GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma.	Asamblea	1ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 236
24 de junio de 2025
Presentada por el señor Rivera Schatz 
Coautores el señor Matías Rosario; la señora Padilla Alvelo; los señores Molina Pérez, Reyes Berríos, Sánchez Álvarez y Toledo López
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
RESOLUCIÓN
Para expresar el más enérgico rechazo del Senado de Puerto Rico a la permanencia arbitraria de la Junta de Supervisión Fiscal, más allá de lo dispuesto en la Ley PROMESA; y reclamar acción inmediata del Congreso y del Presidente de los Estados Unidos para su disolución.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
	El Congreso de los Estados Unidos, al aprobar la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) el 30 de junio de 2016 estableció un propósito y un espíritu claros para su implementación. La Ley fue concebida para "proveer un método con el objetivo de que un territorio cubierto cumpla cabalmente con su responsabilidad fiscal y logre buen acceso a los mercados de capital". Su marco legal fue diseñado específicamente para abordar la severa crisis de deuda gubernamental de Puerto Rico, que había escalado a más de $70 mil millones. Al definir "gobierno territorial" como el "gobierno de un territorio cubierto, incluyendo todas las instrumentalidades territoriales cubiertas" , y una "instrumentalidad territorial" como "cualquier subdivisión política, agencia pública, instrumentalidad... o corporación pública de un territorio", el Congreso pretendía que PROMESA abarcara la totalidad de la deuda gubernamental, incluyendo tanto la del Fondo General como la de las corporaciones públicas, sin limitar su alcance a un solo tipo de obligación.
	El espíritu de la Ley, tal como se manifestó en la Sección 209 de PROMESA, estableció requisitos claros y limitados para la terminación de la Junta de Supervisión Fiscal (la "Junta" o "FOMB"), organismo creado mediante el mismo estatuto. Conforme a esta Sección, la Junta debe terminar "al certificar la Junta de Supervisión que- (1) el gobierno territorial aplicable tiene acceso adecuado a los mercados de crédito a corto y largo plazo a tasas de interés razonables para satisfacer las necesidades de endeudamiento del gobierno territorial; y (2) durante al menos 4 años fiscales consecutivos- (A) el gobierno territorial ha elaborado sus presupuestos de acuerdo con las normas de contabilidad de acumulación modificada; y (B) los gastos incurridos por el gobierno territorial durante cada año fiscal no excedieron los ingresos del gobierno territorial durante ese año, según se determine de acuerdo con las normas de ese año". Estos dos criterios, explícitamente detallados en el texto legal, son los únicos parámetros definidos por el Congreso para la disolución de la Junta.
	No obstante, en un claro intento por perpetuar su existencia y confundir sobre el cumplimiento de Puerto Rico con los objetivos de la Ley, la Junta ha extendido y distorsionado arbitrariamente estos requisitos. La Junta ha desarrollado lo que denomina "50 acciones" dentro de su Plan Fiscal, que van mucho más allá de lo estipulado en PROMESA. Por ejemplo, la Junta ha impuesto la necesidad de que Puerto Rico recupere una calificación crediticia de "grado de inversión", un requisito que no figura en la Sección 209 de la ley. Esta interpretación expansiva, que se desvía de la Ley PROMESA, le otorgaría a la FOMB un control considerable sobre los criterios para su propia salida, lo que podría prolongar su mandato de manera indefinida y genera la percepción de un "objetivo móvil" para el Gobierno de Puerto Rico. De manera flagrante la Junta exige una disciplina fiscal para los gobiernos municipales, las agencias del Estado y para la Asamblea Legislativa que no se impone a sí misma. Tal proceder evidencia una estrategia para garantizar su permanencia en la Isla, en contravención del propósito transitorio de su creación.
A pesar de estas barreras adicionales impuestas por la Junta de Control Fiscal, el progreso en la reducción de la carga sustancial de la deuda de Puerto Rico es innegable. Aproximadamente el 80% de la deuda pendiente de la Isla ha sido reestructurada, reduciendo las obligaciones totales de más de $70 mil millones a unos $37 mil millones. Esto se proyecta que ahorrará a Puerto Rico más de $50 mil millones en pagos de servicio de la deuda a través de varias entidades. Los logros notables incluyen la confirmación del Plan de Ajuste de la Mancomunidad en enero de 2022, que entró en vigor en marzo de 2022, reestructurando $33 mil millones en pasivos y reduciendo los pagos del servicio de la deuda en más del 60%. Adicionalmente, la deuda de COFINA se redujo en $6 mil millones, generando un ahorro de $17.5 mil millones.
	La deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (HTA) experimentó una reducción de más del 80%, ahorrando $3 mil millones. Estos datos demuestran que el objetivo principal de PROMESA, la reestructuración de la deuda, ha sido esencialmente alcanzada, en gran parte por la propia gestión local. La inmensa mayoría de los avances que ha habido para mejorar la situación fiscal de Puerto Rico han sido producto de la gestión de la propia Asamblea Legislativa y del Ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico, más que de la Junta. Además, sin recurrir a nuevo endeudamiento, hemos sacado a Puerto Rico adelante pues se logró reducir la deuda en casi dos terceras partes.
	El mercado municipal, por su parte, ha reconocido la solidez del perfil crediticio de Puerto Rico, a raíz de los esfuerzos de reestructuración liderados desde el gobierno estatal, el robusto crecimiento económico y el sólido desempeño financiero, así como la implementación de mejores prácticas de divulgación. A partir del 16 de septiembre de 2024, los rendimientos de los bonos de Puerto Rico estaban negociándose con rendimientos 81 puntos base por debajo del Índice de Alto Rendimiento (HY Index) y su diferencial con el Índice Baa se había ajustado a 31 puntos base. Esta mejora es significativa, considerando que en marzo de 2022, los rendimientos de los bonos de Puerto Rico estaban 40 puntos base por debajo del Índice HY y 81 puntos base por encima del Índice Baa. La tenencia de bonos de COFINA y GO ha pasado a manos de fondos de bonos tradicionales, lo que es un cambio positivo de la base de inversores previa a la reestructuración, que estaba muy inclinada hacia tenedores oportunistas. Este progreso demuestra que Puerto Rico está recuperando la confianza del mercado, cumpliendo así con uno de los parámetros cardinales de la ley. Además, todos los presupuestos han estado balanceados por más que la Junta quiera caer en el juego de "cuando está balanceado". Ese juego de is está balanceado al escribirlo en el papel o cuando al final del año fiscal se examina cómo quedamos, es una vil artimaña para perpetuar una nómina y unos contratistas que NO NECESITAMOS en Puerto Rico. Cabe destacar que SIEMPRE los ingresos reales han excedido consistentemente las estimaciones de la Junta y los del propio Gobierno local. 
	Sin embargo, la Junta ha fracasado estrepitosamente en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA). La deuda de PREPA, que excede los $10 mil millones, sigue siendo un obstáculo crítico y sin resolver. La Junta de Supervisión presentó un Plan de Ajuste propuesto en diciembre de 2022, no obstante el Tribunal de Distrito de EE. UU. ha dirigido a las partes a regresar a mediación, dejando el proceso estancado. Este fracaso impacta directamente la capacidad de la Isla para reingresar plenamente a los mercados y utilizar eficazmente los fondos federales de recuperación para infraestructura esencial. Solo el 8% de los $23.4 mil millones asignados por FEMA para PREPA ha sido utilizado, una tasa significativamente más baja que en otras recuperaciones de huracanes importantes, principalmente porque el modelo de reembolso de FEMA requiere capital inicial que PREPA, en bancarrota prologada por la Junta, no puede asegurar. Es inaceptable que, a pesar de los vastos recursos y el tiempo transcurrido, la Junta no haya podido resolver esta reestructuración crucial, lo que subraya su ineficacia en este aspecto fundamental.

	El proceso de supervisión de la FOMB no solo ha sido deficiente en áreas claves, sino que también ha incurrido en costos considerables para el pueblo de Puerto Rico. La propia Junta reconoce que el proceso ha sido "uno de los más caros jamás vistos, con honorarios profesionales proyectados a exceder mil millones". De hecho, los gastos legales y de asesoramiento de la Junta de Supervisión por sí solos ya superan los uno punto cinco mil millones de dólares.
	En total, la Junta nos ha costado ya sobre dos mil millones de dólares; como expresó el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz durante la sesión del 23 de junio de 2025 sobre la Junta "nos ha costado más de lo que nos ha resuelto". 
	Ciertamente, el Gobierno de Puerto Rico, en virtud de lo expuesto, podría legítimamente iniciar un proceso judicial para solicitar la disolución de la FOMB, alegando el cumplimiento sustancial de los propósitos establecidos en PROMESA. Sin embargo, dicho litigio se perfila como un proceso prolongado y oneroso, e irónicamente, el Gobierno de Puerto Rico estaría litigando contra un cuerpo que consume recursos económicos del propio estado sin control, sumándose a los ya billonarios gastos incurridos por la Junta.
	Por entender que se ha cumplido prácticamente en la totalidad de los propósitos para los cuales fue establecida dentro de la Ley PROMESA y al haber extendido la Junta de Supervisión Fiscal su permanencia más allá de lo previsto en el texto y espíritu de la ley que lo habilitó, mediante la imposición de requisitos arbitrarios, el Senado de Puerto Rico expresa su más enérgico rechazo a la continuidad de la Junta sobre un gobierno democráticamente electo. Por tanto, el Senado de Puerto Rico reclama que es imperativo que el Congreso de los Estados Unidos y el Presidente actúen de inmediato para facilitar la disolución de la Junta, permitiendo que el Gobierno de Puerto Rico, en pleno ejercicio de su autonomía, continúe la gestión de sus asuntos de gobernanza Estatal. 
La vergüenza política, que representa la Junta de Control Fiscal, no puede perpetuarse e imponerse sobre ningún ciudadano de los Estados Unidos de América. Si queremos hacer a nuestra Nación GRANDE, eso nos incluye a TODOS los puertorriqueños que residimos en esta Isla del Encanto.  Pongámosle fin a la desigualdad, a la inferioridad política y al discrimen contra Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- El Senado de Puerto Rico expresa su más profundo rechazo y solicita al Gobierno, al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos que actúen de inmediato para promover la disolución de la Junta de Supervisión Fiscal, organismo que ha prolongado su permanencia más allá de lo previsto en el texto y espíritu de la ley que la habilitó, mediante la imposición de requisitos arbitrarios cuyo único fin es garantizar su propia permanencia.
Sección 2.- Copia de esta Resolución traducida al idioma inglés será remitida a la Casa Blanca, al Congreso de los Estados Unidos, al Senado de los Estados Unidos, al Government Accountability Office (GAO) y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.