GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 2da. Sesión
Legislativa Ordinaria
SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 135
INFORME FINAL
30 de octubre de 2025
AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisión de Vivienda y Bienestar Social, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 135, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su Informe Final, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la investigación y el trámite realizado.
ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resolución del Senado 135 (en adelante, “R. del S. 135”), según fuera aprobada por el Senado de Puerto Rico el 28 de junio de 2025, ordenó a la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto del fenómeno de la gentrificación en las comunidades urbanas y costeras de Puerto Rico, incluyendo sus efectos en el acceso a vivienda asequible, desplazamiento de residentes, presión sobre los servicios públicos, y cambios en la composición socioeconómica y cultural de los vecindarios, con el fin de formular recomendaciones legislativas y administrativas para mitigar sus efectos adversos.
INTRODUCCIÓN
El pasado 10 de abril de 2025, la senadora Roxanna Soto Aguilú radicó la Resolución del Senado 135, con la finalidad de ordenarle a esta Comisión investigar tres (3) vertientes: (1) los fenómenos emergentes que más preocupan a las comunidades y organizaciones sociales; (2) el incremento acelerado en los valores de la propiedad, el costo de vida y la presión para la reubicación de residencias originales; y (3) el efecto debido al influjo de inversiones externas, turismo y desarrollos orientados a mercados de alto poder adquisitivo.
Esta pieza legislativa fue aprobada el 28 de junio de 2025, por el pleno del Senado de Puerto Rico. Siendo así, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social inmediatamente envió misivas en solicitud de memoriales explicativos.[1]
ALCANCE DEL INFORME
La regla 13 del “Reglamento del Senado de Puerto Rico”, según enmendado, aprobado el 9 de enero de 2017, mediante la Resolución del Senado 13, dispone sobre las funciones y facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al amparo de esta disposición y conforme fuera aprobada la R. del S. 135 por el pleno del Senado, esta Comisión presenta este Informe Final.
ANÁLISIS Y HALLAZGOS
Tras el análisis concienzudo de todos los memoriales explicativos y comentarios recibidos al momento de la ejecución de este Informe, es de menester presentar la siguiente información:
En los últimos 20 años, Puerto Rico ha enfrentado múltiples transformaciones importantes. Particularmente, hubo evoluciones en el mercado inmobiliario, principalmente en zonas urbanas, costeras y rurales con potencial de desarrollo económico y turístico. A través del tiempo se ha podido observar como los medios televisivos, las comunidades, organizaciones, prensa digital y escrita han reseñado y señalado que en varios pueblos de Puerto Rico es evidente la gentrificación. Según la Real Academia Española (RAE), la gentrificación se define como ”un proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo”.[2] Es decir, en términos sencillos el término gentrificación parece estar atado a una transformación urbana cuya consecuencia es desplazar su población natural para que otra con mayor poder adquisitivo ocupe su lugar. En ese sentido, la R. del S. 135 persigue abordar el término de la gentrificación tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias económicas, ambientales y sociales en Puerto Rico. Además, es importante mencionar que de ordinario hay ausencia de datos oficiales centralizados sobre el alcance y las características del desplazamiento urbano.
En ese contexto, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social expondrá un resumen de todos los memoriales explicativos o comentarios recibidos al momento de culminar la redacción de este informe.
Departamento de la Vivienda
En su memorial explicativo, el Departamento de la Vivienda punteó que el fenómeno de la gentrificación representa un reto social y económico de gran envergadura. Esbozó que el aumento en los valores de propiedad, la presión en las rentas y la liberalización de alquileres a corto plazo han reducido la disponibilidad de vivienda asequible. Además, el Departamento señaló que los adultos mayores que representan el 30% de la población total según datos del State Data Center son particularmente vulnerables a este proceso debido a sus ingresos reducidos, necesidad de servicios de salud cercanos y vínculos familiares que muchas veces los atan a comunidades históricas. Asimismo, reconoció que la gentrificación está estrechamente vinculada al acceso a vivienda asequible, al desarrollo económico inclusivo y a la planificación urbana. Específicamente, el Departamento de la Vivienda detalló que comunidades rurales, costeras y aisladas como Maricao, Lares, Adjuntas, Yauco, Guánica, Loíza, Vieques, Culebra, Jayuya, Peñuelas y San Lorenzo enfrentan riesgos potenciales debido a la carencia de infraestructura adecuada, la limitación de servicios de salud y los efectos recurrentes de desastres naturales. Por último, el Departamento expuso que los fondos CDBG – DR y CDBG – MIT han permitido desarrollar múltiples iniciativas que apoyan la mitigación de la gentrificación.[3]
Al culminar su escrito el Departamento de la Vivienda enfatizó sus recomendaciones tales como:
Departamento de la Familia
En su escrito, el Departamento de la Familia, comenzó destacando que la medida se alinea con su misión institucional de promover el bienestar social y la estabilidad de las familias puertorriqueñas. Reconoció que la gentrificación se intensificó tras el paso del huracán María y las leyes de incentivos contributivos, generando aumentos en los costos de las viviendas. Entre las causas mencionan: las exenciones contributivas, el auge del alquiler a corto plazo, los eventos naturales como huracanes y terremotos, junto con la crisis fiscal lo cual facilitó la venta de propiedades a precios bajos y la remodelación de zonas urbanas costeras que han generado aumentos en el costo de vida en esas áreas.
Asimismo, el Departamento de la Familia enfatizó que las poblaciones más afectadas son las familias de ingresos bajos o moderados y los adultos mayores, quienes enfrentan desalojos y dificultades para pagar alquileres e hipotecas. Aseguró, además que la población de adultos mayores de 60 años o más representa el 28.9% de la población total (944,507 personas) y podría superar el 42% para el 2060. En ese sentido, recalcó que la atención a esta población debe ser prioritaria mediante viviendas accesibles y programas de protección social.
El Departamento concluyó enfatizando que es la agencia con mayores responsabilidades cuando se trata de la protección de nuestros adultos mayores y adultos con impedimentos. Indicó que es imperativo proponer piezas legislativas que persigan el interés de mitigar los desahucios, pues hay muchos adultos mayores que no poseen la capacidad de pagar alquileres o hipotecas o de pagar Centros de Cuidado Continuo o Prolongado por sus costos ser mayores que sus ingresos. Finalizó, reafirmando su compromiso de velar por el cumplimiento de la política pública de bienestar, garantizando una vida plena, segura y digna para todas las familias y adultos mayores en Puerto Rico.
Municipio de Humacao
El Municipio de Humacao, presentó su escrito y abordó el tema de la gentrificación desde una perspectiva de planificación territorial, sostenibilidad y justicia social. Su memorial explicativo se estructura en diferentes secciones principales: base legal, implementación, sostenibilidad, contexto, realidad municipal, principios y recomendaciones. En ese contexto, el municipio expuso que la planificación en Puerto Rico se fundamenta en la Constitución, la Ley de Planificación (Ley Núm. 75-1975), el Código Municipal (Ley Núm. 107-2020) y la Ley de Reforma del Proceso de Permisos (Ley Núm. 161-2009), destacando el rol de los Planes de Ordenación Territorial (POT) como instrumentos esenciales para un desarrollo ordenado y sostenible.
En cuanto al contexto que persigue esta medida legislativa, el ayuntamiento reconoce que la gentrificación es un fenómeno creciente, particularmente visible en Punta Santiago, donde programas de reubicación y reconstrucción tras el huracán María han despertado preocupación por un posible desplazamiento poblacional. La comunidad, afectada severamente por desastres naturales, teme que las iniciativas de vivienda beneficien más a inversionistas que a residentes naturales.
