GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea                                                                                                  2da. Sesión
         Legislativa	 	Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del S. 16

17 de noviembre de 2025
Presentada por la señora Álvarez Conde 

Referido a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN CONCURRENTE

Para expresar el respaldo de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Congreso de Estados Unidos, en un voto a favor de H.R. 4405, la Epstein Files Transparency Act, así como cualquier otra medida legislativa para que se hagan públicos los "Epstein Files", en donde se recopila material que documenta una red de tráfico sexual de menores y explotación que involucró a numerosas personas influyentes por Jeffrey Epstein. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los denominados "Epstein Files" engloban una vasta colección de testimonios, correos electrónicos, registros de vuelos y documentos judiciales relacionados con la investigación y procesamiento de Jeffrey Epstein. Este material detalla una presunta red de tráfico sexual de menores y explotación que involucró o numerosas personas influyentes. La retención de esta información ha generado una crisis de confianza respecto a la aplicación imparcial de la ley en la jurisdicción federal. La divulgación es imperativa para identificar todos los cómplices y afirmar la primacía del debido proceso sobre los intereses particulares. 
Hay, además, hay que considerar la posible conexión de Puerto Rico con los llamados Epstein Files. Jeffrey Epstein, un financiero condenado por delitos sexuales con menores de edad, poseía una notoria isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, un territorio vecino geográficamente y con una relación histórica con Puerto Rico. Dicha proximidad, junto a la documentación de vuelos de Epstein que han salido a la luz pública, sugiere una potencial ruta o nexus geográfico para las operaciones de tráfico y explotación sexual de menores como una red o punto de tránsito para reclutamiento que podría haber afectado la jurisdicción de Puerto Rico. Es imperativo investigar si personas, propiedades o entidades en la Isla, estuvieron o están involucradas de alguna manera en la red criminal del convicto. 
El caso Epstein ha expuesto una justicia diferenciada por la elite política y económica de Estados Unidos. La alegada participación de figuras de alto nivel en la red de tráfico sexual plantea serias interrogantes éticas sobre la integridad de los procesos de investigación y enjuiciamiento. La opacidad de los archivos sugiere un ejercicio indebido de poder para proteger a los involucrados con conexiones influyentes. La liberación de la información es un mecanismo esencial para restablecer la igualdad ante la ley. El silencio gubernamental en este asunto legitima las sospechas de corrupción sistémica. 
El nombre del Presidente Donald Trump ha sido repetidamente mencionado en el contexto de estos archivos, particularmente en registros de vuelo y correspondencia, aunque él ha negado conocimiento de las actividades ilícitas de Epstein. La continua controversia en torno a la presunta conexión con Epstein y la opacidad en la desclasificación de los documentos han sido instrumentalizados, contribuyendo a la polarización política en Washington. Esta situación llevó al estancamiento legislativo y presupuestario, desviando el enfoque de las negociaciones de asignaciones federales. Los grupos de interés han empleado el escándalo como un instrumento de presión política durante los periodos del cierre del gobierno federal. 
La retención de los Epstein Files se ha amparado en órdenes de sellado judicial emitidas por tribunales federales, invocando la protección de la privacidad de terceros; sin embargo, este secreto judicial esta siendo cuestionado bajo el principio de la máxima publicidad en los asuntos de interés público. Esta doctrina, es imperativa y fundamental para la supervisión de la administración de la justicia. El Congreso Federal tiene la autoridad constitucional para legislar sobre la materia, balanceando el debido proceso con la transparencia. Este balance debe inclinarse ahora hacia la revelación como acto de fe pública. Se tiene que fomentar la transparencia y si ello conduce a que existan posibles vínculos de la clase política estadounidense o local, el País debe saberlo. 
Existen diversas iniciativas en el Congreso y el Senado federal diseñadas para forzar la publicación de estos expedientes como lo es la H.R. 4405, la Epstein Files Transparency Act. Estas medidas legislativas buscan mandatar al Departamento de Justicia a desclasificar y divulgar todos los documentos pertinentes, incluyendo aquellos sellados judicialmente. El espíritu de estos proyectos reside en la necesidad de transparencia para las víctimas y el público en general. La legislación federal propuesta también busca que el Departamento de Justicia rinda un informe detallado al Congreso sobre cualquier información retenida por motivos de seguridad o privacidad legitima. 
El Senado de Puerto Rico, como cuerpo fiscalizador y representante del pueblo, manifiesta su apoyo irrestricto a estas medidas legislativas federales. Nuestra postura se alinea con el principio constitucional de que ningún individuo debe estar por encima de la ley. Respaldamos la aprobación de la Epstein Files Transparency Act y otras resoluciones que exigen la apretura de los archivos. Nuestra expresión busca coadyuvar al esfuerzo de transparencia en Estados Unidos destacando la importancia de la rendición de cuentas para nuestra propia jurisdicción. 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se expresa el respaldo oficial de la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al proyecto H.R. 4405, Epstein Files Transparency Act, así como cualquier otro proyecto, que tenga como propósito mandatar la desclasificación total, expedita e irrestricta de todos los documentos, testimonios y expedientes judiciales relacionados con el fallecido Jeffrey Epstein, sus asociados y cómplices. 
Sección 2.- Se insta al Congreso de los Estados Unidos a aprobar dicha legislación, con el fin de restablecer la fe pública en la administración de justicia federal y mitigar el uso de este escándalo como instrumento de polarización política que contribuye al estancamiento fiscal y legislativo. 
Sección 3.- Se ordena el envío de copias certificadas de esta Resolución Concurrente traducida al inglés al Presidente de los Estados Unidos, al Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, a todos los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, así como a los comités congresionales pertinentes y a los medios de comunicación para su debida divulgación.
Sección 4.- Esta Resolución Concurrente entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.