GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma. Asamblea ^3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

R. de la C. 329

INFORME FINAL

15 de junio de 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento del deber delegado de atender asuntos dirigidos a responder efectivamente a las necesidades de la población, promover el bienestar social y fortalecer oportunidades de desarrollo humano en Puerto Rico, someten el presente Informe Final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara 329 tiene el propósito de:

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento con la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, y sus implicaciones en la actuación de las agencias gubernamentales responsables de garantizar los derechos y servicios esenciales a esta población; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara 329 tiene como propósito ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación y el cumplimiento de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”. Asimismo, persigue examinar las implicaciones de dicha legislación en la actuación de las agencias e instrumentalidades gubernamentales responsables de garantizar los derechos y servicios esenciales dirigidos a esta población.

La medida surge en reconocimiento del acelerado proceso de envejecimiento poblacional que enfrenta Puerto Rico y de la necesidad de evaluar la efectividad de las políticas públicas adoptadas para proteger y promover el bienestar de las personas adultas mayores. En particular, la resolución destaca la importancia de asegurar que las disposiciones contenidas en la Ley 121-2019 se traduzcan en acciones concretas por parte del Gobierno y que los servicios dirigidos a esta población respondan adecuadamente a sus necesidades.

A través de esta investigación, la Cámara de Representantes procura recopilar información, identificar áreas de cumplimiento y posibles deficiencias en la ejecución de la política pública vigente, así como formular recomendaciones dirigidas a fortalecer la protección de los derechos de los adultos mayores y garantizar su plena participación en la sociedad.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

En cumplimiento con el mandato contenido en la Resolución de la Cámara 329, la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social llevó a cabo una investigación dirigida a evaluar la implementación y el cumplimiento de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”.

Como parte de los trabajos investigativos, la Comisión cursó solicitudes de información y memoriales explicativos a diversas agencias, instrumentalidades gubernamentales, entidades privadas y organizaciones relacionadas con la prestación de servicios a la población adulta mayor. El propósito de estas solicitudes fue recopilar información actualizada sobre los programas, servicios, iniciativas y mecanismos utilizados para garantizar el cumplimiento de la política pública establecida en la referida ley.

Asimismo, la Comisión celebró vista pública en las que comparecieron representantes de agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y otros.

La información recopilada mediante estos mecanismos sirvió de base para la formulación de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones contenidas en el presente informe.

RESUMEN DE PONENCIAS E INFORMACION RECIBIDA

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

Del memorial explicativo del Departamento de la Familia surge que la agencia favorece la R. de la C. 329 y reconoce la pertinencia de que la Asamblea Legislativa examine la implementación y cumplimiento de la Ley 121-2019, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”. El Departamento destacó que dicha ley constituye el principal marco normativo para garantizar la protección, bienestar e integración social de la población adulta mayor, al tiempo que impone responsabilidades específicas a las agencias gubernamentales para atender sus necesidades y proteger sus derechos.

La agencia señaló que Puerto Rico atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento poblacional, por lo que resulta indispensable fortalecer los mecanismos de protección y los servicios dirigidos a este sector. En ese contexto, expuso las funciones que realiza a través de la Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos (ADFAN), incluyendo servicios de protección social, prevención e intervención en casos de maltrato, servicios de auxilio en el hogar, programas comunitarios para adultos mayores y servicios de cuidado sustituto para personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, presentó estadísticas relacionadas con referidos de maltrato y describió los esfuerzos interagenciales desarrollados para atender situaciones de negligencia, abandono, explotación financiera y otras formas de maltrato contra adultos mayores.

De igual forma, el Departamento explicó que la Ley 121-2019 asigna responsabilidades concretas a diversas agencias gubernamentales y establece mecanismos de coordinación para asegurar el cumplimiento de la política pública en favor de los adultos mayores. En apoyo a esta labor, destacó la creación de protocolos interagenciales, programas de capacitación, iniciativas de orientación comunitaria, acuerdos colaborativos y sistemas de recopilación de información dirigidos a fortalecer la protección y atención de esta población.

Finalmente, el Departamento de la Familia expresó que el propósito de la Resolución de la Cámara 329 es legítimo y consistente con los objetivos de la Ley 121-2019. En consecuencia, manifestó su respaldo a la medida y reiteró su disposición de continuar colaborando con la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social en los esfuerzos dirigidos a evaluar y fortalecer la política pública a favor de los adultos mayores de Puerto Rico.

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA)

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) compareció ante la Comisión para expresar su respaldo a la Resolución de la Cámara 329 y destacó la importancia de evaluar la implementación y cumplimiento de la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”. La agencia explicó que, como entidad responsable de fiscalizar, investigar y velar por la protección de los derechos de las personas adultas mayores, mantiene un rol fundamental en la ejecución y supervisión de la política pública dirigida a esta población.

La OPPEA señaló que Puerto Rico experimenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, situación que exige una evaluación continua de las políticas, programas y servicios dirigidos a garantizar el bienestar de las personas adultas mayores. En apoyo a esta realidad, presentó información estadística relacionada con querellas de maltrato, negligencia, explotación financiera y otras violaciones de derechos atendidas por la agencia, destacando la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección e intervención.

Asimismo, la agencia expuso el marco legal vigente aplicable a la población adulta mayor y destacó las distintas enmiendas realizadas a la Ley 121-2019 con el propósito de ampliar derechos, fortalecer responsabilidades gubernamentales y reforzar las protecciones contra el maltrato, abandono y explotación de esta población. En particular, resaltó la creación del Comité para la Implementación y Revisión de la Ley 121-2019, organismo encargado de evaluar la efectividad de la política pública y formular recomendaciones dirigidas a mejorar su implantación.

De igual forma, la OPPEA abordó el tema del abandono de adultos mayores y explicó las responsabilidades impuestas por la Ley 121-2019 a hospitales, agencias gubernamentales y familiares encargados del cuidado de esta población. Sobre este particular, destacó la importancia de la coordinación interagencial para atender adecuadamente los casos de abandono y garantizar la protección de los adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad.

Finalmente, la agencia expresó que resulta meritorio que la Asamblea Legislativa examine la efectividad de la implementación de la Ley 121-2019 y continúe evaluando alternativas para fortalecer la política pública a favor de los adultos mayores. En consecuencia, reiteró su disposición de colaborar con los trabajos de la Comisión y respaldó los esfuerzos dirigidos a garantizar una mayor protección, inclusión y calidad de vida para esta población.

Las estadísticas suministradas por la OPPEA evidencian la magnitud de los retos que enfrenta la población adulta mayor en Puerto Rico. Durante el año fiscal 2024-2025, la agencia recibió un total de 7,476 querellas relacionadas con maltrato y delitos contra adultos mayores. Entre las modalidades de maltrato más reportadas se destacaron la negligencia (1,718 querellas), la negligencia propia (1,001) y el abuso emocional (776). Asimismo, entre las querellas constitutivas de delito, la explotación financiera representó la incidencia más significativa con 2,053 casos reportados, seguida por apropiación ilegal con 658 querellas. De igual forma, la Procuraduría Auxiliar de Cuidado de Larga Duración registró 1,828 querellas relacionadas con residentes de establecimientos de cuidado prolongado, siendo las categorías más frecuentes las asociadas a calidad de vida, cuidado del residente y derechos de los residentes. Estos datos reflejan la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de fiscalización, prevención, coordinación interagencial y protección establecidos en la Ley 121-2019 para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas adultas mayores en Puerto Rico.

Policía de Puerto Rico

La Policía de Puerto Rico expresó su respaldo a la Resolución de la Cámara 329 y reiteró su compromiso con la protección, seguridad y bienestar de las personas adultas mayores. La agencia destacó que, como entidad responsable de hacer cumplir las leyes y proteger los derechos de la ciudadanía, reconoce que los adultos mayores constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población y, por tanto, requieren una atención prioritaria y coordinada por parte del Estado. En ese contexto, manifestó su disposición de colaborar con los trabajos investigativos de la Comisión y aportar su experiencia operacional y técnica para fortalecer los mecanismos de prevención, detección e investigación de situaciones que afecten a esta población.

La Policía señaló que actualmente enfrenta limitaciones relacionadas con la recopilación y clasificación de estadísticas sobre casos de abandono de adultos mayores, particularmente aquellos ocurridos en instituciones médico-hospitalarias, debido a que no cuenta con una codificación específica dentro de sus sistemas de recopilación de datos que permita identificar estos incidentes de forma precisa. No obstante, indicó que mantiene su disposición de colaborar en iniciativas dirigidas a fortalecer los mecanismos de recopilación de información y mejorar la coordinación interagencial en estos casos.

