GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma. Asamblea 3^ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 413

INFORME FINAL

12 de marzo de 2026

A la Cámara de Representantes de Puerto Rico:

Las Comisiones de Asuntos Municipales y de Recursos Naturales, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento con sus responsabilidades de investigar la viabilidad de establecer sistemas de boyas para delimitar áreas propensas a ahogamientos por corrientes marinas, examinar la posibilidad de que los municipios costeros puedan destacar personal en las playas frecuentadas por bañistas e identificar protocolos efectivos para informar a la ciudadanía cuando las condiciones marítimas no se encuentren aptas para el uso recreativo; somete el presente informe, el cual recoge los hallazgos, conclusiones y recomendaciones producto de la investigación realizada.

Alcance de la Medida

La Resolución de la Cámara 413 ordena a las comisiones de Asuntos Municipales; y de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la viabilidad de establecer sistemas de boyas para delimitar áreas propensas a ahogamientos por corrientes marinas, examinar la posibilidad de que los municipios costeros puedan destacar personal en las playas frecuentadas por bañistas e identificar protocolos efectivos para informar a la ciudadanía cuando las condiciones marítimas no se encuentren aptas para el uso recreativo; y para otros fines relacionados.

Según establece la Exposición de Motivos Puerto Rico, por su condición de isla, cuenta con un extenso litoral costero que sirve como atractivo turístico y espacio recreativo tanto para residentes como visitantes. Las playas son parte esencial del acervo natural y cultural de nuestra sociedad, y su uso seguro es una responsabilidad compartida entre agencias estatales, municipales y la ciudadanía.

No obstante, es de conocimiento público que, en múltiples ocasiones, personas han perdido la vida en nuestras playas debido a condiciones marítimas peligrosas, corrientes de resaca u otros factores naturales adversos. Muchas de estas tragedias podrían evitarse si existiera un sistema de boyas que permita a los bañistas que sean arrastrados por una corriente poder sujetarse de la línea de boyas hasta ser rescatados. Asimismo, estimamos necesario poder mantener una presencia municipal activa en las playas más concurridas e identificar alternativas de protocolos de advertencia eficientes y accesibles para orientar al público sobre los riesgos presentes. A modo de ejemplo, ante eventos de fuertes corrientes, el personal municipal puede anunciar mediante el uso de megáfonos advirtiendo sobre las fuertes corrientes marinas.

En la actualidad, algunos municipios costeros han tomado la iniciativa de ofrecer vigilancia o información preventiva, pero no existe un marco uniforme ni un protocolo formal establecido a nivel municipal o estatal que oriente dichas gestiones. Por ello, estimamos conveniente realizar una investigación legislativa que permita evaluar la viabilidad de establecer un sistema de boyas en las playas propensas a ahogamientos por corrientes marinas e identificar las capacidades actuales de los gobiernos municipales para atender tan apremiante asunto y las mejores prácticas para establecer una política pública coherente y efectiva en esta materia.

Por tanto, resulta apremiante examinar la viabilidad de que se pueda establecer un sistema de boyas preventivo en zonas propensas a ahogamientos por corrientes marinas a pesar de que no sean balnearios designados para bañistas e identificar si los municipios costeros puedan asignar personal municipal —como salvavidas, agentes de seguridad, personal de emergencia o guías turísticos capacitados— y que se establezcan protocolos claros de comunicación con la ciudadanía en coordinación con agencias pertinentes como el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el Servicio Nacional de Meteorología, y otros organismos competentes.

Metodología de la Investigación y Trámite Legislativo

Durante la discusión y análisis legislativo de la presente medida, no se realizaron vistas públicas, y se utilizó la posición mediante memorial de las siguientes agencias y organizaciones:

• Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR)
• Asociación de Salvavidas de Puerto Rico
• Departamento de Seguridad Pública (DSP)

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, mediante memorial fechado el 7 de octubre de 2025, suscrito por su directora ejecutiva, Verónica Rodríguez Irizarry, expresó su respaldo a la intención de la R. de la C. 413, reconociendo que la alta incidencia de muertes por ahogamiento en playas y zonas costeras constituye un asunto de seguridad pública que requiere atención urgente y coordinada.

