ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO


20 ma. Asamblea 
       Legislativa		
                     2 da. Sesión
Ordinaria	

SENADO DE PUERTO RICO
R. C. del S. 80 
 14 de agosto de 2025
Presentada por el señor Hernández Ortiz, las señoras González Huertas y Álvarez Conde y los señores Dalmau Santiago y Santiago Rivera 

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de su Secretaria, a llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias, incluyendo el uso de remedios legales para cancelar el contrato de la Autoridad de los Puertos y NFENERGÍA LLC, mediante el cual se pactó el arrendamiento por veinte (20) años de los muelles A y B de San Juan; disponer de un periodo máximo de treinta (30) días para que dicha agencia, informe a través de la Secretaría de los Cuerpos Legislativos sobre las acciones tomadas para dar cumplimiento con lo aquí exigido; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En mayo de 2018, la Administración de Ricardo Rosselló Nevares llevó a cabo un negocio cuyas repercusiones experimenta el País en la actualidad. Se trató de un contrato de arrendamiento que le extendió la Autoridad de Puertos a la empresa New Fortress Energy (NFE), empresa matriz a cargo de Genera PR. Este contrato, identificado ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico con los números 2018-000089 y 2018-000089A permitió que NFE adquiriera el control de los Muelles A y B del Puerto de San Juan para instalar y operar una planta de manejo de gas natural. El término de dicho contrato es de veinte (20) años, lo que posiciona a esta empresa hasta el 2038 con el control absoluto de dichas instalaciones. El contrato, supone que la empresa pague al gobierno de Puerto Rico una renta mensual de $34,458.20 dólares, para un monto total de $413,498.40 por el primer año. Para los restantes 19 años, la empresa estaría obligada a pagar un monto anual de $435,261.884, para un total de $8,269,975.80 durante la vigencia del contrato. Se trata de un contrato de arrendamiento cuya área comprende 256,554.79 pies cuadrados.
Con dicho negocio, NFE se consolidó con lo que puede llamarse un monopolio, al tener el control absoluto de la entrada de gas natural al muelle de San Juan, específicamente en la costa norte de Puerto Rico. Recientemente, dicha empresa amenazó con detener el suplido de gas natural alegando que el Gobierno de Puerto Rico le debía unas facturas de aproximadamente $9 millones de dólares y que como no se las habían pagado, suspendería las entregas de gas hasta recibir el pago. 
Dicha amenaza, se dio como cuestión de hecho, a días de que Genera PR, una empresa subsidiaria de NFE no pudo lograr la renegociación de su contrato que le garantizaba $110 millones a la empresa como un pago fijo por su servicio. Sin embargo, a cambio de dicho pago fijo, se eliminaban los "decommissioning Incentive". Este incentivo es el que obliga a Genera a modernizar el sistema energético del País. Del mismo modo, se pretendían eliminar los "incentive payments" o bonificaciones, un requisito que obliga a la empresa Genera a que logre ahorros en el combustible. Lo que era peor aun, es que los $110 millones de dólares que se hubiese llevado esta empresa si la enmienda al contrato se finiquitaba, salían de las reconciliaciones futuras del "Fuel Charge Adjustment" que no es otra cosa que del ajuste a la factura de los consumidores.
De la misma manera, las amenazas de NFE surgieron luego que la Junta de Supervisión Fiscal tomara la decisión de evaluar un contrato por un término de 15 años por la cuantía de $20,000 millones negociada por el Gobierno y por NFE para que los segundos suplieran gas de manera exclusiva a la mayoría -por no decir la totalidad- de las plantas actuales. 
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, así como el ingeniero Josué Colón Ortiz, director de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, aunque han expresado la posibilidad de acudir a los tribunales para cuestionar este contrato, se ha quedado en eso: en expresiones y meras manifestaciones que no se han transformado en acciones concretas.
Actualmente, el Gobierno de Puerto Rico cuenta con los mecanismos y las herramientas para que de manera inmediata se inicie un proceso donde los muelles A y B del puerto de San Juan regresen al control del Gobierno de Puerto Rico. El Departamento de Justicia cuenta con la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos que tiene la encomienda, así como la responsabilidad de proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio, fiscalizando prácticas monopolísticas, métodos injustos de competencia y prácticas engañosas. Dicha oficina, de acuerdo con información pública, ha presentado incluso reclamaciones contra empresas multinacionales que han incurrido en prácticas engañosas, logrando recobrar alrededor de $344 millones para el Gobierno. 
Ante la crisis energética que vive el País, se hace imprescindible que el Gobierno de Puerto Rico cuente con todos sus recursos, incluyendo el de aquellas instalaciones inmuebles que pueden servir de activo para el Gobierno en cualquier momento y ante cualquier emergencia. No se puede depender del control de una empresa que ha demostrado intereses adversos al mejor bienestar de los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Se ordena al Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de su Secretaria, a llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias, incluyendo el uso de remedios legales para cancelar el contrato de la Autoridad de los Puertos y NFENERGÍA LLC, mediante el cual se pactó el arrendamiento por veinte (20) años de los muelles A y B de San Juan. 
Sección 2.- La Secretaria de Justicia de Puerto Rico, deberá en un periodo no mayor de treinta (30) días luego de aprobada esta Resolución Conjunta, informar a través de la Secretaría de los Cuerpos Legislativos, sobre todas las acciones y/o gestiones llevadas a cabo para dar fiel cumplimiento a lo ordenado en esta Resolución Conjunta. 
Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación