GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma. Asamblea 2da. Sesión
Legislativa Ordinaria
SENADO DE PUERTO RICO
P. del S. 675
INFORME NEGATIVO
13 de noviembre de 2025
AL SENADO DE PUERTO RICO:
Las Comisiones de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado; y, de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo previo estudio y consideración, no recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 675.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 675 propone enmendar los Artículos 1, 2 y 3, añadir un nuevo Artículo 4 y reenumerar el actual Artículo 4 como Artículo 5 de la Ley 150-2008, según enmendada, conocida como “Ley para Prohibir la Imposición de un Cargo Adicional por Utilizar una Tarjeta de Crédito o Débito en las Transacciones de Venta”; enmendar el Artículo 1.1 y 3 de la Ley 42-2015, según enmendada, conocida como “Ley para que Toda Persona Natural o Jurídica que Preste Servicios Provea al Menos Dos (2) Alternativas de Pago a sus Clientes; con el propósito de prohibir el cobro de tarifas adicionales por el uso de tarjetas de crédito y débito en determinadas transacciones comerciales dentro de la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
INTRODUCCIÓN
El Proyecto del Senado 675 propone enmendar la Ley 150-2008 y la Ley 42-2015 para prohibir el cobro de tarifas adicionales, como las tarifas de intercambio o “swipe fees”— por el uso de tarjetas de crédito y débito en determinadas transacciones comerciales dentro de Puerto Rico. Según la exposición de motivos, en la actualidad el uso de tarjetas facilita transacciones más eficientes y seguras, pero la imposición de cargos por el uso de estos métodos de pago representa una barrera significativa para la inclusión financiera. Tal como menciona el texto expositivo, resulta particularmente problemático que estas tarifas se apliquen sobre conceptos como el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), las propinas y las donaciones a entidades sin fines de lucro, ya que ni el comerciante ni el consumidor se benefician de esos montos y los fondos vinculados al IVU y las donaciones no deberían estar sujetos a comisiones que reducen su valor real.
Según la exposición de motivos, actualmente existen vacíos legales que permiten a procesadores y ciertos comercios seguir imponiendo tarifas sobre partes específicas de las transacciones, contradiciendo “el espíritu de inclusión financiera y equidad” que inspiró la legislación original. Además, la Ley 42-2015 no prohíbe de forma explícita los cargos extra por uso de tarjetas, lo que genera una contradicción normativa y puede desalentar, en la práctica, el uso de estas formas de pago entre sectores vulnerables. El proyecto establece como objetivo central crear un marco regulatorio contundente que elimine esos recargos, garantizando transparencia y equidad, y propone penalidades para quienes incumplan la prohibición, además de requerir el reembolso automático de los cobros indebidos. Establece, finalmente, un periodo transitorio para la adaptación de los sistemas y faculta a las agencias pertinentes a reglamentar el procedimiento de implementación y fiscalización.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
La Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado, ostentando jurisdicción primaria sobre el Proyecto del Senado 675, solicitó y recibió los memoriales explicativos y ponencias de la Asociación de Bancos de Puerto Rico; Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA); Centro Unido de Detallistas (CUD); Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC); Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); Departamento de Hacienda; Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF); Oficina del Comisionado de Seguros (OCS); Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); Asociación de Comercio al Detal (ACDET) y Walmart de Puerto Rico. A su vez, se consideraron los memoriales explicativos presentados por la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico (ASEC); Capital One Services, LLC; American Financial Services Association (AFSA); Airlines for America (A4A); Card Coalition; Defense Credit Union Council (CDCUC) y Electronic Transactions Association (ETA), quienes comparecieron de manera voluntaria. Cabe destacar que Walmart compareció mediante el memorial explicativo presentado por la Electronic Transactions Association (ETA). Al momento de la redacción de este informe no se ha recibido el memorial explicativo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.
RESUMEN DE COMENTARIOS RECIBIDOS
En su Memorial Explicativo la Asociación de Bancos de Puerto Rico expresa una oposición a la aprobación de la medida, argumentando que la propuesta de prohibir el cobro de tarifas de intercambio (“interchange fees”, también conocidas como “swipe fees”) sobre montos relacionados con impuestos, propinas y donaciones en transacciones con tarjetas de crédito y débito podría tener consecuencias adversas en el sistema de pagos y en la economía de Puerto Rico. La Asociación explica que el cobro de “interchange fees” es un componente esencial del ecosistema financiero, compensando a los bancos emisores por riesgos y costos inherentes a la autorización y procesamiento de transacciones, como el fraude, servicio al cliente, protección de datos, programas de recompensas y, en el caso de tarjetas de crédito, el riesgo crediticio. Añaden que el banco emisor, al no poder distinguir entre el monto del IVU o propinas y el resto de la transacción, asume el riesgo de la totalidad de la transacción.
