GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma. Asamblea 2 ^da. Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 473

INFORME NEGATIVO

14 de agosto de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 473, no recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 473, tiene como propósito añadir unos nuevos artículos 12.14 y 12.15 a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de disponer sobre la creación y establecimiento de escuelas especializadas en cooperativismo y en justicia criminal y ciencias forenses, con el propósito de ampliar la oferta académica disponible para los estudiantes del sistema público de enseñanza.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto del Senado 473 representa una iniciativa legislativa valiosa y visionaria que busca ampliar la oferta académica del sistema de educación pública mediante la creación de escuelas especializadas en dos áreas fundamentales para el desarrollo socioeconómico y la justicia social de Puerto Rico: el cooperativismo y la justicia criminal con sus ciencias forenses. Esta propuesta legislativa reconoce la importancia de atender los intereses, talentos y aspiraciones individuales de nuestros estudiantes, y responde directamente a la necesidad de diversificar los ofrecimientos académicos, alineándolos con las demandas de un mundo laboral cambiante, dinámico y cada vez más especializado.

A través de la creación de una Escuela Superior Especializada en Justicia Criminal y Ciencias Forenses, así como de Escuelas Especializadas en Cooperativismo, se busca ofrecer a los estudiantes del sistema público una alternativa educativa centrada en el desarrollo integral y el cultivo de vocaciones tempranas. Estas nuevas escuelas contribuirían no solo a la formación de profesionales altamente capacitados en sus respectivas disciplinas, sino que también servirían como instrumentos estratégicos para fortalecer las instituciones públicas, fomentar la participación ciudadana, y promover principios éticos como la solidaridad, la justicia y la responsabilidad social.

Asimismo, la medida responde a la política pública establecida en la Ley 85-2018, supra, la cual faculta al Departamento de Educación a establecer proyectos especiales y escuelas especializadas dirigidas a atender las necesidades e intereses de los estudiantes del país. En ese sentido, el P. del S. 473 está alineado con los principios rectores del sistema educativo, tales como la equidad, la excelencia académica y el desarrollo de una ciudadanía comprometida con el bienestar colectivo.

No obstante, aunque el propósito de esta legislación es loable y representa un paso importante hacia una educación más inclusiva, especializada y sensible a las realidades sociales y económicas de Puerto Rico, el Departamento de Educación, como veremos más adelante, ha planteado en su memorial ciertas preocupaciones en torno a la implementación efectiva de las disposiciones aquí contenidas. En particular, la agencia advirtió que la creación de nuevas escuelas especializadas (con sus respectivos currículos, reglamentos, recursos humanos y físicos) requiere de asignaciones presupuestarias específicas que podrían representar un reto significativo, dada la actual realidad fiscal del Departamento y las restricciones impuestas por el marco presupuestario vigente.

Estas observaciones no deben interpretarse como una oposición al contenido o propósito de la medida, sino como un llamado a considerar con responsabilidad la viabilidad fiscal de su ejecución. En un contexto de limitaciones presupuestarias, resulta imperativo diseñar estrategias realistas que garanticen los recursos necesarios para la creación, operación y sostenibilidad de estas nuevas escuelas especializadas, sin comprometer otras áreas críticas del sistema educativo.

Por tales razones, y ante la ausencia de un análisis financiero que acompañe la medida y permita atender con certeza las preocupaciones planteadas por el Departamento de Educación, esta Comisión no se encuentra en posición de recomendar la aprobación del Proyecto del Senado 473.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. del S. 473, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Educación; Departamento de Justicia; Departamento de Corrección y Rehabilitación; Departamento de Seguridad Pública; Liga de Cooperativas de Puerto Rico y Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico. Al momento de la redacción de este informe, no habíamos recibido el memorial del Departamento de Justicia y Departamento de Seguridad Pública.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante DEPR), presentó su memorial sobre el Proyecto del Senado 473, destacando tanto el valor de la propuesta como los desafíos prácticos de su implementación. El DEPR reconoce que el proyecto de ley tiene un propósito encomiable: crear escuelas especializadas en justicia criminal y ciencias forenses, así como en cooperativismo, mediante la incorporación de nuevos artículos en la Ley 85-2018, supra. La medida busca ampliar la oferta académica del sistema público, respondiendo a los intereses vocacionales de los estudiantes y fomentando la formación en áreas de alta demanda profesional.

Desde una perspectiva educativa y social, la iniciativa es altamente positiva. La creación de escuelas especializadas en cooperativismo se alinea con la política pública educativa vigente, incluyendo el currículo oficial del Departamento que integra el tema transversal de Emprendimiento e Innovación, y fortalece los programas existentes como las cooperativas juveniles escolares. Actualmente, hay 241 cooperativas juveniles activas, respaldadas por recursos curriculares, alianzas institucionales, y manuales desarrollados por la División de Coordinación y Educación Cooperativa, lo cual evidencia el compromiso actual con esta filosofía educativa.

Por otro lado, el DEPR reconoce el valor de establecer una escuela especializada en justicia criminal y ciencias forenses como un esfuerzo innovador que puede promover la orientación vocacional en áreas críticas para la seguridad pública. Se menciona el modelo exitoso de la escuela High School for Law and Public Service en Nueva York, que podría servir de referencia para el diseño de esta iniciativa en Puerto Rico. Además, se señala la posibilidad de articular estos estudios con programas postsecundarios a través de acuerdos con el Instituto Tecnológico de Puerto Rico y otras instituciones, ampliando así las oportunidades educativas de los estudiantes mediante dual enrollment y otros mecanismos de articulación académica.

Sin embargo, a pesar de lo acertado y valioso de esta propuesta, el Departamento expone con claridad una gran preocupación: la limitación de recursos fiscales. El establecimiento de nuevas escuelas especializadas requiere asignaciones presupuestarias específicas para infraestructura, personal docente y administrativo, materiales, y la creación de currículos diferenciados. Dado el contexto fiscal actual, esto representa un reto considerable. El Departamento subraya que, si bien reconoce los beneficios pedagógicos y sociales de esta iniciativa, cualquier esfuerzo que implique expandir el sistema educativo mediante nuevas estructuras debe estar acompañado de los recursos necesarios para garantizar su sostenibilidad.

Adicionalmente, el DEPR hace un llamado a considerar si la política pública actual no podría fortalecerse más eficientemente mediante la expansión de programas ya existentes en lugar de crear estructuras nuevas que demandarían más recursos. En el caso del cooperativismo, por ejemplo, ya se trabaja el tema a través de múltiples iniciativas curriculares, cartas circulares, alianzas y ofrecimientos académicos que podrían potenciarse sin incurrir en gastos adicionales sustanciales.

El Departamento también advierte sobre el riesgo de fragmentación curricular y la necesidad de mantener los estándares académicos establecidos por la Ley 85-2018. Se enfatiza la importancia de asegurar que estas nuevas especializaciones complementen, pero no sustituyan, la formación académica general que todo estudiante debe recibir para su desarrollo integral.

En conclusión, el Departamento de Educación de Puerto Rico reconoce que el Proyecto del Senado 473 es una medida innovadora, pertinente y valiosa para la transformación del sistema educativo. No obstante, debido a los retos fiscales existentes, a la falta de un análisis económico que acompañe la medida y a la necesidad de priorizar el uso eficiente de los recursos disponibles, no se recomienda su implementación en este momento sin antes atender estas limitaciones. Por tanto, aunque el proyecto tiene un propósito loable, el Departamento advierte que su ejecución no es viable con los recursos actuales.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante DCR) expresó en su memorial explicativo reservas significativas en torno al Proyecto del Senado 473, mediante el cual se propone la creación de una Escuela Superior Especializada en Justicia Criminal y Ciencias Forenses, así como de escuelas especializadas en Cooperativismo. Si bien la agencia reconoce la buena intención detrás de la medida legislativa, orientada al desarrollo profesional temprano y al fortalecimiento de vocaciones en áreas prioritarias para el país, no avaló su aprobación por razones operacionales, estructurales y de viabilidad fiscal.

En primer lugar, el DCR advierte que la medida no detalla con precisión la estructura administrativa, operacional ni curricular de las escuelas propuestas, lo que dificulta su evaluación técnica desde una perspectiva de planificación gubernamental. Señala que, si bien se establece una Junta Interagencial en la que el Departamento tendría representación, el proyecto asigna múltiples deberes a esta entidad sin delimitar claramente los recursos, competencias y responsabilidades específicas de cada agencia participante.

Particular preocupación le genera al Departamento el requerimiento establecido en el Artículo 12.14(c)(iii), el cual estipula que, como parte del currículo de la escuela especializada, se deberá incluir un programa de orientación sobre criminalidad que conlleve visitas a instituciones carcelarias de Puerto Rico. En este punto, el DCR fue categórico en señalar que tal disposición levanta serias preocupaciones de seguridad, logística y conveniencia. A juicio del Departamento, permitir el ingreso de estudiantes menores de edad a instalaciones penales representa un riesgo tanto para los jóvenes como para la operación institucional, al exponerse a ambientes con altos niveles de custodia y a interacciones potencialmente inadecuadas. Además, indica que no existe en la actualidad un protocolo formal para visitas estudiantiles de esa índole, y que su implementación requeriría cambios significativos a nivel reglamentario, de infraestructura y de personal.

El DCR también expresó reparos en cuanto a la propuesta de otorgar preferencias en procesos de reclutamiento para egresados de dichas escuelas, particularmente mediante la suma automática de puntos en procesos competitivos. Aunque la agencia valora la formación académica especializada como un mérito, sostiene que las condiciones de reclutamiento en la función pública deben seguir principios de mérito, igualdad de oportunidades y competencia justa, por lo que cualquier prerrogativa adicional debe estar sustentada en un marco legal uniforme y en políticas públicas aplicables a todas las agencias reclutadoras.

El Departamento fue enfático en señalar que actualmente enfrenta limitaciones fiscales y operacionales que hacen inviable asumir nuevos compromisos o colaboraciones interagenciales que no cuenten con una asignación presupuestaria específica. Subraya que la implementación de esta medida, particularmente en lo relativo a seguridad, visitas carcelarias y convenios de formación, requeriría recursos humanos y logísticos adicionales que no están contemplados ni justificados en la pieza legislativa.

En su conclusión, el DCR manifestó que, aunque la medida persigue objetivos válidos desde la perspectiva educativa y formativa, no recomienda su aprobación, por carecer de estructura operacional clara, por el riesgo que implican algunas de sus disposiciones para los menores de edad y por las limitaciones fiscales y administrativas actuales de la agencia. No obstante, expresó su apertura a continuar colaborando con la Comisión en cualquier proceso de revisión o reformulación del proyecto que atienda de forma responsable las inquietudes planteadas.

LIGA DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO

La Liga de Cooperativas de Puerto Rico, en su memorial, expresó su respaldo firme al Proyecto del Senado 473, agradeciendo el reconocimiento que este hace al modelo cooperativo como una alternativa educativa transformadora e integral. La organización valora la oportunidad de expresar sus observaciones y reconoce el mérito del legislador al proponer el cooperativismo como parte esencial del currículo del sistema público de enseñanza. Según la Liga, este modelo constituye una verdadera “ventana de oportunidad” para sensibilizar desde edades tempranas a la niñez y juventud puertorriqueña sobre los principios, valores y beneficios de un modelo socioeconómico basado en la solidaridad, la equidad y la gestión democrática.

En su argumentación, la Liga subraya la pertinencia de fomentar, desde las etapas escolares, una visión más justa, participativa y solidaria de la economía y de la organización social. Este enfoque, destaca, no solo contribuye al desarrollo de individuos con mayor conciencia social, sino que también provee herramientas concretas para la autogestión, el liderazgo responsable y la transformación comunitaria. A tales efectos, respalda que el cooperativismo sea considerado como una opción académica de especialización en el sistema público, en sintonía con los cambios que el país requiere.

Además, la organización enmarca su apoyo en la consonancia entre los principios cooperativistas y los postulados de la Constitución de Puerto Rico. En particular, cita el Artículo II, Sección 5, que garantiza el derecho a una educación orientada al desarrollo pleno de la personalidad y al fortalecimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este marco legal, argumenta la Liga, se alinea perfectamente con varios de los pilares doctrinales del movimiento cooperativo internacional, como lo son el segundo principio (gestión democrática), el quinto principio (educación, formación e información) y el séptimo principio (interés por la comunidad).

