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GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma Asamblea 1ra Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 264

INFORME NEGATIVO

26 de junio de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del P. del S. 264.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 264 tiene como propósito “…insertar un nuevo Capítulo IV Plan de Reorganización Núm. 4-2010, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010, enmendar el Artículo 6 y 7-A del Plan de Reorganización Núm. 4-2010, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010, reenumerar los actuales Capítulos IV al VII como los Capítulos V al IX, y reenumerar los actuales Artículos 25 al 51 como los Artículos 30 al 56 del Plan de Reorganización Núm. 4-2010, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010; a los fines de crear el Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria, adscrito al Departamento de Agricultura del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados”.

La Exposición de Motivos de la medida plantea que

[t]anto la Organización de las Naciones Unidas, como El Banco Mundial han señalado que los precios mundiales de los alimentos continuarán aumentando a través de los años. Ambos organismos apuntan a que esta tendencia del precio de los alimentos, tanto a precios nominales como a precios constantes (ajustados por inflación), continuará su ritmo creciente, tal y como ha ocurrido durante los pasados diez (10) años.

Esa alza en el precio de comida se atribuye a los serios problemas de cambio climático alrededor del mundo, que incluyen terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, sequías prolongadas e inundaciones severas en países de amplias prácticas agrícolas, los efectos directos e indirectos de la pandemia del COVID-19 y los conflictos bélicos en el este del continente europeo. La reducción de terrenos agrícolas producto de la urbanización, el sobrearado y contaminación de los suelos también son razones que explican tal comportamiento. Por su parte, es un hecho la creciente presión del gobierno de la República Popular China por mantener abastos de comida para sus más de 1,300 millones de habitantes.

Ante este escenario internacional, Puerto Rico es altamente vulnerable a una crisis alimentaria, por su alta dependencia de las importaciones y su baja producción agrícola. Entre las razones que apoyan este planteamiento, podemos destacar las siguientes: primero, Puerto Rico produce menos del quince por ciento (15%) de los alimentos que son consumidos localmente; segundo, dependemos de la importación de alimentos de países tan lejanos como China (segundo mayor importador de alimentos de Puerto Rico); tercero, contamos con aproximadamente 557,528 cuerdas de terreno agrícola sub-utilizado; cuarto, entre los años 2002–2007, más de 100,000 cuerdas de terreno agrícola se perdieron debido al desparramo urbano; y quinto, pero no menos importante, mientras diversas naciones ya tienen diseñado planes de acción para atender lo que se considera la peor crisis alimentaria mundial en 70 años, Puerto Rico carece de una política pública diseñada para enfrentarla.

Durante vista pública de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, celebrada el 9 de junio de 2022, quien era para aquel entonces el secretario de agricultura, Hon. Ramón González Beiró, expresó que la bandeja de los comedores escolares tiene 0% de productos agrícolas puertorriqueños. El Secretario de Agricultura también detalló que según su apreciación, a pesar de que en la actualidad solo se produce el 15% de los alimentos que se consumen en el País, para el año 2024 podría llegar al 50%. Para que sea posible alcanzar estas metas se requiere que se identifiquen los agricultores, contratar la mano de obra, adquirir maquinaria, equipo especializado y preparar los terrenos, lo que podría tomar meses y hasta años; establecer las empresas y al final que la cadena de suministros auspicie el producto local.

Estos datos resaltan la gravedad de la situación, evidenciando la desconexión entre las metas proyectadas y las realidades agrícolas del país. Lamentablemente, la agricultura local cuenta con unos retos adicionales. Si los puertorriqueños tuvieran una dieta totalmente vegetariana, se requerirían 594,000 cuerdas para satisfacer sus necesidades. Ante el alto consumo de proteínas en Puerto Rico se requeriría 1,188,000 cuerdas para satisfacer el 100% de la demanda. Según el último Censo de Agricultura, se identificaron 487,775 cuerdas, lo que no basta para suplir ni siquiera el 50%. Por otro lado, hay productos que vienen de zonas templadas que, a causa del clima tropical, no se pueden producir en Puerto Rico. En términos de la producción de cereales, se requieren grandes extensiones de terreno llano y apto para el uso de maquinarias, recurso con el cual no se cuenta en Puerto Rico. Para que se tome conciencia de la extensión geográfica necesaria, se necesitan 800 cuerdas para poder suplir solo el 5% del arroz que consumen los puertorriqueños.

Ante estas realidades alarmantes sobre la producción local, los esfuerzos del Departamento de Agricultura han sido insuficientes para atender la magnitud del problema. Aunque el Departamento de Agricultura anunció en 2023 un acuerdo con el Departamento de Educación para incluir productos locales en los comedores escolares, este esfuerzo, vigente hasta el 30 de septiembre de 2024, ha sido limitado y no constituye un plan estructurado de seguridad alimentaria. Aunque representa un paso hacia la dirección correcta, el hecho de que previamente los comedores escolares no incluyeran ningún producto local refleja la falta de acción consistente del Departamento en esta área.