Como parte de su comparecencia, la Asociación destacó que el 19 de septiembre de 2025 se celebró una mesa redonda ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, presidida por el Hon. José Pérez Cordero, con la participación de la Hon. Elinette González Aguayo, en la cual se discutieron alternativas legislativas y administrativas relacionadas con la seguridad marítima y la prevención de ahogamientos.

• Marco jurídico vigente

La Asociación señaló que la política pública en materia de seguridad marítima se encuentra principalmente contenida en la Ley 430-2000, que delega en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la facultad de reglamentar y administrar lo relativo a la seguridad marítima, prácticas recreativas acuáticas y la protección de los recursos naturales.

En particular, destacaron que:

• El Artículo 5 inviste al DRNA con amplias facultades reglamentarias.
• El Artículo 6(e) dispone la instalación de sistemas de boyas u otros marcadores flotantes para delimitar áreas reservadas para bañistas o de alto riesgo.
• El Artículo 7 faculta al Departamento a establecer sistemas de señales visuales o sonoras para advertir sobre condiciones peligrosas.

A juicio de la Asociación, ya existe un andamiaje legal que permite la implantación de sistemas de boyas y mecanismos de advertencia; no obstante, su aplicación práctica ha sido limitada por restricciones presupuestarias y operacionales.

• Hallazgos relevantes de investigaciones previas

La Asociación hizo referencia a la Resolución del Senado 176 (2021), que ordenó investigar la alta incidencia de muertes por ahogamiento. De dicha investigación se desprendieron hallazgos importantes, entre ellos:

• Puerto Rico cuenta con aproximadamente 300 playas, pero solo una fracción opera como balnearios con servicios de salvavidas.
• El DRNA no provee servicio de salvavidas en playas que no forman parte del sistema formal de balnearios.
• El costo estimado para cubrir una sola zona crítica, como el área del Condado, asciende a aproximadamente $292,000.00 anuales para sufragar un cuerpo mínimo de salvavidas.
• El DRNA cuenta con recursos humanos limitados: de 270 vigilantes, solo 20 están adiestrados en rescate acuático.
• La incidencia de ahogamientos en ciertos meses del año alcanza cifras alarmantes, con impacto potencial sobre la industria turística.

Asimismo, se destacó que muchas playas frecuentadas por turistas no son balnearios designados y presentan riesgos no visibles, como corrientes de resaca, lo que incrementa la vulnerabilidad de los bañistas.

• Recomendaciones respaldadas

La Asociación expresó que las recomendaciones formuladas en el Senado resultan pertinentes y complementarias a la intención de la R. de la C. 413, particularmente:

• La asignación de salvavidas profesionales certificados en playas de mayor incidencia.
• La instalación de sistemas de boyas flotadoras en zonas de alto riesgo.
• El fortalecimiento de la capacitación del personal del NMEAD en rescate acuático.
• La implementación de señalización bilingüe clara y visible.
• El fortalecimiento de la comunicación interagencial.
• La promoción del Programa Bandera Azul como estándar de calidad y seguridad.
• Consideraciones municipales

La Asociación enfatizó que los municipios costeros enfrentan limitaciones fiscales significativas, por lo que cualquier iniciativa que implique la instalación de boyas, contratación de salvavidas o establecimiento de protocolos permanentes deberá contemplar fuentes de financiamiento identificadas y coordinación directa con el DRNA y otras agencias estatales.

En síntesis, la Asociación sostiene que la problemática de ahogamientos en playas requiere una política pública integrada, con colaboración intergubernamental, apoyo presupuestario y claridad en la distribución de responsabilidades entre el Estado y los municipios, favoreciendo medidas preventivas como sistemas de boyas, mayor presencia de personal capacitado y protocolos de advertencia efectivos, siempre dentro del marco legal vigente y con viabilidad operacional real.

