GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 616

8 de mayo de 2025

Presentado por la señora Álvarez Conde

Referido a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo

LEY

Para enmendar los Artículos 13 y 15 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, a los fines de priorizar la captación, preservación, distribución y uso eficiente del agua en el Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico y en el Programa de Inversiones de Cuatro Años; proponer enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada gota que cuidamos hoy, es una vida que protegemos mañana.

Preservar el agua es una necesidad urgente, no un simple llamado ambientalista. Vivimos en un planeta donde más del 70% de la superficie está cubierta de agua, pero solo el 2.5% es dulce, y de esa cantidad, menos del 1% está disponible para el consumo humano, lo que representa apenas el 0.007% del total. Sin embargo, a pesar de esta realidad alarmante, seguimos desperdiciando, contaminando y mal utilizando este recurso como si fuera infinito y nunca fuéramos a carecer del mismo. Actualmente, más de 2.2 mil millones de personas carecen de acceso a agua potable segura y 3.5 mil millones no cuentan con servicios de saneamiento adecuados (UNICEF, 2024). Además, cerca de 4 mil millones de personas experimentan escasez severa de agua al menos un mes al año.

El problema no radica únicamente en la escasez física del agua, sino en su mala gestión. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) es la empresa de servicio público encargada de brindar un servicio de agua potable y alcantarillado de alta calidad, seguro, confiable y accesible al pueblo de Puerto Rico, protegiendo la salud de la ciudadanía y el medioambiente, según establece su misión institucional. Sin embargo, en la práctica, esta misión se ve gravemente comprometida por deficiencias operacionales y estructurales persistentes. Según el informe del año 2019 de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) a pesar de que el 96% de la población depende del sistema público de agua, alrededor del 59% del agua tratada se pierde por fugas, medidores dañados o consumo no autorizado. Esta tasa de pérdida es dramáticamente superior al promedio de 16% en Estados Unidos, según datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Tanto la ASCE como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) han advertido sobre la urgente necesidad de modernizar la infraestructura hidráulica de la isla, señalando, que sin una inversión decidida, no se puede garantizar el acceso continuo y seguro a un recurso tan vital como el agua.

Recientemente, durante el Año Fiscal 2024, se reportó que un 66% de los 513.16 millones de galones de agua potable producidos diariamente por la AAA no generaron ingresos para la corporación pública. Esta pérdida masiva se atribuye a salideros, averías no atendidas, equipos de medición defectuosos y conexiones ilegales, lo que representa un desperdicio alarmante de recursos esenciales para la vida. Mientras miles de familias, incluyendo personas encamadas, pacientes con condiciones crónicas y comunidades de bajos recursos enfrentan interrupciones frecuentes en el servicio, millones de galones de agua se pierden cada día sin control ni rendición de cuentas, reflejando una desconexión profunda entre la promesa institucional y la realidad que vivimos.

Esta pérdida no solo representa un desperdicio inaceptable, sino también una falla estructural en el cumplimiento de la misión esencial de la AAA, especialmente en un contexto en el que el acceso al agua debería ser una garantía básica y universal para todos los residentes de la isla. Un ejemplo reciente de esta crisis se vive en los Municipios de Hatillo y Arecibo, donde la escasez de agua potable sigue provocando serios inconvenientes, afectando particularmente a pacientes de cáncer, personas diabéticas, adultos mayores, personas encamadas y veteranos, quienes requieren acceso constante al agua para preservar su salud y calidad de vida. En sectores de Hatillo como Berrocal, Capilla, Pitre, La Vega, Aguirre, Pentecostal, Suárez, Crespo, Las 40, Báez, Arana, Los Vélez, Mariposa y Leñero, así como en Arecibo Canta Gallo, Hato Viejo, San Rafael, Los Rosas, el Observatorio, Parcelas Cieneguetas, Santana, Calichoza, Sabana Hoyos, Bajadero y Arenalejo se reportan interrupciones constantes en el servicio de agua potable, lo que afecta la higiene, la alimentación, el manejo de medicamentos y el bienestar general de cientos de familias. Esta situación pone en evidencia el deterioro del sistema de distribución y la falta de respuestas efectivas, generando frustración y una creciente desconfianza en la gestión pública del recurso más esencial para la vida.

