GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma	Asamblea	1 ra	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S.  138
10 de abril de 2025
Presentada por la señora Soto Aguilú
Referida a 

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la integración, uso y efectividad de las nuevas tecnologías implementadas por las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico en la lucha contra la criminalidad; evaluar el impacto de dichas tecnologías en la prevención, investigación y solución de delitos; y para otros fines relacionados.
EXPOSICION DE MOTIVOS

El desarrollo acelerado de la tecnología y su incorporación en múltiples aspectos de la vida cotidiana ha llevado a las agencias de seguridad pública en todo el mundo a utilizar diversas herramientas tecnológicas para enfrentar la creciente complejidad de la criminalidad. Puerto Rico no es excepción; las autoridades han comenzado a adoptar e integrar tecnologías emergentes para prevenir delitos, mejorar la seguridad ciudadana y fortalecer los procesos investigativos y operacionales.
Entre las herramientas tecnológicas actualmente utilizadas o consideradas para la implementación por parte del Gobierno de Puerto Rico se encuentran sistemas de vigilancia digital, cámaras inteligentes, drones, plataformas integradas de manejo de datos, inteligencia artificial, reconocimiento facial, aplicaciones móviles para denuncias ciudadanas, así como sistemas avanzados de análisis forense digital, entre otras. Estas tecnologías prometen aumentar significativamente la capacidad de las agencias para combatir efectivamente la delincuencia mediante respuestas más rápidas, mayor eficiencia investigativa y la prevención proactiva de delitos.
Sin embargo, la integración de estas nuevas tecnologías presenta también desafíos y preocupaciones legítimas respecto a la privacidad ciudadana, el manejo ético y responsable de los datos personales, la seguridad informática, y la efectividad real de estas herramientas para reducir efectivamente los índices delictivos en la Isla. Por tanto, es indispensable llevar a cabo una evaluación rigurosa y transparente sobre el uso de estas tecnologías, determinando tanto su efectividad real como su impacto en los derechos civiles y libertades individuales.
Una investigación integral permitirá identificar claramente las fortalezas y limitaciones actuales en la implementación de tecnologías emergentes, y servirá para orientar futuras inversiones y decisiones estratégicas en materia de seguridad pública. Además, aportará transparencia a la ciudadanía sobre cómo se están utilizando los recursos públicos destinados a la seguridad, así como garantías claras en términos del respeto y protección de la privacidad y derechos individuales.
En virtud de lo anterior, esta Resolución busca evaluar detalladamente la integración actual y proyectada de tecnologías avanzadas en la lucha contra la criminalidad en Puerto Rico, analizando su eficiencia, transparencia, protección a la privacidad ciudadana y efectividad general en la prevención y manejo de la criminalidad.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la integración, uso y efectividad de las nuevas tecnologías implementadas por las agencias de seguridad pública del Gobierno de Puerto Rico en la lucha contra la criminalidad y evaluar el impacto de dichas tecnologías en la prevención, investigación y solución de delitos.  La investigación incluirá, pero no se limitará a:
a) Las tecnologías emergentes actualmente utilizadas por las agencias gubernamentales, incluyendo sistemas de vigilancia, inteligencia artificial, drones, aplicaciones móviles y plataformas integradas.
b) La efectividad concreta de estas tecnologías en la prevención, investigación y solución de delitos.
c) Los mecanismos implementados para proteger la privacidad y garantizar el uso ético de los datos personales obtenidos mediante estas tecnologías.
d) Los costos asociados a la adquisición, implementación y mantenimiento de estas tecnologías, y su relación costo-beneficio en términos de resultados medibles.
e) Recomendaciones específicas para optimizar la utilización de estas tecnologías, mejorando su efectividad, transparencia y respeto a los derechos civiles.
Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un término no mayor de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Resolución. 
	Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.