De la misma manera, el municipio identificó cuatro retos principales: (1) acceso limitado a vivienda asequible; (2) desplazamiento de familias y envejecientes; (3) presión sobre la infraestructura y servicios públicos; y (4) impacto cultural y socioeconómico. Además, resaltó la importancia de alinear la investigación con los principios de la planificación, tales como la equidad social, participación ciudadana, sostenibilidad ambiental y el derecho a vivienda digna y asequible. Entre sus recomendaciones puntuales se encuentran: la aprobación de un marco legislativo para regular alquileres a corto plazo, establecer zonas de vivienda asequible en los Planes de Ordenación Territorial, la creación de programas de apoyo a comunidades costeras, el fortalecimiento de la colaboración intergubernamental y el diseño de medidas de desarrollo económico inclusivo.
Municipio de Vieques
El Municipio de Vieques, expresó su apoyo a la investigación dispuesta por la Resolución del Senado 135, destacando que la gentrificación afecta de manera desproporcionada a las comunidades viequenses por su condición insular y las limitaciones estructurales de su economía. En su memorial explicativo detalla la situación socioeconómica crítica de Vieques, donde el 59.5% de la población vive bajo el nivel de pobreza, el ingreso mediano por hogar es de apenas $17,531 al año, y el ingreso per cápita ronda los $9,346. Esbozó, además, que el 34% de los hogares son dirigidos por mujeres jefas de familia y que la isla enfrenta una incidencia elevada de condiciones de salud.
En lo concerniente al acceso a vivienda, el programa de Sección 8 municipal cuenta con 118 vales, pero solo una fracción logra convertirse en contratos efectivos debido a la escasez de propiedades disponibles para alquiler a largo plazo y los altos costos que superan los límites federales. Añadió que la presión del turismo y la proliferación de alquileres a corto plazo agravan la falta de vivienda asequible.
El Municipio de Vieques concluyó su escrito con sus recomendaciones que son las siguientes: (1) la creación de instrumentos legales para garantizar vivienda asequible; (2) la redacción y aprobación de legislación dirigida a regular los alquileres a corto plazo; (3) la simplificación de los procesos de estorbos públicos; y (4) la asignación de recursos específicos a las islas municipios incluyendo mayor presencia de profesionales de la salud. Finalizó resaltando que Vieques vive una crisis estructural de vivienda principalmente producto de la pobreza y la escazes de propiedades asequibles, por lo que, urge acción legislativa para proteger las comunidades y el derecho constitucional a la vivienda digna.
Municipio de Salinas
En su ponencia, el Municipio de Salinas, indicó que la gentrificación es uno de los mayores retos para la justicia social y el derecho constitucional a una vivienda digna. La administración municipal razonó que este fenómeno se manifiesta de forma aguda en los municipios costeros como Salinas, donde confluyen el atractivo paisajístico, el potencial turístico y la alta vulnerabilidad ambiental. En ese sentido, destacó que cuenta con el Poblado Histórico de Aguirre, inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos, y subraya que las políticas públicas deben priorizar la protección de la identidad cultural y la permanencia de las comunidades tradicionales. Añadió que, el Plan de Ordenación Territorial de Salinas reconoce la urgencia de revitalizar el casco urbano, rehabilitar estructuras abandonadas y facilitar el acceso a vivienda asequible, pero sugirió que estos esfuerzos locales requieren un marco legislativo más robusto y articulado a nivel estatal.
En su escrito también abordaron las vulnerabilidades ambientales del municipio, recordando los efectos devastadores de los huracanes Irma, María y Fiona, los cuales evidenciaron la fragilidad de las comunidades costeras. El Municipio de Salinas finalizó su memorial explicativo recomendando específicamente el impulso de medidas legislativas que vayan dirigidas a contemplar las realidades de los municipios costeros, la regulación de los alquileres a corto plazo, incentivos fiscales para rehabilitación de viviendas, y mecanismos de participación ciudadana obligatorios.
Municipio de Isabela
El Municipio de Isabela, suscribió una carta firmada por su alcalde Miguel Méndez Pérez, mediante la cual destacó la necesidad urgente de atender la crisis de vivienda y el aumento del costo de vida que experimentan los residentes isabelinos. El alcalde describió que en el Municipio de Isabela existe una gran dificultad tanto para alquilar como para comprar propiedades, dado el aumento en los precios y los eventos atmosféricos que han dejado estructuras inhabitables, particularmente en el casco urbano. Además, punteó que el municipio también presenta problemas en los procesos de instalación de utilidades y permisos pues resulta oneroso, lo que agrava la inaccesibilidad de vivienda para la población. El alcalde recomendó evaluar medidas gubernamentales que faciliten la adquisición y la construcción de viviendas asequibles, reduciendo los costos asociados y fomentando la equidad en su acceso. Además, recomendó establecer una política pública para promover el acceso a vivienda asequible tomando en consideración las propiedades en desuso y los estorbos públicos.
Hispanic Federation
Del mismo modo, la Hispanic Federation, presentó un memorial explicativo apoyando la investigación sobre la gentrificación en Puerto Rico, describiéndolo como un fenómeno real y creciente vinculado a la crisis de vivienda. La organización aseguró que, ha invertido más de $57 millones en proyectos comunitarios desde 2017, año en que pasó el catastrófico huracán María por nuestra zona. Igualmente, identificó tres factores, que a su juicio juegan un papel fundamental: (1) la proliferación de alojamientos a corto plazo; (2) la existencia de propiedades vacantes sin reutilizar; y (3) la falta de protecciones efectivas para arrendatarios.
Entre sus recomendaciones se destacan: definir los alquileres a corto plazo como uso comercial turístico, crear un registro compulsorio administrado por la Compañía de Turismo, aumentar el Room Tax de un 7% a un 11% para destinarlo a fiscalización y vivienda asequible, prohibir los alquileres a corto plazo en vivienda pública o zonas residenciales protegidas, promover la reutilización de propiedades vacantes y establecer un control de renta que evite aumentos indiscriminados. Concluyó que, aunque sus propuestas no resuelven por sí solas la crisis de vivienda, representan pasos esenciales para mitigar la gentrificación y proteger el derecho a la vivienda digna.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social, previo estudio, consideración y a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a la Resolución del Senado 135, presentan ante este Alto Cuerpo su Informe Final.
RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,
Hon. Jamie Barlucea Rodríguez
Presidenta
Comisión de Vivienda y Bienestar Social
En consecuencia, recibimos y evaluamos los memoriales explicativos del Departamento de la Vivienda, Departamento de la Familia, Municipio de Humacao, Municipio de Vieques, Municipio de Salinas, Municipio de Isabela y la Hispanic Federation. Adicionalmente, solicitamos sin éxito memoriales explicativos o comentarios a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Puerto Rico Builders Association, Puerto Rico Hotels & Tourism Association, Departamento de Desarrollo Económico y los siguientes municipios: San Juan, Carolina, Rincón, Culebra, Rio Grande, Dorado, Guánica, Lajas, Cabo Rojo, Aguadilla y Loíza. ↑
En específico, el Departamento de la Vivienda detalló que los siguientes programas han apoyado la mitigación de la gentrificación entre ellos: Municipal Recovery Planning (MRP) y Whole Community Resilience Planning (WCRP), Vacant Properties Analysis (VPA) y Vacant Property Recovery (VPR), R3 y Single Family Mitigation (SFM), Homebuyer Assistance (HBA), Subsidios de Alquiler, LIHTC y LIHTC – MIT, Social Interest Housing (SIH/SIHM), Multisectorial Community Mitigation (MSC), Small Business Financing (SBF), Re – Grow PR, Investment Portfolio (IPG/IPGM), City Revitalization Program (CRP) y INFRA – MIT. ↑
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