GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma. Asamblea 2 ^da. Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 369

INFORME POSITIVO

16 de julio de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 369, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Positivo de la presente medida, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 369, tiene el propósito de añadir un nuevo inciso (20) al Artículo 4 de la Ley Núm. 195 de 22 de agosto de 2012, según enmendada, conocida como “La Carta de Derechos del Estudiante”, para reconocer el derecho de los estudiantes a participar en programas y/o actividades cívico-militares de cadetes en la comunidad escolar; enmendar el inciso (n) del Artículo 9.01 de la Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según enmendada, conocida como la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de reconocer el derecho de los estudiantes a no ser objeto de discrimen u hostigamiento por motivos de su participación en estos programas y/o actividades.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto de la Cámara 369 representa una oportunidad trascendental para fortalecer la formación integral de los estudiantes en Puerto Rico mediante la garantía de su derecho a participar en programas y actividades cívico-militares dentro de sus comunidades escolares. Estos programas, tales como el Junior Officer Training Corps (JROTC), la Patrulla Aérea Civil y el Reserve Officer Training Corps (ROTC), no solo promueven la disciplina y el desarrollo físico, sino que fomentan valores esenciales como el liderazgo, la responsabilidad, la resiliencia, el trabajo en equipo y el compromiso cívico. La aprobación de esta medida responde a la necesidad de ampliar y proteger espacios que permiten a nuestros jóvenes explorar diversas alternativas de desarrollo personal y profesional, mientras contribuyen activamente al bienestar de sus comunidades.

De igual manera, este proyecto es fundamental para garantizar la equidad y la protección de los derechos civiles de los estudiantes que optan por participar en este tipo de programas. Históricamente, algunos sectores han intentado limitar la oferta y la participación en actividades cívico-militares, perpetuando estigmas negativos que afectan la percepción social de estas iniciativas. La medida propuesta no solo elimina esos obstáculos, sino que también incorpora en la legislación un mandato claro de no discrimen y no hostigamiento hacia los estudiantes por razón de su participación en dichos programas, alineándose así con los principios constitucionales de igualdad y libertad que rigen tanto a Puerto Rico como a los Estados Unidos.

Por último, al aprobar este proyecto, la Asamblea Legislativa reafirma su compromiso con la formación de una juventud sana, disciplinada y orientada al servicio, fortaleciendo las bases de una sociedad más comprometida y solidaria. Esta legislación ofrece una herramienta valiosa para motivar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos activos y líderes efectivos, sin importar si deciden seguir una carrera militar o civil. En este sentido, el proyecto no solo reconoce la importancia de estas actividades dentro del proceso educativo, sino que también protege a los estudiantes que deciden beneficiarse de ellas, asegurando su derecho a crecer y desarrollarse plenamente en un ambiente inclusivo, respetuoso y libre de discrimen.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. de la C. 369, el cual es el equivalente al P. del S. 385, solicitó memoriales explicativos a varias agencias. A su vez como parte del análisis de la medida homóloga, realizó una Vista Pública en la que se recibieron las ponencias y los comentarios del Departamento de Educación; Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. A la vista comparecieron: por parte del Departamento de Educación; la Lcda. Saraí Ruiz y la Prof^a. Annette Solís Alarcón, Gerente de Programa de Consejería Profesional. Por parte del Departamento de Seguridad Pública compareció la Lcda. Omara Arias Nieves, Directora Interina de la Oficina de Asuntos Legislativos y Municipales del Departamento de Seguridad Pública. Por parte de la Guarda Nacional de Puerto Rico, compareció el Coronel William O’Connor, Staff Judge Advocate.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), hizo hincapié en su compromiso con la formación integral de los estudiantes y reconoce la validez de los programas cívico-militares como oportunidades legítimas de desarrollo académico, personal y profesional.

La Lcda. Saraí Ruiz, expresó que el Departamento de Educación está a favor de la medida, ya que la medida es una declaración de política pública sensible a las necesidades de la población estudiantil y acorde a los deberes del Departamento de Educación enmarcados en la Ley 85-2018, según enmendada, mejor conocida como Ley de Reforma Educativa. A su vez indicó que estos han realizado esfuerzos para que el acceso y la divulgación de los programas militares lleguen a los estudiantes. Menciona que las leyes federales, de acuerdo con las secciones 544 del National Defense Authorization Act of 2002 (NDAA) (P.L. 107-107) y la 95218 de la Elementary and Secondary Education Act of 1956 (ESEA) (20 U.S.C. §7908), según enmendada, establecen el deber de brindar información sobre los estudiantes a las autoridades militares. Y que estas secciones aplican a todas las escuelas que reciben fondos federales por medio de la Ley ESEA.

Por lo que el Departamento de Educación tiene el deber de proveer a los reclutadores militares, acceso a información de los estudiantes de nivel secundario (9no a 12mo grado). No obstante, los padres o tutores pueden excluir a sus hijos o pupilos de la divulgación de esta información, llenando un formulario a tal efecto. A su vez indicó que los orientadores escolares y en su defecto el trabajador social escolar es el coordinador enlace en dicho proceso.

Asimismo, el Departamento reiteró su disposición para colaborar en la implementación de políticas públicas que, conforme a derecho, promuevan el bienestar estudiantil y favorezcan una educación más inclusiva y equitativa.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Departamento de Seguridad Pública, en adelante DSP, expresó su apoyo a la medida. Este reconoce que la participación estudiantil en programas cívico-militares fomenta valores, civismo y disciplina, aspectos fundamentales en la prevención de la delincuencia juvenil y la promoción de una cultura de paz.

El DSP compartió ejemplos de programas similares que coordina como parte de su estrategia preventiva, tales como la Liga Atlética Policíaca y el Programa Experience, que tienen fines educativos y de reclutamiento. Además, resaltó el éxito de estas iniciativas en conectar con la juventud y sus familias.

Este mencionó que la medida reafirma su compromiso con los valores de justicia, equidad y gratitud hacia los futuros hombres y mujeres que buscan servir en las Fuerzas Armadas. Estos indican que apoyan toda iniciativa dirigida a fomentar valores, civismo y disciplina en nuestros niños y jóvenes, toda vez que la atención y las oportunidades provistas a esta vulnerable población, indudablemente les aleja de la delincuencia. Además, redunda en bienestar no solo para estos, sino que para el resto de la ciudadanía.

La Lcda. Omaira Arias presentó datos sobre el impacto de programas del DSP en jóvenes, destacando un aumento constante en la participación y resultados positivos en la elección de carreras en seguridad pública. Señaló que estos programas han impactado a más de 500 jóvenes, promoviendo liderazgo y acuerdos colaborativos.

Finalmente, aunque recomendó considerar la opinión del Departamento de Educación como ente rector del sistema educativo, el DSP reiteró su disposición para colaborar con dicha agencia y con la comunidad escolar en la implementación efectiva de esta ley.

GUARDIA NACIONAL

La Guardia Nacional expresó su apoyo a la aprobación de la medida ya que la misma fomenta la participación en programas educativos que redunda en un beneficio para la juventud puertorriqueña. Estos indican que, tanto el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (Junior ROTC o JROTC por sus siglas en inglés) como la Patrulla Aérea Civil (Civil Air Patrol o CAP por sus siglas en inglés) son programas diseñados para fomentar liderazgo, la responsabilidad y la ciudadanía. Y que ambos programas brindan beneficios únicos y complementarios, lo que permite a los participantes desarrollar habilidades, servir a sus comunidades y perseguir el crecimiento personal.

Destacaron que tanto el JROTC como la Patrulla Aérea Civil son instrumentos eficaces para fomentar la responsabilidad, la ciudadanía y el liderazgo en la juventud puertorriqueña. A su vez resaltan que estos programas tienen un impacto positivo que va más allá del aspecto militar, fomentando valores cívicos y habilidades transferibles a cualquier contexto académico o profesional. También enfatizan que la medida apoya una juventud disciplinada, sana y con un fuerte sentido de servicio comunitario.

El Coronel William O’Connor expuso sobre la experiencia de la GNPR con jóvenes en situaciones de emergencia, como el huracán María. También compartió iniciativas como “Coronel por un día” y programas de role-play. Subrayó el potencial de liderazgo y disciplina que estos programas desarrollan, así como su valor en la formación cívica.

Finalmente, la GNPR ofreció su apoyo para colaborar con otras entidades en la implementación de esta política pública, señalando que su experiencia demuestra el potencial transformador de estos programas en jóvenes en edad escolar y su importancia como herramienta para prevenir conductas de riesgo.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. de la C. 369, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Fomentar la participación de los estudiantes en programas y actividades cívico-militares en la comunidad escolar, es de gran beneficio para el desarrollo integral de los jóvenes. Este tipo de iniciativas promueven valores fundamentales como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto por la autoridad y la responsabilidad social. Además, contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y unidad en la comunidad escolar, al mismo tiempo que preparan a los estudiantes para enfrentar desafíos de manera resolutiva y comprometida con su entorno.

El análisis integral de la medida, junto a los memoriales presentados y la vista pública celebrada, evidencia un amplio respaldo institucional a la aprobación de este proyecto. Tanto el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), el Departamento de Seguridad Pública (DSP), como la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) han coincidido en resaltar el valor formativo, cívico y social de los programas cívico-militares en el contexto escolar. El DEPR expresó que la medida es compatible con la política pública vigente y con las obligaciones estatales y federales en cuanto a la divulgación y el acceso a estos programas, reiterando además su compromiso con el bienestar estudiantil y la formación integral de los jóvenes.

Por su parte, el DSP destacó el impacto positivo de los programas cívico-militares en la prevención de la delincuencia juvenil, en la promoción de valores como la disciplina, el civismo y la responsabilidad social, y en la creación de espacios de desarrollo y liderazgo para la juventud. La experiencia acumulada en programas como la Liga Atlética Policíaca y el Programa Experience valida la efectividad de estas estrategias en conectar con los jóvenes y sus familias, fomentando una cultura de paz y aspiraciones profesionales orientadas al servicio público y a la seguridad ciudadana.

La Guardia Nacional, por su lado, no solo enfatizó los beneficios académicos y sociales de programas como el JROTC y la Patrulla Aérea Civil, sino que presentó ejemplos concretos sobre cómo estas iniciativas contribuyen al desarrollo de una juventud disciplinada, resiliente y comprometida con su comunidad. Además, resaltaron que estos programas brindan herramientas útiles para la vida, más allá del ámbito militar, como la capacidad de liderazgo, la responsabilidad cívica y el fortalecimiento del carácter.

Es por ello que resulta imperativo aprobar esta medida. La misma representa un paso afirmativo hacia la ampliación de las oportunidades de formación para nuestros estudiantes, garantiza el respeto a su derecho de participar libremente en programas cívico-militares y fortalece el marco de protección contra el discrimen y el hostigamiento en el contexto escolar. Además, contribuye al desarrollo de ciudadanos responsables, conscientes y capacitados para enfrentar los retos de la sociedad moderna, ya sea desde una carrera militar, en el ámbito civil o en cualquier otro campo profesional que elijan. La medida reafirma el compromiso del Gobierno de Puerto Rico con una educación inclusiva, integral y alineada con la formación de líderes comprometidos con el bienestar de su Isla.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico previo al estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 369, recomienda la aprobación de la medida, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon. Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura