GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma.	Asamblea	1ra.	Sesión
	Legislativa		Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
R. del S. 224
9 de junio de 2025
Presentada por el señor Rivera Schatz 
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
 
RESOLUCIÓN 

Para expresar la más enérgica censura del Senado de Puerto Rico al régimen socialista, dictatorial y represivo impuesto por Nicolás Maduro, sustentado en un modelo económico fracasado; la traición a las aspiraciones democráticas y a la dignidad del pueblo venezolano; el uso del aparato estatal como instrumento de enriquecimiento personal y de su círculo cercano, a costa del hambre y el sufrimiento colectivo; el ejercicio sistemático de violencia política contra sus opositores; la permanencia ilegítima en el poder mediante procesos electorales carentes de transparencia; y el desplazamiento masivo de venezolanos, quienes culminan enfrentándose a leyes y políticas migratorias de otros países como inmigrantes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Lo ocurrido en Venezuela bajo el régimen socialista encabezado por Nicolás Maduro, constituye una de las tragedias políticas, económicas y humanitarias más infames de la historia reciente del hemisferio occidental.  Desde su llegada al poder en abril de 2013, Maduro ha impuesto al pueblo venezolano un sistema de control autoritario, sostenido en un discurso populista y en políticas económicas centralizadas que han colapsado por completo la estructura económica y social de Venezuela.
Desde 2014, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela ha sufrido una contracción acumulada estimada en más de 80%, según datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La inflación interanual alcanzó niveles de hiperinflación catastróficos: 274% en 2016, 863% en 2017, y un récord de 130,060% en 2018, conforme al Observatorio Venezolano de Finanzas.  La moneda perdió todo valor, y el salario mínimo llegó a representar menos de tres dólares mensuales al cierre de 2021.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida reveló que, para 2021, el 94,5% de la población vivía en condiciones de pobreza de ingresos, y el 76,6% en pobreza extrema. La inseguridad alimentaria afecta a más del 80% de los hogares, mientras el sistema de salud pública colapsó por falta de personal, medicamentos e infraestructura.
A esta devastación económica se suma la destrucción deliberada del orden democrático por parte del régimen socialista. Nicolás Maduro ha perseguido, inhabilitado, encarcelado y forzado al exilio a líderes opositores, periodistas y activistas. Organismos internacionales han documentado torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales como parte de una política sistemática de represión.  La manifestación del disentimiento ha sido criminalizada.
Todo ello se reafirmó con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, organizadas por el régimen socialista bajo condiciones ampliamente denunciadas como fraudulentas.  El Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo, proclamó la reelección de Maduro pese a evidencia empírica que indicaba una clara victoria del candidato opositor Edmundo González.  La falta de transparencia, y la posterior represión, ratifican la intención deliberada del responsable de esta catástrofe, Nicolás Maduro, de burlar la voluntad del pueblo y afianzarse en el poder.  
De forma aún más alarmante, Maduro y su círculo cercano enfrentan acusaciones criminales ante tribunales internacionales por presunta participación en redes transnacionales de narcotráfico y narcoterrorismo.  El Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo ha imputado como cabecilla de una estructura criminal que colabora con grupos armados irregulares, incluyendo organizaciones terroristas extranjeras, para facilitar el tráfico masivo de estupefacientes hacia territorio estadounidense, constituyendo una grave amenaza a la seguridad internacional y al orden democrático en la región.
Como resultado de la dictadura socialista de Nicolás Maduro, más de 7.9 millones de venezolanos, víctimas de la opresión y del colapso institucional, se han visto forzados a abandonar su país, generando una crisis migratoria de dimensión histórica que ha impactado a naciones receptoras, y otras jurisdicciones, como Puerto Rico.  Estando estos, sujetos a las leyes y políticas migratorias de los países receptores.  Según el Informe Anual 2024 del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 555 venezolanos han muerto y otros 209 han desaparecido en rutas migratorias.   
El Senado de Puerto Rico, como institución democrática, no puede guardar silencio ante este cuadro de colapso moral, político y humanitario.  La historia exige actuar con claridad, firmeza y solidaridad para con el pueblo venezolano.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Para expresar la más enérgica censura del Senado de Puerto Rico al régimen socialista, dictatorial y represivo impuesto por Nicolás Maduro, sustentado en un modelo económico fracasado; la traición a las aspiraciones democráticas y a la dignidad del pueblo venezolano; el uso del aparato estatal como instrumento de enriquecimiento personal y de su círculo cercano, a costa del hambre y el sufrimiento colectivo; el ejercicio sistemático de violencia política contra sus opositores; a permanencia ilegítima en el poder mediante procesos electorales carentes de transparencia; y el desplazamiento masivo de venezolanos, quienes culminan enfrentándose a leyes y políticas migratorias de otros países como inmigrantes.
Sección 2.- Copia de esta Resolución traducida al idioma inglés, será remitida a la Organización de Estados Americanos (OEA), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Consulado de Venezuela en Puerto Rico, y a los medios de comunicación para su divulgación.  
Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.