La Asociación señala que implementar una prohibición como la propuesta implicaría cambios técnicos complejos y costosos, aumentando la carga operativa, en especial para pequeños y medianos comerciantes, quienes podrían verse forzados a aumentar el uso de efectivo, exponiéndose a más fraudes y dificultando el cobro adecuado del IVU. Además, destacan que medidas similares han fracasado en múltiples estados de EE.UU. y que, en jurisdicciones como Illinois, la entrada en vigor de leyes equivalentes fue aplazada debido a desafíos judiciales, subrayando el riesgo de litigios por conflicto con leyes federales. La Asociación advierte que la legislación podría provocar una desventaja competitiva para los bancos locales ante entidades federales, posibles litigios costosos, y una reducción en la oferta de productos de tarjetas, impactando negativamente el comercio y las entidades sin fines de lucro, y repercutiendo en la economía general y en industrias como el turismo. Finalmente, exhortan a considerar los argumentos técnicos y regulatorios presentados, insistiendo en la necesidad de un análisis profundo antes de legislar sobre este asunto complejo y delicado.
Por su parte, en su memorial explicativo la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) expresó su apoyo a la medida, destacando que el proyecto busca enmendar las leyes vigentes para restringir específicamente que las instituciones financieras, procesadores de pagos y redes de tarjetas cobren tarifas de intercambio, conocidas como “swipe fees”, sobre componentes como impuestos, propinas y donaciones a entidades sin fines de lucro en las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito. ASORE aclara que la propuesta no supone la eliminación total del “swipe fee”, sino que limita su cobro únicamente al valor del producto o servicio, excluyendo los conceptos antes mencionados. Argumenta que estas tarifas se han convertido en un costo operativo significativo para la industria, en parte debido a la falta de competencia entre redes como Visa y MasterCard, y que la experiencia en Estados Unidos evidencia que los “swipe fees” han incrementado considerablemente, representando uno de los mayores gastos después de la mano de obra y la comida para los restaurantes. El memorial también hace referencia a iniciativas similares en Illinois y Colorado, detallando que en Illinois se aprobó legislación para prohibir los “swipe fees” sobre impuestos y propinas, aunque aún no ha entrado en vigor, mientras que en Colorado una medida parecida no fue aprobada definitivamente. Según ASORE, la reducción o eliminación de “swipe fees” sobre impuestos, propinas y donaciones generará ahorros para los comercios, permitiendo posibles mejoras operacionales, reducción de precios al consumidor y una mayor competitividad. Finalmente, la asociación concluye que la aprobación del Proyecto del Senado 675 sería beneficiosa para la industria, agradeciendo la oportunidad de expresarse sobre la medida.
La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) apoya el espíritu y propósito del Proyecto del Senado 675, aunque reconoce que el tema central de la medida, la prohibición del cobro de tarifas de intercambio ("swipe fees") en transacciones comerciales, no constituye una materia de fiscalización dentro de su jurisdicción primaria, la cual corresponde principalmente a entidades como DACO, OCIF, COSSEC y el Departamento de Hacienda.
No obstante, la OCS señala que el Proyecto sí incide indirectamente en la industria de seguros, específicamente en la protección de los asegurados como consumidores. Destaca que el cobro de "swipe fees" podría considerarse un cargo adicional sobre las primas, lo cual contradice el Artículo 11.170 del Código de Seguros, que establece que la prima debe incluir todos los derechos y cargos relacionados con el seguro, sin que se puedan imponer costos adicionales.
La OCS enfatiza que estos cargos pueden reducir el monto efectivo recibido por la aseguradora, provocando la cancelación indebida de pólizas por incumplimiento de pago, especialmente en productos de microseguros, diseñados para sectores de bajos ingresos con primas de bajo costo, exponiendo a los asegurados a pérdidas significativas.
La Oficina respalda la eliminación de estos cargos injustificados porque promueven: protección al consumidor frente a cargos ocultos, transparencia en transacciones electrónicas y equidad en el acceso a métodos de pago modernos. Además, se compromete a colaborar inter-agencialmente en la reglamentación necesaria y recomienda que se aclare expresamente que las prohibiciones no afecten la totalidad de la prima de seguros ni los beneficios de los asegurados cuando se utilicen instrumentos de pago electrónicos.
El memorial explicativo presentado por la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) reconoce que la legislación actual ya protege al consumidor al prohibir a los comerciantes imponer cargos adicionales al utilizar tarjetas de crédito o débito. Sin embargo, señala que el proyecto enmienda la ley vigente para también proteger al comerciante frente al cobro de tarifas de transacción electrónica, o “swipe fees”, sobre partidas como impuestos, propinas y donaciones, estableciendo nuevos requisitos para los comerciantes.
COSSEC resalta que el proyecto persigue mayor transparencia en las transacciones electrónicas y se inspira en iniciativas como la “Interchange Fee Prohibition Act” (IFPA) de Illinois, aunque advierte que tales medidas han sido impugnadas judicialmente en los Estados Unidos bajo alegaciones de inconstitucionalidad y “preemption”, resultando en la suspensión de su aplicación a bancos nacionales y federales. Considerando este precedente, la corporación exhorta a actuar con cautela, ya que las cooperativas de ahorro y crédito locales deben cumplir con legislación federal cuya interpretación puede estar sujeta a litigios costosos y complejos si se aprueba la medida. COSSEC reconoce la intención loable de la propuesta, pero no la endosa en este momento por los riesgos legales potenciales y porque podría acarrear costos adicionales indirectos para los consumidores. Por último, certifica que el proyecto no tendría impacto fiscal sobre su propio presupuesto institucional, y agradece la oportunidad brindada para ofrecer sus recomendaciones.
El memorial de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) sobre el Proyecto del Senado 675 ofrece un análisis del alcance y posibles consecuencias de la medida propuesta. La OCIF reconoce la importancia de proteger los derechos de los consumidores y el interés en garantizar transparencia y equidad en el uso de tarjetas de crédito y débito, pero advierte que el proyecto, al prohibir a instituciones financieras, procesadores de pagos y otras entidades cobrar “swipe fees” sobre impuestos, propinas y donaciones, podría arrojar considerables riesgos regulatorios, operativos y jurídicos para el sector financiero local. El análisis resalta que reformas como la aprobada en Illinois y la considerada en Colorado han sido objeto de litigios federales y bloqueos judiciales por entrar en potencial conflicto con leyes federales (“preemption”), y subraya que la propia Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) ha expresado preocupaciones sobre la fragmentación y riesgos para la eficiencia del sistema nacional de pagos.
Según la OCIF, la propuesta podría obligar a las instituciones financieras en Puerto Rico a incurrir en onerosos procesos de reconfiguración tecnológica y operativa, aumentar los costos de cumplimiento y reducir la competencia e innovación en la industria de pagos, lo que en última instancia podría significar un impacto negativo en los costos e intereses de los consumidores y comerciantes. A la vez, la OCIF advierte que la medida podría ser impugnada por exceder los límites de la autoridad estatal y contravenir el marco constitucional y federal vigente, además de incrementar el riesgo de litigios costosos y consecuencias regulatorias no anticipadas. Por estas razones, aunque reconoce la política pública que inspira la medida, la OCIF concluye no endosar el Proyecto del Senado 675 en su forma actual y exhorta a que se considere con cautela el marco legal y operacional aplicable antes de tomar una determinación final.
El memorial del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre el Proyecto del Senado 675 reconoce el objetivo loable de la medida en proteger los derechos de los consumidores de Puerto Rico frente a prácticas financieras que puedan resultar injustas, pero subraya serias preocupaciones constitucionales, regulatorias y económicas asociadas a su implementación. El DACO señala que experiencias recientes en otras jurisdicciones, como Illinois, demuestran que iniciativas similares han sido impugnadas en tribunales federales bajo el principio de “preemption”, pues regulan materias ya cubiertas por legislación federal como el National Bank Act y el Federal Credit Union Act. Destaca que tales litigios derivaron en la suspensión de esas leyes, resultando en incertidumbre, costos legales y la ausencia de beneficios concretos para los consumidores, lo que considera un riesgo inaceptable para Puerto Rico.
El memorial advierte que imponer regulaciones financieras a nivel local podría duplicar requisitos, generar inseguridad jurídica y encarecer los servicios bancarios, contrariando así el interés del consumidor. En conclusión, el DACO sugiere que, en lugar de avanzar con una legislación potencialmente redundante e inconstitucional, se explore fortalecer la educación y divulgación financiera y la colaboración con autoridades especializadas, manteniendo siempre como prioridad la protección transparente y rigurosa del consumidor puertorriqueño.
El memorial explicativo de Capital One sobre el Proyecto del Senado 675 expresa una oposición a la medida, argumentando que la propuesta de excluir impuestos y propinas de las tarifas de intercambio en transacciones con tarjetas de débito y crédito, así como limitar los cargos sobre transacciones con organizaciones sin fines de lucro, tendría efectos negativos para consumidores, trabajadores que reciben propinas, pequeñas empresas y la recaudación fiscal de Puerto Rico. Capital One resalta que, si la medida se aprueba y supera eventuales impugnaciones legales, los consumidores podrían verse obligados a pagar impuestos y propinas en efectivo, ya que las instituciones financieras y redes emisoras de tarjetas podrían negarse a procesar ese tipo de transacción si no son compensadas por el riesgo y los costos asociados, lo que podría causar interrupciones en los pagos y confusión general. Asimismo, advierte que las organizaciones sin fines de lucro, que ya enfrentan un alto riesgo de fraude y pagan algunas de las tarifas de intercambio más bajas, podrían perder la posibilidad de aceptar pagos electrónicos si se exige a los emisores procesar sin compensación ninguna.
Capital One sostiene que el sistema mundial de pagos no está preparado para regímenes regulatorios fragmentados a nivel jurisdiccional ni para la prestación gratuita de servicios de procesamiento, y observa que la medida se asemeja a la ley de Illinois actualmente litigada a nivel federal, enfatizando además que en diversos estados propuestas similares no han prosperado por sus riesgos e incertidumbres. Por estas razones, la empresa recomienda posponer la implementación de legislaciones de este tipo hasta que se resuelvan los pleitos vigentes y reitera su disposición al diálogo con los legisladores.
El memorial de la Asociación Americana de Servicios Financieros (AFSA) sobre el Proyecto del Senado 675 manifiesta su oposición a la propuesta, argumentando que limitar las tarifas de intercambio al excluir propinas e impuestos de su cálculo obligaría a los bancos emisores de tarjetas a asumir riesgos y costos significativos sin compensación, afectando negativamente el equilibrio del sistema de pagos electrónicos. La AFSA señala que iniciativas similares han sido rechazadas en más de 30 estados por sus implicaciones complejas y potenciales consecuencias disruptivas, destacando que la excepción de Illinois fue fruto de un proceso legislativo atípico y que dicha ley ahora enfrenta litigios federales, con medidas cautelares que limitan su aplicación práctica. El memorial advierte que la adopción de esta legislación podría colocar a las instituciones financieras en Puerto Rico en una situación insostenible: o absorben los costos de procesar impuestos y propinas, lo que podría representar millones en gastos anuales, o dejan de procesar estas partidas, obligando a los consumidores a separar pagos en efectivo o cheques, con resultados negativos para consumidores, comercios y la economía general. AFSA también cuestiona la viabilidad y justificación de la infraestructura tecnológica requerida, considerándola una inversión costosa e injustificada, y cita opiniones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) que apuntan a riesgos de invadir competencias federales, iniciar litigios onerosos y generar efectos regulatorios y económicos adversos. En conclusión, AFSA considera injusto y poco práctico exigir a las instituciones financieras que subsidien los costos operativos de los comercios y solicita que el proyecto no avance más allá de una audiencia pública.
El memorial del Centro Unido de Detallistas (CUD) sobre el Proyecto del Senado 675 expone que los altos costos por procesamiento de pagos electrónicos, conocidos como “swipe fees”, representan una carga significativa para el sector de pequeños y medianos negocios en Puerto Rico, afectando notablemente sus márgenes de ganancia y su competitividad frente a grandes cadenas que negocian tarifas más bajas. El CUD reconoce que actualmente la ley prohíbe a los comercios aplicar recargos a los consumidores por el uso de tarjetas, lo que deja a los pequeños comercios pocas alternativas para mitigar esos costos fuera de implementar mínimos de consumo o recurrir a métodos de pago más económicos como ATH Móvil. Asimismo, destaca que el procesamiento de tarjetas impone cargos sobre la totalidad de la transacción, incluida la parte correspondiente al IVU, a pesar de que esta no constituye ganancia para el comerciante. El CUD recomienda que se reconozca y promueva a ATH Móvil como método de pago electrónico válido, y que se amplíen las excepciones para microempresas en la obligación de ofrecer pagos con tarjetas, elevando el umbral de exención y exceptuando además a quienes colaboran en recaudaciones gubernamentales, como ya permite el reglamento vigente. En su conclusión, subraya cómo los costos de procesamiento afectan de manera desproporcionada a los pequeños comercios y apoya la aprobación del proyecto, valorando especialmente toda medida que procure reducir tales cargas y mejore la competitividad del empresariado local.
La Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico (ASEC) expresó su firme oposición al Proyecto del Senado 675. Si bien reconocen y comparten el objetivo de proteger al consumidor y fomentar la accesibilidad financiera, consideran que la medida tendría efectos adversos tanto para las instituciones cooperativas como para la economía en general. ASEC sostiene que las tarifas de intercambio son esenciales para cubrir riesgos operacionales, fraudes y costos tecnológicos que permiten la operación segura y eficiente del sistema de pagos electrónicos. Advierte que el proyecto, al requerir la separación manual de componentes de la transacción como IVU y propinas, impondría cargas operacionales y tecnológicas muy onerosas, especialmente para pequeños y medianos comercios y cooperativas. ASEC también destaca el riesgo de litigios, desventajas competitivas para las instituciones financieras locales, e incluso el potencial retiro de productos de tarjetas por parte de cooperativas y bancos locales si las disposiciones resultan inconstitucionales o excesivamente difíciles de implementar.
Finalmente, la Asociación respalda la postura técnica de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y exhorta a la Legislatura a considerar cuidadosamente los impactos que la aprobación del proyecto podría tener sobre el sector cooperativista y la economía de Puerto Rico en su conjunto.
El Departamento de Hacienda de Puerto Rico adoptó una postura cautelosa respecto al Proyecto del Senado 675, reconociendo la legitimidad de la intención legislativa de proteger a los consumidores, pero expresando reservas significativas sobre la implementación propuesta. El Departamento destacó su rol constitucional como principal recaudador y custodio de fondos públicos, así como su responsabilidad de administrar las leyes tributarias y la política fiscal de la Isla de manera eficiente para maximizar los recursos del erario. En su análisis, el Departamento subrayó que la digitalización e inclusión financiera han sido elementos esenciales para aspirar a un sistema contributivo más eficiente, seguro y transparente, facilitando el cumplimiento de las responsabilidades contributivas tanto por parte de contribuyentes como de comerciantes. Sin embargo, considera que la propuesta podría entrar en conflicto con normas constitucionales, marcos reglamentarios y realidades económicas que no pueden pasarse por alto.
Por esta razón, el Departamento recomendó a la Comisión evaluar detenidamente los efectos que pudiera representar la medida antes de que la Asamblea Legislativa tome determinaciones de política pública, con el objetivo de garantizar el mayor beneficio posible para los contribuyentes en Puerto Rico.
La Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET) presentó su memorial explicativo el 26 de agosto de 2025 expresando su apoyo al Proyecto del Senado 675. ACDET considera que la medida representa una iniciativa de equidad, transparencia y competitividad que corrige una práctica comercial injusta que afecta negativamente tanto a comerciantes como a consumidores. La organización, que representa cadenas de tiendas generadoras de más de 60,000 empleos directos en Puerto Rico, considera esta legislación como una defensa necesaria del comercio local y del consumidor puertorriqueño.
La Asociación coincide con el planteamiento del proyecto sobre la práctica abusiva de incluir el IVU dentro del cálculo de los "swipe fees" o comisiones de intercambio. Cuando un consumidor realiza una compra con tarjeta de crédito o débito, las compañías procesadoras aplican un porcentaje de comisión no solamente sobre el precio del producto, sino también sobre el IVU que el comerciante está obligado por ley a recaudar y transferir al gobierno. Esta situación coloca al comerciante en una posición de indefensión, obligándolo a pagar comisiones sobre dinero que no le pertenece y que debe remitir íntegramente al Estado.
ACDET proporcionó datos específicos para ilustrar el impacto económico de esta práctica. Utilizando como ejemplo una compra de $100.00 con IVU de $11.50, la diferencia entre aplicar un swipe fee del 3% sobre el total ($3.34) versus aplicarlo únicamente sobre el subtotal ($3.00) representa $0.34 adicionales por transacción. La organización calculó que, basándose en los recaudos del IVU para 2024 que ascendieron a $2,979 millones, el comercio al detal pagó aproximadamente $53.6 millones en comisiones sobre montos que corresponden al IVU, recursos que podrían haberse reinvertido en los negocios o destinado al erario.
En su memorial, ACDET desmiente las alegaciones sobre costos de implementación, señalando que las redes de tarjetas ya reciben información separada sobre el monto de compra, impuesto y total por cada transacción. También rechaza los argumentos relacionados con fraude, programas de recompensas y supuestos retos sistémicos, calificándolos como intentos de proteger un modelo de ingresos injustificado.
Finalmente, la Asociación considera que esta legislación no solo protege a los comerciantes de cobros indebidos, sino que también beneficia a los consumidores al eliminar un costo oculto que contribuye al alto costo de vida en Puerto Rico, alineando además a la jurisdicción con las tendencias regulatorias más modernas en Estados Unidos.
Airlines for America (A4A), organización que representa a las principales aerolíneas estadounidenses, manifestó su oposición al Proyecto del Senado 675 en su memorial explicativo del 18 de agosto de 2025, argumentando que la medida amenaza el funcionamiento del sistema de pagos electrónicos y pone en riesgo fuentes importantes de valor económico para Puerto Rico.
La organización enfatiza que las aerolíneas que representa emplean a miles de puertorriqueños y que los programas de recompensas de tarjetas de crédito co-branded son vitales para el sector turístico. Según datos de A4A, en 2023 aproximadamente 82,929 pasajeros utilizaron millas acumuladas para visitar Puerto Rico, generando $66.7 millones en gasto turístico.
A4A expresa preocupación por los requerimientos técnicos que exigiría la legislación, particularmente la necesidad de dividir cada transacción electrónica en múltiples partes, lo que implicaría crear nuevas bases de datos que amenazarían la privacidad del consumidor. La organización advierte que estos cambios pondrían en peligro los beneficios que valoran los consumidores puertorriqueños, como millas de aerolíneas, devolución de efectivo y puntos de viaje, los cuales facilitan vacaciones familiares y atraen visitantes a la isla.
Finalmente, A4A exhorta a los legisladores a mantener intacto un sistema de pagos que funciona eficientemente y con el cual los consumidores están satisfechos, sugiriendo que la Legislatura debería priorizar otros desafíos más apremiantes.
Card Coalition, asociación nacional que representa a la industria de tarjetas de pago, expresó su oposición al Proyecto del Senado 675 mediante memorial explicativo con fecha del 25 de agosto de 2025, fundamentándose en la experiencia negativa de otros estados que han rechazado propuestas similares debido a complicaciones técnicas, legales y operacionales.
La organización explica que cuando un comerciante acepta tarjetas, paga una comisión de descuento comercial de aproximadamente 2-2.5% del monto total de la transacción, siendo la comisión de intercambio la porción (típicamente 1.75%) que recibe el banco emisor de la tarjeta. Estos costos permiten a los comerciantes acceder a la red global de pagos electrónicos, con pago garantizado y mayores oportunidades de ingreso.
Card Coalition enfatiza la imposibilidad práctica de implementar la medida, señalando que no existe la infraestructura necesaria para eximir impuestos y propinas de las comisiones de intercambio. Crear tal infraestructura sería extremadamente costoso para comerciantes, procesadores, redes e instituciones financieras, impactando desproporcionadamente a los pequeños comercios. Además, explica que los sistemas de procesamiento actuales transmiten transacciones como unidades únicas de código, enrutando únicamente el número de tarjeta y el monto total, sin acceso a detalles sobre los bienes adquiridos ni capacidad para determinar impuestos aplicables.
La organización advierte que los consumidores enfrentarían consecuencias adversas significativas, incluyendo la posibilidad de realizar dos transacciones separadas por compra (una para el producto y otra para el impuesto), además de una mayor captura de datos personales que erosionaría la privacidad del consumidor.
En conclusión, Card Coalition subraya que las instituciones financieras asumen el riesgo crediticio por la totalidad de la transacción y que establecer reglas únicas por estado o tipo de transacción comprometería la integridad y eficiencia del sistema nacional de pagos, sentando un precedente peligroso que debe resistirse.
El Defense Credit Union Council (DCUC), que representa a más de 200 cooperativas de crédito que sirven a casi 40 millones de militares, veteranos, civiles del Departamento de Defensa y sus familias, expresó su oposición al Proyecto del Senado 675 mediante memorial del 23 de agosto de 2025. La organización manifiesta preocupación de que la medida causaría daño grave al ecosistema financiero de Puerto Rico, especialmente a las cooperativas de crédito de defensa y a los militares y veteranos que residen y trabajan en la isla, quienes dependen de cooperativas locales en instalaciones militares para sus servicios financieros.
DCUC enfatiza que los requisitos del proyecto son técnicamente onerosos e inviables, argumentando que los sistemas de pago actuales no tienen capacidad para identificar y separar automáticamente impuestos o propinas del monto total de la transacción en el punto de venta. Cada transacción se procesa como una suma única, ya que las redes y máquinas no están diseñadas para analizar elementos específicos y aplicar cálculos diferenciados. Según DCUC, crear tal mecanismo requeriría una reestructuración exclusiva para Puerto Rico de toda la infraestructura de pagos, tomando años y generando costos exorbitantes.
A su vez, la organización advierte que las cargas recaerían desproporcionadamente sobre instituciones financieras más pequeñas, incluidas cooperativas de crédito en bases militares. Los costos adicionales y la pérdida de ingresos por intercambio inevitablemente se transferirían a los consumidores puertorriqueños, incluyendo miles de militares, veteranos y sus familias. Además, aseguran que probablemente disminuirían los beneficios que actualmente disfrutan los consumidores, como programas de recompensas, devolución de efectivo, millas de aerolíneas y ofertas de descuentos, los cuales son financiados en gran parte por las comisiones de intercambio.
Finalmente, DCUC propone soluciones alternativas más prácticas y menos disruptivas, como prohibir que los empleadores deduzcan las tarifas de procesamiento de las propinas de los empleados, similar a legislaciones implementadas en California, Maine y Massachusetts.
La Electronic Transactions Association (ETA), asociación industrial del sector de pagos global, presentó su oposición al Proyecto del Senado 675 el 22 de agosto de 2025. La organización, cuyos miembros procesan $52.7 trillones anuales en transacciones globales, argumenta que la propuesta no es viable debido a precedentes legales federales, particularmente el caso Illinois Bankers Association v. Raoul.
ETA destaca que la medida impactaría desproporcionadamente a pequeños comerciantes, quienes carecen de recursos para asumir costosos requisitos de implementación en software, hardware y procesos operativos que superan cualquier ahorro derivado de menores cargos. La asociación advierte sobre múltiples consecuencias adversas para consumidores, incluyendo pérdida de programas de recompensas, problemas de privacidad por recolección detallada de datos transaccionales, ineficiencias operacionales y potencial confusión para turistas acostumbrados a sistemas estandarizados. Además, aseguran que la propuesta crearía además disparidad competitiva entre instituciones financieras, beneficiando a grandes bancos nacionales protegidos por leyes federales mientras penaliza a entidades locales como Banco Popular, FirstBank y cooperativas de crédito.
La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) presentó el 26 de agosto de 2025 un apoyo condicionado al objetivo del Proyecto del Senado 675, expresando reservas significativas sobre la metodología de implementación a través de las leyes vigentes. MIDA considera contradictorio utilizar estas mismas leyes que por más de una década ha combatido por restringir las opciones de pago y crear una anomalía que posiciona a Puerto Rico como la única jurisdicción estadounidense que prohíbe tanto recargos por tarjeta como descuentos por efectivo.
La organización fundamenta su posición con datos del Food Marketing Institute (FMI) que demuestran costos ocultos de $900 anuales para familias estadounidenses, mientras los emisores de tarjetas obtienen márgenes del 50%. MIDA calcula que los comerciantes pagan aproximadamente $74 millones a procesadores por recaudar IVU, constituyendo un servicio gratuito al gobierno sobre el cual además deben pagar impuestos Business to Business. MIDA refuta argumentos sobre complejidad técnica, citando estudios del FMI que determinan que solo 13% de las comisiones cubren costos reales de transacción mientras 44% financia programas de recompensas.
Finalmente, MIDA destaca que Puerto Rico sufre penalización triple por limitaciones federales, estatales y el IVU más alto de Estados Unidos, creando ingresos cautivos para procesadores desde la imposición del impuesto. La organización recomienda aprobar el objetivo de la medida, pero como legislación independiente, proponiendo derogar o enmendar las leyes restrictivas actuales para permitir descuentos por método de pago. Como alternativa, sugiere compensar a comercios por costos de recaudación o devolverles herramientas de protección, concluyendo que nunca debió permitirse el cobro de comisiones sobre dinero que no pertenece al comerciante.
VISTA PÚBLICA
La Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus celebró vista pública el 26 de agosto de 2025, de 1:33 p.m. a 4:54 p.m., presidida por el Hon. Carmelo Ríos Santiago, con participación de las senadoras, Hon. Migdalia Padilla Alvelo y Hon. Wanda Soto Tolentino.
El primer panel de la vista pública estuvo integrado por las principales agencias regulatorias del Gobierno de Puerto Rico. Comparecieron ante la Comisión la Lcda. Mabel Jiménez Miranda, Presidenta Ejecutiva de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC); la Lcda. Mónica Rodríguez Villa, Comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF); y la Lcda. Brenda Pérez Fernández, Comisionada Auxiliar de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
La representación de COSSEC expresó su oposición al Proyecto del Senado 675, fundamentándose en el precedente del estado de Illinois, donde una legislación de naturaleza similar fue impugnada judicialmente y posteriormente suspendida en su implementación. La agencia advirtió sobre los posibles efectos adversos que podrían recaer sobre los consumidores como consecuencia de los elevados costos asociados a la implementación de los requisitos establecidos en la medida.
Por su parte, la OCIF reconoció el valor del objetivo de protección al consumidor que persigue la medida, pero identificó cuatro obstáculos fundamentales que deben considerarse. Entre estos señaló la potencial desventaja competitiva que enfrentaría Puerto Rico frente a otras jurisdicciones, los costos significativos que implicaría la reprogramación de los sistemas de pagos, la afectación de las herramientas antifraude actualmente disponibles, y la carga desproporcionada que recaería sobre las instituciones financieras de menor tamaño. En virtud de estos señalamientos, OCIF recomendó que se realice un análisis exhaustivo de costo-beneficio antes de proceder con la aprobación de la legislación.
Durante el turno de preguntas, se le requirió a la deponente, Lcda. Mónica Rodríguez Villa, que en un término de cinco (5) días laborables proveyera información sobre cuál sería el impacto económico de implementarse lo propuesto en la medida. En respuesta, recibida el 26 de septiembre de 2025, la OCIF indicó que la implantación del Proyecto del Senado 675 tendría un impacto económico significativo y costoso sobre las instituciones financieras y comerciantes debido a la complejidad del ecosistema de pagos electrónicos y la necesidad de coordinar múltiples actores y sistemas, estimando que la actualización tecnológica podría costar cerca de $150 millones a los comercios, con consecuencias adversas también para consumidores y la competencia en el sector.
Por su parte, la OCS manifestó su respaldo al espíritu de la medida, destacando que la misma promueve la protección del consumidor frente a cargos ocultos e injustificados. A su vez, enfatizó que esta protección resulta particularmente relevante en el contexto de productos de microseguros, donde el cobro de comisiones adicionales puede provocar la cancelación indebida de pólizas por incremento en los costos no atribuibles a la cobertura misma, afectando negativamente a los asegurados.
El segundo panel de la vista pública estuvo integrado por representantes del sector comercial y bancario de Puerto Rico. Comparecieron ante la Comisión el Lcdo. Cirilo Cruz Tejeda, representando a la Asociación de Comerciantes al Detal de Puerto Rico (ACDET) y la Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, Presidenta y Principal Oficial Ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Cabe señalar que la organización MIDA fue excusada por la Comisión tras no comparecer a la vista pública, a pesar de haber confirmado previamente su participación.
La representación de ACDET defendió vigorosamente la aprobación del Proyecto del Senado 675, presentando argumentos económicos detallados sobre el impacto que tienen las comisiones de intercambio en el sector comercial. La organización argumentó que los comerciantes pagan aproximadamente $53.6 millones anuales en comisiones calculadas sobre el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) que posteriormente debe remitirse al gobierno, lo que representa un costo adicional significativo para el sector. La organización enfatizó que esta cantidad, multiplicada por miles de transacciones diarias que realizan los comerciantes en toda la isla, se traduce en un costo considerable que afecta directamente la rentabilidad del sector comercial puertorriqueño.
Por su parte, la Asociación de Bancos de Puerto Rico expresó su oposición a la medida, fundamentando su posición en varios argumentos técnicos, legales y operacionales. La organización señaló que medidas legislativas similares han fracasado en treinta y un estados de Estados Unidos, estableciendo un precedente negativo que debe ser considerado por la Legislatura puertorriqueña. Además, advirtió que la implementación de los requisitos establecidos en el proyecto sería técnicamente imposible bajo la infraestructura actual de procesamiento de pagos, requiriendo años de reprogramación de sistemas y generando costos extraordinarios para todas las entidades involucradas en el ecosistema de pagos electrónicos. La Asociación expresó preocupación particular sobre el impacto que tendría la legislación en las instituciones bancarias locales, advirtiendo que algunos bancos podrían verse forzados a abandonar la emisión de tarjetas de crédito y débito en Puerto Rico, lo que a su vez afectaría negativamente los programas de recompensas y beneficios que actualmente disfrutan los consumidores puertorriqueños.
El tercer panel de la vista pública estuvo compuesto por representantes de la industria de procesamiento de pagos electrónicos y la agencia reguladora de protección al consumidor. Comparecieron el señor Steve Rauschenberger, en representación de la Electronic Payments Coalition (EPC) y Walmart, y la Lcda. Yasiris Torres Rivera en representación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
La Electronic Payments Coalition presentó una posición matizada ante la Comisión, reconociendo que la implementación de los requisitos establecidos en la medida sería técnicamente factible, pero advirtiendo sobre el período extenso que tomaría su implementación y los costos considerables que generaría para todas las partes involucradas en el ecosistema de pagos. La organización citó como ejemplo ilustrativo el proceso de migración tecnológica hacia tarjetas con microchips, el cual tomó aproximadamente ocho años en completarse a nivel nacional. La EPC defendió el sistema actual de pagos electrónicos, argumentando que el mismo beneficia tanto a comerciantes como a consumidores, señalando que más del 90% de los usuarios expresan satisfacción con los servicios de tarjetas de crédito y débito.
Por su parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor expresó serias reservas de naturaleza constitucional y regulatoria respecto a la medida propuesta. La agencia citó el precedente legal establecido en el estado de Illinois, donde una orden judicial suspendió la aplicación de legislación similar bajo la doctrina de campo ocupado federal. En virtud de estas preocupaciones legales y las complejidades técnicas identificadas, DACO propuso como alternativa viable el reforzamiento de programas de educación financiera para consumidores y comerciantes, así como el fortalecimiento de la cooperación regulatoria entre las agencias gubernamentales pertinentes.
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
Tras analizar exhaustivamente los memoriales y los testimonios rendidos durante la vista pública del 26 de agosto de 2025, las Comisiones de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado; y, de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, reconocen la intención loable del Proyecto del Senado 675 de proteger a consumidores y comerciantes contra el cobro de comisiones sobre elementos que no representan ganancia comercial, como el IVU, propinas y donaciones.
El análisis confirma la existencia de una problemática legítima: los comerciantes pagan aproximadamente $53.6 millones anuales en comisiones sobre el IVU que deben transferir íntegramente al gobierno. Considerando los $3.7 billones recaudados por IVU en 2024 y aplicando un "fee" promedio del 2%, los comerciantes efectivamente asumen costos de aproximadamente $74 millones anuales por brindar un servicio de recaudación gratuito al Estado.
No obstante, surgieron consideraciones técnicas y regulatorias significativas que requieren evaluación cuidadosa. Entre los desafíos identificados se encuentran las limitaciones de la infraestructura actual de pagos para separar automáticamente componentes de transacciones, los períodos extensos de implementación y costos asociados, y la necesidad de evaluar precedentes jurídicos en otras jurisdicciones. Particularmente, la legislación similar en Illinois enfrenta actualmente revisión judicial, evidenciando la importancia de evaluar marcos legales aplicables y el riesgo de conflictos con leyes federales bajo la doctrina de campo ocupado.
Las agencias regulatorias identificaron elementos adicionales que requieren consideración, incluyendo aspectos relacionados con competitividad jurisdiccional, requerimientos costosos de reprogramación de sistemas, afectación de herramientas de seguridad financiera, y el impacto desproporcionado en instituciones financieras locales y pequeñas. Se observa que aproximadamente el 90% de las transacciones con tarjetas operan bajo marcos regulatorios federales, subrayando la necesidad de análisis jurídico profundo.
Los testimonios vertidos durante la vista pública revelaron preocupaciones sobre posibles efectos en programas de beneficios al consumidor, incluyendo programas de recompensas. También se identificó la necesidad de evaluar la paridad competitiva entre diferentes tipos de instituciones financieras, considerando que entidades locales podrían enfrentar requerimientos de cumplimiento distintos a los de instituciones federales.
Las agencias gubernamentales propusieron enfoques alternativos, incluyendo el fortalecimiento de educación financiera y cooperación regulatoria como medidas complementarias, junto con otras alternativas que podrían abordar la problemática sin alterar sustancialmente el ecosistema de pagos existente.
En virtud de estos hallazgos, las Comisiones de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado; y, de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, no recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 675 en su forma actual. Esta recomendación no desconoce la legitimidad del problema identificado ni cuestiona la intención meritoria de hacer justicia a comerciantes y consumidores que asumen costos por recaudar el IVU para el gobierno. Sin embargo, la evaluación integral sugiere la conveniencia de explorar enfoques alternativos que aborden la problemática de manera más comprehensiva, considerando tanto los objetivos de protección al consumidor y comerciante como las realidades técnicas, operacionales y legales del ecosistema de pagos electrónicos.
Impacto fiscal municipal
Por tratarse de un Informe Negativo, no se requiere la evaluación del impacto fiscal municipal de la medida, establecido en el Artículo 1.0007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”.
Conclusión
POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Las Comisiones de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus del Senado; y, de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, previo estudio y consideración, no recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 675.
Respetuosamente sometido,
Carmelo J. Ríos Santiago Nitza Morán Trinidad
Presidente Presidenta
Comisión de Relaciones Federales y Comisión de Desarrollo Económico,
Viabilización del Mandato del Pueblo Pequeños Negocios, Banca,
para la Solución del Estatus Comercio, Seguros y Cooperativismo
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