GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma Asamblea 1^ra Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 277

INFORME POSITIVO

18 de junio de 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. de la C. 277, tiene a bien recomendar su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 277, tiene como propósito enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 51-2022, según enmendada, conocida como “Ley para Prohibir el Expendio y Utilización de Plásticos de un Solo Uso en Todo Local Comercial, de Venta y Distribución Autorizada a Realizar Negocios Conforme a las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para establecer una moratoria a las prohibiciones y penalidades dispuestas en los Artículos 4 y 6 hasta el 31 de diciembre de 2026, y disponer de la creación de un comité de trabajo que proponga a la Asamblea Legislativa un marco regulatorio ordenado.

La Comisión de Recursos Naturales, como parte de la evaluación del P. de la C. 277, evaluó los memoriales explicativos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), y la Asociación de Restaurantes de Puerto rico (ASORE). De conformidad con ello, las entidades antes mencionadas presentaron sus respectivas ponencias y manifestaron su posición respecto a la propuesto por el P. de la C. 277.

A continuación, presentaremos de forma sintetizada las expresiones de las agencias comparecientes, señalando particularmente las recomendaciones de estas.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO):

El Departamento de Asuntos del Consumidor manifestó que la posibilidad de derogar la Ley 51-2022, según enmendada, es un tema complejo y que actualmente está en discusión por varios de los sectores que se han visto afectados con la implementación de esta. Manifestaron la dificultad de poder fiscalizar el cumplimiento con esta Ley debido a la gran cantidad de comercios y la falta de expertise por parte de los inspectores para llevar a cabo la tarea de manera efectiva. Expresaron que las preocupaciones por los altos costos y la limitada competencia entre los proveedores de alternativas han provocado que los comercios no cuenten con ningún incentivo para cumplir la ley, aumentando así la carga de fiscalización para el DACO.

Por otro lado, indicaron que el reglamento ha carecido de la claridad necesaria, generando confusión entre los comerciantes y dificultando el cumplimiento uniforme. Para ello, indicaron que es el DRNA quien debería liderar en la definición de los estándares ambientales para las alternativas sostenibles, proporcionando la base técnica y científica para determinar que materiales son aceptables y cuáles no. Con relación a la intención original de la pieza legislativa, la cual era derogar por completo la Ley 51-2022, el Departamento manifestó:

Aunque es cierto que la derogación de la Ley 51-2022 podría traducirse en un alivio económico a corto plazo para algunos consumidores y negocios al evitar el costo de las alternativas sostenibles, no es menos cierto que esto podría tener consecuencias negativas a largo plazo para el medio ambiente y para la salud pública. Por tanto, sugerimos como solución transitoria, y para poder armonizar la necesidad de enmendar la pieza legislativa con los reclamos por parte de los consumidores, establecer un periodo de moratoria.

Con relación al Comité de Trabajo propuesto, expresaron que este permitiría una revisión exhaustiva de la ley y sus regulaciones, considerando las preocupaciones de todas las partes interesadas. Añadieron que la participación de diversas entidades garantizaría un enfoque integral y equilibrado, abordando tanto los aspectos ambientales como los económicos, ayudando a crear un marco regulatorio más ordenado.

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC):

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) manifestó que es esencial encontrar un equilibrio entre el beneficio ambiental que la ley busca lograr y la necesidad de evitar que los costos adicionales de los nuevos materiales o la adaptación a los cambios normativos perjudiquen a los pequeños y medianos empresarios, que podrían enfrentar dificultades para absorber estos incrementos sin afectar su viabilidad económica. Ante ello, expresaron que es crucial que se busquen mecanismos de apoyo y se evalúan diferentes alternativas que faciliten la transición, permitiendo que los comerciantes contribuyan a la protección ambiental sin poner en riesgo la estabilidad económica de sus negocios.

Recomendaron se enmiende el Artículo 4 de la Ley 51-2022, según enmendada, para extender por un término adicional la implementación de esta ley, término que le permita a esta honorable comisión y asamblea legislativa a crear el comité propuesto y elaborar alternativas a integrarse en la Ley Núm. 51-2022, según enmendada, que permitan la implementación de la medida ecológica, pero que al mismo tiempo no imponga cargas sumamente onerosas a los comerciantes.

Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA):

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), manifestó apoyar la pieza legislativa, según lo propuesto originalmente en esta. Manifestaron que la implementación de la Ley en consideración ha estado severamente afectada por limitaciones por su redacción imprecisa y ambigua, o por la inviabilidad de sus disposiciones. Expresaron que, ante ello, resulta adecuada la derogación propuesta. Indicaron que insistir en la implementa de esta Ley representaría una carga onerosa a los comercios y consumidores, a la vez que no atiende el problema de raíz, que es la carencia de alternativas para el reciclaje y manejo adecuado de estos materiales.

Por otro lado, recomendaron que el Comité de Trabajo propuesto debería ser copresidido por el secretario del DDEC, para asegurar que el análisis y recomendaciones finales procuren el balance adecuado entre la protección del ambiente y el desarrollo económico de Puerto Rico. Exhortaron que se actuara con premura sobre este asunto para eliminar y enmendar sustancialmente aquellas leyes o regulaciones que atentan sobre el balance económico- ambiental, y quitan competitividad, trastocando la facilidad de hacer negocios en Puerto Rico.

Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE):

La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) manifestó apoyar lo propuesto originalmente en la pieza legislativa. La Asociación expresó que la Ley 51-2022, según enmendada, no es una ley accionable por ser ambigua y crear más confusión que dirección. Añadieron que el Reglamento 9570 de 2024, no ha facilitado la implementación de la referida Ley, el cual catalogaron como un intento de legislación administrativo, por las serias lagunas que entienden, posee la Ley bajo análisis. Expresaron que, desde la implementación de la mencionada Ley, la industria de restaurantes en Puerto Rico ha experimentado un aumento en los costos operacionales relacionados con la transición hacia alternativas a los plásticos de un solo uso. Indicaron que esta situación económica merece especial atención considerando que muchos comerciantes aún se están recuperando de los efectos del COVID-19, mientras enfrentan aumentos generalizados en los costos de alimentos, energía y mano de obra.

La Asociación puntualizó que el impacto económico en el sector de restaurantes se ha manifestado a través de que los comerciantes han tenido una mayor inversión en materiales, disponibilidad limitada de proveedores y un impacto diferenciado según el tamaño del negocio. Asimismo, manifestaron que la transición abrupta requerida por la Ley 51-2022, no consideró adecuadamente las limitaciones en la disponibilidad de alternativas viables. Sobre este asunto, señalaron que han enfrentado problemas por la escasez de proveedores de productos alternativos a los de plástico, problemas de funcionalidad, e inconsistencia en el suministro. Con relación a lo antes discutido, expresaron:

Consideramos que el PC 277 es un reconocimiento de que la Ley 51-2022 no es accionable y, por lo tanto, debe derogarse, sin embargo, no interpretamos esto como una alternativa contraria al ambiente. La propuesta del PC 277 de crear un comité de trabajo multisectorial para que, a raíz de su análisis, se proponga un marco regulatorio para promover legislación efectiva para el importante tema de la protección del medioambiente refleja que la autora de la medida entiende su trascendencia.

En consideración al Comité de Trabajo propuesto, la Asociación expresó que se debe considerar los temas que involucren el desarrollo de infraestructura de reciclaje y compostaje, estándares claros de certificación, apoyo a la innovación local, campañas educativas, implementación gradual, e incentivos fiscales.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La intención original de esta medida era derogar la Ley 51-2022, según enmendada, debido a las incertidumbres y problemáticas que ha generado en el sector comercial en Puerto Rico. Sin embargo, la presente Comisión entiende que derogar dicha Ley sin contemplar un marco estatutario y regulatorio que enmiende o sustituya la referida Ley, sería un paso apresurado. La Comisión de Recursos Naturales está consciente de la dificultad que ha generado para las agencias concernidas como el DACO, de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones del Artículo 4 de la Ley, incluyendo la falta de ejecución a las penalidades dispuestas. Esta falta de implementación, ligada a una reglamentación deficiente, han creado un marco para que la mencionada Ley, sea en esencia, letra muerta en nuestra jurisdicción.

Asimismo, la referida Ley no tan solo ha sido un reto para las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, si no que ha repercutido en una gran dificultad para los comercios. La presente Comisión está consciente que los materiales alternativos a los plásticos de un solo uso representan un costo adicional para los diferentes establecimientos que los utilizan en su día a día, como lo son principalmente, los establecimientos gastronómicos. De igual forma, es evidente que dicha inversión en materiales alternativos representa mayores dificultades para comerciantes con locales pequeños en comparación con las grandes cadenas. Además, como menciona la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), la concentración del mercado en pocos distribuidores de alternativas sostenibles ha afectado la capacidad de obtener estos productos generando, además, una inconsistencia en el suministro.

Por otro lado, tenemos que considerar el bienestar ambiental de nuestra Isla. Un sin número de investigaciones, estudios y reportajes, han demostrado de manera empírica y objetiva, que los plásticos de un solo uso constituyen una amenaza global, con repercusiones en la sanidad oceánica y terrestre. Estos plásticos, en su proceso de descomposición, que puede tardar cientos de años, han generado una acumulación de elementos sintéticos, que sin duda alguna son uno de los grandes retos a resolver en el restante del corriente siglo. Por consiguiente, podemos estipular que la tarea de derogar la Ley 51-2022, es un tema complejo que afecta varios sectores e intereses.

En virtud de todo lo anterior, la presente pieza legislativa se enmendó para tomar una acción transitoria para poder armonizar los reclamos justificados de los diferentes sectores, que buscan el bienestar de Puerto Rico. Con la moratoria establecida, se especifica con fecha cierta la vigencia de la Ley, sin generar en el sector comercial la obligación del cumplimiento con las disposiciones en cuanto a prohibiciones y penalidades. Sin embargo, dicha acción no es en menoscabo de la importancia de la salud ambiental, toda vez, la Ley aquí discutida, dispone para la creación de un Comité de Trabajo que tendrá hasta el 30 de junio de 2026, para presentar un informe con las propuestas y enmiendas pertinentes, que contemplen un balance sostenible entre los sectores económico-ambiental en bienestar de Puerto Rico.

DETERMINACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO

Conforme el análisis de la medida, la Comisión de Recursos Naturales entiende que la aprobación de esta medida no tendrá impacto fiscal sobre el presupuesto de los Departamentos de Recursos Naturales y Ambientales, y de Asuntos del Consumidor, toda vez que la Ley trata la extensión de una moratoria a las disposiciones de los Artículos 4 y 6 de la Ley 51-2022, y la creación de un Comité de Trabajo para la evaluación de vías sostenibles para la atención del tema del uso de plásticos de un solo uso.

CONCLUSIÓN

Contando con el beneficio de los memoriales antes citados, esta Comisión de Recursos Naturales analizó el Proyecto de la Cámara Número 277 y realizó las enmiendas correspondientes según las recomendaciones del Departamento de Asuntos del Consumidor, extendiendo una moratoria a las penalidades y prohibiciones dispuestas en la Ley, hasta el 31 de diciembre de 2026 o en su defecto, hasta que el Comité de Trabajo establecido en la presente, considere las enmiendas pertinentes para el análisis de la Asamblea Legislativa. La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes considera es necesario enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 51-2022, según enmendada, conocida como “Ley para Prohibir el Expendio y Utilización de Plásticos de un Solo Uso en Todo Local Comercial, de Venta y Distribución Autorizada a Realizar Negocios Conforme a las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para establecer una moratoria a las prohibiciones y penalidades dispuestas en los Artículos 4 y 6 hasta el 31 de diciembre de 2026, y disponer de la creación de un Comité de Trabajo que proponga a la Asamblea Legislativa un marco regulatorio ordenado.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Recursos Naturales, luego del estudio y consideración correspondiente, tiene a bien someter a este Cuerpo Legislativo su Informe Positivo, recomendando la aprobación del Proyecto de la Cámara 277, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña este informe.

Respetuosamente sometido,

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Hon. Elinette González Aguayo

Presidenta

Comisión de Recursos Naturales