Por otro lado, en Puerto Rico, más del 50% de la población no tiene acceso a un sistema de alcantarillado sanitario, y aproximadamente el 90% de los pozos sépticos son deficientes. Esta situación ha provocado que el 60% de los ríos y quebradas y más del 90% de los embalses no cumplan con los estándares de calidad de agua, lo cual representa una amenaza directa a la salud pública, la biodiversidad y el equilibrio ecológico de la isla.

A esto se suma la alarmante situación de los acuíferos subterráneos, que también se encuentran bajo presión crítica. En el sur de la isla, la sobreexplotación del acuífero ha provocado una severa intrusión de agua salada, lo que llevó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a declararlo en estado crítico en el año 2016. Como medida de protección, se impuso una veda de construcción en el Municipio de Salinas, afectando su desarrollo económico y poniendo en riesgo la sostenibilidad hídrica de otras zonas aledañas.

En el norte de la isla, la situación no es menos preocupante: los acuíferos presentan un equilibrio hidrológico frágil o ya experimentan niveles de extracción excesivos. A esto se añade la contaminación progresiva de aguas subterráneas, que ha obligado a la AAA a cerrar más de 100 pozos, debido a filtraciones de tanques industriales, prácticas agrícolas intensivas con fertilizantes químicos y sistemas sépticos defectuosos. Esta combinación de sobreuso y contaminación compromete no solo la cantidad de agua disponible, sino también su calidad, afectando a miles de hogares que dependen de estos sistemas para su consumo diario.

El ser humano ha contribuido directamente al agravamiento de la crisis del agua en Puerto Rico. La contaminación de fuentes hídricas por industrias, vertederos ilegales, aguas residuales y prácticas agrícolas no reguladas ha puesto en grave riesgo la biodiversidad y la salud pública. Un ejemplo alarmante es el embalse de Carraízo, que enfrenta una acumulación significativa de sedimentos y contaminación por escorrentías urbanas, afectando su capacidad operativa y elevando los costos de tratamiento. Esta situación no es aislada: el embalse Dos Bocas ha perdido hasta un 73% de su capacidad, el de Guayabal un 60%, y el propio Carraízo hasta un 55%. Estos embalses son estratégicos para el suministro de agua al área metropolitana y municipios del centro de la isla, por lo que su deterioro pone en riesgo la seguridad hídrica de gran parte de la población.

Es pertinente añadir la amenaza creciente del cambio climático, que intensifica el ciclo hidrológico. Según la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), para el año 2030 se espera una reducción de entre 10% y 20% en la precipitación anual. Esta disminución, combinada con una mayor frecuencia de lluvias torrenciales, no solo afectará la disponibilidad de agua, sino que incrementará la turbiedad en los cuerpos de agua, complicando el proceso de potabilización.

A nivel global, el panorama no es menos alarmante. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el año 2023 fue el más seco para los ríos del planeta en al menos 33 años. Este fenómeno se debió a una combinación de temperaturas récord y precipitaciones irregulares, lo que redujo drásticamente los caudales fluviales, afectando comunidades, agricultura y ecosistemas. Por otro lado, entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, los glaciares perdieron más de 600 gigatoneladas de masa, marcando la mayor pérdida en los últimos 50 años. Regiones como el oeste de América del Norte y los Alpes europeos sufrieron un deshielo extremo; en Suiza, por ejemplo, los glaciares han perdido casi el 10% de su volumen solo en los últimos dos años.

En Puerto Rico, el impacto del cambio climático se ha hecho evidente con el aumento en la frecuencia e intensidad de sequías, particularmente en la región sur y oeste de la isla, donde las reservas de agua en embalses estratégicos como Patillas y Guayabal han alcanzado niveles críticos. Estas sequías han obligado a la AAA a imponer racionamientos prolongados, afectando directamente la salud pública, el desarrollo económico y la seguridad alimentaria. Además, el cambio climático ha alterado los patrones de lluvia, provocando periodos más prolongados de sequía seguidos por lluvias torrenciales, lo cual no solo reduce la recarga de acuíferos, sino que también acelera la erosión y sedimentación de los embalses.

Históricamente, la isla ha enfrentado eventos críticos de escasez de agua en los años 1970, 2015, 2019 y 2020, lo que demuestra que esta es una problemática recurrente y no un fenómeno aislado. En el año 2015, el área metropolitana vivió un racionamiento severo de tres días sin agua por uno con servicio, mientras que, en Salinas la crisis se prolongó hasta después del paso del huracán María. En el año 2019, más de 200,000 personas fueron afectadas por daños en el embalse Guajataca, y en el año 2020, otras 420,000 personas enfrentaron racionamientos, incluso en un año que registró niveles récord de lluvia. Estos episodios demuestran que el sistema actual carece de capacidad para almacenar, conservar y distribuir el agua de manera eficiente y resiliente, lo cual resulta insostenible en el contexto climático actual.

En el plano de la seguridad alimentaria, el escenario también es preocupante. Aunque el 92% del agua producida en Puerto Rico se destina al uso doméstico, muchas regiones aún tienen acceso limitado e irregular. El cambio climático obligará a aumentar la producción agrícola local para reducir la dependencia de importaciones, pero el cultivo intensivo requiere grandes volúmenes de agua. A nivel mundial, la agricultura consume alrededor del 70% del agua dulce disponible, lo que podría generar en Puerto Rico conflictos futuros entre los usos doméstico, agrícola e industrial del recurso.

Este diagnóstico se agrava al considerar que, según organismos internacionales, Puerto Rico tiene una de las disponibilidades de agua per cápita más bajas del Caribe, superando únicamente a Haití. A nivel mundial, ocupa el puesto 135 de 182 países, posicionándose dentro del 30% con menor disponibilidad de agua por persona, lo cual lo convierte en una jurisdicción altamente vulnerable ante cualquier alteración en el suministro.

Es por todo esto que preservar el agua no es solo una necesidad ecológica, sino una obligación moral de todos. La falta de acceso al agua potable agrava la pobreza, genera migración forzada, y puede desatar conflictos sociales y políticos. Se estima que para el año 2030, más de 700 millones de personas podrían ser desplazadas por la escasez de agua (UNICEF, 2023). Además, preservar el agua no es solo una cuestión ambiental; es un asunto de seguridad global. Los conflictos por el acceso al agua ya son una realidad en regiones como el Medio Oriente y África, y de no actuar a tiempo, veremos guerras por agua en lugar de petróleo. Mientras tanto, el modelo económico dominante sigue priorizando la ganancia a corto plazo sobre la sostenibilidad de los recursos vitales.

En definitiva, preservar el agua es preservar la vida. No estamos hablando solo de un recurso natural, sino de un elemento esencial para la existencia humana, para el equilibrio de los ecosistemas y para la estabilidad social y económica del planeta. La crisis del agua no es una amenaza futura; es una realidad actual que ya afecta a millones de personas. Puerto Rico, con una de las disponibilidades de agua per cápita más bajas del Caribe y del mundo, no está exento de esta realidad. Si no tomamos acción ahora, enfrentaremos un panorama aún más alarmante de racionamientos, enfermedades, migración forzada y conflictos sociales.

Como sociedad debemos impulsar toda política pública que brinde mayores garantías de acceso y uso responsable de los recursos naturales, particularmente aquellos cuya función básica es el sostenimiento de la vida. La Junta de Planificación de Puerto Rico es la dependencia pública encargada de estudiar y organizar los recursos públicos y privados para un desarrollo social sostenible basado en el mejor interés público. Como parte de las facultades y deberes de la Junta de Planificación se encuentra la confección del Plan de Desarrollo Integral del Estado y la operación del Programa de Inversiones de Cuatro Años. En estos se establecen prioridades en la política pública estructural a corto, mediano y largo plazo, y que posteriormente se instrumentarán a través de los recursos de las demás dependencias de la Rama Ejecutiva. Esta Asamblea Legislativa entiende que tanto el Plan de Desarrollo Integral, como el Programa de Inversiones de Cuatro Años deben reflejar las aspiraciones de conservación y seguridad de todos los puertorriqueños.

