GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea	2da.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 134
  INFORME FINAL

17 de octubre de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

	La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, previa investigación, estudio y consideración, presenta a este Alto Cuerpo su Informe Final en torno a la R. del S. 134, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 134, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre la ejecución, administración y efectividad del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), administrado por la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF); y examinar el impacto que tendría un posible recorte de los fondos federales asignados al mismo.

INTRODUCCIÓN

La inseguridad alimentaria constituye una de las problemáticas más apremiantes en Puerto Rico, afectando a poblaciones vulnerables como niños, personas de la tercera edad, personas con diversidad funcional y trabajadores de bajos ingresos. El Programa de Asistencia Nutricional (PAN), administrado por la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), adscrita al Departamento de la Familia, representa el componente central de la política pública del Gobierno de Puerto Rico para garantizar la seguridad alimentaria. Este programa impacta directamente a más de un millón de personas, proveyendo no solo alivio económico, sino también estabilidad familiar, inclusión social y beneficios para la salud pública y la economía local.

	La Resolución del Senado 134, ordena investigar los procesos administrativos, fiscales y operacionales relacionados con la ejecución del PAN, así como evaluar su efectividad en atender las necesidades de las comunidades más vulnerables. Además, la medida busca analizar el impacto potencial de un recorte de fondos federales, considerando las limitaciones estructurales del Nutrition Assistance Program (NAP), que diferencia al PAN del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) utilizado en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Esta distinción, regulada por normativas federales, ha restringido históricamente la asignación de fondos y la capacidad de respuesta ante crisis como el huracán María, los terremotos del suroeste y la pandemia de COVID-19.

	El PAN opera bajo el marco del Plan de Reorganización Núm. 1 de 1995, que crea el Departamento de la Familia y establece las funciones de la ADSEF para administrar programas de asistencia social, incluyendo el PAN. Los criterios de elegibilidad están regulados por el Reglamento 8684 de 28 de diciembre de 2015, que detalla requisitos económicos (ingresos, recursos líquidos y no líquidos) y no económicos (ciudadanía, residencia, verificación de identidad). Estos criterios garantizan que los beneficios se dirijan a quienes más los necesitan, aunque presentan retos de accesibilidad para ciertos grupos. La resolución responde al imperativo de asegurar que el PAN se administre con transparencia, eficiencia y resiliencia, especialmente ante la posibilidad de cambios en el financiamiento federal.

	A través del proceso de análisis legislativo y la evaluación de la ponencia recibida del Departamento de la Familia, a través de la ADSEF, la Comisión ha constatado un panorama complejo, caracterizado por avances significativos en la modernización del programa, pero también por desafíos en accesibilidad, coordinación interagencial y vulnerabilidad ante posibles recortes de fondos federales. La ponencia destaca los esfuerzos de la ADSEF por optimizar la administración del PAN y su impacto positivo, al tiempo que subraya la necesidad de fortalecer la infraestructura y las alianzas para garantizar su sostenibilidad.
ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, con el propósito de obtener de primera mano información sobre la ejecución, administración y efectividad del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), solicitó, recibió y analizó el memorial explicativo del Departamento de la Familia, a través de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). 
ANÁLISIS Y HALLAZGOS

	La Resolución del Senado 134 persigue investigar los desafíos y oportunidades en la administración del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), así como los riesgos asociados con una posible reducción de fondos federales. A través de la ponencia del Departamento de la Familia y la información recopilada, la Comisión ha identificado patrones que reflejan tanto los logros como las limitaciones del programa.

El PAN beneficia a más de un millón de puertorriqueños (1,223,418 participantes distribuidos entre un total de 719,148 familias), constituyendo un pilar esencial para combatir la inseguridad alimentaria. Según la ADSEF, el programa no solo proporciona alivio económico, sino que genera efectos multiplicadores en el comercio local, la agricultura y la salud pública. La modernización tecnológica, como la digitalización de solicitudes y recertificaciones, y el uso de tarjetas electrónicas, ha agilizado los procesos y reducidos errores administrativos. La ADSEF opera con un presupuesto de nómina de $68,229,000 ($36,075,000 estatales y $32,154,000 federales) y una estructura organizativa (Se incluye como anejo) que incluye un Director, especialistas, supervisores regionales y locales, técnicos de asistencia social y familiar (TASF), y personal de apoyo, lo que asegura una administración estructurada.

