GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma. Asamblea 2 ^da. Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del S. 13

5 de septiembre de 2025

Presentada por el señor González Costa

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN CONCURRENTE

Para exigir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América la cancelación inmediata de todo ejercicio de práctica por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio y aguas cercanas a nuestra jurisdicción; así como cualquier plan de remilitarización o reapertura de bases militares en Puerto Rico; reclamar que se finalice con la limpieza y descontaminación de los terrenos contaminados por los ejercicios de guerra; y comenzar un proceso de descolonización en el cual el Pueblo de Puerto Rico pueda escoger entre las alternativas no coloniales, y no territoriales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las fuerzas armadas de los Estados Unidos han confirmado que están llevando a cabo ejercicios militares en Puerto Rico consistentes en desembarcos anfibios, movimientos tácticos, operaciones aéreas y técnicas de supervivencia, alegadamente, buscando fortalecer las capacidades anfibias y la interoperabilidad entre componentes militares de Estados Unidos. Por su parte, la Guardia Nacional de Puerto Rico anunció que está brindando apoyo en cuanto a tales ejercicios militares en el Sur de Puerto Rico, los cuales son dirigidos por la 22ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina de los Estados Unidos de América.

Estas señales de reanudación de actividades militares en Puerto Rico representan un grave retroceso en el desarrollo de nuestro país y contravienen la voluntad expresada por el Pueblo de Puerto Rico en rechazo a la utilización de nuestro territorio como escenario de prácticas bélicas.

Durante décadas, las islas municipio de Vieques y Culebra padecieron el azote de la presencia de la Marina de los Estados Unidos, que en absoluto desprecio a la integridad de nuestro territorio, a la protección de nuestros recursos y al bienestar y salud de los puertorriqueños y puertorriqueñas, realizó ejercicios con municiones vivas, como parte de las maniobras que tenían lugar por aire, tierra y mar. En el caso de Culebra, el bombardeo llegó a su fin durante la década de 1970, tras manifestaciones de desobediencia civil que provocaron que el Gobierno gestionara un acuerdo de cese a las prácticas que, sin embargo, no incluyó la descontaminación total del suelo culebrense.

En el caso de Vieques, la muerte de un viequense en abril de 1999 generó una ola de indignación y reclamos a través de todo Puerto Rico. Miles de personas fueron arrestadas y encarceladas por exigir mediante la desobediencia civil el fin de las prácticas que durante sesenta años, contaminaron suelo, aguas y aire. A pesar de que la presión pública condujo al cierre del campamento militar en Vieques y al fin de las operaciones de Roosevelt Roads en Ceiba, el gobierno de los Estados Unidos le adeuda al país la realización de una limpieza de las zonas afectadas y que aún hoy están cubiertas de municiones activas (cerca de 93,000 bombas vivas) que contienen altos niveles de sustancias tóxicas, vinculadas a la alta incidencia de cáncer entre las personas viequenses. Tampoco se ha materializado la devolución y el desarrollo pleno de espacios de alto valor y potencial.

El abuso a nuestro territorio y a nuestros recursos naturales durante un siglo completo no se limitó a las islas municipio. Las fuerzas armadas de Estados Unidos condujeron experimentación con el uso de “agente naranja” en los predios del bosque pluvial tropical más grande del Caribe, conocido como el Yunque, cuya extensión comprende varios municipios del este del país. En otros lugares, la presencia militar impedía la posesión y disfrute de nuestro territorio en lugares como Aguadilla, Cayey, Sabana Seca, San Juan, entre otros.

La presencia militar, tanto en las islas municipio como en la Isla Grande operaba a través de un principio de segregación, y beneficiando a la milicia estadounidense con privilegios extremos, como el uso gratuito e irrestricto del agua proveniente de nuestros cuerpos de agua, como el caso del Río Blanco de Naguabo, así como la privatización de bienes de dominio público, particularmente nuestras costas. Los ejercicios de las Fuerzas Armadas han operado como una de las manifestaciones más crudas del sistema colonial.

Luego de más de dos décadas desde que el Pueblo de Puerto Rico se uniera en repudio a los ejercicios militares en nuestro país, los eventos recientes significan un retroceso a tiempos y prácticas insostenibles y además indeseadas por nuestra sociedad.

Nuevamente, el gobierno de los Estados Unidos impone sus intereses por encima del bienestar del Pueblo Puertorriqueño. Llevamos cerca de una década padeciendo los males causados por la aprobación de PROMESA (por sus siglas en inglés), legislación diseñada a la medida de los intereses ajenos a las puertorriqueñas y puertorriqueños, y en claro perjuicio del bienestar de nuestro Pueblo, con la Junta de Control Fiscal como el verdugo que asegura su cumplimiento. Como si esos intereses económicos no fueran suficiente, ahora en pleno siglo XXI, los intereses militares de Estados Unidos se imponen-nuevamente-ante la voluntad del Pueblo puertorriqueño. Estos eventos que acumulan un peso que cada vez se la hace más difícil cargar a millones de compatriotas nos impone la responsabilidad de exigir un verdadero proceso de descolonización, en el cual el Pueblo de Puerto Rico pueda escoger entre las alternativas no coloniales y no territoriales, para eliminar permanentemente la relación de subordinación política que nos impide el pleno desarrollo como pueblo.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1. - Exigir al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América la cancelación inmediata de todo ejercicio de práctica por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en nuestro territorio y aguas cercanas a nuestra jurisdicción; así como cualquier plan de remilitarización o reapertura de bases militares en Puerto Rico; reclamar que se finalice con la limpieza y descontaminación de los terrenos contaminados por los ejercicios de guerra; y comenzar un proceso de descolonización en el cual el Pueblo de Puerto Rico pueda escoger entre las alternativas no coloniales, y no territoriales.

Sección 2. - Copia de esta Resolución Concurrente, será enviada al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, al presidente del Senado de los Estados Unidos, James David Vance, al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Michael Johnson, y a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (U.S. Department of Homeland Security) Kristi Noem.

Sección 3. - Esta Resolución Concurrente entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobada.