(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ma.	Asamblea	1 ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 160
24 de abril de 2025
Presentada por el señor Ríos Santiago 
Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordena ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de la producción y comercialización del café en Puerto Rico. Dicha investigación deberá incluir, pero no limitarse al análisis del papel de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) en el sector cafetalero, la dependencia de la Isla a las importaciones para satisfacer la demanda interna, los precios a los que la ADEA adquiere el café importado y lo revende a las torrefactoras, los aspectos relacionados con el financiamiento de dichas importaciones, el impacto de eventos climáticos extremos en la producción local, la escasez de mano de obra en el sector, el riesgo de una posible crisis en la industria cafetalera, y las posibles medidas para fortalecer y sostener la industria cafetalera local.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
     El café ha sido históricamente uno de los productos agrícolas más relevantes para Puerto Rico, alcanzando su apogeo en el siglo XIX, cuando la producción llegó a rondar los 30 millones de libras anuales. Sin embargo, diversos factores han provocado una marcada reducción en la producción cafetalera local. Ante esta realidad, surge la interrogante sobre cuál es el estado actual de la industria cafetalera en Puerto Rico y cuáles son sus principales obstáculos para un desarrollo sostenible.
     Actualmente, se estima que el consumo anual de café en Puerto Rico ronda los 14 millones de libras, mientras que la producción local fluctúa entre 1.8 y 3 millones de libras. Esta diferencia obliga al gobierno a importar alrededor de 10 millones de libras de café al año, principalmente desde República Dominicana y México, esto para poder cubrir la demanda del mercado local. Esta dependencia de importaciones ha generado preocupación entre agricultores y consumidores por la sostenibilidad de la industria, la rentabilidad de los caficultores puertorriqueños y la calidad del producto disponible en el mercado.
     Uno de los actores principales en esta problemática es la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), creada con el fin de fortalecer el sector agrícola y asegurar la producción y distribución de productos esenciales. En el caso del café, la ADEA actúa como intermediaria en la compra y venta del grano, asegurando que el producto esté disponible para los tostadores y consumidores en la Isla. Sin embargo, su rol ha sido objeto de críticas por parte de pequeños comerciantes, quienes alegan que la intervención gubernamental restringe su acceso al producto y limita la libre competencia en el mercado.
     A los retos económicos y estructurales se suman los desafíos ambientales. El huracán María en 2017 destruyó hasta un 80% de los árboles de café en la Isla. Desde entonces, la recuperación ha sido lenta, en parte por la falta de incentivos adecuados y el envejecimiento de la población agrícola. A eso se suma el impacto del cambio climático, que ha alterado los patrones de lluvia y temperatura, y ha provocado sequías más frecuentes, afectando la calidad del suelo y reduciendo el rendimiento de los cultivos.
     Por otro lado, la escasez de mano de obra representa una amenaza crítica: en algunos años, hasta el 50% de la cosecha ha quedado sin recoger debido a la falta de trabajadores agrícolas disponibles.
     A esto se suma la incertidumbre relacionada con el costo del café importado que actualmente suple la mayor parte del consumo en Puerto Rico. Si bien la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) actúa como el principal importador y distribuidor de este café, no queda claro si el costo total de estas importaciones es asumido por el Estado mediante fondos públicos, o si parte del gasto recae sobre las torrefactoras y los consumidores. Tampoco se ha esclarecido el precio al que ADEA revende el café importado, ni si dicho precio refleja de manera transparente los costos reales de adquisición en el mercado internacional. Estas incertidumbres resultan centrales para comprender la dinámica económica del sector cafetalero y el papel que ejerce el gobierno en su desarrollo y sostenibilidad.
     La combinación de estos factores plantea un serio riesgo para la estabilidad y el futuro de la industria cafetalera en Puerto Rico. La baja producción, el volumen elevado de importaciones y los problemas estructurales no resueltos podrían desembocar en una crisis profunda que afecte tanto a agricultores como a consumidores.
     Ante este panorama, resulta urgente evaluar el estado actual de la industria cafetalera, analizar el impacto de las políticas públicas vigentes y desarrollar estrategias viables que fortalezcan el sector, aseguren su sostenibilidad y reduzcan la dependencia del café importado. La situación representa un riesgo serio de crisis para el sector, por lo que una acción concertada es esencial para proteger esta industria clave para la economía agrícola de Puerto Rico.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de la producción y comercialización del café en Puerto Rico. Dicha investigación deberá incluir, pero no limitarse al análisis del papel de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) en el sector cafetalero, la dependencia de la Isla a las importaciones para satisfacer la demanda interna, los precios a los que la ADEA adquiere el café importado y lo revende a las torrefactoras, los aspectos relacionados con el financiamiento de dichas importaciones, el impacto de eventos climáticos extremos en la producción local, la escasez de mano de obra en el sector, el riesgo de una posible crisis en la industria cafetalera, y las posibles medidas para fortalecer y sostener la industria cafetalera local.
Sección 2.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar a funcionarios, expertos y testigos; requerir información, documentos y objetos; así como realizar inspecciones oculares, en fincas, centros de procesamiento, instalaciones de la ADEA y otros lugares pertinentes, con el fin de cumplir con el mandato establecido en esta Resolución.
Sección 3.- La Comisión deberá presentar un informe final ante el Senado de Puerto Rico que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones surgidas de esta investigación, incluyendo propuestas específicas para mitigar los riesgos identificados y fortalecer la industria cafetalera, en un término no mayor de ciento ochenta (180) noventa (90) días a partir de la aprobación de esta medida Resolución.
Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.