La efectividad del PAN es evidente en su impacto en la reducción de la inseguridad alimentaria, según estudios citados por la ADSEF. Programas complementarios, como el Programa de Empleo y Adiestramiento (E&T), el Programa Mercado Familiar, Summer EBT, el Programa de Educación en Nutrición y el Seniors Farmer Market Nutrition Program (SFMNP), amplían el alcance del programa. Por ejemplo, el SFMNP beneficiará a 45,000 adultos mayores en los 78 municipios, promoviendo el consumo de productos agrícolas locales. Estos programas fomentan la autosuficiencia, la nutrición saludable y la inclusión social.
Sin embargo, la investigación identificó desafíos significativos. La accesibilidad al PAN es limitada en áreas remotas debido a deficiencias en infraestructura tecnológica y oficinas locales. La coordinación con municipios y entidades comunitarias, aunque existente, no está plenamente optimizada, lo que afecta la distribución equitativa de beneficios. Los criterios de elegibilidad, establecidos en el Reglamento 8684 de 2015, son claros pero pueden ser restrictivos para trabajadores de bajos ingresos con recursos no líquidos (por ejemplo, propiedades o vehículos), lo que limita su acceso al programa.

Un posible recorte de fondos federales representa un riesgo crítico. Aunque la ADSEF no ha recibido comunicación oficial al respecto, cualquier reducción podría disminuir el número de beneficiarios, el monto de los beneficios o los programas complementarios, afectando a poblaciones vulnerables en un contexto donde el 43.4% de la población vive bajo el nivel de pobreza, según el Negociado del Censo. La ADSEF propone estrategias de mitigación, como reasignar partidas estatales, utilizar fondos de emergencia, fortalecer alianzas con municipios y cabildear ante el Congreso y el USDA. Sin embargo, estas medidas enfrentan limitaciones debido a las restricciones fiscales de la Junta de Supervisión Fiscal.

La estructura del NAP (Nutrition Assistance Program), separada del SNAP (Supplemental Assistance Program), coloca a Puerto Rico en desventaja, ya que el NAP opera con un presupuesto fijo que no se adapta a crisis económicas o desastres naturales, como se evidenció tras el huracán María, los terremotos y la pandemia de COVID-19. La falta de flexibilidad financiera limita la capacidad de la ADSEF para responder con agilidad, un problema que se agravaría con un recorte de fondos.

Hallazgos:

El programa reduce significativamente la inseguridad alimentaria, beneficiando a más de un millón de personas y generando impactos positivos en la economía y la salud pública, según estudios citados por la ADSEF.
La ADSEF ha optimizado procesos mediante tecnología y controles internos, pero la accesibilidad en áreas remotas es limitada debido a infraestructura insuficiente.
Los requisitos del Reglamento 8684 son claros pero restrictivos para ciertos grupos, como trabajadores de bajos ingresos con recursos no líquidos.
Una reducción federal afectaría gravemente a poblaciones vulnerables, disminuyendo beneficiarios, beneficios o programas complementarios.
La separación del NAP respecto al SNAP restringe la flexibilidad para responder a crisis, como se observó tras desastres recientes.
La colaboración con municipios y organizaciones comunitarias es limitada, afectando la distribución equitativa de beneficios.
Iniciativas como el Programa E&T y el Programa Mercado Familiar promueven la autosuficiencia y la nutrición saludable, pero su alcance está limitado por recursos y falta de coordinación.
Las exenciones escalonadas de ingresos y el Programa E&T han incrementado la participación laboral, pero su efectividad depende de un mercado laboral limitado, con una tasa de desempleo del 7.6%, según el Departamento del Trabajo.
PONENCIAS

ADSEF (Departamento de la Familia)

La ponencia del Departamento de la Familia, suscrita por Suzanne Roig Fuertes, Secretaria, reafirma el compromiso de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) con la administración eficiente, responsable y transparente del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). La ponencia ofrece un análisis exhaustivo de los procesos administrativos, la efectividad del programa, los programas complementarios, las estrategias para mitigar posibles recortes de fondos federales y los esfuerzos para promover la autosuficiencia económica de los beneficiarios.

En cuanto a la ejecución y administración, la ADSEF destacó la implementación de sistemas tecnológicos avanzados para la gestión del PAN, incluyendo plataformas digitales para solicitudes, recertificaciones y distribución de beneficios mediante tarjetas electrónicas. Estas mejoras han reducido significativamente los errores administrativos y agilizado el acceso a los beneficios, beneficiando a más de un millón de participantes. La estructura organizativa del programa incluye un Director del Programa de Asistencia Social y Familiar, especialistas, supervisores regionales y locales, técnicos de asistencia social y familiar (TASF), oficiales administrativos y personal de apoyo en oficinas locales. Este organigrama, respaldado por un presupuesto de nómina de $68,229,000 ($36,075,000 estatales y $32,154,000 federales), asegura una gestión estructurada y eficiente. La ADSEF ha fortalecido los controles internos mediante auditorías regulares, sistemas de validación de elegibilidad y capacitación continua para el personal, garantizando el cumplimiento con las normativas federales y estatales, incluyendo el Reglamento 8684 de 28 de diciembre de 2015.

Sobre la efectividad del PAN, la ADSEF señaló que el programa desempeña un rol crucial en la reducción de la inseguridad alimentaria, según estudios internos y externos. Los beneficios del PAN estabilizan económicamente a miles de hogares, permitiendo a las familias cubrir necesidades alimentarias básicas, lo que reduce la pobreza extrema y mejora la calidad de vida. Además, el programa genera un impacto económico positivo al inyectar fondos en el comercio local, especialmente en supermercados, mercados agrícolas y pequeños negocios, fortaleciendo la economía puertorriqueña. La ADSEF destacó que el PAN promueve la inclusión social al garantizar que poblaciones vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con diversidad funcional, tengan acceso a una alimentación adecuada. Los programas complementarios amplían este impacto: el Programa de Empleo y Adiestramiento (E&T) fomenta la integración laboral de participantes hábiles; el Programa Mercado Familiar facilita la compra de frutas y hortalizas frescas; Summer EBT combate la inseguridad alimentaria durante el verano; el Programa de Educación en Nutrición promueve hábitos alimenticios saludables mediante orientaciones de nutricionistas y economistas del hogar; y el Seniors Farmer Market Nutrition Program (SFMNP) beneficia a 45,000 adultos mayores en los 78 municipios, promoviendo el consumo de productos agrícolas locales y la sana alimentación.

En relación con un posible recorte de fondos federales, la ADSEF indicó que no ha recibido comunicación oficial del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) o el Congreso sobre esta posibilidad. Sin embargo, reconoció que cualquier reducción tendría consecuencias devastadoras para la seguridad alimentaria, afectando a cientos de miles de familias en un contexto donde el 43.4% de la población vive bajo el nivel de pobreza, según el Negociado del Censo. Un recorte podría reducir el número de beneficiarios, disminuir el monto de los beneficios (calculados según ingresos y tamaño del núcleo familiar) o limitar programas complementarios como el SFMNP y Summer EBT. Para mitigar este riesgo, la ADSEF propuso estrategias como identificar partidas estatales no comprometidas, utilizar fondos de emergencia, fortalecer alianzas con municipios y organizaciones sin fines de lucro para distribución de alimentos y apoyo logístico, y cabildear activamente ante el Congreso y el USDA para proteger el financiamiento del NAP o abogar por su transición al SNAP, que ofrece mayor flexibilidad. La ponencia subrayó que estas medidas enfrentan restricciones debido a las limitaciones fiscales impuestas por la Junta de Control Fiscal, lo que dificulta la reasignación de fondos estatales sin un esfuerzo coordinado con otras agencias gubernamentales.

Para reducir la dependencia a largo plazo del PAN, la ADSEF promueve la autosuficiencia económica mediante el Programa E&T, que ofrece adiestramientos laborales y referidos a empleos en colaboración con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Este programa utiliza prensa digital, escrita y televisiva para incentivar la participación, destacando los beneficios de la integración laboral. Además, la ADSEF otorga exenciones escalonadas de ingresos por hasta 12 meses a participantes que se incorporan al mercado laboral, permitiéndoles mantener los beneficios del PAN durante la transición, lo que fomenta la estabilidad económica sin pérdidas abruptas. Estas iniciativas han incrementado la participación laboral, aunque la ADSEF reconoció que la efectividad depende de la disponibilidad de empleos en el mercado puertorriqueño, afectado por una tasa de desempleo del 7.6%, según datos recientes del Departamento del Trabajo.

La ponencia identificó desafíos significativos en la administración del PAN. La accesibilidad en áreas remotas o marginadas es limitada debido a deficiencias en infraestructura tecnológica, como conexiones a internet inestables, y una distribución desigual de oficinas locales, lo que dificulta que algunas poblaciones soliciten o recertifiquen sus beneficios. La coordinación con municipios y organizaciones comunitarias, aunque existente, carece de un marco formal que optimice la distribución de beneficios y complemente el PAN con iniciativas locales de seguridad alimentaria. La ADSEF también señaló que los criterios de elegibilidad del Reglamento 8684, aunque claros, pueden ser restrictivos para trabajadores de bajos ingresos con recursos no líquidos (por ejemplo, propiedades o vehículos), lo que excluye a algunos solicitantes que enfrentan inseguridad alimentaria. Finalmente, la ponencia expresó preocupación por la falta de flexibilidad del NAP en comparación con el SNAP, lo que limita la capacidad de respuesta ante crisis como desastres naturales o fluctuaciones económicas.

En conclusión, la ADSEF expresó su apoyo incondicional a la investigación legislativa ordenada por la R. del S. 134, destacando el rol del PAN como una herramienta de justicia social. La ponencia reafirmó el compromiso del Departamento de la Familia con el bienestar de las familias puertorriqueñas y su disposición a colaborar con la Comisión para implementar mejoras que fortalezcan el programa y garanticen su sostenibilidad frente a posibles recortes federales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

	Del análisis de la ponencia recibida al amparo de la Resolución del Senado 134, la Comisión concluye que el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) constituye un pilar fundamental para garantizar la seguridad alimentaria de más de un millón de puertorriqueños, en un contexto donde el 43.4% de la población vive bajo el nivel de pobreza, según el Negociado del Censo. El programa, administrado por la ADSEF bajo el marco del Plan de Reorganización Núm. 1 de 1995, ha demostrado ser efectivo en reducir la inseguridad alimentaria, estabilizar económicamente a miles de hogares y generar impactos positivos en el comercio local, la agricultura y la salud pública. No obstante, enfrenta desafíos críticos que comprometen su capacidad para maximizar su alcance y resiliencia, incluyendo limitaciones en accesibilidad, coordinación interagencial y la rigidez estructural del Nutrition Assistance Program (NAP).

	La modernización tecnológica implementada por la ADSEF, como la digitalización de solicitudes y el uso de tarjetas electrónicas, ha optimizado la administración del PAN, pero la falta de infraestructura adecuada en áreas remotas impide que poblaciones marginadas accedan plenamente a los beneficios. La coordinación con municipios y organizaciones comunitarias es insuficiente, careciendo de un marco formal que integre el PAN con iniciativas locales de seguridad alimentaria, lo que limita su impacto en comunidades vulnerables. Los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento 8684, aunque bien definidos, excluyen a ciertos trabajadores de bajos ingresos debido a la consideración de recursos no líquidos, reduciendo la cobertura del programa frente a las altas tasas de pobreza. También, la estructura del NAP, separada del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), restringe la flexibilidad financiera del PAN, un problema evidente tras crisis como el huracán María, los terremotos del suroeste y la pandemia de COVID-19, donde la respuesta del programa fue limitada por su presupuesto fijo.

	La posibilidad de un recorte en los fondos federales representa una amenaza crítica para la seguridad alimentaria, particularmente entre los niños, los adultos mayores y las personas con impedimentos. Ante este escenario, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) ha propuesto estrategias de mitigación, como la reasignación de partidas estatales y la gestión de esfuerzos de cabildeo ante el Congreso y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Sin embargo, estas acciones enfrentan limitaciones significativas debido a las restricciones fiscales impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal. La Comisión resalta que la rigidez del Programa de Asistencia Nutricional (NAP), en comparación con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), exige una revisión estructural que permita ajustes automáticos en función de la inflación y de las cambiantes necesidades de la población. Por otro lado, programas complementarios como el Programa de Empleo y Adiestramiento (E&T) y el Seniors Farmers' Market Nutrition Program (SFMNP) presentan un alto potencial para fomentar la autosuficiencia y una nutrición adecuada, aunque requieren mayor financiamiento y una coordinación más eficaz para ampliar su alcance. La tasa de desempleo en Puerto Rico (7.6%, según datos del Departamento del Trabajo) y los retos económicos hacen evidente la necesidad de un enfoque integral que combine la asistencia alimentaria con oportunidades laborales, educativas y de desarrollo agrícola.

	La Comisión reconoce el compromiso de la ADSEF con la transparencia y la justicia social, pero concluye que, sin una acción coordinada entre el Ejecutivo, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal, el PAN seguirá siendo vulnerable a recortes federales y limitaciones estructurales. La seguridad alimentaria es un asunto apremiante, y su protección requiere políticas públicas robustas, colaborativas y sostenibles que prioricen el bienestar de las familias puertorriqueñas.

Recomendaciones:

Continuar fortaleciendo la infraestructura tecnológica: Invertir en sistemas digitales avanzados y ampliar la red de oficinas locales para mejorar el acceso al PAN en áreas remotas, garantizando que poblaciones marginadas puedan solicitar y recertificar beneficios sin barreras tecnológicas o geográficas. Esto incluye mejorar la conectividad a internet en comunidades rurales y capacitar al personal en el uso de plataformas digitales.
Revisar los criterios de elegibilidad: Modificar el Reglamento 8684, dentro de los parámetros y regulaciones federales aplicables, para flexibilizar los requisitos relacionados con recursos no líquidos (por ejemplo, propiedades o vehículos), permitiendo que trabajadores de bajos ingresos con inseguridad alimentaria accedan al programa, sin comprometer la integridad fiscal. Esto debe incluir un análisis actuarial para garantizar la sostenibilidad financiera.
Establecer un marco de colaboración interagencial: Crear una mesa permanente de diálogo liderada por la ADSEF, con representantes de municipios, organizaciones sin fines de lucro, el Departamento del Trabajo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Agricultura y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para optimizar la distribución de beneficios y coordinar iniciativas locales de seguridad alimentaria. Este marco debe promover alianzas estratégicas que complementen el PAN con programas municipales y comunitarios.
Crear un fondo de emergencia estatal: Establecer un fondo de contingencia, financiado mediante partidas estatales no comprometidas, para mitigar el impacto de posibles recortes federales, en coordinación con la Legislatura y la Junta de Control Fiscal. Este fondo debe priorizar la continuidad de los beneficios y los programas complementarios durante crisis económicas o desastres naturales.
Ampliar programas complementarios: Evaluar la posibilidad de expandir iniciativas como el Programa E&T, el SFMNP, Summer EBT y el Programa de Educación en Nutrición, aumentando su financiamiento y alcance para promover la autosuficiencia económica, la nutrición saludable y el apoyo a la agricultura local. Se debe priorizar a niños, adultos mayores y personas con impedimentos, con metas específicas para impactar al menos a 50,000 beneficiarios adicionales en los próximos dos años.
Implementar un sistema de monitoreo continuo: Desarrollar un mecanismo permanente de evaluación del PAN, con métricas participativas que midan el impacto social, económico y de salud pública. Este sistema debe incluir la retroalimentación de beneficiarios y organizaciones comunitarias, así como auditorías anuales para garantizar la transparencia y eficiencia en la administración de los fondos.
Fomentar la educación nutricional: Incrementar los recursos para el Programa de Educación en Nutrición, ampliando las orientaciones de nutricionistas y economistas del hogar en los 78 municipios, con énfasis en comunidades vulnerables. Esto debe incluir campañas educativas sobre la selección y preparación de alimentos saludables, integradas con el Programa Mercado Familiar para promover el consumo de productos locales.
Promover la integración laboral: Fortalecer el Programa E&T mediante alianzas con el sector privado, universidades y programas de capacitación técnica, aumentando las oportunidades de empleo para beneficiarios. Se debe establecer un plan de incentivos para empresas que contraten a participantes del PAN, complementado con exenciones escalonadas de ingresos por hasta 18 meses para facilitar la transición al mercado laboral.
Evaluar la viabilidad de la transición al SNAP: Realizar un estudio exhaustivo, en colaboración con el USDA y expertos en política pública, para analizar los beneficios, costos y desafíos de integrar el PAN al SNAP. Este estudio debe considerar el impacto en el financiamiento, la cobertura, la flexibilidad para responder a crisis y los requisitos administrativos, con un informe preliminar en un plazo de seis meses.

	Finalmente, esta Comisión reafirma el compromiso del Senado de Puerto Rico con la seguridad alimentaria y la protección de las poblaciones más vulnerables. Exhorta al Ejecutivo, a la Junta de Supervisión Fiscal y todas las partes interesadas a implementar estas recomendaciones con urgencia, sensibilidad y un enfoque centrado en la justicia social, asegurando que el PAN continúe siendo un pilar de estabilidad y bienestar para las familias puertorriqueñas en estado de vulnerabilidad. A tenor con las recomendaciones expuestas y en vista de que se cumplió con la encomienda ordenada por el Senado, esta Comisión concluye los trabajos relacionados con la investigación, haciendo constancia de los esfuerzos realizados.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a la R. del S. 134, presenta ante este Alto Cuerpo su Informe Final sobre la medida de referencia. 

Respetuosamente sometido, 


Hon. Wanda "Wandy" Soto Tolentino
Presidenta 
Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y
Población con Diversidad Funcional e Impedimentos