GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma. Asamblea 2^da Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 623

INFORME NEGATIVO

6 de noviembre de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 623, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 623 propone “establecer la “Ley de Bonificaciones por Mérito Académico de la Policía de Puerto Rico”; establecer que los miembros del Negociado de la Policía recibirán una bonificación anual por el grado académico que ostentan; disponer sobre la identificación de fondos; y para otros fines relacionados.”

INTRODUCCIÓN

Surge de la Exposición de Motivos de la medida que “[e]l papel de la policía en la seguridad es esencial para mantener el orden, proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley. Como primera línea de respuesta, los agentes de la policía trabajan para prevenir delitos, atender emergencias e investigar actos que amenazan la seguridad pública. Su presencia no sólo disuade la actividad criminal, sino que también fortalece la confianza y la estabilidad en las comunidades. Al hacer cumplir las leyes de manera justa y al mantener un vínculo cercano con la ciudadanía, la policía se convierte en un pilar fundamental del sistema de justicia y de la paz social. Es la encargada de proteger a nuestros puertorriqueños, mantener el orden, garantizar que la convivencia civilizada sea posible, prevenir la violencia y permitirnos vivir en un entorno donde nuestros niños, adultos mayores y cada uno de nosotros nos sintamos seguros en cada rincón de nuestro archipiélago. Allí donde vemos calles transitables, comunidades organizadas y derechos garantizados, detrás está, aunque muchas veces invisible, el trabajo incansable de agentes uniformados que, día tras día, asumen riesgos inmensos como el arriesgar su vida para proteger a una sociedad entera. Esa entrega no tiene un valor monetario que pueda medirse; es un sacrificio constante que, lamentablemente, suele quedar sin el reconocimiento ni el respaldo que merece, pese a ser la columna vertebral que sostiene la estabilidad de nuestro país.

La reforma de la Policía de Puerto Rico, mediante un Acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, buscó transformar profundamente la institución para garantizar prácticas policiales constitucionales, éticas y efectivas. Este proceso abarca áreas clave como el uso de la fuerza, registros y allanamientos, protección contra la discriminación, supervisión, disciplina y, especialmente, la profesionalización del cuerpo policiaco. La profesionalización implica la implementación de políticas y procedimientos que aseguren intervenciones respetuosas y la protección de los derechos civiles, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía y se ha distinguido por exigir entrenamientos constantes. Sin embargo, hay agentes de ley y orden, que han ido más allá de los requisitos para ser policías, y decidieron por su desarrollo profesional y personal buscar estudios subgraduados y graduados. Por eso, es indispensable reconocer que exigir tanto de quienes sostienen este peso constituye también una deuda moral. ¿Cómo podemos demandar excelencia, profesionalismo, sensibilidad comunitaria y resultados efectivos si no reconocemos ni incentivamos a quienes se esfuerzan por superarse, por prepararse académicamente y por aportar desde el conocimiento a nuestro país? Premiar el mérito académico no es sólo un incentivo es un acto de justicia. Es reconocer que detrás de cada uniforme hay sacrificios, esfuerzo y una voluntad de servir que merece ser honrada no solo con palabras, sino con acciones concretas. Respaldar a nuestros policías no es un lujo ni una cortesía: es una inversión en la seguridad, la justicia y la convivencia democrática de toda nuestra sociedad.

El conocimiento y la preparación académica son, sin duda, uno de los recursos más poderosos que puede poseer una sociedad. A diferencia de los bienes materiales, el saber no se agota; al contrario, se multiplica, se comparte y tiene el potencial de transformar vidas, comunidades y naciones enteras. Como expresó Paulo Freire en Pedagogía del oprimido (1970): “La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. Cuando hablamos de seguridad pública, este principio adquiere un significado aún más relevante. La formación técnica y académica de los policías es fundamental para garantizar una sociedad segura, eficiente y justa, pues de ella dependen no solo sus habilidades prácticas para actuar correctamente, sino también su capacidad para enfrentar situaciones complejas, ejercer juicio crítico, tomar decisiones cruciales y comprender a fondo el entorno social al que sirven. Su preparación les permite proteger a la ciudadanía de manera profesional y ética, adaptándose a los retos que plantea una realidad cada vez más cambiante.

Es por esto que uno de los principales argumentos a favor de pagar mejor a quienes tienen más estudios radica en el enorme valor social y estratégico que aporta el conocimiento especializado. Las competencias adquiridas a través de grados avanzados, cursos especializados y formación continua no solo benefician al oficial individual, sino que impactan directamente en la calidad del servicio que se brinda a la sociedad. Un policía preparado académicamente tiene más herramientas para manejar crisis, mediar conflictos comunitarios, utilizar tecnologías modernas y aplicar estrategias de intervención basadas en su conocimiento, basado en sus estudios y grados avanzados. Su preparación académica es, por tanto, un activo esencial para el funcionamiento eficiente, ético y justo del país.

Actualmente, en Puerto Rico contamos con 11,431 policías activos, aunque, según estimaciones, deberían ser unos 14,000 para cubrir las necesidades mínimas de seguridad. De hecho, estudios sugieren que se necesitarían hasta 10,177 agentes adicionales para satisfacer adecuadamente la demanda en el país. A pesar de esto, atraer y retener personal se ha vuelto un desafío monumental, principalmente por las bajas condiciones salariales y laborales. Aunque el salario base de $2,900 mensuales ha servido como incentivo parcial desde enero de 2024 la situación de la necesidad de cumplir con los agentes sigue siendo crítica. Hay un esfuerzo enorme para reclutar para la Policía a la vez que se preparan para una ola masiva de retiros. Comparado con las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), donde un oficial de policía en Estados Unidos gana en promedio $70,000 al año (aproximadamente $33.66 por hora), los policías puertorriqueños apenas perciben un promedio anual de $37,430 (unos $18 por hora), es decir, casi la mitad.

En los estados donde mejor se remunera esta profesión, los salarios anuales rondan o superan los $80,000, destacando California con $107,440 como el estado con mejor paga. Le siguen Nueva Jersey ($90,700), Alaska ($88,120), Washington ($82,740), Hawái ($81,460), Nueva York ($80,210), Illinois ($78,450), Colorado ($78,230) y Delaware ($77,010). En contraste, Puerto Rico se ubica entre las jurisdicciones de más baja remuneración, apenas por encima de estados como Mississippi ($37,210), pero incluso por debajo de estados considerados de menor capacidad económica, como Arkansas ($42,530), Luisiana ($43,700), Carolina del Sur ($45,160) y Kentucky ($45,370), que, a pesar de sus limitaciones, ofrecen mejores compensaciones a sus agentes.

A esto se le suma que muchas de estas jurisdicciones, los estados reconocen la importancia de preparación académica de sus agentes mediante bonificaciones salariales o beneficios especiales para quienes poseen títulos universitarios en grados como maestría o doctorado, así como certificaciones avanzadas o formación especializada. Estas políticas no solo recompensan la experiencia práctica, sino que valoran de forma concreta el conocimiento académico y técnico que fortalece la capacidad del agente para enfrentar situaciones complejas, tomar decisiones acertadas y asumir funciones de liderazgo dentro del cuerpo policial. Incentivar el desarrollo profesional de esta manera eleva los estándares del servicio policial, refuerza el sentido de compromiso del equipo y fortalece la confianza pública en la institución.

En contraste, en Puerto Rico, a pesar de que muchos agentes realizan esfuerzos adicionales para obtener grados universitarios o completar capacitaciones especializadas, este sacrificio rara vez se traduce en aumentos salariales proporcionales, bonificaciones o incentivos económicos. A todo esto, se le suma que no podemos olvidar el aspecto humano detrás del uniforme. Los agentes son trabajadores esenciales que enfrentan enormes riesgos físicos, emocionales y psicológicos todos los días en su labor cotidiana. Según el National Alliance on Mental Illness (NAMI), los policías presentan tasas de estrés postraumático, depresión y suicidio significativamente más altas que otros sectores laborales. Ahora bien, consideremos el caso de quienes, además de estas responsabilidades, asumen el reto de la preparación académica. No podemos pasar por alto que los policías que deciden estudiar más asumen un compromiso personal, laboral y económico significativo. Quienes cursan grados avanzados generalmente enfrentan mayores cargas de trabajo, sacrificios incluso personales, familiares y, en muchos casos, deudas educativas que tardan años en saldarse. Reconocer ese esfuerzo con bonificaciones no solo es una cuestión de justicia, sino también un mecanismo esencial y necesario para estimular la continuidad académica y profesional dentro de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la realidad en muchos países de América Latina, incluyendo Puerto Rico, es profundamente contradictoria. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021) señala que, si bien existen brechas salariales entre quienes tienen educación universitaria y quienes no, estas diferencias no siempre reflejan de manera proporcional la inversión y sacrificio económico y emocional que implica obtener un título académico. Esta desconexión entre esfuerzo y recompensa ha generado un efecto desmotivador, especialmente entre nuestros jóvenes, quienes perciben que ni siquiera un obtener un título garantiza estabilidad económica; perciben que el sistema les exige sacrificios sin ofrecer garantías mínimas a cambio. Como resultado, una profesión tan crítica para el país pierde atractivo para las nuevas generaciones, dejando de ser vista como una alternativa viable. Esto debilita gravemente la renovación de talento dentro del Negociado de la Policía y pone en riesgo su capacidad futura para responder de manera efectiva a los crecientes desafíos de seguridad pública. Y es que actualmente vemos como muchos policías altamente capacitados con su maestrías y doctorados que apenas logran cubrir sus necesidades básicas, se ven forzados a realizar trabajos adicionales generalmente en seguridad privada o labores informales; aceptan trabajar por debajo de su nivel de preparación lo que es frustrante e indignante; todo con tal de sobrevivir. Peor aún, muchos terminan emigrando en busca de mejores condiciones laborales. Este desgaste no es trivial. Como advierten expertos, un policía debe estar en óptimo estado físico y mental para desempeñar sus funciones; de lo contrario, no solo se pone en riesgo su propia seguridad, sino también la de la comunidad a la que sirve.