La Liga también exhorta a que esta medida sea vista como un punto de partida para cimentar la recuperación social, educativa y económica de Puerto Rico. Enfatiza que el bienestar de los estudiantes y la calidad de la enseñanza deben ser el eje rector de todo modelo educativo, y sostiene que el cooperativismo aporta una visión pertinente y con sentido de justicia frente a los grandes retos que enfrenta el país. En un mundo marcado por transformaciones aceleradas, la incorporación del cooperativismo en la educación pública representa, según la Liga, una respuesta viable, moderna y necesaria.

Finalmente, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico pone a disposición del Gobierno su conocimiento, experiencia y estructura organizativa para colaborar estrechamente con el Departamento de Educación en la implantación de esta política pública. Sin embargo, es importante destacar que, si bien el memorial expresa un fuerte apoyo a la medida desde el punto de vista ideológico y pedagógico, no incluye un análisis del impacto presupuestario que conllevaría su implementación y el impacto fiscal de la propuesta, especialmente en el contexto de restricciones presupuestarias existentes.

COMISIÓN DE DESARROLLO COOPERATIVO DE PUERTO RICO

La Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP), como instrumentalidad pública encargada de promover, fiscalizar y desarrollar el movimiento cooperativo en la Isla, presentó su posición oficial sobre el Proyecto del Senado 473, destacando su respaldo firme a la medida legislativa. La CDCOOP reconoce que esta propuesta representa una oportunidad significativa para fortalecer los cimientos de una educación transformadora, alineada con los valores de solidaridad, democracia, equidad y autogestión que caracterizan al modelo cooperativista.

El Proyecto del Senado 473 propone la creación de dos tipos de escuelas especializadas: una en justicia criminal y ciencias forenses, y otra en cooperativismo. En lo que respecta a esta última, la Comisión sostiene que su implementación permitiría institucionalizar la enseñanza de los valores y principios cooperativistas desde el sistema público de enseñanza, mediante un currículo estructurado y coherente. A juicio de la CDCOOP, esta visión educativa contribuiría a formar ciudadanos con una conciencia social más aguda, capaces de enfrentar desafíos económicos y sociales con herramientas prácticas de colaboración y emprendimiento ético.

La Comisión enmarca su apoyo en la experiencia que ha tenido con las cooperativas juveniles escolares, cuya creación y funcionamiento están regidos por la Ley Núm. 220-2002, conocida como “Ley Especial de Cooperativas Juveniles”. Desde su puesta en vigor, esta política pública ha permitido que decenas de escuelas públicas desarrollen proyectos cooperativistas que han impactado positivamente la vida de cientos de jóvenes. Según la CDCOOP, estos espacios educativos alternativos han promovido el trabajo en equipo, el sentido de responsabilidad, la participación democrática y la toma de decisiones informada. Por ello, entiende que establecer una escuela especializada exclusivamente en cooperativismo ampliaría el alcance y la profundidad de estas experiencias educativas, consolidando así una cultura cooperativista desde etapas tempranas.

Asimismo, la Comisión destaca que la medida es coherente con la visión educativa del Departamento de Educación, al propiciar el desarrollo de destrezas y actitudes esenciales para el siglo XXI, como la responsabilidad ciudadana, el compromiso social y el liderazgo comunitario. En este contexto, la CDCOOP no solo respalda la aprobación del proyecto, sino que además recomienda que se enmiende la Sección 2 del mismo, a los fines de que se le incluya formalmente como parte del grupo que colaborará en la elaboración y evaluación del currículo académico de la escuela especializada en cooperativismo. Esta recomendación se basa en el conocimiento técnico, experiencia institucional y mandato legal que posee la CDCOOP como única entidad gubernamental con jurisdicción directa sobre el desarrollo cooperativista en Puerto Rico.

La Comisión plantea que su integración formal al proceso garantizaría la calidad y fidelidad del contenido académico a los principios doctrinales del cooperativismo, y aseguraría una colaboración efectiva entre el gobierno, el sistema educativo y el movimiento cooperativista organizado. Agradece, además, a la Comisión Legislativa de Educación por brindarle el espacio para expresar su posición sobre la medida.

No obstante, es importante destacar que, aunque el memorial presenta argumentos sólidos en cuanto a la pertinencia ideológica, social y educativa del proyecto, no incluye un análisis sobre el impacto fiscal que tendría la implementación de las escuelas especializadas propuestas. Este elemento es esencial para evaluar la viabilidad real de la medida en el contexto de las limitaciones presupuestarias del Departamento de Educación y del Gobierno de Puerto Rico en general. La creación de una nueva escuela especializada requiere inversión en infraestructura, plantilla docente y administrativa, materiales, servicios y otros componentes operacionales que no pueden obviarse en el proceso de planificación legislativa. En ese sentido, si bien el respaldo de la CDCOOP resulta valioso, el memorial carece de una dimensión crítica: el componente económico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 473, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar detenidamente el Proyecto del Senado 473 y los memoriales explicativos presentados por las agencias concernidas, esta Comisión reconoce que la medida propuesta constituye una iniciativa legislativa innovadora, con un alto potencial transformador dentro del sistema de educación pública de Puerto Rico. La creación de escuelas especializadas en justicia criminal y ciencias forenses, así como en cooperativismo, responde a una necesidad real de diversificar la oferta académica y atender de forma más efectiva los intereses, talentos y aspiraciones vocacionales de nuestros estudiantes.

Las entidades consultadas coinciden en destacar el valor educativo y social de la medida. El Departamento de Educación reconoce que el proyecto fortalece la diversidad educativa y apoya su filosofía pedagógica, especialmente al fomentar la formación temprana en áreas profesionales críticas. Asimismo, destaca la relevancia del cooperativismo como parte del currículo vigente, particularmente a través de las más de 240 cooperativas juveniles escolares actualmente en operación. La Liga de Cooperativas, por su parte, respalda plenamente la medida y subraya su potencial para inculcar valores de equidad, solidaridad y democracia en las futuras generaciones. Igualmente, la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) se expresó a favor del proyecto, resaltando su alineación con la política pública vigente y su capacidad para fortalecer la cultura de emprendimiento social y ético en la juventud puertorriqueña.

Estas posturas favorables reflejan un amplio consenso sobre la importancia de la propuesta, tanto desde el punto de vista pedagógico como desde su coherencia con los principios constitucionales que rigen el derecho a una educación integral, libre y no sectaria. Además, todas las agencias coincidieron en que el cooperativismo, en particular, representa una herramienta poderosa para promover el desarrollo económico local, la autogestión y el liderazgo comunitario desde la etapa escolar.

No obstante, a pesar del reconocimiento casi unánime del valor y pertinencia del Proyecto del Senado 473, esta Comisión no puede obviar un elemento crucial señalado por el propio Departamento de Educación y el Departamento de Corrección y Rehabilitación en su análisis: la viabilidad económica de la medida. La implementación de nuevas escuelas especializadas conlleva costos sustanciales en infraestructura, personal, materiales educativos, servicios administrativos y apoyo técnico. Estas inversiones requieren asignaciones presupuestarias específicas que, según advierte el Departamento, podrían representar un reto considerable ante las limitaciones fiscales que enfrenta actualmente la agencia y el Gobierno de Puerto Rico en general.

Es importante subrayar que, aunque tanto la Liga de Cooperativas como la CDCOOP ofrecieron su respaldo técnico e institucional al proyecto, ninguna de estas entidades incluyó en sus memoriales un análisis del impacto económico o una estimación del costo que supondría la puesta en marcha de las escuelas especializadas propuestas. Esta omisión limita la capacidad del Estado para tomar una decisión fundamentada en criterios de sostenibilidad financiera, planificación fiscal y distribución equitativa de los recursos públicos.

En virtud de lo anterior, y reconociendo que esta propuesta legislativa, aunque excelente en concepto y propósito, no está acompañada de asignaciones presupuestarias requeridas para su viabilidad, esta Comisión no se encuentra en posición de recomendar su aprobación. Es deber de esta Asamblea Legislativa legislar con responsabilidad, garantizando que toda política pública propuesta esté respaldada no solo por buenas intenciones, sino también por una planificación realista que permita su ejecución efectiva y sostenida en el tiempo.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico previo al estudio y consideración del Proyecto del Senado 473, no recomienda la aprobación de la medida.

Respetuosamente sometido,

Hon. Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura