GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma Asamblea 2 ^da Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 436

16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Presentada por el representante Márquez Lebrón;

y las representantes Gutiérrez Colón y Lebrón Robles

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Tecnología de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre las implicaciones o consecuencias socioeconómicas y fiscales de la dependencia en transferencias federales, según estas se han manifestado y se manifiestan en los sectores más vulnerables de la sociedad puertorriqueña, así como en las finanzas del sector público consolidado de Puerto Rico, compuesto por el gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que la economía puertorriqueña entró en el periodo de recesión económica más reciente –abril de 2006 hasta el presente—ha sido evidente que, debido a la naturaleza colonial de la relación económica y política de Puerto Rico con Estados Unidos, las transferencias de fondos federales han jugado un papel crucial en la presunta recuperación de nuestro sistema económico. Durante casi dos décadas, según lo anticiparon la mayoría de los estudios académicos y profesionales, así como las investigaciones realizadas tanto por agencias del gobierno federal como por agencias estatales, se ha confirmado que la mal llamada recuperación ha estado vinculada directamente con las asignaciones o transferencias aprobadas y desembolsadas por el gobierno de Estados Unidos.

Los eventos y circunstancias que han definido la experiencia de la vida colectiva puertorriqueña durante los pasados diecinueve años –además de la depresión económica aludida, los huracanes de septiembre de 2017 y los de años subsiguientes, los terremotos de enero de 2020, y la pandemia del COVID 19—han demostrado fuera de toda duda que el modelo colonial dependiente no se puede sostener sin las asignaciones federales en cuantías de miles de millones de dólares anuales.

En ese contexto, un gran sector de la población puertorriqueña –entre el 40% y 45% de nuestras familias—depende del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), no por gusto, sino por absoluta necesidad material. Sin el recibo de los cerca de $3,200 millones asignados al PAN en el año fiscal 2024, una alta proporción de nuestras familias –nuestra población empobrecida—no hubiesen podido satisfacer sus necesidades alimentarias durante el pasado año, ni en los años fiscales anteriores. Adviértase que, aún con ese flujo anual de fondos destinados a la compra de alimentos, un sector considerable de la población puertorriqueña –incluyendo adultos mayores-- revela serios problemas de seguridad alimentaria.

Por otra parte, y según lo revelan las estadísticas oficiales de la Junta de Planificación de Puerto Rico, el funcionamiento del sector público consolidado, compuesto por el gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios, depende sustancialmente de asignaciones federales en forma de transferencias unilaterales. Tal dependencia incluye fondos para proyectos de infraestructura, para educación y salud, entre otros renglones. Por esa razón, sin tales transferencias la provisión de servicios a la población y las operaciones diarias del gobierno del país se afectarían drásticamente. De nuevo, esta realidad fiscal demuestra con toda claridad y crudeza la naturaleza dependiente del sistema político puertorriqueño.

Ante el escenario descrito en los párrafos anteriores, las distintas administraciones gubernamentales que se han turnado en el poder, no han articulado un plan integral, abarcador y de largo plazo, que siente las bases para romperle el espinazo a la dependencia en sus diversas manifestaciones. Por el contrario, el discurso oficial se ha centrado, precisamente, en promover a perpetuidad la dependencia en fondos federales, bajo la premisa de que el país no puede sostenerse por sí mismo.

Dicho discurso oficial ha perpetuado la noción de que no existen fuentes de capital privado, comunitario y cooperativo que sirvan de base para el financiamiento de un modelo de desarrollo económico autosostenido; de que nuestras familias de ingresos bajos no poseen capacidades empresariales, técnicas y profesionales para generar producción, ingresos y puestos de trabajo que las saquen, de una vez y por todas, del círculo vicioso de pobreza; de que la enorme capacidad profesional y técnica, así como la experiencia de nuestra fuerza laboral, tanto gubernamental como privada, no pueden involucrarse en un proyecto nacional de desarrollo en el que se sincronicen armoniosamente todos esos recursos humanos para fundar un sistema económico que responda a las necesidades de nuestra población; de que ese mismo sector público consolidado, junto al sector privado, no poseen los recursos físicos, incluyendo el capital reproducible (la maquinaria, el equipo, y las estructuras permanentes) para jugar un rol protagónico en la construcción de una economía altamente productiva en todas sus dimensiones. En fin, tanto las administraciones del PPD como del PNP han descartado la posibilidad de crear un nuevo paradigma de desarrollo en el que se reduzca aceleradamente la dependencia en fondos federales y en el que se sienten las bases para una nueva economía, que se sostenga con sus recursos endógenos y con la capacidad productiva de su gente.

Es profundamente preocupante que este discurso se fortalezca en el futuro previsible, influyendo en las generaciones actuales de puertorriqueños y puertorriqueñas que se forman en nuestras escuelas, colegios y universidades, con la consecuente consolidación de una mentalidad dependiente fundamentada en nuestra presunta incapacidad para administrar y fortalecer las bases materiales de nuestra sociedad. Además, en el contexto de la administración del presidente Trump, resulta obvio que a lo largo del presente cuatrienio continuará la puesta en marcha de una política fiscal que, durante los primeros ocho meses y medio de este año, ya ha resultado en la disminución en asignaciones federales, varias de las cuales recibe Puerto Rico en cuantías significativas. Esto significa que el modelo dependiente prevaleciente en el país está siendo amenazado como consecuencia del enfoque administrativo de un presidente estadounidense insensible ante la realidad socioeconómica que viven millones de personas, tanto en la federación de estados que este dirige, como en los territorios coloniales, incluyendo a Puerto Rico.

En síntesis, el país tiene que prepararse para un escenario que no vislumbra el sostenimiento, en el mediano y largo plazo, de una economía colonial dependiente. Esta situación debe investigarse con urgencia, debido a las obvias consecuencia e implicaciones socioeconómicas y fiscales que ella acarrea para Puerto Rico

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1. – Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Tecnología de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre las implicaciones o consecuencias socioeconómicas y fiscales de la dependencia en transferencias federales, según estas se han manifestado y se manifiestan en los sectores más vulnerables de la sociedad puertorriqueña, así como en las finanzas del sector público consolidado de Puerto Rico, compuesto por el gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios.

Sección 2. – En el cumplimiento de sus funciones, la Comisión deberá citar a los siguientes funcionarios del gobierno central: Secretaria del Departamento de la Familia; Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico; Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; Secretario de Desarrollo Económico, Comercio; Secretario de Hacienda; Esta lista no excluye a otras agencias o entidades públicas que, según el mejor criterio de la Comisión, puedan contribuir al proceso de investigación que ordena esta Resolución.

Sección 3. – En el proceso de celebración de investigación debe recibirse, además, la opinión de expertos(as) en el tema de la pobreza, tanto infantil como de personas de edad avanzada; economistas, psicólogos(as) sociales, sociólogos(as) y trabajadores(as) sociales que han trabajado el tema de la pobreza y la dependencia económica de Puerto Rico en sus diversas manifestaciones; economistas, expertos(as) en finanzas públicas y otros(as) profesionales que han estudiado con rigurosidad las diversas manifestaciones de la dependencia económica del sector público consolidado de Puerto Rico respecto a las transferencias federales, incluyendo el rol de las referidas transferencias en la construcción de infraestructura y las operaciones de las agencias del gobierno central, las corporaciones públicas y los municipios.

Sección 4. – El esfuerzo principal de la Comisión irá dirigido a documentar las consecuencias e implicaciones de diversa naturaleza que ha tenido y tiene la dependencia en transferencias federales sobre la sociedad puertorriqueña, incluyendo al sector público consolidado. Además, solicitará a los distintos deponentes, propuestas específicas para comenzar a delinear y articular una visión de desarrollo económico y de administración pública que se fundamente en un enfoque de desarrollo autosostenido, mediante la reducción en la dependencia en todas sus manifestaciones.

Sección 5. – La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días, a partir de la aprobación de esta Resolución.

Sección 6. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.