La Asociación de Salvavidas de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo, capacitación y profesionalización de salvavidas en Puerto Rico, compareció ante esta Comisión para someter sus comentarios en torno a la R. de la C. 413.

• Sobre la Sección 1 – Sistemas de boyas

En su análisis, la Asociación de Salvavidas expresó reservas sobre la demarcación tradicional mediante líneas continuas de boyas delimitando áreas completas. A su juicio, este tipo de estructura puede presentar vulnerabilidades operacionales, particularmente en condiciones de mal tiempo, oleaje fuerte o marejadas, ya que:

• Las líneas de boyas pueden romperse;
• Pueden ser desplazadas por corrientes intensas;
• Requieren mantenimiento constante y supervisión especializada.

Como alternativa, propusieron la instalación de una sola boya flotante colocada estratégicamente dentro de la corriente predominante, sin la tensión estructural de una línea continua tradicional. A dicha boya se le podrían añadir cuatro líneas cortas laterales —tipo “pulpo”—, diseñadas para permitir que una persona arrastrada por la corriente pueda sujetarse temporalmente hasta recibir asistencia.

Este modelo, según explicaron, reduce el riesgo estructural que implica una línea extensa bajo tensión constante y, al mismo tiempo, cumple una función de apoyo de emergencia para bañistas en peligro. A continuación, una imagen de la misma:

Sobre la Sección 2 – Destacar personal en playas

En cuanto a la posibilidad de que los municipios destaquen personal en playas frecuentadas por bañistas, la Asociación fue enfática en que la respuesta adecuada no debe limitarse a presencia ocasional o personal no especializado.

En su opinión, lo recomendable es la creación o fortalecimiento de un cuerpo de salvavidas certificado para playas, debidamente entrenado y capacitado, que pueda trabajar en coordinación con agencias municipales, estatales y federales relacionadas con la seguridad marítima.

Subrayaron que el rol del salvavidas moderno no se limita al rescate reactivo, sino que incluye:

• Patrullaje preventivo;
• Educación y orientación constante a bañistas y turistas;
• Identificación temprana de condiciones peligrosas;
• Disuasión de conductas de riesgo, antes de que se conviertan en emergencias.

En ese sentido, destacaron que la prevención es la herramienta más efectiva para reducir incidentes de ahogamiento, y que los salvavidas, mediante presencia activa y contacto directo con el público, pueden evitar situaciones de peligro antes de que ocurran.

La Asociación de Salvavidas de Puerto Rico respalda la intención preventiva de la medida, pero recomienda que cualquier sistema de boyas sea técnicamente viable y adaptable a las condiciones marítimas locales, y que la política pública priorice la profesionalización y certificación de salvavidas como eje central de la estrategia de seguridad en playas.

El Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP), mediante memorial suscrito por su Secretario, Hon. Arthur J. Garffer, y con fecha del 20 de noviembre de 2025 expresó su respaldo a la intención preventiva de la Resolución de la Cámara 413, destacando que la medida es cónsona con la política pública de protección de vida y propiedad que rige al sistema integrado de seguridad pública bajo la Ley 20-2017, según enmendada.

• Rol del NMEAD

El DSP resaltó particularmente las funciones del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), entidad responsable de coordinar la protección antes, durante y después de emergencias o desastres, así como de desarrollar y mantener actualizado el Plan Estatal para el Manejo de Emergencias.

En el contexto de la R. de la C. 413, el NMEAD reconoce:

• La importancia de desarrollar protocolos de comunicación efectivos cuando las condiciones marítimas no sean favorables para el uso recreativo;
• La necesidad de evaluar mecanismos preventivos para reducir muertes por ahogamiento, incluyendo la viabilidad de sistemas de boyas;
• La pertinencia de destacar personal capacitado en áreas de alto riesgo;
• La relevancia de la educación ciudadana como eje central de la prevención.

Asimismo, el NMEAD enfatizó que la coordinación interagencial es indispensable para lograr una respuesta rápida y efectiva. A esos efectos, señaló que cuenta con programas como Community HUBS, que integra organizaciones sin fines de lucro y entidades de base de fe, así como con los equipos CERT (Community Emergency Response Teams), grupos de Búsqueda y Rescate y personal de comunicaciones, los cuales podrían servir de apoyo operacional si se implementan nuevos mecanismos preventivos en playas.

