GOBIERNO DE PUERTO RICO
20ma Asamblea 1ra Sesión
Legislativa Ordinaria
CÁMARA DE REPRESENTANTES
P. de la C. 701
INFORME POSITIVO
19 de junio de 2025
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO
La Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la misma, tiene a bien someter su Informe con relación al Proyecto de la Cámara 701, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se aneja.
El Proyecto de la Cámara 701 pretende enmendar la Ley Núm. 22 del 24 de julio de 1985, conocida como la "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico". Esta enmienda busca ampliar las facultades crediticias del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE) para incluir la capacidad de realizar negocios comerciales y ofrecer otros tipos de financiamiento.
La exposición de motivos de la propuesta señala que históricamente, el Gobierno de Puerto Rico ha priorizado la disponibilidad de financiación para el sector privado como una herramienta clave para el desarrollo económico, siendo los bancos, otras instituciones financieras privadas y algunas entidades gubernamentales, como el BDE, los principales encargados de ofrecer financiamiento. Aunque el BDE fue creado para promover los sectores empresariales y comerciales, su capacidad se ha visto limitada por enfocarse principalmente en financiamientos comerciales.
Ante la situación económica actual de Puerto Rico, exacerbada por huracanes, terremotos y la pandemia de COVID-19, se considera necesario desarrollar estrategias que fortalezcan la economía, posicionando al BDE como un aliado gubernamental que ofrezca mejores tasas de interés y productos financieros. La legislación propuesta permitiría al BDE ofrecer préstamos hipotecarios residenciales, préstamos de consumo y tarjetas de crédito, lo que beneficiaría a emprendedores jóvenes para adquirir su primera vivienda o iniciar un negocio.
Las enmiendas propuestas buscan otorgar facultades adicionales al BDE con el objetivo específico de fomentar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, facilitando el acceso a financiamiento asequible para la adquisición de viviendas y fortaleciendo el mercado inmobiliario. Esto permitiría al BDE ampliar su base de clientes y su capacidad financiera, promoviendo el desarrollo económico de Puerto Rico
En concreto, la Sección 1 enmienda el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 22, facultando al BDE a conceder préstamos hipotecarios residenciales, préstamos de consumo, tarjetas de crédito y otros productos de financiamiento, además de su propósito original de promover el desarrollo del sector privado a través de préstamos directos, garantías de préstamos y fondos para invertir en empresas. La Sección 2 enmienda el Artículo 3, añadiendo los incisos (s) y (t), que permiten al BDE conceder préstamos hipotecarios a individuos con fines residenciales de conformidad con las normas del mercado secundario de hipotecas y ofrecer préstamos de consumo, tarjetas de crédito y otros productos de financiamiento a residentes de Puerto Rico. Finalmente, la Sección 3 ordena y faculta al BDE a aprobar la reglamentación necesaria para implementar estas disposiciones.
Luego de expresada la intención del Proyecto de la Cámara 363, la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes examinó los Memoriales Explicativos de las siguientes agencias:
Banco de Desarrollo Económico
(13 de junio de 2025)
El 13 de junio de 2025, la Lcda. Carmen A. Vega Fournier, Presidenta del Banco de Desarrollo Económico (BDE) de Puerto Rico, presentó su memorial al Hon. Jorge Navarro Suárez, Presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes, para expresar la posición del BDE sobre el Proyecto de la Cámara 701 (P. del C. 701).
El Proyecto propone enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 22 del 24 de julio de 1985, conocida como "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico", con el fin de ampliar las facultades prestatarias del BDE para incluir negocios comerciales y otros fines relacionados.
Específicamente, el Proyecto permitiría al BDE conceder préstamos hipotecarios residenciales, préstamos de consumo, tarjetas de crédito y otros productos de financiamiento que sean definidos por el reglamento del Banco y autorizados por su Junta de Directores. El BDE es una instrumentalidad pública del Gobierno de Puerto Rico dedicada a la promoción del sector privado de la economía. Su misión principal es facilitar el acceso a productos financieros que fomenten la creación de empleos y negocios sostenibles, impulsen el crecimiento económico y estimulen la ventaja competitiva en Puerto Rico. El Banco ha ofrecido alternativas de financiamiento a pequeños y medianos negocios en diversos sectores como manufactura, comercio, agricultura, turismo y servicios.
Durante casi cuatro décadas, el BDE se ha especializado en financiamiento comercial, apoyando el establecimiento de empresas farmacéuticas, hoteles, centros comerciales, proveedores de excursiones turísticas y pequeñas hospederías. En muchos casos, el BDE ha asistido a empresas que la banca privada no estaba dispuesta a apoyar, asumiendo riesgos que, en algunas instancias, no tuvieron el resultado esperado. No obstante, la misión del BDE siempre ha sido ayudar a los empresarios a crear y retener empleos para mejorar la economía puertorriqueña.
El BDE reconoce que los tiempos han cambiado, lo que hace imperativo que la institución se transforme para ofrecer otros tipos de financiamiento a sus clientes actuales y potenciales, con el objetivo de seguir fomentando el desarrollo económico de la isla. Tras los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia de COVID-19, se ha vuelto necesario desarrollar estrategias para ampliar los servicios financieros disponibles a la población puertorriqueña. Actualmente, la oferta bancaria en Puerto Rico está limitada a cuatro bancos privados.
La enmienda propuesta ampliaría la oferta a los ciudadanos, proporcionando mejores tasas de interés y productos que contribuyan a mejorar la economía. Esto brindaría a los emprendedores, jóvenes y otros, la oportunidad de adquirir su primera vivienda, obtener su primera experiencia crediticia o invertir capital en sus negocios. El BDE también apoyaría el consumo responsable y la liquidez familiar mediante préstamos personales y tarjetas de crédito, lo que impulsaría el desarrollo económico del país, especialmente en sectores vulnerables y de clase media.
Las facultades adicionales permitirán al BDE asistir a más personas al no limitar la oferta financiera únicamente a pequeños y medianos comerciantes, sino ofrecer más productos asequibles para los puertorriqueños. Esto también se alinea con la política pública de la administración de facilitar la vida de los puertorriqueños y desarrollar la economía del país. Por todo lo expuesto, el BDE apoya el P. del C. 701.
Asociación de Bancos de Puerto Rico
(12 de junio de 2025)
La Asociación de Bancos de Puerto Rico (la "Asociación") presentó sus comentarios sobre el P. de la C. 701, que busca enmendar la Ley Núm. 22-1985 para ampliar las facultades prestatarias del Banco de Desarrollo Económico (BDE) e incluir negocios comerciales y otros fines relacionados. La Asociación reconoce la importancia de un banco de desarrollo que complemente a la banca privada, financiando sectores donde el acceso privado es insuficiente. Sin embargo, la Asociación considera que el Proyecto alejaría al BDE de su rol fundamental como banco de desarrollo, creando un traslape de funciones y afectando el equilibrio del sistema financiero.
La Asociación señala que el título del Proyecto es contradictorio, ya que propone ampliar las facultades del BDE para incluir "negocios comerciales", cuando su creación ya se enfocó en financiamientos de carácter comercial. Además, el título no menciona que el Proyecto busca facultar al BDE para conceder préstamos hipotecarios residenciales, préstamos de consumo general y tarjetas de crédito a residentes de Puerto Rico. Esto contraviene la Sección 17 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que establece que ningún proyecto de ley, con excepción del presupuesto general, puede contener más de un asunto no expresado claramente en su título.
La Asociación insiste en que la misión principal del BDE debe seguir siendo la de dirigir recursos a sectores que no tienen fácil acceso al mercado financiero privado, como las pequeñas y medianas empresas y el sector agrícola. Argumentan que el sector de consumo ya está ampliamente cubierto por la banca comercial, cooperativas de ahorro y crédito, compañías hipotecarias y de préstamos personales, todas ellas bajo estricta supervisión local y federal. La Exposición de Motivos del Proyecto no presenta datos empíricos que justifiquen la necesidad de que el BDE amplíe su oferta a préstamos hipotecarios y de consumo, ni se define con precisión el alcance de "cualquier otro producto de financiamiento".
Se argumenta que el BDE no posee la infraestructura jurídica, regulatoria u operacional para manejar estas nuevas funciones, las cuales exceden su propósito original. Se ha señalado que el BDE no ha sido examinado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras en más de diez años. En cuanto a los préstamos hipotecarios, la Asociación destaca la existencia de la Autoridad del Financiamiento de la Vivienda (AFV), lo que generaría una competencia con una agencia ya establecida sin que el BDE cuente con la estructura o recursos adecuados. Para las tarjetas de crédito, el BDE requeriría una cuantiosa inversión en un "card management system", respaldo de redes de pago como Visa o MasterCard, sistemas de información y control, programas de cumplimiento contra lavado de dinero, y supervisión regulatoria, elementos que ya tienen implementados los bancos y cooperativas. Estos incluyen sistemas de antidiscrimen, centros de llamadas 24/7, procesos rápidos de cancelación y reemplazo de tarjetas, programación para identificar transacciones sospechosas, relación con la Reserva Federal, departamentos de facturación y cobro, plataformas electrónicas de pago, sistemas de bloqueo de países, plataformas digitales y departamentos de cumplimiento y gestión de riesgos.
La Asociación expresa preocupación por los riesgos asociados a la expansión de las facultades del BDE en el ámbito de financiamientos de consumo sin los mecanismos regulatorios y de supervisión adecuados, lo que podría afectar su estabilidad financiera. Se destaca que el Proyecto no considera el impacto negativo de créditos morosos o incobrables. Además, la Asociación señala que el Proyecto carece de una evaluación fiscal que divulgue los riesgos financieros para el erario público, incumpliendo con las Secciones 204(a)(1) y (a)(5) de la Ley PROMESA, y advierte que esto podría repetir errores pasados que llevaron a la isla a la quiebra.
Para respaldar su postura, la Asociación adjunta un estudio de Birling Capital Advisors, LLC, del 9 de junio de 2025. Este análisis evalúa el impacto fiscal, operacional e institucional del P. de la C. 701, concluyendo que su aprobación representaría un riesgo sistémico para la estabilidad financiera del BDE y del gobierno de Puerto Rico. El estudio proyecta que el compromiso financiero total de los programas propuestos superaría los $2,663 millones, lo que equivale al 20.48% del presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico, sin incluir los costos administrativos, operacionales, de capital humano ni de fiscalización.
Birling Capital también señala que el BDE carece de elementos básicos de un banco comercial moderno: no puede captar depósitos del sector privado, no tiene seguro del FDIC y depende exclusivamente de asignaciones gubernamentales o endeudamiento garantizado, lo que lo hace financieramente insostenible a largo plazo. El informe advierte sobre debilidades institucionales, incluyendo la dependencia de fondos federales, hallazgos adversos en auditorías y litigios pendientes que podrían requerir reformular estados financieros. La falta de controles internos y supervisión de programas federales, como el CDBG-DR, compromete la elegibilidad del BDE para futuros fondos federales.
El análisis de Birling Capital concluye que el P. de la C. 701 carece de una evaluación fiscal, operacional y de cumplimiento, incumpliendo con los principios de responsabilidad de la Ley PROMESA. Por lo tanto, Birling Capital recomienda no aprobar el Proyecto en su forma actual, advirtiendo que permitir esta expansión sin las salvaguardas adecuadas sería repetir los errores que llevaron al colapso del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La Asociación reitera su preocupación por la facultad ilimitada de ofrecer "cualesquiera otros productos de financiamiento" debido a los riesgos, la falta de recursos y la inexperiencia del BDE en productos financieros sofisticados del sector privado. Destacan que el BDE no tiene una fuente de fondos estable para respaldar los costos de estas nuevas funciones. La competencia con el sector privado sin la infraestructura adecuada crearía un disloque en el sistema financiero y presentaría riesgos inaceptables para el BDE y la economía de Puerto Rico.
A. Vista Pública
La Comisión de Banca, Seguros y Comercio celebró una vista pública el miércoles 16 de junio de 2025, para discutir el Proyecto de la Cámara 701. La presidenta del BDE, Lcda. Carmen Vega, defendió la propuesta como un paso “ágil, transparente y sostenible” que permitirá “inclusión financiera, acceso equitativo al capital y desarrollo económico con justicia social”, subrayando que hoy sólo quedan cuatro bancos con oferta al consumidor y que el sector cooperativo tampoco alcanza a todos los segmentos desatendidos. Recalcó que el proyecto responde a la política pública de la gobernadora para evitar la emigración de jóvenes y fortalecer las pymes, sin pretender competir con la banca privada sino complementarla. Más adelante puntualizó que los productos del BDE ofrecerán intereses fijos—no variables—y estarán diseñados para “todas las clases sociales”.
En cuanto a capacidad operativa, Vega informó que el banco ya cuenta con un sistema de información robusto cuya fortaleza es precisamente la originación hipotecaria, y que existen acuerdos preliminares con Visa y el procesador Payler para emitir tarjetas de crédito cumpliendo las regulaciones federales y locales pertinentes. Además, explicó que la implantación se hará por fases y en coordinación con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para garantizar supervisión continua.
Sobre la gestión de riesgos, la ejecutiva aclaró que las hipotecas residenciales conllevarán colateral al 100 %-loan-to-value, por lo que representan menor morosidad que los préstamos comerciales ya existentes; los préstamos de consumo y las tarjetas de crédito, por su parte, estarán cubiertos con fondos previamente identificados, incluidos incentivos que ayudarán a estudiantes universitarios a crear historial crediticio sin cargar al erario. Precisamente, el presidente de la Comisión resaltó que una de las metas es facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivienda mediante ese financiamiento al 100 % del valor de la propiedad
.
El Rep. Navarro Suárez también dejó asentado que la medida cumple con la regla constitucional de un solo asunto, citando la Ley 26-2017 como precedente, y sugirió que cualquier duda sobre supervisión se atienda condicionando la ejecución a exámenes rigurosos de la OCIF en lugar de descartar la reforma
.
Para destacar la experiencia institucional, el BDE recordó que en sus casi cuarenta años el BDE ha financiado desde empresas farmacéuticas y hoteles hasta microempresas turísticas, demostrando capacidad para asumir riesgos que la banca privada no atiende—historial que ahora se quiere extender al ámbito de consumo para dinamizar la economía local.
La Asociación de Bancos de Puerto Rico, representada por su presidenta Lcda. Zoimé Álvarez Rubio, el Lcdo. Mikey Vizcarrondo y el economista Francisco Rodríguez Castro, tomó turno al inicio de la vista tras pedir que el BDE expusiera primero . Su ponencia calificó la expansión del Banco de Desarrollo Económico (BDE) hacia hipotecas, préstamos de consumo y tarjetas de crédito como un “riesgo sistémico” que comprometería la estabilidad fiscal: un estudio de Birling Capital presentado por Rodríguez proyecta que sólo esos productos requerirían más de $654 millones de capital en los primeros cuatro años y expondrían al erario a pasivos que superarían el 20 % del presupuesto consolidado . Álvarez advirtió que, a diferencia de la banca privada —que costea auditorías anuales de OSIF, seguros del FDIC y sistemas antilavado— el BDE no cuenta con seguro de depósitos ni la infraestructura regulatoria necesaria; otorgarle “un cheque en blanco” pondría en peligro la solvencia del sistema financiero . Recalcó que el mercado de consumo ya está atendido por seis bancos comerciales y numerosas cooperativas con una cartera que supera los $39.5 mil millones, por lo que el BDE debería concentrarse en las pymes en vez de competir en el crédito al individuo . La Asociación pidió, además, que antes de legislar se soliciten opiniones formales de OCIF, DDEC y otros gremios para diseñar salvaguardas regulatorias y de capital adecuadas , y señaló que el proyecto podría vulnerar la regla constitucional de un solo asunto si no se corrige su título, aunque reconoció que esa falla es enmendable. Finalmente, recordaron el colapso del extinto Banco Gubernamental de Fomento y advirtieron que aprobar la medida sin un plan robusto de capitalización, supervisión y mitigación de riesgo “repetiría los errores del pasado” .
El Proyecto de la Cámara 701 propone enmendar la Ley Núm. 22 de 1985 para ampliar las facultades del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE), permitiéndole incursionar en préstamos hipotecarios residenciales, préstamos de consumo y tarjetas de crédito. Esta iniciativa busca modernizar el rol del BDE para abordar las necesidades económicas actuales de Puerto Rico, especialmente después de los desafíos generados por los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia de COVID-19. La medida tiene como objetivo principal ampliar la oferta financiera disponible para los ciudadanos, ofreciendo productos con tasas de interés potencialmente más competitivas y apoyando a sectores vulnerables y de clase media, así como a jóvenes emprendedores.
La presidenta del BDE, Lcda. Carmen Vega Fournier, argumenta que la transformación del banco es una "responsabilidad" y no una "amenaza". Destaca que las necesidades de Puerto Rico han evolucionado desde la creación del BDE en 1985, cuando existían 15 bancos comerciales, a solo seis en la actualidad. Esta reducción en la oferta bancaria perjudica a la clientela, y el BDE busca llenar ese vacío, siguiendo la política pública de "facilitar la vida a los puertorriqueños" y ayudar a los jóvenes a permanecer en la isla. Vega Fournier enfatiza que el BDE no pretende competir con la banca privada, sino complementar sus servicios, especialmente en aquellos segmentos desatendidos o donde la banca privada no está dispuesta a asumir riesgos.
En respuesta a las preocupaciones sobre la capacidad operativa y regulatoria, la presidenta del BDE afirma que estos aspectos están siendo "totalmente atendidos" y que se están reuniendo con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para cumplir con todas las regulaciones. Además, menciona que el BDE cuenta con un "robusto sistema de información" y que el análisis de préstamos hipotecarios es más sencillo que el de préstamos comerciales, para los cuales el personal del BDE está altamente cualificado. En cuanto a las tarjetas de crédito, se ha establecido una alianza con Visa y Payler para garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Se propone que estas tarjetas, destinadas principalmente a estudiantes universitarios, estén 100% financiadas y sirvan como una herramienta para que los jóvenes establezcan su historial crediticio, con adiestramientos proporcionados por el BDE.
La medida se justifica por la necesidad de una inclusión financiera y un acceso equitativo al capital. El BDE ha manejado riesgos en el pasado al financiar empresas cuando la banca privada no lo hacía, resultando en historias de éxito empresarial. La presidenta del BDE también aborda la falta de experiencia mencionada por la Asociación de Bancos, argumentando que los 90 empleados del BDE son profesionales competentes y que la institución está implementando nuevos reglamentos para asegurar la continuidad y responsabilidad de las prácticas, independientemente de la rotación de personal. En cuanto a la fiscalización, se cambiarán los auditores externos para garantizar una supervisión "completamente nueva" y evitar errores del pasado. La meta es agilizar el banco y eliminar la burocracia, lo que permitirá manejar una cartera de préstamos más amplia y utilizar al personal que finaliza sus funciones en los fondos CDBG para estas nuevas facetas. Los préstamos hipotecarios, al estar colateralizados, conllevan un riesgo mínimo en comparación con los riesgos actuales del banco. La medida es vista como un paso para que Puerto Rico no se quede atrás en la evolución del sistema financiero.
La propuesta de enmendar la Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico representa una iniciativa crucial para la evolución económica de la isla, permitiendo al Banco de Desarrollo Económico (BDE) expandir sus facultades hacia préstamos hipotecarios residenciales, de consumo y tarjetas de crédito. Esta expansión es un paso necesario para modernizar la institución y adaptarla a las realidades financieras actuales, donde la limitada oferta de la banca privada ha dejado segmentos de la población desatendidos.
El BDE busca complementar el sector financiero privado, no competir con él, al enfocarse en ofrecer productos con tasas de interés más accesibles y brindar oportunidades a emprendedores jóvenes para adquirir su primera vivienda o iniciar negocios. La presidencia del BDE ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento regulatorio, destacando reuniones con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y alianzas con entidades como Visa y Payler para la implementación de las tarjetas de crédito. Además, se ha enfatizado que el personal del BDE está capacitado y se están implementando nuevos reglamentos para asegurar la continuidad y responsabilidad en las nuevas operaciones.
La medida busca impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, especialmente en sectores vulnerables y de clase media. La capacidad del BDE para manejar riesgos se ha demostrado en el pasado al financiar empresas que la banca privada no estaba dispuesta a apoyar, lo que resultó en historias de éxito empresarial. Esta iniciativa demuestra la voluntad de aprender de experiencias pasadas, como la del Banco Gubernamental de Fomento, al establecer un marco de cumplimiento con las normas del mercado secundario de hipotecas y las leyes aplicables. En un momento en que la agilidad y la innovación son esenciales para la recuperación económica, el P. de la C. 701 es una oportunidad para fortalecer el sistema financiero público y asegurar que más puertorriqueños tengan acceso a las herramientas necesarias para su desarrollo personal y empresarial.
Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la misma, tiene a bien someter su Informe con relación al Proyecto de la Cámara 701, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se aneja.
Respetuosamente sometido,
Presidenta
Comisión de Banca, Seguros y Comercio
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