Asimismo, informó que durante el mes de diciembre culminó el proceso de readiestramiento de su personal conforme a la Orden General 600-645 sobre investigación de incidentes relacionados con adultos mayores. Según explicó, esta normativa establece los procedimientos que deben seguir los agentes al intervenir en casos que involucren personas de edad avanzada, promueve la capacitación continua del personal y procura garantizar un trato digno, respetuoso y libre de discrimen a esta población. Además, destacó la existencia de coordinadores y enlaces especializados en asuntos relacionados con adultos mayores, así como los esfuerzos de colaboración mantenidos con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y el Departamento de la Familia para la atención e investigación de referidos relacionados con explotación financiera y otras modalidades de maltrato.

Finalmente, la Policía de Puerto Rico reiteró su compromiso de continuar colaborando con la Asamblea Legislativa y las agencias concernidas en los esfuerzos dirigidos a fortalecer la política pública de protección a los adultos mayores, así como de apoyar cualquier iniciativa que contribuya a garantizar una respuesta gubernamental más efectiva ante las situaciones que afectan a esta población.

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la prueba documental recibida, los memoriales explicativos sometidos por las agencias comparecientes y la información recopilada durante el proceso investigativo, esta Comisión concluye que la Ley 121-2019, según enmendada, continúa constituyendo el principal instrumento de política pública para la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores en Puerto Rico. No obstante, la investigación evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación interagencial, recopilación de datos y fiscalización para asegurar una implantación uniforme y efectiva de las disposiciones contenidas en dicha ley.

La Comisión constató que tanto el Departamento de la Familia, a través de la Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos (ADFAN), como la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), mantienen programas, protocolos e iniciativas dirigidas a la protección y bienestar de esta población. Asimismo, ambas entidades coincidieron en señalar que Puerto Rico enfrenta una realidad demográfica caracterizada por el crecimiento sostenido de la población adulta mayor, situación que exige una evaluación continua de los servicios, recursos y estructuras gubernamentales destinadas a atender sus necesidades.

De igual forma, la información estadística suministrada a la Comisión refleja la persistencia de situaciones de maltrato, negligencia, explotación financiera y otras violaciones de derechos que afectan a las personas adultas mayores. Particularmente, preocupa la alta incidencia de querellas relacionadas con negligencia y explotación financiera, así como las situaciones reportadas en establecimientos de cuidado de larga duración, lo que demuestra la necesidad de continuar fortaleciendo los esfuerzos preventivos, educativos y fiscalizadores dirigidos a esta población.

La investigación también permitió identificar oportunidades para mejorar en la recopilación y uniformidad de los datos relacionados con incidentes que afectan a los adultos mayores. Sobre ello, la Policía de Puerto Rico informó que actualmente no cuenta con una codificación específica que permita identificar de forma precisa determinados incidentes relacionados con el abandono de adultos mayores, situación que limita la disponibilidad de estadísticas y dificulta el análisis integral de esta problemática.

Ante dicha realidad, esta Comisión concluye que la política pública establecida mediante la Ley 121-2019 continúa siendo pertinente y necesaria. No obstante, resulta indispensable que las agencias responsables de su implementación mantengan procesos continuos de evaluación, coordinación y rendición de cuentas que permitan medir su efectividad y atender oportunamente los retos que enfrenta esta población.

Por consiguiente, la Comisión recomienda continuar promoviendo mecanismos de colaboración interagencial, fortalecer los sistemas de recopilación y análisis de información estadística relacionada con los adultos mayores, ampliar los esfuerzos educativos y preventivos sobre maltrato, abandono y explotación financiera, así como evaluar periódicamente la efectividad de los programas y servicios dirigidos a esta población.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, luego de examinar la información recopilada, evaluar las gestiones realizadas y analizar los memoriales explicativos sometidos, tiene a bien someter el presente Informe Final correspondiente a la Resolución de la Cámara 329, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares, reservándose la Comisión la continuación de los trabajos investigativos para la eventual presentación del informe final que corresponda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,