(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(31 DE MARZO DE 2025)

GOBIERNO DE PUERTO RICO


CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. 68

24 DE FEBRERO DE 2025

Presentada por el representante Méndez Núñez

Referida a la Comisión de Gobierno 

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) desarrollar un abarcador y minucioso estudio sobre la posibilidad y los beneficios de utilizar la Inteligencia Artificial como una herramienta adicional para optimizar los procesos de investigación, auditoría, mitigación de riesgos, supervisión efectiva y control de gastos, entre otros; identificar plataformas dirigidas a esos propósitos y hacer recomendaciones a las agencias fiscalizadoras; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La revolución tecnológica de la última década ha transformado nuestras vidas de manera muy avanzada. Hoy en día, los avances digitales y la inteligencia artificial se utilizan en muchas instancias, incluso para rastrear y diagnosticar problemas en diversas áreas tanto en la empresa privada como en gobiernos, o inclusive, para realizar tareas del día a día que van desde conducir un automóvil inteligente hasta el pago de facturas desde un dispositivo portátil logrando un ahorro de tiempo y esfuerzo enorme. La tecnología se desarrolla además como un aliado importante en los esfuerzos para lograr mayor transparencia y en el proceso de rendición de cuentas. 

Por otro lado, la descomposición paulatina de lo que significa una sana administración pública es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y existen muchas esperanzas depositadas en la inteligencia artificial (IA) para combatirla. Aunque se ha resumido el creciente número de herramientas anticorrupción basadas en IA es necesario que se realice un examen crítico de su potencial utilidad sin descartar sus peligros. El big data, la utilización de servicios computarizados en la nube, la IA, el machine learning, la biometría y blockchain son algunas de las tendencias tecnológicas que se están utilizando para combatir el fraude y la corrupción en algunos países.

En el caso de las auditorías, el potencial de la inteligencia artificial puede ser pieza clave en áreas tales como; automatización de procesos contables, análisis de datos financieros, detección de fraudes y anomalías financieras, automatización de auditorías, auditorías en áreas de tecnología e informática y ciberseguridad, y asistencia en la toma de decisiones. La IA puede proporcionar análisis y recomendaciones en tiempo real basados en datos financieros y de negocio. Esto ayuda a los auditores a tomar decisiones más informadas y respaldadas por información relevante.

Según la International Journal of Government Auditing, la IA puede, inclusive, facilitar el proceso de auditoría, ya que podría ayudar a realizar de forma más eficiente muchas tareas que conllevan mucho tiempo. Establecen además que, una de las formas para ayudar en el trabajo de auditoría es la Automatización Robótica de Procesos (RPA). Una vez que los datos de las entidades auditadas se cargan en el sistema esta modalidad puede identificar incoherencias y valores atípicos que los auditores pueden mirar y analizar detenidamente. 

Igualmente, en teoría, los algoritmos de IA pueden utilizarse para clasificar y agrupar entidades, mientras que un sistema diseñado por IA puede calcular una puntuación sobre el tamaño del riesgo. El sistema de riesgos puede programarse para tener en cuenta diversos criterios, el volumen y la clase de operaciones, la sensibilidad y la complejidad, y clasificar las entidades auditadas, lo que ayuda a asignar recursos.

En octubre de 2024, se publicó que la inteligencia artificial ayudó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a examinar cantidades masivas de datos y descubrir fraudes con cheques por valor de mil millones de dólares ($1,000,000,000) sólo en el año fiscal 2024. Eso es casi el triple de lo que el Tesoro recuperó en el año fiscal anterior (2023), lo cual nos revela que si se utiliza debidamente, puede ser una gran herramienta para evitar el fraude del fondo público.

Esta situación del mal manejo de fondos públicos ha representado uno de los mayores obstáculos para el desarrollo sostenible y la confianza pública en las instituciones de nuestra Isla. A pesar de los esfuerzos realizados por entidades como la Oficina del Inspector General, el Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia y otras agencias fiscalizadoras, la corrupción persiste, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y la integridad de la administración pública. En este sentido, la implementación de nuevas tecnologías, como la IA, llega como una opción innovadora, inclusive para fortalecer los mecanismos de supervisión y control del gasto público. A esos fines, entendemos meritorio que se estudie seriamente cuales son las alternativas que existen hoy día para atajar de forma contundente y eficaz el problema decenario de la corrupción en nuestra Isla.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) desarrollar un abarcador y minucioso estudio sobre el beneficio de utilizar la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta adicional para optimizar los procesos de investigación, auditoría, mitigación de riesgos, supervisión control de gastos, entre otros.
Sección 2.-Como parte del estudio, ordenado en la Sección 1, PRITS considerará, sin que se entienda como una limitación, los siguientes aspectos:
Desarrollo de sistemas de detección automatizada de patrones sospechosos auscultando formas de implementar algoritmos que analicen grandes cantidades de datos gubernamentales en tiempo real, para detectar patrones irregulares en transacciones financieras, contratos o decisiones administrativas que podrían alertar algún tipo de fraude o acto de corrupción; 
Utilizar IA para crear modelos predictivos que identifiquen áreas de alto riesgo de corrupción dentro del gobierno, basándose en patrones históricos y datos en tiempo real, ayudando a priorizar auditorías y controles internos. 
Desarrollo de sistemas de IA que permitan a ciudadanos y empleados de entidades gubernamentales realizar denuncias anónimas de posibles actos de corrupción, con un programa informático que simula una conversación con usuarios ("chatbot") que guíe el proceso sin violentar las garantías de confidencialidad. 
Diseño de herramientas para el análisis forense de grandes cantidades de datos que se manejan en auditorías investigaciones de fraude, para lograr extraer información relevante que identifique irregularidades en contratos gubernamentales, compras o concesiones. 
Dar apoyo a las entidades fiscalizadoras para automatizar ciertos aspectos del proceso de auditoría mediante IA, como la revisión de contratos, registros financieros y transacciones, reduciendo el margen de error humano y acelerando el proceso. 
Crear sistemas que permitan el monitoreo en tiempo real del uso de los fondos públicos, alertando automáticamente sobre transacciones fuera de lo común o sospechosas. 
Crear herramientas que identifiquen relaciones entre individuos, entidades y contratistas gubernamentales, analizando redes de contactos y posibles conflictos de interés que puedan ayudar a detectar actos de corrupción. 
Implementar plataformas que ofrezcan al público un acceso más intuitivo y automático a los datos gubernamentales, utilizando IA para generar informes o visualizaciones sobre el uso de los recursos públicos y la ejecución de contratos. 
Colaboración en el diseño de sistemas automatizados que verifiquen el cumplimiento de normativas legales en las compras y contrataciones gubernamentales, utilizando IA para asegurar que todos los procesos se realicen dentro de los marcos legales establecidos.  
Sección 3.- Se conceden ciento ochenta (180) días al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) luego de aprobada esta Resolución Conjunta, para llevar a cabo el estudio de viabilidad ordenado en esta Resolución Conjunta. Dicho estudio será remitido a la Gobernadora de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la Rama Judicial de Puerto Rico, a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, a la Oficina del Inspector General y la Oficina de Ética Gubernamental para su análisis y acción pertinente. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ero de julio de 2025.