Al momento, lo único que se ha propuesto en este tema es la Ley 133-2008, con el fin de reconocer como un asunto de seguridad alimentaria el fomento, el desarrollo, el impulso y la subsistencia de la agricultura del País, en todas sus acepciones. Estas atribuciones se le brindaron al Departamento de Agricultura de Puerto Rico y se le añadieron facultades al Secretario de esta entidad gubernamental. Sin embargo, no se ha elaborado un Plan Estratégico integral para atender la seguridad alimentaria, aseguramiento de abasto de alimentos, protección y reactivación de terrenos agrícolas, la formación de agroempresarios locales y la creación y desarrollo de mercados agrícolas, entre otros asuntos relacionados. Tampoco el Departamento de Agricultura ha coordinado esfuerzos con otras agencias esenciales, como el Departamento de la Familia y el Departamento de Salud, para diseñar y ejecutar adecuadamente dicho Plan.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, consciente de su deber constitucional de velar por la salud y seguridad del Pueblo de Puerto Rico, entiende necesario atender con prontitud este serio asunto, del cual depende la supervivencia de los puertorriqueños. Por ello, se presenta esta Ley a los fines de crear un Consejo Asesor sobre el tema, el cual estará adscrito al Departamento de Agricultura del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este Consejo brindará asesoramiento al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el tema de la seguridad alimentaria y trabajará en el análisis y desarrollo de propuestas legislativas para el diseño de una política pública que atienda áreas tales como: seguridad alimentaria, aseguramiento de abasto de alimentos, protección y reactivación de terrenos agrícolas, la formación de agroempresarios locales y la organización y desarrollo de mercados agrícolas, entre otros asuntos relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del proyecto de marras, la Comisión contó con los memoriales explicativos de los departamentos de Agricultura; de Desarrollo Económico y Comercio; Familia, Salud y Recreación y Deportes, asimismo, recibimos los comentarios del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Sobre lo propuesto en el P. del S. 264, el Departamento de Agricultura dijo estar impedido de avalar la medida. Específicamente, expusieron que ya han “…elaborado un Plan Estratégico integral para atender la seguridad alimentaria, aseguramiento de abasto de alimentos, protección y reactivación de terrenos agrícolas, la formación de agroempresarios locales y la creación y desarrollo de mercados agrícolas, entre otros asuntos relacionados. Nuestro Departamento está enfocado en organizar los sectores agropecuarios para atender efectivamente los mercados locales, nacionales e internacionales de productos de Puerto Rico, evaluando y promoviendo un sistema distributivo de los mismos”. De igual manera, destacaron que

…una de las preocupaciones mayores que nos trae el Proyecto es la duplicidad de funciones y deberes que se pretenden establecer. Actualmente, existen múltiples consejos y leyes relacionadas a la seguridad alimentaria, las cuales debe ser consideradas antes de dar paso a un proyecto como el que tenemos ante nosotros.

El Gobierno debe procurar la legislación sea efectiva y siguiendo una misma política pública, de forma tal que, que se consoliden esfuerzos por parte de todos los entes envueltos, para así evitar caer en discordancias, pérdida de fondos, e incluso, políticas encontradas.

A renglón seguido, enumeraron diversas leyes que inciden y que de una u otra forma atienden el asunto de la seguridad alimentaria, a saber:

  1. Ley Núm. 10 de 1999, "Ley Orgánica de la Comisión de Alimentación y Nutrición del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico adscrita al Departamento de Salud; esta Comisión, de la cual es parte el Secretario del DAPR, facilita la formulación y adopción de los criterios que guiarán la política pública sobre alimentos y nutrición, y se podrá integrar el uso efectivo de los recursos disponibles en la Isla para la ejecución e implantación de la misma. Dicha política estará dirigida a mejorar el estado nutricional, la salud, y, por ende, la calidad de vida de nuestro pueblo, y a la vez estimulará el desarrollo económico y el progreso de Puerto Rico. La Comisión de Alimentación y Nutrición está integrada por los Secretarios de los Departamentos de Salud, de Educación, de Agricultura, de la Familia y de Asuntos del Consumidor, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y cuatro (4), ciudadanos particulares de reputada probidad moral y reconocida capacidad y conocimiento en alimentos y nutrición, uno (1) de los cuales deberá provenir del área de distribución, importación y mercadeo de alimentos y otro con conocimiento en el campo de la tecnología de alimentos.
  2. Ley Núm. 133 de 2008, "Para enmendar los Artículos 3, 4 y 20 de la Ley Núm. 60 de 25 de abril de 1940, según enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Agricultura", reconoció como un asunto de seguridad alimentaria el fomento, el desarrollo, el impulso y la subsistencia de la agricultura de la Isla, en todas sus acepciones. Esta Ley fue derogada, pero acogida mediante el Plan de Reorganización 4 de 2010 del DAPR.
  3. Ley Núm. 73 de 2017, "Ley Orgánica de la Comisión de Alimentación y Nutrición del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", creó y delegó a un Consejo de Productividad Agrícola compuesto por, cuerpo asesor del Secretario del DAPR, la responsabilidad de preparar un plan agrícola con metas a largo plazo; para evaluar y ajustar su implantación anualmente; para asignar responsabilidades al Consejo de Productividad Agrícola, establecer sus nuevas funciones y mecanismos para dar continuidad y seguimiento a estos planes; y para otros fines relacionado. Este Consejo está compuesto por el Decano y Director del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, el Presidente de la Junta de Planificación o su representante y el Presidente del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico o su representante como miembros ex oficio, y tres (3) miembros, quienes serán personas de reconocida integridad personal y profesional, nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado que serán: un (1) miembro del Colegio de Agrónomos, un (1) miembro de Acción y Reforma Agrícola y un (1) miembro de la Asociación de Agricultores.
  4. Ley Núm. 26 de 2022. Esta ley enmendó la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para incorporar la medición de la seguridad alimentaria en las estadísticas oficiales de la Isla.
  5. Ley Núm. 132 de 2023. Esta ley declara el 30 de noviembre de cada afio como el "Día de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria y de la Ingesta de Alimentos", con el fin de promover la educación y concienciación sobre estos trastornos que afectan la salud física y mental.
  6. Ley Núm. 13 de 2023. Establece el "Día Nacional para la Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos", con el propósito de fomentar prácticas que reduzcan el desperdicio alimentario y promuevan la sostenibilidad.

Como si lo anterior no fuera poco, el Departamento de Agricultura, además, planteó que “[p]uerto Rico también ha adoptado regulaciones federales relacionadas con la seguridad alimentaria, como las establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Estas regulaciones complementan las leyes locales y aseguran una supervisión integral de la cadena alimentaria en la Isla. Además, se cuenta con regulación sobre la producción, procesamiento y etiquetado de alimentos (…)”.

En fin, entienden que

…las estructuras existentes bajo nuestro Plan de Reorganización, y los consejos actuales son adecuadas para abordar el tema de la seguridad alimentaria. La creación de un nuevo consejo podría duplicar esfuerzos, duplicidad de gastos y generar burocracia innecesaria. Existen ya consejos con funciones y responsabilidades en materia de seguridad alimentaria. Además, podría complicar los trabajos de unos y otros, con reuniones, informes y procesos que podrían distraer a los actores clave de la atención a las necesidades concretas de la población. La creación y mantenimiento de un nuevo organismo, con personal, infraestructura y operaciones, puede representar un costo adicional no presupuestado para la agencia, teniendo en cuenta nuestro presupuesto limitado.

A esos efectos, y por las razones ya antes expuestas nos vemos impedidos de avalar la aprobación del P. del S. 264. (…).

Respecto al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, estos manifestaron no objetar la aprobación del proyecto. Sin embargo, dieron “…entera deferencia a los comentarios que tenga a bien hacer el Departamento de Agricultura en torno a la viabilidad de la creación de dicho consejo asesor, su impacto y si los componentes que propone el proyecto son los ideales para cumplir con su propósito”. Añadieron que, el Secretario de dicha Agencia participa de múltiples Juntas y comités interagenciales para atender diversos temas que se entrelazan de una manera u otra en el desarrollo económico de la Isla. En cuanto a ello, se reiteraron en “…dar deferencia al Departamento de Agricultura quien, con su experiencia y conocimiento, estará en mejor posición de determinar si el Secretario del DDEC y la pericia de la agencia son necesarias para composición de dicho Consejo y se cumpla su finalidad”.

Por su parte, informaron del Departamento de la Familia que no cuentan “…con la experiencia en dichos temas por lo cual brindamos absoluta deferencia a los comentarios y recomendaciones que tengan a bien exponer el Secretario de Agricultura, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Decano Director del Colegio de Ciencias Agrícolas”.

El Departamento de Salud, con el insumo de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (CANPR), realizó varias recomendaciones al Proyecto del Senado 264, entre las que destacan: (1) Incluir definiciones clave: Se sugiere definir términos como “seguridad alimentaria”, “alimentación sustentable” y “alimentación resiliente” conforme a estándares internacionales. (2) Fortalecer la colaboración con universidades: Se recomienda establecer acuerdos formales con universidades y centros de investigación para promover la innovación y la capacitación agrícola. (3) Ajustes en el lenguaje del proyecto: Se proponen enmiendas para clarificar la implementación de incentivos y reforzar la educación al consumidor sobre la importancia de la seguridad alimentaria y el consumo local. (4) Ampliar la composición del Consejo: Se sugiere integrar representantes del Departamento de Educación y de la Comisión de Alimentación y Nutrición para fortalecer la política pública alimentaria y alinear esfuerzos con los programas escolares de nutrición. (5) Establecer términos de incumbencia: Se recomienda definir la duración de la participación de los miembros del sector privado y organizaciones en el Consejo. (6) Considerar el valor añadido a la producción agrícola: El proyecto debe incluir estrategias para evitar excedentes de alimentos no mercadeables y fomentar la creación de nuevos productos derivados. (7) Incluir la seguridad alimentaria en emergencias: Se propone que el Consejo desarrolle protocolos de respuesta ante eventos que puedan afectar el abasto alimentario. (8) Rendición de cuentas: Se recomienda que el Departamento de Agricultura rinda informes anuales a la Asamblea Legislativa sobre el manejo de fondos federales relacionados. (9) Definir el alcance y evaluación del Plan Estratégico: El plan debe tener un término definido, metas medibles, cronograma, indicadores de evaluación y revisiones periódicas externas para garantizar su efectividad.

El Departamento de Recreación y Deportes favorece la creación del Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria, destacando que su programa Mi Comunidad Se Recrea puede apoyar la formación de agroempresarios comunitarios y fomentar huertos caseros como parte de la recreación ecológica y el desarrollo social.

Finalmente, aunque dijeron estar de acuerdo con lo propuesto en el proyecto, el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico admitió que ya

[s]e han establecido políticas públicas para trabajar y fortalecer la seguridad alimentaria y diversificar los mercados de los agricultores(as) para que estos pudiesen aumentar sus ingresos y ganancias. Por ejemplo, se estableció la Placita de Plaza, la Plaza del Condado del Mar y El Mercado Familiar. El Departamento de Agricultura trabaja el Programa de Mercados Institucionales donde brinda la oportunidad de ventas de productos agrícolas locales a comedores escolares e instituciones carcelarias. Esta iniciativa alcanzó el 68% de la bandeja escolar proveyendo leches, carnes, hortalizas, farináceos entre otros productos para el 2016. Los riesgos, incertidumbre y complejidad asociados a la producción agrícola hacen difícil aumentar la producción sin un plan de desarrollo. En el 2014 Gregory y González redactaron un plan para el desarrollo del sector de la agricultura de Puerto Rico. El mismo incluye un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) del sector de la agricultura. Además, se presenta la importancia de mejorar las estadísticas agrícolas para que sean precisas, actualizadas y útiles para los creadores de política pública, agricultores(as) e investigadores. El análisis FODA fue actualizado por González (2023).

Evaluado el proyecto en sus méritos, entendemos que, aunque bien intencionado, el mismo no resulta ser el instrumento idóneo para trabajar el diseño de una política pública que atienda áreas tales como: seguridad alimentaria, aseguramiento de abasto de alimentos, protección y reactivación de terrenos agrícolas, la formación de agroempresarios locales y la organización y desarrollo de mercados agrícolas, entre otros asuntos relacionados.

Tal y como expusiera el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, existen múltiples leyes, tanto locales como federales que ya atienden el asunto de la seguridad alimentaria. De hecho, debemos mencionar que varias de las facultades que pretenden otorgarse mediante el P. del S. 264, ya están contempladas en el Plan de Reorganización 4-2010, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de Agricultura de 2010”, tales como, recomendar e implantar la política pública agropecuaria; establecer; dirigir, coordinar, planificar, supervisar, evaluar planes y programas con el propósito de promover, desarrollar y acrecentar la economía agropecuaria; organizar los sectores agropecuarios para atender efectivamente los mercados locales, nacionales e internacionales de productos de Puerto Rico; estudiar y hacer investigaciones relacionadas con los problemas, necesidades, estrategias, planes y programas de los sectores agropecuarios y de las distintas empresas que los constituyen; promover, fomentar y facilitar el establecimiento y operación de las empresas agropecuarias mediante el uso adecuado de infraestructura, terrenos, seguros y tecnología disponible; fomentar la producción sostenible, rentable y sustentable de alimentos; establecer incentivos para la utilización productiva de la tierra, con lo cual se minimice la falta de aprovechamiento o acaparamiento de tierras productivas y otros mecanismos de redistribución de la tierra; e impulsar la asociación de las microempresarios, microempresas y pequeños y medianos productores, para que su participación se establezca bajo mejores condiciones, con relación al proceso de producción, almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de alimentos, entre otros.

Así pues, se sobrentiende que las estructuras existentes bajo las leyes vigentes, y los consejos actuales, son adecuadas para abordar el tema de la seguridad alimentaria.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, no recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 264.

Respetuosamente sometido,

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Hon. Jeison Rosa Ramos

Presidente

Comisión de Agricultura

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