GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea	1 ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S.  169
 2 de mayo de 2025
Presentada por la señora Soto Aguilú
Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación sobre la implementación, cumplimiento y efectividad de la Ley Núm. 229-2003, según enmendada, conocida como la "Ley para Fomentar la Igualdad de Acceso a la Información en Formato Electrónico para Personas con Impedimentos"; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La transformación digital de los servicios gubernamentales ha acelerado significativamente en los últimos años, permitiendo a la ciudadanía acceder a múltiples funciones y trámites mediante plataformas electrónicas. Sin embargo, esta digitalización debe ir acompañada de políticas públicas firmes que garanticen la equidad de acceso para todas las personas, particularmente aquellas con diversidad funcional o limitaciones sensoriales, motrices o cognitivas.
La Ley Núm. 229-2003 se estableció con el objetivo de promover la inclusión digital de las personas con impedimentos en Puerto Rico. Dicha ley obliga a las agencias gubernamentales a desarrollar y mantener portales electrónicos y documentos digitales accesibles, utilizando estándares internacionales reconocidos como los del World Wide Web Consortium (W3C) y sus pautas de accesibilidad para el contenido web (WCAG). Asimismo, requiere que las páginas y sistemas electrónicos del gobierno estén diseñados de forma tal que personas ciegas, sordas, con baja visión, o con otras discapacidades puedan navegar, interactuar y acceder a la información pública de forma autónoma y efectiva.
A pesar de la existencia de este marco legal, abundan los señalamientos sobre su limitado cumplimiento. Diversos estudios, análisis de accesibilidad en portales públicos y denuncias de organizaciones que representan a personas con diversidad funcional revelan que muchas agencias del Gobierno de Puerto Rico no han adoptado plenamente los estándares requeridos, presentan deficiencias en navegación accesible, o mantienen documentos clave en formatos no compatibles con tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, subtitulados automáticos o interfaces alternativas.
La falta de cumplimiento con la Ley 229-2003 no solo constituye una violación del derecho de acceso a la información pública, sino que perpetúa barreras sistémicas que impiden la participación plena de personas con impedimentos en la vida social, educativa, económica y política del país. Asimismo, contradice principios de equidad, no discriminación e inclusión que sustentan nuestro orden constitucional y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Ante este panorama, es responsabilidad de la Asamblea Legislativa ejercer su función fiscalizadora mediante una investigación formal que permita:
Evaluar el grado real de cumplimiento de la Ley 229-2003 en todas las agencias del gobierno central, corporaciones públicas y municipios.
Identificar obstáculos técnicos, presupuestarios o institucionales que hayan limitado su implementación.
Analizar la vigencia y pertinencia de los estándares establecidos en la ley a la luz de la evolución tecnológica.
Determinar si se requiere legislación adicional o enmiendas para fortalecer los mecanismos de cumplimiento y fiscalización.
Esta investigación contribuirá a garantizar el acceso equitativo a la información pública y al gobierno digital como un derecho universal, no como un privilegio condicionado a las capacidades de cada persona.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación sobre la implementación, cumplimiento y efectividad de la Ley Núm. 229-2003, según enmendada, conocida como la "Ley para Fomentar la Igualdad de Acceso a la Información en Formato Electrónico para Personas con Impedimentos".  La investigación deberá incluir, pero no limitarse a:
a) Una evaluación técnica de la accesibilidad digital de los portales electrónicos de agencias, corporaciones públicas y municipios.
b) Un análisis de los reglamentos, guías internas o protocolos adoptados para dar cumplimiento a la Ley 229-2003.
c) La recopilación de estadísticas sobre quejas o reclamaciones presentadas por ciudadanos con impedimentos en relación con el acceso a información digital.
d) Un examen de la capacitación ofrecida a personal gubernamental sobre accesibilidad digital.
e) La identificación de deficiencias estructurales, tecnológicas o presupuestarias que impidan el cumplimiento efectivo de la ley.
f) Recomendaciones legislativas, reglamentarias o administrativas que puedan fortalecer el cumplimiento con los principios de inclusión digital.
Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un término no mayor de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Resolución. 
	Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.