Como consecuencia muchos policías optan por no continuar sus estudios, convencidos de que el sacrificio no vale la pena o, mínimamente, podrían estar capacitados para más tareas, pero no son reconocidos en su área de trabajo. Esta realidad no solo desincentiva la formación académica dentro del cuerpo, sino que perpetúa un ciclo en el que el conocimiento policial pierde valor frente a la precariedad, la desmotivación y el abandono institucional. A largo plazo, esta falta de reconocimiento no perjudica únicamente a nuestros agentes, sino que impacta de manera directa en el sistema de seguridad pública. Cuando los policías dejan de ver sentido en prepararse académicamente, se reduce la calidad del recurso humano disponible. Cuando quienes poseen preparación académica optan a migrar hacia jurisdicciones que sí reconocen su preparación académica, se profundiza el problema de la fuga de talento especializado; y se regala capital humano a otras jurisdicciones que, si valoran y reconocen sus estudios, sus sacrificios y esfuerzos. Mientras que los agentes que permanecen desmotivados en el sistema ven afectado su desempeño, su bienestar emocional y su relación con la ciudadanía, lo que compromete seriamente la efectividad y legitimidad de la institución policial.

Por todo lo anterior, esta Ley no es solo una respuesta a una necesidad institucional, es una declaración firme de que Puerto Rico no puede seguir ignorando el esfuerzo, el sacrificio y el valor del conocimiento dentro de su cuerpo policial. Reconocer y premiar el mérito académico no es un lujo ni una concesión; es una obligación necesaria, ética y estratégica inteligente para construir un cuerpo policiaco moderno, capacitado, verdaderamente preparado para enfrentar los retos complejos de nuestra sociedad y construir una institución moderna, respetada y eficiente. Quien invierte años de estudio, asume deudas académicas y sacrifica tiempo personal para superarse merece una recompensa justa, no solo por el beneficio personal que obtiene, sino por el impacto directo que su preparación genera en la calidad del servicio público. Negarse a incentivar este avance es perpetuar un modelo que desmotiva, que pierde talento y que, a largo plazo, debilita la seguridad y la confianza pública. Apostar por la educación y recompensar el mérito en las filas policiales es en PRIMERA INSTANCIA apostar por un Puerto Rico más seguro, más justo y comprometido con la excelencia y el servicio a su pueblo.”

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluación del P. del S. 623, solicitó comentarios a las siguientes agencias o entidades: Departamento de Seguridad Pública (DSP), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (PROMESA) y a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

Esta Comisión recibió los comentarios del Departamento de Seguridad Pública (DSP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Sin embargo, al momento de redactar este Informe no se habían recibido los comentarios solicitados a la OGP y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico.

A continuación, presentaremos de forma sintetizada las expresiones de las agencias que presentaron sus comentarios.

Departamento de Seguridad Pública (DSP)

El DSP expresó en su ponencia que el propósito del Proyecto del Senado 623 incide directamente sobre los miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico (PPR), al proponer la concesión de bonificaciones anuales basadas en el grado universitario alcanzado por cada agente. El objetivo central de la medida es incentivar la profesionalización, mejorar la retención del personal y fortalecer la calidad del servicio que la Policía brinda a la ciudadanía. Sin embargo, el DSP advirtió que, si bien la finalidad de la medida es loable, su adopción requiere un examen minucioso a la luz de los recientes cambios institucionales y de la política pública vigente.

