GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma Asamblea 2^da Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. del S. 694

INFORME POSITIVO

13 de noviembre de 2025

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. Núm. 694, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 694 propone añadir un nuevo inciso (k) al Artículo 3.02, y enmendar el inciso (k) del Artículo 23.05 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer el derecho del conductor o propietario autorizado a no ser responsabilizado por multas administrativas o de tránsito impuestas por hechos ocurridos cuando no figuraba como titular registral del vehículo; prohibir la imposición de restricciones, bloqueos o gravámenes contra vehículos por infracciones atribuibles a un dueño anterior.

La Exposición de Motivos del Proyecto del Senado 694 plantea la necesidad de establecer un marco legal que proteja a los consumidores que adquieren vehículos de motor usados en Puerto Rico. Según se expone, el proceso de compraventa de vehículos debería ser uno justo, transparente y seguro, pero en la práctica muchos compradores enfrentan problemas al descubrir que los automóviles adquiridos poseen multas, infracciones de tránsito o bloqueos administrativos no informados, generados antes de la transferencia de titularidad.

Esta situación provoca consecuencias legales y económicas injustas para los nuevos propietarios, quienes terminan asumiendo responsabilidades por actos cometidos por dueños anteriores. Además de ser moralmente incorrecto, el texto subraya que este problema constituye una falla de política pública, al vulnerar principios de equidad, razonabilidad y debido proceso de ley.

El proyecto resalta que el Estado, a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Centro de Servicios al Conductor (CESCO), posee la capacidad técnica para verificar quién era el titular registral de un vehículo al momento de ocurrir una infracción. No obstante, la falta de un mecanismo automatizado que valide esta información antes de imponer multas o sanciones genera inseguridad jurídica y desconfianza en el sistema.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Transportación e Infraestructura, para la debida consideración y estudio del Proyecto del Senado Núm. 694 y en aras de fomentar la economía procesal recibió los memoriales explicativos sometidos por la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico.

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) expresó su posición favorable a la aprobación del Proyecto del Senado 694, sin necesidad de enmiendas o trámites adicionales. La agencia coincidió con los fundamentos de la exposición de motivos, reconociendo la necesidad de proteger al consumidor en la compraventa de vehículos de motor usados y de garantizar un proceso justo, transparente y confiable.

DTOP destacó que la medida enmendaría la Ley 22-2000, “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para asegurar que ningún conductor o propietario sea responsabilizado por multas o bloqueos administrativos generados antes de figurar como titular registral del vehículo. Además, apoya la creación de un mecanismo automatizado de verificación de titularidad previo a la imposición de sanciones, lo que considera una acción necesaria para eliminar injusticias administrativas y fortalecer la confianza ciudadana.

La agencia explicó que el proyecto incorpora en su Sección 1 una Carta de Derechos del Conductor, estableciendo que las sanciones o multas deberán ser adjudicadas únicamente al titular registral vigente al momento de la infracción, y que dicho derecho será exigible administrativa y judicialmente.

En la Sección 2, se autoriza al DTOP a transferir títulos de vehículos con gravámenes, trasladando los mismos al expediente del dueño anterior, e invalidando cualquier anotación sin verificación de titularidad. Finalmente, la Sección 3 dispone un término de noventa (90) días para que el DTOP implemente los sistemas y reglamentos necesarios para ejecutar esta ley.

Asimismo, la agencia resaltó que la medida armoniza con las prácticas ya implementadas bajo el Artículo 1.33(a) de la Ley de Tránsito, sobre el Conductor Certificado, que también busca identificar al usuario o poseedor real de un vehículo sin afectar al titular registral anterior. El DTOP entiende que esta medida refuerza la equidad, la protección del consumidor y la seguridad jurídica en el mercado de vehículos usados.

Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO)

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) expresó su respaldo al Proyecto del Senado 694, por entender que la medida representa un avance significativo en la protección de los consumidores dentro del mercado secundario de vehículos de motor. La agencia coincidió en que la pieza legislativa atiende una problemática real en Puerto Rico: la imposición de multas, bloqueos o gravámenes a nuevos propietarios por infracciones cometidas por dueños anteriores.

DACO destacó que la medida corrige una práctica injusta que, en la realidad del mercado de vehículos usados, ha impuesto cargas económicas y restricciones indebidas a compradores de buena fe. Al establecer que toda multa o sanción deberá adjudicarse únicamente al titular registral del vehículo al momento de la infracción, la agencia entiende que se garantiza el principio de responsabilidad individual y se fortalece la equidad en las transacciones de compraventa.

Asimismo, el memorial reconoce que el proyecto crea una ventana de implementación tecnológica mediante la cual las agencias deberán validar electrónicamente la titularidad antes de imponer sanciones, reubicar gravámenes en el expediente correcto y habilitar canales de revisión para reclamaciones. Según DACO, esto reducirá reclamaciones, controversias y querellas frecuentes relacionadas a “deudas fantasma”, liberando recursos institucionales y promoviendo una fiscalización más ágil y proactiva.

La agencia también destacó la necesidad de coordinación interagencial con el DTOP, CESCO y operadores de peajes, para asegurar la integración del nuevo sistema. En este sentido, propone que se desarrollen campañas educativas dirigidas a concesionarios y consumidores sobre los nuevos procesos de verificación y traspaso seguro de vehículos.

DACO enfatizó que esta legislación se encuentra alineada con las mejores prácticas de protección al consumidor y exhortó a que se implante de forma paralela la Ley Núm. 2-2016, que dispone la implementación del sistema de tabilla única, a fin de evitar la duplicidad normativa y asegurar una protección uniforme y duradera.

IMPACTO FISCAL

Según se desprende de los comentarios recibidos de las agencias gubernamentales, no fue posible determinar un impacto fiscal asociado a esta medida. Por tanto, esta Comisión concluye que la misma no representa un impacto fiscal adicional sobre el presupuesto de gastos del Gobierno proveniente del Fondo General.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Transportación e Infraestructura, luego de examinar el contenido y propósito del Proyecto del Senado 694, así como los memoriales explicativos y la posición oficial del Departamento de Transportación y Obras Públicas, esta Comisión concluye que la medida responde de manera efectiva a una problemática recurrente que ha afectado injustamente a miles de consumidores: la imposición de multas, bloqueos o gravámenes derivados de infracciones cometidas por dueños anteriores.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Transportación e Infraestructura, somete el presente Informe Positivo del P. del S. Núm. 694 en el que recomendamos a este Honorable Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Hon. José A. Hernández Concepción

Presidente

Comisión de Transportación e Infraestructura