ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea                                                                                                  1ra. Sesión
         Legislativa	 	Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del S. 6

6 de marzo de 2025
Presentada por el señor Hernández Ortiz; las señoras González Huertas, Álvarez Conde; y los señores Dalmau Santiago y Santiago Rivera 

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN CONCURRENTE

Para instarle a la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón a gestionar medidas de mitigación y protección para los empleados despedidos en Puerto Rico, incluyendo asistencia económica y programas de reempleo; exhortarle a desarrollar un plan de acción a nivel estatal para amortiguar el impacto económico y social de estos despidos en la isla; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La administración de Donald Trump, en colaboración con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk, ha puesto en marcha una política agresiva de despidos masivos de empleados federales en Estados Unidos de América. Se han reportado al menos 38,000 despidos en distintas agencias gubernamentales, afectando particularmente a 6,000 veteranos que servían en el gobierno federal. La Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) ha implementado un mecanismo de justificación laboral que ha derivado en la eliminación de plazas y ha general incertidumbres y ansiedad entre miles de trabajadores. 
Puerto Rico no ha sido la excepción. En el País, 200 empleados del Servicio de Rentas Internas (IRS) han sido despedidos hasta la fecha. El IRS cuenta con aproximadamente 4,000 empleados en Puerto Rico, lo que representa una reducción significativa en su plantilla laboral. Adicionalmente, el impacto de esta política se ha extendido a entidades como el Servicio Forestal, el Departamento de Agricultura Federal (USDA), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Servicio de Parques Nacionales (NPS). Estas reducciones de personal han sido implementadas sin un plan de mitigación para los empleados afectados ni para la continuidad de los servicios que estas agencias proveen a la ciudadanía.
Los despidos de empleados federales han tenido repercusiones significativas en Puerto Rico, afectando tanto la calidad de los servicios gubernamentales como la estabilidad laboral y financiera de las familias afectadas. La reducción de personal en el Servicio Forestal pone en riesgo el mantenimiento y la conservación del Bosque Nacional El Yunque, una de las reservas naturales más importantes en el País, mientras que los despidos en el IRS podrían generar retrasos en la atención a contribuyentes y procesamiento de reintegros, afectando la economía de individuos y pequeños negocios. Además, la eliminación de puestos en el Servicio de Parques Nacionales podría limitar el mantenimiento de estructuras históricas como el Castillo San Felipe del Morro y el Castillo San Cristóbal, claves para el turismo y el patrimonio cultural del País. Asimismo, la falta de inspectores en la EPA podría reducir la fiscalización de violaciones ambientales, afectando la calidad del agua, el aire y el ecosistema local.
En términos económicos y laborales, la eliminación de empleos federales ha dejado a cientos de puertorriqueños sin una fuente de ingresos estable, incrementando el desempleo y afectando la economía familiar. Cada empleo federal eliminado en Puerto Rico tiene un efecto multiplicador negativo en la economía local, impactando el comercio, la vivienda y el consumo en general. Se estima que la mayoría de los trabajadores despedidos enfrentarán dificultades para reubicarse en empleos similares dentro del sector privado, dada la limitada cantidad de plazas con remuneraciones comparables en el País.
Ante esta crisis laboral y económica, el Gobierno de Puerto Rico no puede permanecer silente. Es responsabilidad de la Gobernadora Jenniffer González Colón defender los intereses de los puertorriqueños y garantizar que las acciones de la administración del presidente Trump no pongan en riesgo la estabilidad de la economía local ni el bienestar de las familias trabajadoras. 
Puerto Rico ha enfrentado despidos masivos en el pasado, tanto el gobierno estatal como en el sector privado, y en cada ocasión se ha requerido un esfuerzo coordinado para atender a los trabajadores afectados. Es imperativo que se establezcan mecanismos similares para mitigar las consecuencias de esta nueva ola de despidos federales. 
Históricamente, el Gobierno de Puerto Rico ha implementado ayudas para trabajadores despedidos, tales como programas de adiestramiento laboral para facilitar su reinserción en el mercado de trabajo, asistencia económica temporal para apoyar a los desempleados y sus familias, y orientación y apoyo legal para ayudar en la transición en la transición hacia nuevas oportunidades laborales. 
Sin embargo, hasta el momento, no se han anunciado medidas concretas para mitigar el impacto social y económico por los despidos de los empleados federales en Puerto Rico. Es necesario que la Gobernadora establezca un plan de acción inmediato para atender esta crisis laboral.
Ante la gravedad de esta situación, la Gobernadora de Puerto Rico debe asumir su responsabilidad y actuar de manera contundente en defensa de los puertorriqueños. Es inaceptable que, mientras representa y apoya al mismo partido que el presidente Trump guarde silencio ante el impacto que estas medidas han tenido en el País. Por tanto, exigimos que la Gobernadora rechace pública y contundentemente las acciones de Trump de despedir empleados en Puerto Rico, denunciando el impacto negativo que estas decisiones tienen sobre nuestra economía y nuestros ciudadanos; implemente medidas inmediatas para mitigar el impacto social y la pérdida de ingresos en las familias afectadas, estableciendo iniciativas de desarrollo laboral y creando incentivos para la generación de nuevos empleos.
El Gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de actuar con diligencia y firmeza en este asunto. No podemos permitir que cientos de empleados federales sean abandonados a su suerte mientras sus familias sufren las consecuencias de estas decisiones arbitrarias de la administración del presidente Trump. La Gobernadora González Colón debe demostrar liderazgo y responsabilidad, enfrentando esta crisis con la seriedad y la urgencia que merece. 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se insta a la Gobernadora Jenniffer González Colón a gestionar medidas de mitigación y protección para los empleados federales despedidos en Puerto Rico, incluyendo asistencia económica y programas de reempleo. Asimismo, se le exhorta a desarrollar un plan de acción a nivel estatal para amortiguar el impacto económico y social de estos despidos en el País.
Sección 2.- Se ordena el envío de copias certificadas de esta Resolución Concurrente a la Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón y a los medios de comunicación para su debida divulgación.
Sección 3.- Esta Resolución Concurrente entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.