicamos anteriormente, la Resolución del Senado 52 ordenó a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los “Permisos Únicos PYMES”, que han sido otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comerio (DDEC), profesionales autorizados o municipios autónomos con el fin de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes para el mejor manejo de los mismos.
De la información obtenida durante el proceso legislativo podemos resumir los siguientes hallazgos, conclusiones y recomendaciones:
La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, presenta ante este Honorable Cuerpo su informe final sobre la Resolución del Senado 52, con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, para su consideración.
Respetuosamente sometido,
_________________________
Hon. Nitza Moran Trinidad
Presidenta
Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios,
Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo
Según la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, Núm. 161-2009, las PYMES son definidas como empresas con cincuenta (50) empleados o menos. ↑
Documento oficial de SUTRA convertido a texto para facilitar la lectura. El formato puede variar respecto al original; para la versión exacta usa “Descargar original”.