GOBIERNO DE PUERTO RICO
20 ma. Asamblea 2 da. Sesión
Legislativa Ordinaria
SENADO DE PUERTO RICO
P. del S. 499
INFORME NEGATIVO
11 de agosto de 2025
AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 499, no recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida.
ALCANCE DE LA MEDIDA
Para establecer la “Ley para el Fomento de la Educación Técnico-Vocacional en la Universidad de Puerto Rico”, a los fines de integrar programas técnicos y vocacionales acreditados en los recintos del sistema universitario público; disponer sobre su desarrollo curricular, articulación con la industria y el mercado laboral, y acceso preferente a estudiantes provenientes del sistema de educación pública.
El Proyecto del Senado 499 propone establecer la “Ley para el Fomento de la Educación Técnico-Vocacional en la Universidad de Puerto Rico”, con el fin de integrar formalmente programas cortos y acreditados en los recintos del sistema universitario público, articulados con el mercado laboral y dirigidos, preferentemente, a egresados del sistema de educación pública. Esta iniciativa legislativa parte de una premisa legítima y sumamente relevante: la necesidad de ampliar las oportunidades educativas para nuestros jóvenes y atender las exigencias del desarrollo económico del país mediante una fuerza laboral capacitada y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos del siglo XXI.
Puerto Rico enfrenta un panorama económico en constante evolución, donde sectores emergentes como la tecnología aplicada, la energía renovable, la biotecnología, el turismo especializado y la manufactura avanzada requieren una fuerza laboral altamente capacitada, técnica y ágil. A su vez, existe una porción significativa de la población juvenil que no se visualiza completando una carrera universitaria tradicional de cuatro años, pero que cuenta con el interés y la capacidad de desarrollarse profesionalmente mediante programas educativos más cortos, dirigidos y alineados con las demandas del mercado laboral.
En lo que respecta al proyecto, este persigue un objetivo loable y necesario, no obstante, los memoriales explicativos presentados por las agencias concernidas advierten sobre serias limitaciones estructurales, legales y operacionales que impiden endosar la medida en su redacción actual. Tanto el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) como la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) han planteado preocupaciones que no deben ser ignoradas.
El DEPR reconoció la importancia de fortalecer la educación técnico-vocacional en la Isla, pero advirtió que la medida podría implicar una duplicidad de esfuerzos, considerando que muchas escuelas superiores ya ofrecen programas ocupacionales desde el noveno grado. Además, el Departamento subrayó la ausencia de un marco legislativo consolidado que articule de manera efectiva la transición entre la educación secundaria y la universidad, y recalcó que cualquier política pública en este ámbito debe ser resultado de una coordinación interinstitucional clara y estructurada.
Por su parte, la Universidad de Puerto Rico presentó una postura crítica al destacar que el proyecto impone mandatos y estructuras administrativas que podrían interferir con su autonomía institucional. La Universidad enfatizó que ya cuenta con múltiples iniciativas orientadas a la formación técnica y profesional, y que el proyecto, tal como está redactado, no fue consultado con las autoridades universitarias pertinentes ni considera adecuadamente las capacidades y particularidades de cada recinto. Además, se cuestionó la viabilidad fiscal y operacional del programa propuesto, en ausencia de un análisis detallado o asignación presupuestaria.
A su vez, el DDEC reconoció los méritos del propósito del proyecto, pero subrayó que ya se están ejecutando múltiples iniciativas en el campo de la educación técnico-vocacional con una inversión sustancial, incluyendo alianzas con la propia UPR. La agencia reiteró la importancia de evitar la redundancia y recomendó dar peso a las opiniones técnicas de la Universidad como ente directamente impactado.
A la luz de estos planteamientos, es evidente que, aunque el Proyecto del Senado 499 aspira a atender una necesidad genuina del país, su aprobación podría generar conflictos institucionales, superposición de funciones y comprometer la eficiencia del sistema educativo.
ANÁLISIS DE LA MEDIDA
La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del P. del S. 499, solicitó memoriales explicativos al Departamento de Educación de Puerto Rico; Universidad de Puerto Rico; Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y Asociación de Industriales.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante DEPR), si bien reconoce la importancia de reforzar la educación técnico-vocacional en la Isla como una vía estratégica para atender el desarrollo económico y social, plantea una serie de consideraciones y reservas sustanciales sobre la medida.
Desde un inicio, el Departamento contextualiza su postura señalando el marco constitucional y legal que lo faculta como la entidad responsable de ofrecer educación pública primaria y secundaria en Puerto Rico. Cita el Artículo II, Sección 5 de la Constitución del Estado Libre Asociado, así como la Ley 85-2018, según enmendada (Ley de Reforma Educativa), como fundamento de su deber de velar por la formación integral del estudiantado, promoviendo el desarrollo pleno de su personalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
El DEPR destaca que su misión no solo es garantizar el acceso a la educación, sino también promover experiencias educativas que impulsen al estudiantado a continuar estudios postsecundarios y facilitar su inserción exitosa en el mundo laboral. Para ello, ha impulsado la creación de comunidades educativas que innoven en sus métodos de enseñanza y se alineen con las necesidades actuales del país.
Respecto al contenido del P. del S. 499, el Departamento reconoce el valor del objetivo de fomentar programas técnicos y vocacionales en la Universidad de Puerto Rico (UPR). No obstante, señala que el sistema universitario carece de un marco legislativo específico que consolide y articule dichos esfuerzos en coordinación con la educación secundaria. A pesar de que existen disposiciones legales, que establecen deberes en torno a la educación vocacional, el DEPR puntualiza que aún no se ha logrado una implementación robusta en el marco universitario, y que la Ley Orgánica de la UPR tampoco contempla con claridad una estructura integrada para este tipo de formación.
De igual manera, el DEPR identifica una posible duplicidad de esfuerzos al señalar que muchas escuelas superiores del sistema ya cuentan con programas ocupacionales desde el noveno grado. Por tanto, considera que el P. del S. 499 debe evitar superponer responsabilidades entre el sistema escolar y el universitario, en especial si no existe aún una articulación debidamente coordinada.
En su conclusión, el DEPR afirma que, dado que la Universidad de Puerto Rico es la entidad directamente impactada por esta medida legislativa, debe ser auscultada para conocer su posición institucional y operacional sobre los méritos del proyecto. La agencia reiteró su disponibilidad para colaborar en la implantación de cualquier política pública que resulte aprobada conforme a derecho, pero reiteró la necesidad de evaluar cuidadosamente la viabilidad del proyecto en coordinación con todas las partes concernidas.
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
La Universidad de Puerto Rico (en adelante UPR), expresó en su memorial explicativo que aunque reconoce la importancia de diversificar su oferta académica y crear alternativas viables para estudiantes que no aspiran a carreras universitarias tradicionales, considera que la medida presenta múltiples fallas conceptuales, legales, administrativas y fiscales que impiden su aprobación inmediata.
En primera instancia, la UPR señala que el proyecto contiene imprecisiones legales en su exposición de motivos. Por ejemplo, se menciona erróneamente que la Ley Núm. 149-1999 continúa vigente, cuando esta fue derogada por la Ley 85-2018, según enmendada, mejor conocida como la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico. Asimismo, se afirma que existe un Instituto de Educación Técnica y Profesional adscrito a la UPR, según la Ley 212-2018, cuando dicha disposición no crea tal entidad ni impone a la UPR responsabilidad reglamentaria al respecto. Por lo que esta falta de precisión legal compromete la legitimidad y operabilidad de la pieza legislativa.
Esta indica que a pesar de que el proyecto tiene un fin loable al buscar atraer a estudiantes que no han considerado la UPR como primera opción, y propone programas cortos y acreditados en áreas de alta empleabilidad, tiene preocupaciones sustanciales sobre su implementación. El principal señalamiento de la institución gira en torno al impacto fiscal y administrativo que tendría establecer un nuevo sistema técnico-vocacional dentro de su estructura académica. La creación de nuevos programas curriculares, alianzas institucionales, sistemas de convalidación de créditos y mecanismos de admisión preferencial, como propone la medida, requeriría un análisis exhaustivo de viabilidad institucional, así como recursos presupuestarios que actualmente no están disponibles, ni son contemplados en la medida.
La UPR advierte que implementar un sistema como el propuesto implica reformular la oferta académica existente en sus recintos, lo cual requeriría una transformación sustancial del enfoque curricular. Además, señala que el término de 180 días establecido por el proyecto para adoptar la reglamentación necesaria es insuficiente para realizar un análisis riguroso, desarrollar propuestas curriculares, establecer alianzas, y garantizar que todo el proceso se realice con el rigor académico que distingue a la Universidad.
Otro elemento de preocupación es la ausencia de un estudio de viabilidad que fundamente las acciones ordenadas en el proyecto. La Universidad subraya que cualquier reforma de este tipo debe surgir de un diálogo estructurado con sus cuerpos de gobernanza, incluyendo la Junta de Gobierno, la Administración Central y los recintos. Esta expresa que la medida no fue consultada con la Universidad en su fase de diseño, lo que representa una falta de deferencia hacia su autonomía institucional, tal como ha sido reconocida por ley y jurisprudencia.
Finalmente, la UPR sostiene que ya cuenta con mecanismos e iniciativas dirigidas a atender necesidades similares a las que pretende abordar el proyecto. Entre ellas, se destacan programas de certificaciones profesionales, grados asociados, internados, pasantías y alianzas con el sector privado, que han sido diseñados de forma estratégica y conforme a la realidad operativa de la institución. Imponer por ley una nueva estructura sin integrar estas realidades puede tener efectos adversos y generar duplicidad de esfuerzos, así como desarticulación en la planificación académica.
En vista de lo anterior, la Universidad concluye que el Proyecto del Senado 499, aunque valioso en su intención, no debe ser aprobado. La medida requiere ser reformulada sustancialmente, tomando en cuenta la experiencia, estructura y capacidad institucional de la UPR. Cualquier transformación de esta magnitud debe ser realizada en consulta directa con la comunidad universitaria y con el respaldo fiscal necesario para garantizar su éxito. La Universidad reitera su apertura a participar en estos procesos de diálogo y planificación, pero rechaza la imposición unilateral de estructuras que podrían comprometer su misión académica y su estabilidad financiera.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (en adelante DDEC) presentó ante la Comisión de Educación, Arte y Cultura su memorial explicativo sobre el Proyecto del Senado 499, el cual propone establecer la “Ley para el Fomento de la Educación Técnico-Vocacional en la Universidad de Puerto Rico”. Si bien el DDEC no objeta directamente la aprobación de la medida, sí ofrece un análisis detallado que evidencia reservas estratégicas, particularmente en torno a la implementación de programas ya existentes, la coordinación institucional y la posible redundancia de esfuerzos.
El DDEC subraya que ha asumido un rol activo y protagónico en el fortalecimiento del ecosistema de talento en tecnologías emergentes, aspirando a posicionar a Puerto Rico entre los diez territorios con mejor infraestructura de desarrollo de capital humano. En ese contexto, destaca que ya está ejecutando múltiples iniciativas dirigidas a la educación técnico-vocacional, con una inversión que supera los $20 millones en programas como:
Además, el DDEC resalta que mantiene una colaboración estratégica con la Universidad de Puerto Rico a través del Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR) en el recinto de Aguadilla y el Departamento de Educación (“DE”) (División de Educación Técnica), para buscar, entre otras cosas, fortalecer el Grado Asociado en Mecánica de Aviación de la UPR Aguadilla, para que obtenga la certificación de la Federal Aviation Administration (FAA). Este no responde a un modelo tradicional de educación vocacional, sino a uno de excelencia colaborativa entre gobierno, industria y academia.
El DDEC señala que su rol no se limita a crear programas nuevos, sino también a consolidar alianzas efectivas que maximicen los recursos disponibles. En este sentido, enfatiza que ya existe coordinación con la UPR y el Departamento de Educación para desarrollar trayectorias educativas viables y alineadas con las necesidades del mercado laboral.
Aunque no expresa objeción formal al contenido del P. del S. 499, el DDEC recomienda que se dé deferencia a la opinión y recomendaciones de la Universidad de Puerto Rico, ya que es la entidad directamente impactada por la implantación de la medida.
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) presentó sus comentarios en torno al Proyecto del Senado 499, reconociendo que la medida persigue fortalecer la educación técnico-vocacional mediante su integración formal al sistema universitario público del país. El DTRH destacó que esta propuesta está alineada con su mandato legal de fomentar la capacitación de los recursos humanos y apoyar la creación de oportunidades de empleo en la Isla. En ese contexto, respalda firmemente aquellas iniciativas que promuevan herramientas prácticas e innovadoras para la formación de la juventud, y reconoce que el modelo propuesto podría beneficiar a la UPR al atraer nueva matrícula y diversificar su oferta académica. Asimismo, entiende que la medida se acopla a los objetivos del gobierno de modernizar la universidad pública y responder a las necesidades emergentes del sector laboral.
Sin embargo, a pesar de su respaldo general a los propósitos de la medida, el DTRH subraya que corresponde a la Universidad de Puerto Rico evaluar la viabilidad real del proyecto. Por tanto, otorgan entera deferencia a la posición institucional de la UPR, al ser la entidad directamente concernida con la implantación del programa propuesto. Además, recomiendan que se ausculte también la opinión del Departamento de Educación, dada su función clave en la educación técnico-vocacional en el nivel preuniversitario.
En resumen, aunque el DTRH valora positivamente la intención de la medida y reconoce su potencial transformador, advierte que su aprobación debe evaluarse en estrecha coordinación con la UPR, respetando su autonomía institucional y su capacidad operativa para asumir esta nueva estructura educativa.
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE PUERTO RICO
La Asociación de Industriales de Puerto Rico (en adelante PRMA, por sus siglas en inglés); entidad que representa a aproximadamente mil empresas de los sectores de manufactura y servicios que aportan sobre el 62% del Producto Interno Bruto (PIB) por sector económico en la Isla, presentó su posición sobre el Proyecto del Senado 499. Esta expresó en su memorial que la medida está razonablemente alineada con la realidad del mercado laboral y con los esfuerzos por vincular la academia al desarrollo económico de Puerto Rico.
La PRMA reconoce que el fortalecimiento de la educación técnico-vocacional es esencial en un momento donde se necesita reconstruir la infraestructura del país y revitalizar su economía. Destacaron que, además de las ciencias, las artes liberales y la informática, los oficios técnicos como plomería, albañilería, electricidad y refrigeración son pilares fundamentales para sostener y expandir la fuerza laboral local.
Como parte de sus recomendaciones, la PRMA subraya la importancia de establecer programas de mentoría e internados, que permitan a los estudiantes adquirir experiencia laboral práctica mientras se capacitan en programas técnicos o vocacionales. Además, recalcan que los currículos y contenidos formativos deben estar alineados con las necesidades reales y expectativas del sector privado, para asegurar la pertinencia y efectividad del aprendizaje.
Asimismo, hacen hincapié en que los egresados no solo deben contar con conocimientos técnicos, sino también con habilidades blandas como la inteligencia emocional, la cultura del trabajo y destrezas de comunicación, que son esenciales para desenvolverse eficazmente en la fuerza laboral moderna. Finalmente, la PRMA manifestó su disponibilidad para colaborar tanto con la Comisión Legislativa como con la Rama Ejecutiva en el desarrollo de iniciativas dirigidas a fortalecer la educación técnica y vocacional en Puerto Rico.
IMPACTO FISCAL MUNICIPAL
En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 499, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.
CONCLUSIÓN
Luego de analizar el contenido del Proyecto del Senado 499 y evaluar los memoriales explicativos recibidos por esta Comisión de Educación, Arte y Cultura, se reconoce que la medida persigue un objetivo loable: fortalecer y diversificar la oferta educativa en Puerto Rico mediante el fomento de programas técnico-vocacionales acreditados en la Universidad de Puerto Rico. Esta iniciativa busca atender las necesidades del mercado laboral, facilitar el acceso de estudiantes provenientes del sistema público y articular esfuerzos entre el sector académico y las industrias emergentes.
No obstante, múltiples agencias y organizaciones han expresado reservas significativas sobre la viabilidad institucional, fiscal y operativa del proyecto en su forma actual. La Universidad de Puerto Rico, principal entidad impactada por esta medida, advierte sobre posibles conflictos con su autonomía académica y subraya que el proyecto impone estructuras que requieren planificación técnica rigurosa y recursos presupuestarios adicionales. De igual forma, el Departamento de Educación y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos enfatizan que ya existen marcos legales y programas en curso dirigidos a la educación vocacional, lo que podría generar redundancias si no se articula adecuadamente esta propuesta con los esfuerzos existentes.
Asimismo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, aunque no objeta formalmente la medida, recomienda que se atiendan las recomendaciones de la UPR y resalta que actualmente existen alianzas activas en el ámbito técnico-vocacional que deben fortalecerse. A la luz de lo anterior, esta Comisión recomienda que es necesario que se evalúe la viabilidad presupuestaria y operativa de todo nuevo programa propuesto, de manera que se garantice una implementación sostenida y alineada con los planes estratégicos de desarrollo educativo y económico del país.
A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico previo al estudio y consideración del Proyecto del Senado 499, no recomienda la aprobación de la medida.
Respetuosamente sometido,
Hon. Brenda Pérez Soto
Presidenta
Comisión de Educación, Arte y Cultura
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