ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 1ra. Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. de la C. 250
15 DE ENERO DE 2025
Presentado por el representante Pérez Cordero
Referido a la Comisión de lo Jurídico
LEY
Para crear la “Ley de Advertencia Compulsoria en las Escrituras de Compraventa de Bienes Inmuebles en Municipios Costeros advertencia compulsoria en las escrituras de compraventa, transmisión o traslado de dominio de bienes inmuebles en municipios costeros”, a los fines de establecer una advertencia en toda escritura de compraventa o de transmisión o traslado de dominio de un bien inmueble que ubique en un municipio costero y cuya propiedad objeto del negocio jurídico este próxima y/o colinde con la franja costera Zona Costanera, de que todo aquel proyecto de construcción o de lotificación requerirá que se dedique a uso público una franja de no menos de veinte (20) metros de ancho, paralela y medida desde la Zona Marítimo Terrestre, que se garantice permanentemente el acceso público a la playa, y de que se prohíbe realizar actos de dominio que impida la entrada; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las costas de Puerto Rico son espacios donde convergen un sinnúmero de actividades recreativas, comunitarias, culturales, comerciales e industriales, que son aprovechados anualmente por miles de ciudadanos y visitantes a la isla. Atraídos por las oportunidades de recreación que estos espacios proveen miles de puertorriqueños y turistas acceden a las costas de nuestro País. Por ello, en gran medida, es que En los últimos años últimamente, el tema de la protección y acceso a los bienes de dominio público ha sido un tema álgido y de mucha atención pública.
Según publicado en el Plan de Recreación al Aire Libre recreación al aire libre de Puerto Rico, nadar, bañarse, o tomar sol en la playa, es la actividad recreativa practicada con mayor frecuencia por los puertorriqueños. Por otro lado, datos de la Compañía de Turismo indican que se reciben sobre un millón de pasajeros de cruceros al año, quienes gastan sobre más de $150 millones anuales en excursiones. Los Igualmente, los hoteles, paradores y “guest houses”, ubicados en las costas, que atraen sobre reciben más de 1.2 millones de huéspedes anualmente y sobre , los cuales gastan 1.2 millones de dólares anuales en gastos de alojamiento.
El desarrollo urbano costero, el cierre de calles y la falta de acceso a los complejos y urbanizaciones en la costa, implican de facto en ciertos casos muy particulares, podrían, de facto, implicar la exclusión y una cierta privatización de esa área para el público, tanto física como estéticamente. Es De hecho, en algunos lugares, es claramente apreciable cómo el paisaje costero isleño dejó de ser el mar a raíz de la proliferación de complejos residenciales y hoteleros. Esto es un asunto de protección medioambiental de las costas, de seguridad de vida y propiedad de lo que ubica frente al mar y de igualdad ciudadana en el acceso a los bienes comunes.
La primera de las disposiciones relacionadas al asunto de marras se remonta a la Ley de Puertos española de 1880, la cual se hizo extensiva a Puerto Rico en el a o 1886 y aún se encuentra vigente. La misma Esta última dispone disponía que la zona marítimo-terrestre (zmt) es de dominio nacional y uso público. Esta ley retoma y amplía , ampliaba a algunos conceptos de la Ley de Aguas de España de 1866, como la definición de playa, sus componentes y los criterios que la delimitan. Establece, además, como y establecía gravámenes sobre la propiedad privada, las servidumbres de vigilancia y salvamento. Esta ley rigió en el territorio -en una u otra forma- hasta el 1968, cuando se aprobó la Ley de muelles y puertos de Puerto Rico.
El marco legal e institucional que rige el acceso a las costas de Puerto Rico, datan del 1899 y el Tratado de París. En específico, el artículo VIII del Tratado de París estableció que las hasta entonces tierras de la Corona Española pasarían al gobierno de los Estados Unidos, aunque, un de América. Un año más tarde, en el 1900, la Ley Foraker traspasó la administración de algunos bienes de la Corona en manos de los EEUU del gobierno de Estados Unidos al gobierno insular de Puerto Rico, constituido por esa ley como el "gobierno insular". Subsiguientemente, estas Estas disposiciones fueron incorporadas en la Ley Jones de 1917, excepto aquellos terrenos públicos no reservados hasta ahora por EE.UU. Estados Unidos para fines públicos. Esta disposición también fue posteriormente incorporada en la Ley de Relaciones Federales, la cual mantuvo en vigor los Artículos 7 y 8 de a la Ley Jones relacionados con la transferencia de bienes públicos, aguas navegables, terrenos sumergidos y puertos.
La Ley de muelles y puertos de Puerto Rico de 1968, Ley Núm. 151 de 28 de junio de 1968, según enmendada, confirió a la Autoridad de los Puertos, el control y administración de las aguas navegables, los puertos, los muelles de propiedad pública (excepto los pertenecientes a los municipios), los terrenos sumergidos bajo los puertos y todos los muelles, y las zonas portuarias. Esta ley es aplicable a las aguas navegables de Puerto Rico, a sus zonas portuarias y a sus puertos y muelles, bien sean éstos de propiedad pública o privada (excepto cuando otra cosa aparece claramente del contexto), hasta el límite a que se extiende la autoridad legislativa de Puerto Rico. No excluye, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, la aplicación de las leyes y estatutos de Estados Unidos que sean localmente aplicables con arreglo a sus disposiciones.
Nuestro Código Civil considera un bien de dominio público aquel perteneciente y susceptible de ser usado por todo el mundo, conforme a su naturaleza y destino. El aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas son cosas comunes, cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todos tienen libre uso.
Posteriormente En el 1972, con la aprobación de la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, se le delegó a esta esa agencia la responsabilidad de proteger y aprovechar los recursos naturales de Puerto Rico, así como de conservar las playas y ejercer la vigilancia y conservación de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo ellas y la zmt zona marítimo-terrestre. Para esto último, la agencia promulgó, en el año 1992, el Reglamento para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo éstas y la zona marítimo terrestre (Reglamento Núm. 4860, según enmendado) por el Reglamento Núm.7228 y 5207). El mismo , el cual define lo que son los bienes de dominio público marítimo terrestres (bdpmt) y a los que todos los ciudadanos tienen derecho de acceder libre, pública y gratuitamente.
Por otro lado Asimismo, la Ley de Fomento Industrial para traspasar propiedades, Ley Núm. 3 de 22 de agosto de 1990, ratifica la política pública de garantizar el acceso público a las playas del País. En su Artículo 1 dispone lo siguiente: “Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizar a sus ciudadanos el libre y continuo acceso marítimo y peatonal a la zona marítimo terrestre…Se reconoce y reafirma el derecho del pueblo en general al libre de uso y disfrute de las playas que nos circundan”. según enmendada, conocida comúnmente como “Ley de la política pública sobre el acceso a la zona marítimo terrestre, playas y predios de dominio público colindantes”, en su Artículo 1, garantiza el libre y continuo acceso marítimo y peatonal a la zona marítimo terrestre. También reconoce y reafirma el derecho del pueblo al libre uso y disfrute de las playas que nos circundan.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene la facultad y responsabilidad de procurar el libre uso y disfrute de la zmt. Particularmente, la División de Zona Costanera a través de su componente de Acceso Público. Esta división es la encargada de desarrollar estrategias para mejorar el acceso público a la costa.
Por cuanto, nuestro Es evidente que el historial de nuestro ordenamiento jurídico preceptúa que las playas no son susceptibles de apropiación. A ese particular De hecho, nuestro el Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley 55-2020, según enmendada, considera un bien de dominio público aquel perteneciente y susceptible de ser usado por todo el mundo, conforme a su naturaleza y destino. El aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas son cosas comunes, cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todos tienen libre uso. En dispone en su Artículo 241, se establece que lo siguiente “las cosas comunes son aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todas las personas tienen libre uso, en conformidad con su propia naturaleza: tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas.” En ese sentido, nuestro ordenamiento preceptúa el carácter público de las playas en nuestro territorio. De igual forma, adscribe la titularidad de estas al pueblo de Puerto Rico.
Según, reseña el Académico Michel Godreau, en su artículo “Mareas, Playas, Manglares y Bienes de Dominio Público: La Zona Marítimo Terrestre y la Protección del Ambiente Post Buono v. Vélez Arocho”, plantea que tras la aprobación de la Ley 3 del 22 de agosto de 1990, en su artículo 1 declara la política pública del Gobierno de Puerto Rico. En particular establece, lo siguiente:
Artículo 1-Declaración de Política Pública. — Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantizar a sus ciudadanos el libre y continuo acceso marítimo y peatonal a la zona marítimo-terrestre establecida en nuestro ordenamiento jurídico, así como a los predios de dominio público destinados a uso público y colindantes a dicha zona. Se reconoce y reafirma el derecho del pueblo en general al libre uso y disfrute de las playas que nos circundan.