La conservación del agua no puede seguir siendo vista como una opción. Es una obligación moral, social y ecológica. Debemos romper con modelos de consumo irresponsables, crear políticas públicas firmes, invertir en tecnología sostenible y, sobre todo, educar. Cada acción cuenta, desde el ahorro doméstico hasta la defensa de los recursos naturales en nuestras comunidades. El agua no es un lujo, no es mercancía, y mucho menos un recurso infinito. Es un derecho humano, un bien común, y nuestra responsabilidad compartida. No esperemos a que el agua nos falte para entender su verdadero valor. Actuemos hoy, por nosotros, por las futuras generaciones, y por la Tierra que nos sostiene, se lo debemos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se añade un nuevo inciso 2 al Artículo 13 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, y se renumeran los siguientes incisos, y a su vez, se enmienda, para que lea como sigue:

“Artículo 13. — Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico.

La Junta de Planificación preparará y adoptará un Plan de Desarrollo Integral, donde se esbozarán las políticas y estrategias de Desarrollo Integral de Puerto Rico. El Plan de Desarrollo Integral, que se revisará periódicamente, guiará a los organismos gubernamentales en la formulación de sus planes, programas y proyectos. El Plan de Desarrollo Integral, o cualquier parte de este, regirá inmediatamente después de adoptado por la Junta y aprobado por el Gobernador. Copia de este plan, o parte del mismo, así aprobado, será sometido a la Asamblea Legislativa por el Gobernador inmediatamente después de su aprobación. Esta contará con no menos de cuarenta y cinco (45) días, que se contarán a partir de la fecha en que se reciban en la Secretaría de los Cuerpos, ya sea en Sesión Ordinaria o Extraordinaria, durante los cuales podrá expresar su desacuerdo sobre cualquier aspecto del Plan mediante Resolución Concurrente que apruebe al efecto. Dicha acción dejará en suspenso la parte así objetada por la Asamblea Legislativa.

En el proceso de preparar y adoptar el Plan de Desarrollo Integral, la Junta:

(1) Recopilará información, construirá indicadores sobre la economía, el ambiente físico y la sociedad, realizará estudios y análisis de estos indicadores, en coordinación con los organismos gubernamentales pertinentes, asesorará a las Ramas Ejecutivas y Legislativas y someterá informes al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el desarrollo del país y de sus más críticos y urgentes problemas sociales, económicos, físicos, ambientales y de infraestructura física, así como de los resultados y consecuencias de las políticas públicas existentes.

(2) Dará especial atención a la captación, preservación, distribución y uso eficiente del agua como recurso crítico para subsistencia de la vida, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de Puerto Rico.

(3)

(4)

(5)

(6) Estimulará y establecerá sistemas de consultas y de participación ciudadana en todo el proceso de preparación, adopción e implementación de las políticas y estrategias de desarrollo integral de Puerto Rico. Toda obra o proyecto a ser realizado por cualquier persona o entidad estará de conformidad con el Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico.

(7) Deberá diseñar y preparar por separado, conjuntamente con el Departamento de Comercio, la Compañía de Turismo, el Departamento de Agricultura, la Administración de Fomento Económico y el Departamento de Recursos Naturales, y en consulta estrecha con el Comisionado de Asuntos Municipales y con los gobiernos de los municipios de la región, un Plan Maestro Integral para el Desarrollo Socioeconómico de la Región Central de Puerto Rico donde se esbozarán las políticas y estrategias comerciales y turísticas para el Desarrollo Socioeconómico de la Región Central, según se define en el Artículo 3, inciso (v) de esta Ley, y se utilizarán los mismos criterios y procedimientos de aprobación que para la preparación del Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico. El Plan que se diseñe en virtud de este inciso, para el cual se invitará a la Universidad de Puerto Rico a aportar sus sugerencias, se preparará utilizando la Región Central como parte esencial dentro del desarrollo integral del país.

La Junta rendirá anualmente un informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, sobre el progreso de la preparación del Plan de Desarrollo Integral.”

Sección 2.- Se añade un nuevo inciso 4 al Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 15. — Programa de Inversiones de Cuatro Años.

La Junta de Planificación preparará y adoptará un Programa de Inversiones de Cuatro Años, comenzando con uno para los años económicos desde 1976-77, hasta el 1979-80, el cual se revisará periódicamente. El Programa de Inversiones constará de, por lo menos, los siguientes elementos:

(1) Un esbozo general de las metas y objetivos sociales y económicos del Gobierno del Estado Libre Asociado que se espera lograr al finalizar los cuatro (4) años del Programa, así como los principales programas y actividades que llevarán a cabo los distintos organismos gubernamentales a los fines de lograr estas metas y objetivos en términos sectoriales y funcionales.

(2) Un esbozo general de los patrones de desarrollo urbano y rural, así como de las metas y objetivos que se desean lograr durante los cuatro (4) años del Programa para mejorar y proteger el ambiente y los sistemas ecológicos del país y los programas y actividades, en términos físicos y ambientales, a llevarse a cabo para lograr dichas metas, así como las interrelaciones de estos programas físicos y ambientales con los programas funcionales y sectoriales.

(3) Estimados y descripciones de los gastos corrientes y de mejoras capitales que requerirán los organismos gubernamentales para lograr las metas de cuatro (4) años del Programa por sectores, funciones y regiones geográficas.

(4) Enfoque en la identificación de proyectos críticos de construcción, reconstrucción y mejoras, así como metas y prioridades claras para la preservación, uso y distribución eficiente del recurso agua a corto, mediano y largo plazo. La Junta priorizará proyectos que reduzcan la pérdida de agua en el sistema de distribución de agua potable; reducir la pérdida en los canales de riego; dragado de los embalses críticos; control de crecimiento excesivo de los jacintos de agua de los embalses; reducir la demanda de agua en Puerto Rico; promover la recolecta de agua de lluvia; el reúso de aguas grises tratadas; implementar programa masivo de reforestación; proteger las zonas de recarga de acuíferos; adoptar barreras hidráulicas para frenar la intrusión de agua salada en los acuíferos; promover el riego por goteo; construir sistemas alternos de tratamiento de aguas usadas para comunidades aisladas; incentivar las servidumbres de conservación; construir nuevos embalses fuera de cauce de los ríos, entre otras inversiones que persigan garantizar mayor acceso al recurso natural.

Todos los organismos gubernamentales someterán a la Junta de Planificación sus respectivos programas funcionales y/u operacionales de cuatro (4) años, los cuales la Junta integrará al preparar y adoptar el Programa de Inversiones de Cuatro Años. La Junta de Planificación elaborará las normas y criterios que servirán de guía a las agencias en la preparación de sus respectivos programas funcionales y/u operacionales, así como de otros programas complementarios e información necesaria que requiera la Junta para la formulación del Programa de Inversiones. Tanto el presupuesto anual de gastos corrientes como los programas anuales de mejoras permanentes a prepararse por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, deberán estar enmarcados dentro de los objetivos y prioridades establecidos en el Programa de Inversiones de Cuatro Años y ningún organismo gubernamental podrá desarrollar obra, proyecto o inversión alguna que no esté contemplada dentro del Programa adoptado por la Junta, a menos que dicha obra, proyecto o inversión sea autorizada por el Gobernador.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto antes de someter sus recomendaciones al Gobernador sobre el Presupuesto Anual de Gastos Corrientes y el Programa Anual de Mejoras Permanentes deberá someter estas a la Junta de Planificación para determinar su conformidad con el Programa de Inversiones de Cuatro Años.

…”

Sección 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.