• Marco interagencial y legislación aplicable

El DSP también trajo a la atención la Ley 293-1999, que creó la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico, resaltando que la seguridad en playas requiere una integración plena entre agencias estatales, municipios, sector privado y comunidades.

Por otra parte, destacó el rol de la Policía de Puerto Rico, particularmente la División de Vigilancia Marítima adscrita a FURA, responsable de hacer cumplir la Ley 430-2000 (Ley de Navegación y Seguridad Acuática), cuyo marco normativo incluye disposiciones relacionadas con la instalación de boyas y señalización marítima. Señalaron que dicha legislación puede servir de referencia técnica y jurídica para cualquier sistema que se considere implantar.

El Departamento de Seguridad Pública expresó su apoyo a toda iniciativa legislativa que fortalezca la seguridad colectiva y contribuya a la prevención de tragedias en nuestros cuerpos de agua. Entiende que la R. de la C. 413 representa una oportunidad para evaluar herramientas adicionales que refuercen los esfuerzos existentes, promuevan la coordinación interagencial y, de resultar necesario, impulsen legislación complementaria.

Hallazgos

1. Viabilidad de establecer sistemas de boyas

La evidencia evaluada refleja que sí existe viabilidad para establecer sistemas de boyas en áreas propensas a ahogamientos, particularmente porque la Ley 430-2000 ya contempla la demarcación mediante boyas u otros marcadores flotantes y faculta al DRNA a establecerlos y reglamentarlos. No obstante, la viabilidad no es uniforme para todas las playas, ya que depende de condiciones marítimas particulares (corrientes, oleaje, marejadas) y de la capacidad de mantenimiento y supervisión que se asigne al sistema.

2. Diseño y tipo de boya: el sistema debe responder a condiciones reales del mar

De la evaluación técnica presentada por la Asociación de Salvavidas surge que las líneas continuas de boyas pueden ser vulnerables en condiciones adversas, debido a que pueden romperse, desplazarse o requerir alto mantenimiento. En consecuencia, la investigación sostiene que la viabilidad de un sistema de boyas está condicionada a seleccionar modelos técnicamente adaptables, incluyendo alternativas como boya central con líneas cortas tipo “pulpo”, dirigida a permitir sujeción temporal a personas arrastradas por corrientes, reduciendo tensión y riesgo de fallo estructural.

3. Posibilidad de que municipios costeros destaquen personal en playas

La investigación confirma que los municipios pueden desempeñar un rol activo destacando personal en playas frecuentadas, pero la efectividad y seguridad de esta acción depende de que el personal sea especializado y certificado, particularmente salvavidas de playa. La evidencia revisada demuestra que la cobertura estatal es limitada (pocas playas con salvavidas, limitaciones de recursos humanos y adiestramiento), lo que hace necesario un enfoque colaborativo donde el componente municipal complemente —no sustituya— la estructura estatal, evitando modelos improvisados sin capacitación en rescate acuático.

4. La prevención mediante salvavidas certificados resulta más efectiva que la respuesta reactiva

Los memoriales analizados sostienen que el enfoque más efectivo para reducir ahogamientos es la prevención activa, mediante patrullaje y orientación continua a bañistas y turistas. El hallazgo central es que un cuerpo de salvavidas certificados en playa, operando coordinadamente con agencias municipales, estatales y federales, permite intervenir antes de que ocurra la emergencia: educa, disuade conductas riesgosas y detecta peligros tempranamente. En consecuencia, destacar personal sin el componente de certificación y prevención reduce la efectividad de la política pública.

5. Protocolos efectivos de comunicación requieren uniformidad, coordinación interagencial y alcance al turista

Finalmente, la investigación evidencia que sí es viable establecer protocolos efectivos de advertencia, pero requieren uniformidad y coordinación. El DSP, a través del NMEAD, reconoce la necesidad de desarrollar mecanismos de comunicación cuando las condiciones marítimas no sean aptas y recalca la importancia de educación y prevención. A su vez, se identificó que gran parte del público en playas incluye turistas y visitantes alojados fuera de hoteles tradicionales, por lo que los protocolos deben ser multicanal (señalización visible y bilingüe, banderas, megafonía, redes sociales oficiales, coordinación con el SNM/NOAA y enlaces con hospederías), integrados dentro de un esfuerzo interagencial conforme a la Ley 293-1999 y el marco operacional del NMEAD.

Recomendaciones

1. Establecer un sistema de boyas que dependa por zona costera

• Se realice un estudio técnico por playa que evalúe oleaje, corrientes predominantes y condiciones geográficas;
• Se utilicen modelos adaptables a la realidad marítima local (incluyendo alternativas como boyas individuales con líneas de agarre tipo “pulpo” en zonas de fuerte corriente);
• Se establezca un plan de mantenimiento periódico;
• Se coordine su instalación con el DRNA y FURA conforme a la Ley 430-2000.

Por tanto, la viabilidad no es uniforme para todas las playas, sino que debe evaluarse caso a caso, priorizando zonas de mayor incidencia.

2. Los municipios deben destacar personal, pero bajo un modelo coordinado y profesionalizado

• Se trate de salvavidas certificados o personal debidamente capacitado en rescate acuático;
• Exista coordinación con el DSP, NMEAD y DRNA;
• Se identifiquen fuentes de financiamiento sostenibles;
• Se delimiten claramente las responsabilidades estatales y municipales.

No se recomienda destacar personal sin adiestramiento especializado, ya que ello podría aumentar la exposición a responsabilidad legal y riesgos operacionales.

3. Establecer un Protocolo Uniforme de Comunicación de Riesgo Marítimo

Se recomienda desarrollar un protocolo interagencial que incluya:

• Sistema uniforme de banderas o señalización visible;
• Letreros bilingües con advertencias claras sobre corrientes de resaca;
• Coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología;
• Uso de megáfonos, redes sociales oficiales y plataformas digitales;
• Integración con hoteles y hospederías a corto plazo para orientar visitantes.

La comunicación efectiva debe ser preventiva, constante y accesible.

4. Implantar proyectos piloto en playas de alta incidencia

Antes de una expansión a nivel isla, se recomienda implementar proyectos piloto en playas identificadas con alta incidencia de incidentes, integrando:

• Sistemas de boyas técnicamente adecuados;
• Salvavidas certificados;
• Protocolos de comunicación activa.

Estos proyectos permitirán recopilar datos empíricos para evaluar efectividad y costo-beneficio.

5. Crear un mecanismo de financiamiento sostenible y colaborativo

Se recomienda evaluar:

• Asignaciones presupuestarias específicas;
• Fondos federales relacionados con resiliencia y seguridad;
• Alianzas público-privadas en zonas turísticas;
• Incentivos para municipios que adopten estándares certificados (como Bandera Azul).

Sin un esquema de financiamiento estructurado, la política pública carecerá de continuidad y efectividad a largo plazo.

Conclusión

Finalmente, las Comisiones reafirman su compromiso de continuar evaluando y dando seguimiento a todo asunto relacionado con la implementación de sistemas de boyas para la delimitación de áreas destinadas a bañistas, como mecanismo esencial de prevención y protección en las playas y balnearios de los municipios de Puerto Rico, conforme al mandato conferido por la Resolución de la Cámara 413.

Las conclusiones y recomendaciones aquí consignadas constituyen un punto de partida para futuras evaluaciones técnicas, posibles enmiendas legislativas y esfuerzos colaborativos entre el Gobierno estatal, los municipios y las entidades especializadas en seguridad marítima.

Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Asuntos Municipales y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someter el Informe de la R. de la C. 413 con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Respetuosamente sometido,

Luis Pérez Ortiz Elinette González Aguayo

Presidente Presidenta

Comisión de Asuntos Municipales Comisión de Recursos Naturales