La agencia explicó que, con la aprobación de la Ley 83-2025, “Ley de la Policía de Puerto Rico”, el pasado 30 de julio de 2025, se devolvió a la Policía su autonomía administrativa y fiscal, separándola gradualmente del DSP. En virtud del artículo 40 de dicho estatuto, se estableció un proceso de transición ordenada para garantizar que la separación no afecte los servicios esenciales de seguridad pública. Por tanto, cualquier legislación que altere la estructura organizativa o la escala retributiva del personal policial debe evaluarse con extremo cuidado para no interferir con dicho proceso ni con el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico, suscrito en 2013 con el Departamento de Justicia federal.

El DSP reconoció que actualmente existen rangos dentro de la Policía que ya exigen grados universitarios —por ejemplo, los rangos de teniente coronel y coronel requieren como mínimo un grado de maestría—, y que un número significativo de agentes ha optado voluntariamente por continuar estudios avanzados, incluyendo maestrías y doctorados. Sin embargo, advirtió que la propuesta legislativa podría entrar en conflicto con los parámetros del Acuerdo de Reforma, específicamente con el componente de civilización, el cual promueve la transferencia de funciones administrativas y técnicas a personal civil, con el fin de que los policías en servicio activo se concentren en las labores operacionales de prevención, patrullaje e investigación criminal.

La preocupación principal de la agencia radica en que las bonificaciones propuestas podrían distorsionar el principio de separación funcional entre el personal civil y el uniformado, otorgando incentivos salariales a miembros del Sistema de Rango que desempeñan funciones administrativas o de apoyo que deben ser realizadas por empleados del sistema clasificado, conforme a la reglamentación de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH). Ello podría representar una ventaja indebida y contraria al espíritu de la Reforma, afectando tanto la equidad interna como el proceso de cumplimiento con las disposiciones federales de supervisión institucional.

De igual forma, el DSP enfatizó la necesidad de considerar el impacto fiscal de la medida antes de su aprobación. Recomendó que se solicite un análisis detallado a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para determinar la viabilidad presupuestaria del incentivo, y subrayó que no debe aprobarse ninguna medida que cree obligaciones recurrentes sin identificar previamente una fuente de financiamiento sostenible. En conclusión, el DSP expresó su simpatía con el objetivo de la medida, pero condicionó su aval a que se revisen las bonificaciones, se establezcan salvaguardas para no interferir con la Reforma Policial y se obtenga una evaluación fiscal formal de las entidades competentes.

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)

La AAFAF reconoció la buena intención del P. del S. 623 al procurar dignificar la labor de los agentes de la Policía de Puerto Rico mediante incentivos educativos, pero manifestó serias reservas ante la ausencia de un análisis fiscal formal que determine la sostenibilidad económica de la medida y su compatibilidad con la legislación fiscal vigente. La Autoridad recordó que, conforme a la Ley PROMESA y a la Ley 2-2017, el Gobierno de Puerto Rico tiene la obligación de mantener presupuestos balanceados y de someter a evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) toda medida con impacto presupuestario.

En particular, la AAFAF invocó la Sección 204 de PROMESA, que establece que toda ley con efecto fiscal debe acompañarse de una estimación formal de costos y de una certificación de cumplimiento con el Plan Fiscal. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, en In re Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, 511 F. Supp. 3d 90 (D.P.R. 2020), sostuvo que el Gobierno no puede esperar a que una medida se convierta en ley para solicitar la certificación de cumplimiento; por tanto, el análisis debe realizarse antes de la aprobación legislativa.

La AAFAF señaló que el Proyecto del Senado 623 no cumple con estos requisitos, al no contar con un análisis de impacto económico ni con una fuente identificada de financiamiento. Además, el Plan Fiscal certificado por la JSF exige que toda legislación que incremente el gasto público permanente cumpla con el denominado Principio de Neutralidad Fiscal, el cual impone que cualquier nuevo gasto se compense con una reducción equivalente en otras partidas o con un aumento proporcional de ingresos. En este caso, la medida crea una obligación recurrente de pago sin especificar cómo se cubrirán los costos, lo que representaría una violación potencial de dicho principio y de los parámetros de disciplina fiscal establecidos bajo supervisión federal.

La AAFAF también recordó que la Ley 1-2023, que creó la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), dispone que toda medida legislativa debe incluir un informe sobre su impacto fiscal antes de ser considerada para votación. En el caso del P. del S. 623, no consta que se haya emitido ni presentado dicho informe, lo que impide una evaluación técnica completa. Por ello, la AAFAF concluyó que, aunque el objetivo del proyecto es meritorio y se alinea con la política pública de profesionalización del servicio público, no se puede recomendar su aprobación en ausencia de la información fiscal requerida. Cualquier aprobación sin un análisis económico riguroso expondría al Gobierno de Puerto Rico a incumplir con la Ley PROMESA, el Plan de Ajuste de la Deuda y los compromisos financieros de sostenibilidad presupuestaria. La Autoridad recomendó, por tanto, que se remita la medida a la OPAL para la preparación de un estudio formal antes de continuar el trámite legislativo.

Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL)

La OPAL presentó un análisis preliminar del impacto fiscal del P. del S. 623, en el cual estimó que el costo potencial de implementación ascendería a aproximadamente $4.5 millones anuales, con base en los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y la Policía de Puerto Rico correspondientes al año 2023. Según su estimación, el número de policías se situaba entre 11,525 (según el Censo) y 12,290 (según la Policía), por lo que la Oficina utilizó proyecciones ponderadas para calcular el impacto del pago de bonificaciones de $1,000 a policías con grado de bachillerato y $2,000 a aquellos con grados superiores, como maestrías o doctorados.

No obstante, la OPAL reconoció limitaciones significativas en su análisis. Primero, destacó que no existe información oficial o actualizada sobre el nivel educativo de los agentes de la Policía de Puerto Rico, lo que obligó a utilizar estimaciones indirectas basadas en encuestas poblacionales sujetas a márgenes de error. Segundo, el estudio no pudo diferenciar entre los distintos tipos de grados post bachillerato ni identificar variaciones en el tiempo, por lo que asumió que los costos se mantendrían constantes a lo largo de los años, pese a reconocer que esa suposición no es realista.

Asimismo, la OPAL indicó que el análisis presentado no constituye un estudio fiscal exhaustivo y no identifica la fuente de los fondos necesarios para cubrir las bonificaciones. En consecuencia, el propio informe de la OPAL debe interpretarse como un ejercicio exploratorio y no como una certificación formal de viabilidad fiscal. Su estimado de $4.5 millones representa una carga adicional al presupuesto recurrente del Negociado de la Policía, sin mecanismos identificados para compensar el gasto o mantener la neutralidad fiscal requerida por el Plan Fiscal certificado.

CONCLUSIÓN

En consideración de los comentarios recibidos, esta Comisión concluye que, aunque el propósito del Proyecto del Senado 623 es loable al procurar incentivar la profesionalización y formación académica de los miembros de la Policía de Puerto Rico, la medida presenta deficiencias estructurales y fiscales que impiden recomendar su aprobación. En primer lugar, se advierte que la medida no identifica una fuente de financiamiento específica, estable ni recurrente que permita sostener las bonificaciones propuestas sin afectar el presupuesto general del Gobierno ni los compromisos establecidos en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. La ausencia de esta identificación constituye una falla sustancial, pues cualquier medida que imponga gastos permanentes al erario debe ir acompañada de un análisis económico riguroso y de una certificación de neutralidad fiscal, conforme lo dispuesto en la Ley PROMESA, la Ley 2-2017 y la Ley 1-2023, que creó la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

Esta medida se propone crear una obligación económica recurrente sin establecer de dónde provendrán los fondos para cubrirla, ni cómo se compensarán los gastos adicionales dentro de los límites presupuestarios vigentes. Tal proceder sería contrario al principio de responsabilidad fiscal que rige la administración pública de Puerto Rico bajo la supervisión federal y expondría al Gobierno al incumplimiento con las disposiciones de la Ley PROMESA y del Plan de Ajuste de la Deuda.

Además, la implementación de esta medida sin respaldo presupuestario afectaría la sostenibilidad financiera de la Policía de Puerto Rico, generando una carga económica adicional que, en ausencia de nuevos ingresos, podría conllevar la reasignación de fondos de otras áreas operacionales críticas, comprometiendo así la prestación de servicios esenciales de seguridad pública. La AAFAF, en su ponencia, advirtió expresamente que no es posible recomendar la aprobación de esta legislación mientras no se presente un estudio fiscal formal que identifique de manera clara las fuentes de financiamiento y asegure su sostenibilidad a largo plazo.

Por tanto, aunque esta Comisión reconoce el valor y la intención de la medida como una iniciativa para elevar el nivel profesional del cuerpo policiaco resulta fiscalmente imprudente aprobar un proyecto que crea obligaciones económicas permanentes sin fuente de financiamiento definida. En consecuencia, esta Comisión no recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 623, por ser inconsistente con las normas de disciplina fiscal y sostenibilidad presupuestaria del Gobierno de Puerto Rico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 623, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

Respetuosamente sometido,

Gregorio Matías Rosario

Presidente

Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano