GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma Asamblea 1 ^ra Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. Conc. de la C. 2

27 DE ENERO DE 2025

Presentada por el representante Márquez Lebrón;

las representantes Gutiérrez Colón y Lebrón Robles

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN CONCURRENTE

Para expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las políticas establecidas por el Presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a través de la aprobación de un conjunto de Órdenes Ejecutivas que declaran la entrada de inmigrantes por las fronteras como una invasión, eliminan el carácter de santuarios de iglesias, escuelas y hospitales y promueven la deportación masiva con el auxilio de fuerzas militares; para consignar el repudio a cualquier propuesta para la utilización de recursos de Pueblo de Puerto Rico para la ejecución de dichas iniciativas, y para declarar nuestra solidaridad con las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la persecución que ya se ha iniciado por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presidente de Estados Unidos de América, Donald J. Trump comenzó su término firmando una serie de Órdenes Ejecutivas dirigidas a atender distintas materias. Cerca de una decena de dichas Órdenes van dirigidas a operacionalizar su abierto rechazo a las comunidades migrantes. Recurriendo a la seguridad nacional como subterfugio, y catalogando la entrada de personas con estatus migratorio irregular (sobre todo provenientes de América Latina) como “una invasión”, las directrices de Trump van desde la cancelación de aplicaciones digitales para procesos migratorios hasta la activación de fuerzas militares para la aplicación de leyes civiles. Principios que han prevalecido por mucho tiempo, como el respeto a escuelas, hospitales e iglesias como espacios de santuario, han sido descartados, y ya se han reportado incursiones de oficiales migratorios a centros de enseñanza.

Con sus distintas iniciativas y la promesa de deportaciones masivas, la administración Trump se encamina a superar superlativamente las 271,000 deportaciones que en su último año ejecutó el gobierno de su predecesor Joe Biden. El efecto de la puesta en marcha de las medidas antiinmigrantes ya comienza a causar disloques en la economía estadounidense, donde diversas actividades, como ciertas empresas agrícolas, dependen del esfuerzo de la mano de obra proveniente de América Latina y otras partes del mundo.

Bajo el nuevo estado de derecho, se requerirá la colaboración de las autoridades de estados y territorios para la localización, detención y deportación de las personas identificadas con estatus migratorio irregular.

Estas nuevas políticas del presidente de Estados Unidos contrastan con nuestra identidad solidaria como Pueblo latinoamericano y caribeño. Desde mediados del siglo pasado ha habido diferentes olas migratorias hacia Puerto Rico desde países hermanos como Cuba, República Dominicana y Haití. Lejos de representar, en nuestro particular contexto, una crisis social o una invasión que ponga en peligro nuestra seguridad, en Puerto Rico hemos vivido la integración de las comunidades migrantes a nuestra cultura y sociedad. Décadas de convivencia han promovido una diversidad que ha enriquecido nuestra vida colectiva, y las valiosas contribuciones a nuestro país de las comunidades migrantes son justamente reconocidas independientemente del estatus migratorio.

Ante ese marcado contraste entre las políticas racistas y xenófobas del presidente de Estados Unidos, y la solidaridad y hermandad del Pueblo puertorriqueño, corresponde a esta Asamblea Legislativa expresar su más profundo y enérgico rechazo a las iniciativas adoptadas por la administración Trump. Las recientes intervenciones de las autoridades migratorias en los municipios de San Juan y Carolina han generado preocupación y angustia, no sólo en las comunidades de emigrantes, sino en todos los que habitamos este archipiélago. Estas actuaciones abren paso a detenciones ilegales y arbitrarias y a la separación injusta de familias. También, representa un riesgo para la seguridad y protección a la niñez, porque las mujeres sobrevivientes de violencia de género se abstendrán de buscar protección para ellas y sus familias por el temor a ser detenidas.

Como puertorriqueños y puertorriqueñas, no nos es extraño el dolor de la emigración provocada por la necesidad de buscar mejores condiciones de vida lejos de la tierra natal. Tampoco desconocemos el sufrimiento generado por el discrimen por identidad, raza y nacionalidad.

Guiados por la empatía y los lazos de hermandad que nos unen, esta Asamblea Legislativa expresa su solidaridad hacia la comunidad dominicana en Puerto Rico, primeras víctimas de la ola de persecución que ya se ha desatado en Puerto Rico por parte de las autoridades federales realizando allanamientos en negocios y residencias ejecutando estas nuevas políticas del gobierno de Estados Unidos, y hacia las demás comunidades de inmigrantes destinadas a ser objeto de esas políticas. Repudiamos la imposición de una cultura de odio, racismo, discrimen y xenófoba ajena a nuestra idiosincrasia y apartada de nuestra realidad. Ningún ser humano es legal o ilegal, somos seres y humanos nada más.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Expresar el más enérgico rechazo de la Asamblea Legislativa a las políticas establecidas por el Presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a través de la aprobación de un conjunto de Órdenes Ejecutivas que declaran la entrada de inmigrantes por las fronteras como una invasión, eliminan el carácter de santuarios de iglesias, escuelas y hospitales y promueven la deportación masiva con el auxilio de fuerzas militares; para consignar el repudio a cualquier propuesta para la utilización de recursos de Pueblo de Puerto Rico para la ejecución de dichas iniciativas, y para declarar nuestra solidaridad con las comunidades de inmigrantes en Puerto Rico ante la persecución que ya se ha iniciado por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos.

Sección 2. – Copia de esta Resolución será enviada al Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, al Vicepresidente de los Estados Unidos J.D. Vance, al Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, al Cónsul General de la República Dominicana en Puerto Rico, Hon. César Julio Cedeño Ávila y al presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos en Puerto Rico, José Rodríguez.

Sección 3. – Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.