Nuestro marco legal reconoce que las playas que nos circundan no son susceptibles de apropiación, ya que las mismas están destinadas al uso y disfrute del pueblo de Puerto Rico. Es interés de esta Asamblea Legislativa, contribuir enérgicamente en difuminar el mensaje que las playas de nuestra jurisdicción son inalienables. Así pues, haciendo pleno uso de las facultades legislativas, delegadas en virtud del Artículo 3 de nuestra Constitución.
Esta Así, esta Asamblea Legislativa, entiende pertinente recordarle a la ciudadanía en general y en particular a todo aquel que interese adquirir una propiedad inmueble en nuestra jurisdicción, que nuestro ordenamiento jurídico no faculta la adquisición ni enajenación de nuestras playas advertir en cada escritura de compraventa que autorice un Notario Público sobre un bien inmueble que ubique en un municipio costero y cuya propiedad objeto del negocio jurídico este próxima y/o colinde con la Zona Costanera, que el ordenamiento jurídico no faculta la adquisición ni enajenación de las playas. Por tanto, es meritorio que se preceptúe ordene en cada escritura de compraventa que autorice un Notario Público, la inclusión de una advertencia en la que se disponga que las playas que circundan nuestra jurisdicción no son objetos de apropiación.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Título
Esta ley se conocerá, y podrá ser citada, como “Ley de Advertencia Compulsoria en las Escrituras de Compraventa de Bienes Inmuebles en Municipios Costeros advertencia compulsoria en las escrituras de compraventa de bienes inmuebles en municipios costeros.”
Artículos 2.-Definiciones
c) b) Escritura - se entiende por aquel documento que autoriza un notario público en el cual se recoge los detalles del negocio jurídico de compraventa, transmisión o traslado de dominio de un bien inmueble. Para todos los efectos, el termino escritura significará escritura de compraventa.
d) c) Municipio Costero - Ser será todo aquel municipio que por alguno de sus puntos geográficos límite con el Mar Caribe o el Océano Atlántico y por consiguiente ostente dentro de su extensión territorial zona costera.
e) d) Notario Público - será todo aquel profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes, de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales cuya función pública está definida en el Artículo 2 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley Notarial de Puerto Rico”.
f) e) ODIN - se refiere a la Oficina de Inspección de Notarias, creada en virtud de la Ley Núm. 75 del 2 de julio de 1987, según enmendada.
g) f) Zona Costanera - Franja franja de terreno costanero y las aguas adyacentes a Puerto Rico y de las adyacentes dentro de su jurisdicción, delimitada por el DRN Departamento de Recursos Naturales y aprobada por la Junta de Planificación y por el Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico, que se extiende mil (1,000) metros lineales tierra adentro desde la línea de costa y, además, distancias adicionales, hasta donde sea necesario para asegurar que se incluyan los sistemas naturales claves de la costa, así como las aguas y el suelo oceánico o marítimo que se extiende tres (3) leguas marinas (10.35 millas terrestres) aguas adentro.
h) g) Zona Marítimo Terrestre - Significa significa e incluye el espacio de las costas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales, en donde las mareas no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar, las accesiones y aterramientos que ocasiona el mismo y los márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas; y el término, sin condicionar, significa la zona marítima terrestre de Puerto Rico.
Artículo 3.-Advertencia
Se ordena a incluir una advertencia consignar por escrito en toda escritura de compraventa de y en toda escritura pública que autorice un negocio jurídico mediante el cual se transmita o traslade el dominio sobre un bien inmueble que ubique en un municipio costero y cuya propiedad objeto del negocio jurídico este próxima y/o colinde con la franja costera. Será obligatorio incluir la siguiente advertencia: Zona Costanera, lo siguiente:
“Todo aquel proyecto de construcción o de lotificación frente a las playas requerirá que se dedique a uso público una franja de no menos de veinte (20) metros de ancho, paralela y medida desde la Zona Marítimo Terrestre. Se garantiza y que se garantice permanentemente el acceso público a las playas de Puerto Rico la playa. y se Se prohíbe realizar actos de dominio que impida la entrada legal.”
Artículo 4.-Publicidad
Será obligación del director Director de ODIN informar a todos los notarios admitidos al ejercicio de la notaría en Puerto Rico del cumplimiento de esta ley sobre la advertencia cuya obligatoriedad se dispone en esta ley, para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta.
Artículo 5.-Separabilidad
Si alguna cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera declarada nula o inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, tal sentencia o resolución dictada al efecto, no invalidará las demás disposiciones de esta Ley.
Artículo 6. -Vigencia
Esta ley entrará en vigor inmediatamente tras después de su aprobación.
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