GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma. Asamblea 
       Legislativa		
                     1ra. Sesión
Ordinaria	

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 229

 28 DE MARZO DE 2025

Presentada por el representante Varela Fernández 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para expresar el más enérgico rechazo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a todo el conjunto de órdenes ejecutivas del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, las cuales ya están provocando una evidente inestabilidad, el recrudecimiento de las relaciones internacionales, así como un estado de incertidumbre contra la población de Puerto Rico; solicitarle poner en detente este conjunto de Ordenes Ejecutivas, reconsiderar las mismas y proponer cursos de acción alternos conforme las normas, leyes y reglamentos aplicables y aplicando los mejores principios de sana administración pública, en apego a la Constitución de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pocas horas de juramentar por segunda ocasión, el Presidente de los Estados Unidos de América Donald J. Trump ha dado paso a una serie de acciones administrativas mediante órdenes ejecutivas o mandatos a las agencias federales. Es claro que, en el orden político internacional, todo país libre, soberano e independiente tiene su prerrogativa de establecer los lineamientos de política pública que estime pertinente para adelantar acciones, sea para promover actividad económica, garantizar bienestar social, controlar sus fronteras y regular actividades que tengan impacto sobre sus habitantes.  También es cierto que es responsabilidad compartida de todo país, ejercer prudencia al establecer políticas que pudieran afectar a países vecinos o aquellos que son consignatarios en acuerdos o tratados generales o específicos.  

No obstante, el actual Presidente ha firmado decenas de ordenes ejecutivas, varias de las cuales atentan contra el ordenamiento jurídico actual de esta nación, los principios y valores de sus padres fundadores, así como en las luchas que a través del tiempo lograron ciudadanos, comunidades y organizaciones estadounidenses.  Algunas de esas órdenes, están siendo retadas en el Poder Judicial federal, por alegadas fallas de inconstitucionalidad y por violentar la jerarquía de derecho vigente.

Por dar algunos ejemplos, por Orden Ejecutivas se ha ordenado:

La firma de sobre 20 medidas ejecutivas destinadas a cambiar el sistema migratorio y facilitar la deportación de migrantes sin documentos, en especial de aquellos que llevan menos de dos años en el país. Ello incluye la deportación, incluso a la fuerza y sin el debido proceso de ley, de miles de seres humanos extranjeros cuyo status migratorio (hacia un visado o cambio de ciudadanía) está pendiente de adjudicación ante los organismos correspondientes.

La suspensión de toda ayuda militar a Ucrania, quien está sumida en una guerra cruenta con Rusia la cual pudiera extenderse a toda Europa, con el riesgo adicional de despliegue de armamento nuclear, en contra de los acuerdos internacionales de desarme.

La creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), un nuevo órgano consultivo destinado a reducir el costo del gobierno, la cual ha iniciado la cesantía de miles de empleados federales, inclusive trabajadores de programas relativos a la seguridad nacional de Estados Unidos y de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés).

El desmantelamiento del Departamento de Educación federal, así como el despido del cincuenta por ciento (50%) de los empleados adscritos a dicha agencia. Esta acción está siendo liderada por la secretaria de dicha agencia federal, Linda McMahon.

La imposición de aranceles a bienes y servicios provenientes de los países miembros del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Canadá y México, vecinos inmediatos y aliados históricos de Estados Unidos); de la República Popular China y de la Unión Europea, con las consecuencias de elevar los precios de bienes de capital y de consumo a niveles insostenibles.

La firma de una orden ejecutiva que establece la retirada de Estados Unidos del histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático. Con esta decisión, Estados Unidos deja de comprometerse a reducir a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050, lo que, en realidad, permite un aumento de dichas emisiones. Otra repercusión de la salida del Acuerdo de París es que Estados Unidos ya no estará obligado a contribuir al fondo destinado a financiar la transición energética hacia energías renovables en los países en desarrollo. Esto limita las posibilidades de estos países para alcanzar la meta de emisiones netas cero para 2050. A su vez, podría provocar que otras naciones desarrolladas retrasen su cumplimiento de dicha meta.

La retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud.

Una medida firmada ordenando al Fiscal General federal que investigue las actividades de funcionarios de organismos como el Departamento de Justicia, la Comisión del Mercado de Valores y la Comisión Federal de Comercio durante la administración anterior.

La firma de una Orden para poner fin a todos los programas, políticas, declaraciones y comunicaciones gubernamentales que promuevan o apoyen la "ideología de género", así como a todos los programas de "diversidad, equidad e inclusión" (DEI) dentro del gobierno federal. La orden se denomina "poner fin a los programas gubernamentales de DEI radicales y despilfarradores y a las preferencias".

Una orden ejecutiva para eliminar, bajo ciertas circunstancias, del derecho a la ciudadanía americana por nacer en los Estados Unidos.

Varias órdenes ejecutivas dirigidas directamente contra bufetes de abogados penalizándolos por haber representado en el pasado intereses adversos a Trump.

Estas y otras nuevas órdenes ejecutivas ya han comenzado a sentirse, con efectos negativos en otros lugares del mundo, incluyendo Puerto Rico, que por sus circunstancias económicas y políticas en su relación con los Estados Unidos es altamente sensitivo a las decisiones del gobierno estadounidense. 

Resulta preocupante el proceder de la administración Trump, la cual denota un claro desafío al sistema de separación de poderes, al principio de frenos y contrapesos ("check and balance"), al respeto a los derechos humanos y civiles, así como a los límites del campo de acción federal sobre los estados, territorios y otras jurisdicciones bajo el gobierno de Estados Unidos, principios respetados y hasta adoptados por una inmensa cantidad de países del Planeta. Más preocupante, sus decisiones ponen en vilo los esfuerzos por lograr la paz en áreas sumamente convulsas, como la Palestina y el Medio Oriente, y debilita los acuerdos internacionales tomados en materia de seguridad, migración, comercio, desarrollo socioeconómico entre otros.  En el caso de Puerto Rico, esta combinación de órdenes ejecutivas ha generado preocupación en la comunidad emigrante que comparte en nuestro país, así como los hijos de emigrantes nacidos en esta Isla. Igualmente, resulta en un severo golpe al funcionamiento de programas e iniciativas respaldadas con fondos federales para controlar los serios niveles de pobreza y desempleo existentes.  

Sin lugar a duda, estas acciones del actual Presidente deben ser urgentemente rechazadas por este Cuerpo, al mismo tiempo que debemos exigir el respeto a la dignidad del Pueblo de Puerto Rico, el cual cree firmemente en el sistema democrático de gobierno como garante de su voluntad y quien tiene como altos principios, recogidos en su Constitución, la convivencia de las dos grandes culturas del hemisferio americano; el afán por la educación; la fe en la justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica; la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos; y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1. - Se expresa el más enérgico rechazo por parte de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a las acciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump de todo el conjunto de órdenes ejecutivas firmadas, las cuales ya están provocando una evidente inestabilidad, el recrudecimiento de las relaciones internacionales, así como un estado de incertidumbre contra la población de Puerto Rico.
Sección 2. - La Cámara de Representantes de Puerto Rico solicita del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump a poner en detente este conjunto de Ordenes Ejecutivas, reconsiderar las mismas y proponer cursos de acción alternos conforme las normas, leyes y reglamentos aplicables y aplicando los mejores principios de sana administración pública, en apego a la Constitución de los Estados Unidos. 
Sección 3. - Copia certificada de esta Resolución será traducida al inglés y enviada al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump; a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón; y a los medios de comunicación para su debida divulgación.
Sección 4. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.