ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

20ma.    Asamblea			1ra. Sesión
	Legislativa		      Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
P. del S. 623
12 de mayo de 2025
Presentado por la señora Álvarez Conde 

Referido a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano

LEY

Para establecer la "Ley de Bonificaciones por Mérito Académico de la Policía de Puerto Rico"; establecer que los miembros del Negociado de la Policía recibirán una bonificación anual por el grado académico que ostentan; disponer sobre la identificación de fondos; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El papel de la policía en la seguridad es esencial para mantener el orden, proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley. Como primera línea de respuesta, los agentes de la policía trabajan para prevenir delitos, atender emergencias e investigar actos que amenazan la seguridad pública. Su presencia no sólo disuade la actividad criminal, sino que también fortalece la confianza y la estabilidad en las comunidades. Al hacer cumplir las leyes de manera justa y al mantener un vínculo cercano con la ciudadanía, la policía se convierte en un pilar fundamental del sistema de justicia y de la paz social. Es la encargada de proteger a nuestros puertorriqueños, mantener el orden, garantizar que la convivencia civilizada sea posible, prevenir la violencia y permitirnos vivir en un entorno donde nuestros niños, adultos mayores y cada uno de nosotros nos sintamos seguros en cada rincón de nuestro archipiélago. Allí donde vemos calles transitables, comunidades organizadas y derechos garantizados, detrás está, aunque muchas veces invisible, el trabajo incansable de agentes uniformados que, día tras día, asumen riesgos inmensos como el arriesgar su vida para proteger a una sociedad entera. Esa entrega no tiene un valor monetario que pueda medirse; es un sacrificio constante que, lamentablemente, suele quedar sin el reconocimiento ni el respaldo que merece, pese a ser la columna vertebral que sostiene la estabilidad de nuestro país.
La reforma de la Policía de Puerto Rico, mediante un Acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, buscó transformar profundamente la institución para garantizar prácticas policiales constitucionales, éticas y efectivas. Este proceso abarca áreas clave como el uso de la fuerza, registros y allanamientos, protección contra la discriminación, supervisión, disciplina y, especialmente, la profesionalización del cuerpo policiaco. La profesionalización implica la implementación de políticas y procedimientos que aseguren intervenciones respetuosas y la protección de los derechos civiles, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía y se ha distinguido por exigir entrenamientos constantes. Sin embargo, hay agentes de ley y orden, que han ido más allá de los requisitos para ser policías, y decidieron por su desarrollo profesional y personal buscar estudios subgraduados y graduados. Por eso, es indispensable reconocer que exigir tanto de quienes sostienen este peso constituye también una deuda moral. ¿Cómo podemos demandar excelencia, profesionalismo, sensibilidad comunitaria y resultados efectivos si no reconocemos ni incentivamos a quienes se esfuerzan por superarse, por prepararse académicamente y por aportar desde el conocimiento a nuestro país? Premiar el mérito académico no es sólo un incentivo es un acto de justicia. Es reconocer que detrás de cada uniforme hay sacrificios, esfuerzo y una voluntad de servir que merece ser honrada no solo con palabras, sino con acciones concretas. Respaldar a nuestros policías no es un lujo ni una cortesía: es una inversión en la seguridad, la justicia y la convivencia democrática de toda nuestra sociedad. 
El conocimiento y la preparación académica son, sin duda, uno de los recursos más poderosos que puede poseer una sociedad. A diferencia de los bienes materiales, el saber no se agota; al contrario, se multiplica, se comparte y tiene el potencial de transformar vidas, comunidades y naciones enteras. Como expresó Paulo Freire en Pedagogía del oprimido (1970): "La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo". Cuando hablamos de seguridad pública, este principio adquiere un significado aún más relevante. La formación técnica y académica de los policías es fundamental para garantizar una sociedad segura, eficiente y justa, pues de ella dependen no solo sus habilidades prácticas para actuar correctamente, sino también su capacidad para enfrentar situaciones complejas, ejercer juicio crítico, tomar decisiones cruciales y comprender a fondo el entorno social al que sirven. Su preparación les permite proteger a la ciudadanía de manera profesional y ética, adaptándose a los retos que plantea una realidad cada vez más cambiante.
Es por esto que uno de los principales argumentos a favor de pagar mejor a quienes tienen más estudios radica en el enorme valor social y estratégico que aporta el conocimiento especializado. Las competencias adquiridas a través de grados avanzados, cursos especializados y formación continua no solo benefician al oficial individual, sino que impactan directamente en la calidad del servicio que se brinda a la sociedad. Un policía preparado académicamente tiene más herramientas para manejar crisis, mediar conflictos comunitarios, utilizar tecnologías modernas y aplicar estrategias de intervención basadas en su conocimiento, basado en sus estudios y grados avanzados. Su preparación académica es, por tanto, un activo esencial para el funcionamiento eficiente, ético y justo del país.
Actualmente, en Puerto Rico contamos con 11,431 policías activos, aunque, según estimaciones, deberían ser unos 14,000 para cubrir las necesidades mínimas de seguridad. De hecho, estudios sugieren que se necesitarían hasta 10,177 agentes adicionales para satisfacer adecuadamente la demanda en el país. A pesar de esto, atraer y retener personal se ha vuelto un desafío monumental, principalmente por las bajas condiciones salariales y laborales. Aunque el salario base de $2,900 mensuales ha servido como incentivo parcial desde enero de 2024 la situación de la necesidad de cumplir con los agentes sigue siendo crítica. Hay un esfuerzo enorme para reclutar para la Policía a la vez que se preparan para una ola masiva de retiros.  Comparado con las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), donde un oficial de policía en Estados Unidos gana en promedio $70,000 al año (aproximadamente $33.66 por hora), los policías puertorriqueños apenas perciben un promedio anual de $37,430 (unos $18 por hora), es decir, casi la mitad.
En los estados donde mejor se remunera esta profesión, los salarios anuales rondan o superan los $80,000, destacando California con $107,440 como el estado con mejor paga. Le siguen Nueva Jersey ($90,700), Alaska ($88,120), Washington ($82,740), Hawái ($81,460), Nueva York ($80,210), Illinois ($78,450), Colorado ($78,230) y Delaware ($77,010). En contraste, Puerto Rico se ubica entre las jurisdicciones de más baja remuneración, apenas por encima de estados como Mississippi ($37,210), pero incluso por debajo de estados considerados de menor capacidad económica, como Arkansas ($42,530), Luisiana ($43,700), Carolina del Sur ($45,160) y Kentucky ($45,370), que, a pesar de sus limitaciones, ofrecen mejores compensaciones a sus agentes.
A esto se le suma que muchas de estas jurisdicciones, los estados reconocen la importancia de preparación académica de sus agentes mediante bonificaciones salariales o beneficios especiales para quienes poseen títulos universitarios en grados como maestría o doctorado, así como certificaciones avanzadas o formación especializada. Estas políticas no solo recompensan la experiencia práctica, sino que valoran de forma concreta el conocimiento académico y técnico que fortalece la capacidad del agente para enfrentar situaciones complejas, tomar decisiones acertadas y asumir funciones de liderazgo dentro del cuerpo policial. Incentivar el desarrollo profesional de esta manera eleva los estándares del servicio policial, refuerza el sentido de compromiso del equipo y fortalece la confianza pública en la institución. 
En contraste, en Puerto Rico, a pesar de que muchos agentes realizan esfuerzos adicionales para obtener grados universitarios o completar capacitaciones especializadas, este sacrificio rara vez se traduce en aumentos salariales proporcionales, bonificaciones o incentivos económicos.  A todo esto, se le suma que no podemos olvidar el aspecto humano detrás del uniforme. Los agentes son trabajadores esenciales que enfrentan enormes riesgos físicos, emocionales y psicológicos todos los días en su labor cotidiana. Según el National Alliance on Mental Illness (NAMI), los policías presentan tasas de estrés postraumático, depresión y suicidio significativamente más altas que otros sectores laborales. Ahora bien, consideremos el caso de quienes, además de estas responsabilidades, asumen el reto de la preparación académica. No podemos pasar por alto que los policías que deciden estudiar más asumen un compromiso personal, laboral y económico significativo. Quienes cursan grados avanzados generalmente enfrentan mayores cargas de trabajo, sacrificios incluso personales, familiares y, en muchos casos, deudas educativas que tardan años en saldarse. Reconocer ese esfuerzo con bonificaciones no solo es una cuestión de justicia, sino también un mecanismo esencial y necesario para estimular la continuidad académica y profesional dentro de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la realidad en muchos países de América Latina, incluyendo Puerto Rico, es profundamente contradictoria. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021) señala que, si bien existen brechas salariales entre quienes tienen educación universitaria y quienes no, estas diferencias no siempre reflejan de manera proporcional la inversión y sacrificio económico y emocional que implica obtener un título académico. Esta desconexión entre esfuerzo y recompensa ha generado un efecto desmotivador, especialmente entre nuestros jóvenes, quienes perciben que ni siquiera un obtener un título garantiza estabilidad económica; perciben que el sistema les exige sacrificios sin ofrecer garantías mínimas a cambio. Como resultado, una profesión tan crítica para el país pierde atractivo para las nuevas generaciones, dejando de ser vista como una alternativa viable. Esto debilita gravemente la renovación de talento dentro del Negociado de la Policía y pone en riesgo su capacidad futura para responder de manera efectiva a los crecientes desafíos de seguridad pública. Y es que actualmente vemos como muchos policías altamente capacitados con su maestrías y doctorados que apenas logran cubrir sus necesidades básicas, se ven forzados a realizar trabajos adicionales generalmente en seguridad privada o labores informales; aceptan trabajar por debajo de su nivel de preparación lo que es frustrante e indignante; todo con tal de sobrevivir. Peor aún, muchos terminan emigrando en busca de mejores condiciones laborales. Este desgaste no es trivial. Como advierten expertos, un policía debe estar en óptimo estado físico y mental para desempeñar sus funciones; de lo contrario, no solo se pone en riesgo su propia seguridad, sino también la de la comunidad a la que sirve.
Como consecuencia muchos policías optan por no continuar sus estudios, convencidos de que el sacrificio no vale la pena o, mínimamente, podrían estar capacitados para más tareas, pero no son reconocidos en su área de trabajo. Esta realidad no solo desincentiva la formación académica dentro del cuerpo, sino que perpetúa un ciclo en el que el conocimiento policial pierde valor frente a la precariedad, la desmotivación y el abandono institucional. A largo plazo, esta falta de reconocimiento no perjudica únicamente a nuestros agentes, sino que impacta de manera directa en el sistema de seguridad pública. Cuando los policías dejan de ver sentido en prepararse académicamente, se reduce la calidad del recurso humano disponible. Cuando quienes poseen preparación académica optan a migrar hacia jurisdicciones que sí reconocen su preparación académica, se profundiza el problema de la fuga de talento especializado; y se regala capital humano a otras jurisdicciones que, si valoran y reconocen sus estudios, sus sacrificios y esfuerzos. Mientras que los agentes que permanecen desmotivados en el sistema ven afectado su desempeño, su bienestar emocional y su relación con la ciudadanía, lo que compromete seriamente la efectividad y legitimidad de la institución policial.
Por todo lo anterior, esta Ley no es solo una respuesta a una necesidad institucional, es una declaración firme de que Puerto Rico no puede seguir ignorando el esfuerzo, el sacrificio y el valor del conocimiento dentro de su cuerpo policial. Reconocer y premiar el mérito académico no es un lujo ni una concesión; es una obligación necesaria, ética y estratégica inteligente para construir un cuerpo policiaco moderno, capacitado, verdaderamente preparado para enfrentar los retos complejos de nuestra sociedad y construir una institución moderna, respetada y eficiente. Quien invierte años de estudio, asume deudas académicas y sacrifica tiempo personal para superarse merece una recompensa justa, no solo por el beneficio personal que obtiene, sino por el impacto directo que su preparación genera en la calidad del servicio público. Negarse a incentivar este avance es perpetuar un modelo que desmotiva, que pierde talento y que, a largo plazo, debilita la seguridad y la confianza pública. Apostar por la educación y recompensar el mérito en las filas policiales es en PRIMERA INSTANCIA apostar por un Puerto Rico más seguro, más justo y comprometido con la excelencia y el servicio a su pueblo.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título.
Esta Ley se conocerá como " Ley de Bonificaciones por Mérito Académico de la Policía de Puerto Rico ".
Artículo 2.- Bonificaciones.
Con el objetivo de fomentar la profesionalización, retención y reconocimiento del personal que presta servicios en áreas esenciales del gobierno, el Negociado de la Policía otorgará bonificaciones anuales por mérito académico al personal del Sistema de Rango, según se dispone a continuación:
Miembros del Sistema de Rango con bachillerato........................................$1,000.00
Miembros del Sistema de Rango con maestría..............................................$2,000.00
Miembros del Sistema de Rango con doctorado u otros estudios graduados que requieran reválida para su licenciamiento…….............................................$3,000.00
Artículo 3. - Garantía de Derechos Adquiridos.
Las bonificaciones autorizadas en esta Ley no menoscabarán los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales otorgados con anterioridad a la aprobación de este estatuto, que haya sido obtenido por negociación colectiva, la reglamentación interna de la agencia o mediante legislación. 
Artículo 4. - Aspecto Fiscal. 
El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, el comisionado del Negociado de la Policía y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico tendrán el deber ministerial de identificar, separar y garantizar anualmente los fondos necesarios para la consecución de lo dispuesto en el Artículo 2 de esta Ley. La Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Seguridad Pública y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico deberán ser proactivas en la identificación de los fondos necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. Durante el periodo de análisis del presupuesto para cada año fiscal, deberán realizarlas gestiones necesarias para certificar la disponibilidad de los fondos necesarios hasta que se logre dar cumplimiento con lo aquí dispuesto.
Artículo 5.- Separabilidad.
Si cualquier parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia dictada a tal efecto no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la parte que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.
Artículo 6.- Vigencia.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.