GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma. Asamblea ^3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

R. de la C. 438

INFORME FINAL

7 de mayo de 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Adultos Mayores y Bienestar Social y de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento del deber delegado de atender asuntos dirigidos a responder efectivamente a las necesidades de la población, promover el bienestar social y fortalecer oportunidades de desarrollo humano en Puerto Rico, someten el presente Informe Final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara 438 tiene el propósito de:

Para ordenar a las comisiones de Adultos Mayores y Bienestar Social; y de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación sobre el proyecto de canalización del río Piedras, evaluando su pertinencia, alcance y posibles efectos sociales, ambientales y comunitarios, particularmente en lo relativo al acceso a información clara y a la participación de los adultos mayores residentes en sectores como Villa Nevárez, Reparto Metropolitano, Jardines Metropolitanos y University Gardens; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La R. de la C. 438 ordena a las Comisiones de Adultos Mayores y Bienestar Social y de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el proyecto de canalización del río Piedras, con énfasis en su pertinencia, alcance y efectos sociales, ambientales y comunitarios. Desde una perspectiva normativa y de política pública, la medida se inscribe dentro de las facultades inherentes de la Rama Legislativa para fiscalizar la ejecución de proyectos de alto impacto y garantizar procesos transparentes, participativos y fundamentados en evidencia actualizada.

En primer lugar, la medida responde a un vacío significativo en los procesos de divulgación y participación ciudadana asociados al proyecto bajo investigación. Surge del expediente que residentes de comunidades directamente impactadas han manifestado preocupaciones consistentes sobre la falta de acceso a información clara, completa y actualizada. Esta situación resulta particularmente sensitiva en el caso de los adultos mayores, quienes constituyen una población vulnerable que requiere mecanismos de comunicación accesibles y procesos participativos adaptados a sus necesidades. En este sentido, la medida no solo atiende un asunto de política ambiental o de infraestructura, sino también una dimensión de justicia social y equidad en la participación ciudadana.

Desde el punto de vista ambiental, la resolución reconoce la necesidad de evaluar críticamente un proyecto cuya concepción se remonta a varias décadas, lo cual plantea interrogantes legítimas sobre la vigencia de sus fundamentos técnicos ante los cambios climáticos, demográficos y urbanos ocurridos desde entonces. La posible canalización de un cuerpo de agua mediante infraestructura gris, particularmente en una extensión significativa, conlleva riesgos potenciales sobre los sistemas ecológicos, la biodiversidad y las condiciones microclimáticas del área metropolitana. Por ello, la medida incorpora correctamente la evaluación de alternativas, incluyendo enfoques contemporáneos como las soluciones basadas en la naturaleza y el manejo integrado de cuencas hidrográficas.

Asimismo, la medida articula un enfoque intersectorial al disponer la participación de agencias estatales y federales, entidades académicas, organizaciones comunitarias y expertos en la materia. Este diseño reconoce que la complejidad del asunto trasciende una sola jurisdicción o disciplina, requiriendo un análisis integral que combine perspectivas técnicas, sociales y ambientales. De igual forma, la celebración de espacios como mesas redondas fortalece el componente deliberativo del proceso investigativo, promoviendo un modelo de gobernanza más inclusivo y transparente.

En el plano jurídico, la resolución se ajusta plenamente a las facultades investigativas conferidas a la Asamblea Legislativa, conforme al Reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, al autorizar la citación de testigos, la solicitud de documentos y la realización de vistas públicas. Estas herramientas son esenciales para garantizar un proceso riguroso que permita recopilar evidencia suficiente y formular conclusiones fundamentadas.

Finalmente, resulta importante destacar que la medida no prejuzga sobre la viabilidad del proyecto de canalización del río Piedras, sino que establece un marco institucional para su evaluación objetiva. Este enfoque prudente fortalece la credibilidad del proceso legislativo, al centrar la investigación en la búsqueda de información, la validación de datos y la identificación de mejores prácticas, en lugar de adelantar conclusiones sin el debido análisis.

En síntesis, la R. de la C. 438 constituye un instrumento adecuado y necesario para atender preocupaciones legítimas de carácter social, ambiental y comunitario, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la toma de decisiones informadas en torno a un proyecto de alto impacto para el país.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

En cumplimiento con lo dispuesto en la R. de la C. 438, las Comisiones de Adultos Mayores y Bienestar Social y de Recursos Naturales llevaron a cabo un proceso investigativo amplio, participativo y documentado, dirigido a examinar de manera integral el proyecto de canalización del río Piedras.

Como parte de los trabajos investigativos, se celebraron un total de cuatro (4) vistas públicas en las siguientes fechas: 10 de febrero, 23 de febrero, 3 de marzo y 19 de marzo. Estas vistas constituyeron el principal foro de recopilación de testimonios, evidencia y planteamientos de las partes interesadas, garantizando un espacio abierto y accesible para la participación ciudadana.

Durante dichas vistas comparecieron residentes de comunidades directamente impactadas por el proyecto, incluyendo Reparto Metropolitano, Puerto Nuevo, Villa Nevárez y Jardines Metropolitanos. Estos deponentes ofrecieron testimonios sobre sus preocupaciones en torno al acceso a información, los posibles efectos del proyecto en su calidad de vida y la necesidad de procesos participativos más inclusivos, particularmente para la población de adultos mayores.

Asimismo, participaron diversas organizaciones comunitarias y cívicas, entre ellas Amigos de Puerto Nuevo, así como otras entidades vinculadas a la protección ambiental y al desarrollo comunitario, las cuales presentaron ponencias escritas y orales que serán discutidas en secciones posteriores de este informe. Estas intervenciones aportaron análisis técnicos, propuestas alternativas y recomendaciones dirigidas a fomentar un enfoque más sostenible y participativo en la gestión de la cuenca del río Piedras.

Posteriormente, las comisiones citaron a representantes del Municipio de San Juan y del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, con el propósito de obtener información oficial, aclarar aspectos técnicos del proyecto y evaluar las gestiones realizadas por dichas entidades en relación con la planificación, divulgación y participación ciudadana.

Además de la prueba testifical, las comisiones recibieron y evaluaron un volumen significativo de documentos, incluyendo informes técnicos, estudios ambientales, memoriales explicativos y comunicaciones oficiales. Todo este material fue examinado en su totalidad como parte del análisis integral de la medida, permitiendo contrastar las distintas posturas presentadas y sustentar los hallazgos y conclusiones aquí expuestos.

El proceso investigativo se caracterizó por un enfoque multidisciplinario, integrando perspectivas sociales, ambientales y técnicas, así como por su compromiso con los principios de transparencia, participación ciudadana y rigor analítico. De esta forma, las comisiones procuraron garantizar que el presente informe refleje fielmente la evidencia recopilada y las preocupaciones legítimas de las comunidades impactadas.

A partir del proceso investigativo antes descrito, estas Comisiones procedieron a evaluar detalladamente la prueba testifical y documental recibida durante las vistas públicas y mediante radicaciones escritas. A tales efectos, en las secciones que siguen se presentan los resúmenes de las ponencias ofrecidas por los distintos comparecientes, así como una síntesis de los documentos sometidos, con el propósito de exponer de manera ordenada las posturas, preocupaciones y recomendaciones planteadas, y facilitar la comprensión integral del expediente ante la consideración de este Cuerpo Legislativo.

ANÁLISIS INTEGRADO DE LA PRUEBA TESTIFICAL Y DOCUMENTAL

En cumplimiento con el mandato conferido mediante la Resolución de la Cámara 438, estas Comisiones llevaron a cabo un análisis exhaustivo de la prueba testifical presentada durante las vistas públicas celebradas, así como de la evidencia documental sometida por agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias, expertos en diversas disciplinas y ciudadanos directamente impactados por el proyecto de canalización del Río Piedras.

Este análisis no se limitó a una revisión descriptiva de las ponencias individuales, sino que adoptó un enfoque integrado y comparativo, dirigido a identificar patrones recurrentes, convergencias entre sectores diversos y áreas de preocupación sustantiva que emergen del expediente investigativo en su totalidad.

A partir de esta evaluación, las Comisiones identifican una serie de ejes temáticos interrelacionados que, en conjunto, permiten una comprensión más profunda del alcance, las implicaciones y los retos asociados al proyecto bajo consideración.

A. DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Uno de los hallazgos más consistentes y reiterados a lo largo del proceso investigativo es la percepción generalizada de insuficiencia en los mecanismos de información y participación ciudadana relacionados con el proyecto.

La evidencia testifical refleja que múltiples residentes de comunidades impactadas manifestaron no haber tenido acceso oportuno a información clara, completa y accesible sobre el alcance del proyecto, sus fases de ejecución, los criterios técnicos que lo sustentan y sus posibles efectos a corto, mediano y largo plazo. Esta situación ha generado incertidumbre, desconfianza institucional y una percepción de exclusión en procesos que afectan directamente su entorno y calidad de vida.

Si bien el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) indicó haber participado en una serie de reuniones comunitarias desde el año 2020 como parte de esfuerzos de divulgación y orientación, la evidencia sugiere que dichos espacios, aunque valiosos, no constituyen mecanismos formales de participación ciudadana ni garantizan la transparencia y el acceso equitativo a información técnica relevante.

De igual forma, el propio DRNA reconoció que no se celebraron vistas públicas formales en el contexto de su intervención en el proyecto, lo cual limita la capacidad de las comunidades para participar de manera estructurada, documentada y con efecto real en la toma de decisiones.

Esta deficiencia adquiere una dimensión particular al considerar la composición demográfica de las comunidades impactadas. Se trata, en gran medida, de sectores con una proporción significativa de adultos mayores, quienes enfrentan barreras adicionales en el acceso a información técnica compleja, incluyendo limitaciones tecnológicas, dificultades en la interpretación de documentos especializados y dependencia de mecanismos de comunicación tradicionales.

En ese sentido, la ausencia de estrategias de divulgación adaptadas a estas realidades no solo limita la participación, sino que también plantea interrogantes sobre la equidad del proceso y el cumplimiento con principios de inclusión con la comunidad.

B. EVALUACIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

El análisis de la evidencia técnica y científica sometida ante estas Comisiones revela preocupaciones sustanciales en torno a la fundamentación y viabilidad del proyecto en su configuración actual.

Uno de los aspectos más señalados es la dependencia del proyecto en estudios que datan de décadas anteriores, sin que se haya evidenciado una actualización integral que incorpore variables contemporáneas críticas, tales como el cambio climático, la variabilidad en los patrones de precipitación, la transformación del uso de terrenos y las dinámicas demográficas actuales.

Esta falta de actualización limita la capacidad del proyecto para responder adecuadamente a las condiciones reales del entorno, lo que podría traducirse en intervenciones que no solo resulten ineficientes, sino potencialmente contraproducentes.

Desde el punto de vista hidráulico, expertos en la materia advirtieron que la canalización propuesta, al modificar sustancialmente la geometría natural del río, podría alterar su comportamiento dinámico, favoreciendo la acumulación de sedimentos y reduciendo progresivamente su capacidad de flujo. Este fenómeno implicaría una dependencia continua en labores de mantenimiento intensivo, particularmente mediante dragado, lo cual conlleva costos recurrentes significativos y desafíos operacionales complejos.

Particular preocupación genera el diseño que contempla segmentos del canal con una profundidad inferior al nivel del mar, lo que implicaría condiciones de saturación permanente en su base. Este escenario no solo incrementa la dificultad de remoción de sedimentos, sino que también podría propiciar la intrusión salina en sistemas acuíferos, con implicaciones adversas para la calidad del agua y los ecosistemas asociados.

En el ámbito ambiental, la evidencia sugiere que el proyecto podría tener impactos significativos sobre los ecosistemas ribereños, incluyendo la pérdida de cobertura vegetal, la fragmentación de hábitats y la reducción de servicios ecosistémicos esenciales, tales como la regulación térmica, la filtración de contaminantes y la absorción de escorrentías.

De igual forma, se destacó que el enfoque de canalización estructural podría no atender adecuadamente las causas subyacentes de las inundaciones en las áreas impactadas, las cuales incluyen deficiencias en los sistemas de drenaje pluvial, falta de mantenimiento de infraestructura existente y efectos acumulativos del desarrollo urbano desordenado.

En este contexto, múltiples comparecientes propusieron la consideración de alternativas basadas en soluciones naturales y enfoques de manejo integrado de cuencas, los cuales han demostrado ser más resilientes y sostenibles en escenarios comparables.

C. IMPACTO SOCIAL, COMUNITARIO Y DE SALUD

El análisis integrado de la evidencia también nos permite concluir que el proyecto tiene implicaciones sociales profundas que trascienden los aspectos puramente físicos o estructurales de la intervención.

Uno de los impactos más significativos identificados es el potencial desplazamiento de residentes como resultado de procesos de adquisición de terrenos y expropiación forzosa. Este fenómeno no solo implica la pérdida de vivienda, sino también la desarticulación de redes comunitarias, la ruptura de vínculos sociales y la afectación del sentido de pertenencia que caracteriza a comunidades con décadas de arraigo.

El expediente administrativo, suplementado por el Departamento de Recursos Naturales, confirma que el Estado ha iniciado y ejecutado múltiples procesos de adquisición de propiedades, incluyendo casos de expropiación formal mediante procedimientos judiciales.

Asimismo, el inventario de propiedades sometido ante estas Comisiones refleja un número significativo de transacciones vinculadas al proyecto, lo que refuerza la magnitud de su impacto territorial.

Desde una perspectiva de salud, se presentó evidencia que vincula la alteración de entornos naturales y comunitarios con efectos adversos en la salud mental, incluyendo ansiedad, estrés y deterioro en la calidad de vida, particularmente en poblaciones vulnerables como los adultos mayores.

A esto se suma el impacto proyectado de la fase de construcción, la cual podría extenderse por varios años y conllevar exposición prolongada a ruido, contaminación ambiental, vibraciones y cambios significativos en el entorno físico, elementos que han sido identificados como factores de riesgo para la salud física y emocional.

D. MARCO LEGAL Y POLÍTICA PÚBLICA APLICABLE

La evidencia documental recibida plantea interrogantes relevantes en cuanto a la compatibilidad del proyecto con el marco legal vigente y la política pública ambiental.

En particular, se destacó que el proyecto se apoya en evaluaciones ambientales que aparentan a todas luces que no reflejan adecuadamente las condiciones actuales, lo que podría resultar en un incumplimiento con estándares contemporáneos de análisis ambiental.

A nivel federal, disposiciones recientes requieren expresamente la reevaluación de estudios hidrológicos, condiciones socioeconómicas y costos asociados al proyecto, así como la consideración de alternativas no estructurales.

Estas disposiciones evidencian la necesidad real de revisar el proyecto a la luz de información actualizada y enfoques más sostenibles.

E. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y ACTUACIÓN DEL ESTADO

Finalmente, el análisis del expediente administrativo revela deficiencias significativas en la gestión documental y en la claridad institucional del proyecto.

El DRNA reconoció expresamente que no posee el expediente administrativo completo ni los estudios técnicos asociados al proyecto, lo que limita la capacidad de evaluación integral por parte de estas Comisiones y de la ciudadanía.

Esta fragmentación de información entre entidades estatales y federales dificulta la transparencia del proceso y plantea retos importantes para la rendición de cuentas.

Asimismo, aunque el DRNA sostiene que no ejerce control sobre el diseño y ejecución del proyecto, el expediente demuestra su participación en la adquisición de terrenos, servidumbres y procesos de viabilización, lo que permite concluir que son un actor clave en la implementación del mismo.

Esta dualidad genera una falta de claridad en la distribución de responsabilidades y plantea interrogantes fundamentales sobre quién responde por los impactos derivados del proyecto.

V. HALLAZGOS PRINCIPALES

A base del análisis integrado de la prueba testifical y documental, estas Comisiones formulan los siguientes hallazgos:

1. Necesidad de fortalecer los mecanismos de información y participación ciudadana

La evidencia recibida refleja que, si bien se han realizado esfuerzos de orientación comunitaria por parte de las entidades concernidas, estos no han sido percibidos como suficientes por sectores de las comunidades impactadas, particularmente en cuanto al acceso a información clara, completa y accesible.

En ese sentido, se identifica la oportunidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana mediante procesos más estructurados, continuos e inclusivos, que permitan una mayor comprensión del proyecto y una integración efectiva de las preocupaciones comunitarias en las etapas de evaluación y planificación.

2. Importancia de actualizar y armonizar la base técnica del proyecto

Surge de la evidencia la importancia de asegurar que los estudios técnicos que sustentan el proyecto reflejen adecuadamente las condiciones actuales, incluyendo cambios en variables climáticas, urbanas y demográficas.

Diversos planteamientos presentados ante las Comisiones apuntan a la conveniencia de integrar análisis actualizados y metodologías contemporáneas que fortalezcan la confiabilidad de las proyecciones y permitan una evaluación más precisa de los beneficios y riesgos asociados al proyecto.

3. Necesidad de integrar enfoques complementarios para el manejo del riesgo de inundaciones

La prueba recibida evidencia un consenso amplio en torno a la importancia de considerar, junto a las soluciones estructurales, enfoques complementarios basados en la naturaleza y en el manejo integral de cuencas.

Estos enfoques, que incluyen medidas de reforestación, mejoras en sistemas de drenaje y estrategias de retención de escorrentías, han sido identificados como herramientas que pueden contribuir a una mayor resiliencia y sostenibilidad en la gestión del riesgo de inundaciones.

4. Reconocimiento de los impactos sociales y comunitarios del proyecto

Las Comisiones reconocen que el proyecto tiene implicaciones significativas para las comunidades impactadas, incluyendo posibles efectos sobre la estabilidad residencial, las dinámicas comunitarias y la calidad de vida de los residentes.

En particular, se destaca la importancia de considerar de manera prioritaria las necesidades de poblaciones vulnerables, incluyendo adultos mayores, quienes podrían experimentar mayores retos ante cambios en su entorno.

Asimismo, la evidencia refleja la relevancia de atender de forma integral los aspectos sociales asociados al proyecto, incluyendo la comunicación, el acompañamiento comunitario y la planificación de posibles intervenciones futuras.

5. Importancia de fortalecer la integración y accesibilidad del expediente del proyecto

Las Comisiones observan que la información relacionada al proyecto se encuentra distribuida entre distintas entidades, lo cual puede dificultar su evaluación integral y su acceso por parte de las comunidades y de los organismos fiscalizadores.

En ese contexto, se identifica la oportunidad de promover una mayor integración y accesibilidad del expediente del proyecto, de forma que se facilite la transparencia, la evaluación informada y la confianza pública en los procesos relacionados.

6. Necesidad de clarificar y comunicar de forma más efectiva las responsabilidades institucionales

La evidencia recibida refleja la participación de múltiples entidades en distintas fases del proyecto, incluyendo agencias estatales y federales.

Si bien dicha estructura responde a la naturaleza compleja del proyecto, se identifica la importancia de comunicar de manera clara y accesible las responsabilidades de cada entidad, a fin de fortalecer la comprensión pública del proceso y promover una mayor confianza en su ejecución.

7. Oportunidad de continuar fortaleciendo la evaluación del proyecto en sus etapas futuras

Finalmente, las Comisiones reconoce que el proyecto se encuentra en distintas fases de desarrollo, lo que representa una oportunidad para continuar evaluando, ajustando y fortaleciendo sus componentes a la luz de la evidencia presentada.

Este proceso de evaluación continua resulta esencial para asegurar que cualquier intervención responda de manera adecuada a las necesidades del país, proteja a las comunidades impactadas y se alinee con los principios de sostenibilidad, transparencia y participación ciudadana.

CONCLUSIONES

Luego de evaluar de manera integral la prueba testifical y documental recibida, estas Comisiones concluyen que el proyecto de canalización del Río Piedras constituye una intervención de alta complejidad, con implicaciones significativas en los ámbitos técnico, ambiental, social e institucional.

Si bien el objetivo de mitigar el riesgo de inundaciones responde a una realidad que afecta a múltiples comunidades, la evidencia recopilada durante el proceso investigativo demuestra que subsisten áreas sustanciales que requieren atención, revisión y mayor desarrollo antes de determinar la continuidad o no de determinadas fases del proyecto.

En particular, las Comisiones observan que los procesos de información y participación ciudadana no han logrado satisfacer plenamente las expectativas de las comunidades impactadas, lo que ha generado incertidumbre y cuestionamientos legítimos en torno al alcance, los efectos y la ejecución del proyecto.

De igual forma, surge de la evidencia la necesidad de asegurar que la base técnica que sustenta el proyecto refleje de manera adecuada las condiciones actuales, incorporando análisis actualizados y enfoques contemporáneos que permitan una evaluación más precisa de sus implicaciones y resultados proyectados.

Asimismo, el análisis del expediente evidencia retos en la integración, accesibilidad y disponibilidad de la información relacionada al proyecto, así como la complejidad de la estructura institucional bajo la cual se desarrolla. Estos elementos subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación y transparencia interagencial.

Finalmente, estas Comisiones concluyen que, a la luz de la evidencia presentada, el proyecto requiere continuar siendo evaluado de manera rigurosa, incorporando las preocupaciones planteadas por las comunidades, los planteamientos técnicos y las consideraciones de política pública pertinentes, a fin de asegurar que cualquier acción futura responda de forma adecuada al interés público.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Adultos Mayores y Bienestar Social y de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, luego de examinar la información recopilada, evaluar las comparecencias celebradas, analizar los memoriales explicativos sometidos y considerar los elementos que integran el expediente investigativo, tienen a bien someter el Informe Final correspondiente a la Resolución de la Cámara 438, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,