GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^ma. Asamblea ^3ra. Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO

R. de la C. 530

INFORME FINAL

8 de junio de 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento del deber delegado de atender asuntos dirigidos a responder efectivamente a las necesidades de la población, promover el bienestar social y fortalecer oportunidades de desarrollo humano en Puerto Rico, someten el presente Informe Final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara 530 tiene el propósito de:

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 76-2013, según enmendada; identificar los programas de ayuda y alimentos que ofrece la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA); evaluar el uso de los fondos federales disponibles a través del Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-FNS) y la manera en que la OPPEA utiliza dichos fondos; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara 530 propone ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento de la Ley Núm. 76-2013, según enmendada, conocida como la “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada”, así como evaluar los programas de ayuda y asistencia alimentaria dirigidos a la población adulta mayor y el uso de fondos federales disponibles para esos fines.

La medida surge en atención al crecimiento sostenido de la población de personas adultas mayores en Puerto Rico y al deber del Estado de garantizar servicios adecuados que promuevan su bienestar, seguridad alimentaria y calidad de vida. La Exposición de Motivos reconoce que la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos de esta población y en la coordinación de programas y servicios esenciales para atender sus necesidades.

De igual forma, la resolución destaca la importancia de diversos programas financiados con fondos federales, particularmente aquellos relacionados con asistencia nutricional para adultos mayores, reconociendo que la adecuada utilización de dichos recursos constituye un elemento indispensable para garantizar la seguridad alimentaria de este sector de la población.

La Comisión considera que la medida persigue un propósito legítimo de fiscalización legislativa al procurar examinar la manera en que se implementa la política pública establecida mediante la Ley Núm. 76-2013, así como identificar posibles áreas de mejora relacionadas con la administración de programas, la utilización de fondos públicos y el acceso de las personas adultas mayores a los servicios que les son destinados. La facultad investigativa de la Asamblea Legislativa constituye una herramienta esencial para evaluar la efectividad de las leyes vigentes y determinar si las agencias e instrumentalidades gubernamentales cuentan con los recursos y mecanismos necesarios para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades.

La Comisión entiende que la investigación propuesta permitirá obtener información actualizada sobre los programas de ayuda alimentaria disponibles para las personas adultas mayores, el alcance de dichos servicios, la población impactada y los retos que enfrentan las entidades responsables de administrarlos. Esta información resulta indispensable para evaluar si la política pública vigente responde adecuadamente a las necesidades actuales de una población que continúa creciendo y cuya protección constituye un asunto de alto interés público.

Se concluye que la investigación ordenada mediante la Resolución de la Cámara 530 persigue fines legítimos de fiscalización, transparencia y evaluación de política pública, por lo que resulta un mecanismo adecuado para recopilar información que permita formular recomendaciones dirigidas a fortalecer los servicios y programas destinados a las personas adultas mayores de Puerto Rico.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Como parte del proceso investigativo, esta Comisión solicitó memoriales explicativos y convocó a vista pública a las siguientes agencias: Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, Departamento de Educación de Puerto Rico, Departamento de la Familia, Departamento de Salud, Oficina de Gerencia y Presupuesto, Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración y el Departamento de Agricultura.  

RESUMEN DE PONENCIAS E INFORMACION RECIBIDA

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA)

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) compareció ante la Comisión y presentó un panorama amplio sobre sus funciones, programas y responsabilidades bajo la Ley Núm. 76-2013, según enmendada. La agencia explicó que su misión principal consiste en proteger los derechos de las personas adultas mayores, fiscalizar el cumplimiento de la política pública dirigida a esta población y coordinar servicios encaminados a promover su bienestar, seguridad y calidad de vida. Asimismo, destacó su rol como entidad responsable de coordinar en Puerto Rico los programas y servicios financiados bajo la Older Americans Act y otras iniciativas dirigidas a atender las necesidades de la población de edad avanzada.

Como parte de su memorial, la OPPEA resaltó el crecimiento sostenido de la población adulta mayor en Puerto Rico y señaló que las proyecciones demográficas reflejan que este sector continuará aumentando durante las próximas décadas. La agencia destacó además que una parte significativa de esta población enfrenta retos económicos importantes y depende de distintos programas de apoyo para satisfacer necesidades esenciales, incluyendo aquellas relacionadas con la alimentación y el acceso a servicios comunitarios.

En cuanto al cumplimiento de la Ley Núm. 76-2013, la agencia sostuvo que durante el año fiscal 2024-2025 continuó fortaleciendo sus programas y servicios mediante la utilización de fondos estatales y federales. Entre los programas descritos se encuentran los Centros de Actividades y Servicios Múltiples (CASM), los servicios de nutrición congregada y nutrición en el hogar, los programas dirigidos a personas con Alzheimer, las iniciativas de apoyo a cuidadores familiares, los programas de orientación sobre servicios de salud, las intervenciones comunitarias, la atención de querellas y los servicios de asistencia legal para personas adultas mayores.

La OPPEA también explicó la manera en que administra y distribuye recursos provenientes de programas federales dirigidos a la población de edad avanzada, particularmente aquellos relacionados con servicios de nutrición y apoyo comunitario. A esos efectos, destacó que la agencia coordina la asignación de fondos a municipios y organizaciones que sirven como grupos auspiciadores para la prestación de servicios alimentarios y otros programas dirigidos a adultos mayores en distintas regiones de Puerto Rico.

Finalmente, la agencia sostuvo que las estadísticas y resultados incluidos en su memorial evidencian el cumplimiento de las responsabilidades que le fueron delegadas mediante la Ley Núm. 76-2013 y expresó su disposición de colaborar con la investigación legislativa para identificar oportunidades que permitan fortalecer los programas y servicios destinados a la población adulta mayor.

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) compareció ante la Comisión y favoreció la aprobación de la Resolución de la Cámara 530. En su memorial, reconoció la importancia de examinar el cumplimiento de la Ley Núm. 76-2013, así como la administración de los programas y fondos dirigidos a atender las necesidades de la población adulta mayor. La agencia destacó que el crecimiento sostenido de este sector poblacional exige una evaluación continua de las políticas públicas y de los mecanismos gubernamentales diseñados para garantizar su bienestar y seguridad alimentaria.

La OGP señaló que la investigación propuesta constituye un ejercicio legítimo de fiscalización legislativa y rendición de cuentas, al procurar identificar fortalezas, deficiencias y oportunidades de mejora en la utilización de fondos federales y en la prestación de servicios a las personas adultas mayores. Particularmente, resaltó la importancia de examinar el funcionamiento de los programas financiados mediante el Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-FNS), incluyendo aquellos administrados a través del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP).

La agencia enfatizó la necesidad de distinguir claramente entre los programas administrados directamente por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) y aquellos cuya administración principal corresponde a otras entidades gubernamentales, como el Departamento de Educación, a fin de delimitar responsabilidades e identificar con precisión posibles áreas de mejora en la coordinación interagencial.

Desde una perspectiva fiscal y gerencial, la OGP sostuvo que la investigación podría contribuir a maximizar el uso de fondos federales existentes, fortalecer los controles administrativos y mejorar la coordinación entre las entidades responsables de ofrecer servicios a la población adulta mayor. No obstante, advirtió que cualquier recomendación futura que implique nuevos gastos, expansión de programas o creación de estructuras adicionales deberá evaluarse a la luz de la capacidad operacional de las agencias y la disponibilidad de recursos estatales y federales.

Finalmente, la OGP recomendó que la investigación incorpore métricas objetivas que permitan evaluar la efectividad de los programas bajo examen, incluyendo datos relacionados con la población servida, cobertura geográfica, utilización de fondos federales, costos administrativos y desempeño de los distintos programas. De igual forma, favoreció que las recomendaciones resultantes prioricen medidas de alto impacto y bajo costo, tales como acuerdos interagenciales, procesos de coordinación, capacitación y estandarización de procedimientos.

Departamento de la Familia

El Departamento de la Familia compareció ante la Comisión y favoreció la Resolución de la Cámara 530. En su memorial, destacó la importancia de toda iniciativa dirigida a examinar y fortalecer los servicios destinados a la población adulta mayor, particularmente ante el acelerado proceso de envejecimiento poblacional que experimenta Puerto Rico. La agencia reconoció que las personas de edad avanzada constituyen un sector que requiere atención prioritaria por parte del Estado y resaltó la responsabilidad gubernamental de promover políticas públicas dirigidas a garantizar su bienestar, seguridad y calidad de vida.

En cuanto al propósito de la medida, el Departamento expresó deferencia a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) respecto a los asuntos relacionados con la implantación de la Ley Núm. 76-2013 y la administración de los programas bajo su jurisdicción. No obstante, reconoció la pertinencia de la investigación propuesta y favoreció la evaluación de los programas, servicios y recursos dirigidos a atender las necesidades de las personas adultas mayores.

La agencia destacó que el crecimiento de la población de adultos mayores representa uno de los principales retos de política pública que enfrenta Puerto Rico y señaló que esta realidad tiene implicaciones directas en áreas como salud, vivienda, nutrición, servicios sociales y apoyo comunitario. Asimismo, resaltó la importancia de continuar desarrollando iniciativas que promuevan la integración, protección y bienestar de esta población.

Por otro lado, el Departamento describió los programas de asistencia alimentaria que administra a través de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). Entre ellos destacó el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), mediante el cual se brinda apoyo alimentario a cientos de miles de adultos mayores en Puerto Rico, así como el Commodity Supplemental Food Program (CSFP), dirigido específicamente a complementar la alimentación de adultos mayores de bajos ingresos. De igual forma, señaló que desarrolla programas educativos y actividades comunitarias orientadas a fomentar hábitos de alimentación saludable y promover la seguridad alimentaria de esta población.

Finalmente, el Departamento sostuvo que los programas y servicios que administra reflejan el compromiso gubernamental con la atención de las necesidades nutricionales de las personas adultas mayores y reiteró su respaldo a la investigación propuesta por la Resolución de la Cámara 530. Favoreció la medida y expresó su disposición de continuar colaborando en esfuerzos dirigidos a fortalecer la calidad de vida y el bienestar de la población adulta mayor en Puerto Rico.

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR)

El Departamento de Educación compareció ante la Comisión y favoreció la Resolución de la Cámara 530. A través de la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos y Nutrición (AESAN), explicó el marco regulatorio que gobierna los programas federales de asistencia nutricional administrados en Puerto Rico y destacó la importancia de toda iniciativa dirigida a fortalecer la seguridad alimentaria de la población adulta mayor.

La agencia señaló que la AESAN es la entidad responsable de administrar en Puerto Rico diversos programas de nutrición financiados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-FNS), incluyendo el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (PACNA o CACFP, por sus siglas en inglés). Explicó que estos programas operan bajo estrictos requisitos federales de elegibilidad, fiscalización, monitoreo y rendición de cuentas, por lo que los fondos asignados no constituyen recursos discrecionales y su utilización está limitada a los fines expresamente autorizados por la normativa aplicable.

En cuanto a la población adulta mayor, el Departamento indicó que el programa PACNA permite ofrecer comidas nutritivas y apoyo alimentario a participantes de centros de cuidado diurno para adultos, contribuyendo a mejorar su estado nutricional, promover su bienestar y facilitar su permanencia en la comunidad. Como parte de la información suministrada a la Comisión, informó que actualmente el programa beneficia a más de mil trescientas personas mediante veintiséis centros autorizados en Puerto Rico.

La agencia también abordó el tema de la coordinación entre la AESAN y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA). Sobre este particular, explicó que en años anteriores existieron interpretaciones que limitaban la posibilidad de complementar ciertos programas financiados con fondos federales. No obstante, sostuvo que la normativa federal permite la coordinación entre distintas fuentes de asistencia siempre que se evite la duplicidad de reclamaciones y se cumpla con los requisitos reglamentarios correspondientes.

Asimismo, el Departamento enfatizó que la administración de los fondos PACNA corresponde exclusivamente a la AESAN como agencia estatal designada para esos fines y aclaró que la OPPEA no administra directamente dichos fondos. Según expresó, cualquier participación de entidades externas dentro de estos programas está condicionada al cumplimiento de los requisitos federales y estatales aplicables y a la correspondiente autorización administrativa.

Finalmente, el Departamento favoreció la investigación legislativa propuesta, reiteró su disposición de colaborar con los trabajos de la Comisión y destacó que una mayor coordinación interagencial puede contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a programas de asistencia nutricional para la población adulta mayor, siempre dentro de los parámetros establecidos por la reglamentación federal vigente.

Departamento de Agricultura

El Departamento de Agricultura compareció ante la Comisión y presentó información relacionada con los programas de asistencia alimentaria dirigidos a personas adultas mayores que administra a través de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA). La agencia explicó que su participación en los asuntos objeto de la investigación está vinculada principalmente a la administración del Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores para Personas de Edad Avanzada (SFMNP, por sus siglas en inglés), iniciativa financiada con fondos federales del Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-FNS).

Según expuso el Departamento, el programa tiene como propósito facilitar a las personas de sesenta (60) años o más, cuyos ingresos no excedan los parámetros establecidos por la reglamentación federal, el acceso a frutas, vegetales y hierbas frescas cultivadas localmente. Para ello, la ADEA coordina esfuerzos con agencias gubernamentales, municipios y organizaciones comunitarias para identificar participantes elegibles y facilitar la utilización de los beneficios en mercados agrícolas autorizados alrededor de Puerto Rico.

La agencia destacó que este programa no solo contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de la población adulta mayor, sino que también fortalece la economía agrícola local al promover la compra directa de productos cultivados por agricultores puertorriqueños. Señaló que desarrolla iniciativas de orientación y promoción para aumentar la participación tanto de los beneficiarios como de los agricultores certificados que forman parte del programa.

Como parte de la información suministrada a la Comisión, el Departamento indicó que durante los pasados años se han distribuido más de cinco millones de dólares en beneficios dirigidos a personas adultas mayores elegibles mediante este programa. De igual forma, informó que recientemente recibió aprobación federal para la distribución de fondos adicionales durante el año en curso, los cuales serán utilizados para continuar ampliando el acceso de esta población a alimentos frescos y nutritivos producidos localmente.

Finalmente, el Departamento expresó que toda iniciativa dirigida a evaluar los programas y servicios destinados a las personas adultas mayores resulta beneficiosa para fortalecer la política pública en favor de esta población. A esos efectos, manifestó su disposición de colaborar con la investigación legislativa y compartió información relacionada con los recursos y programas que administra en beneficio de los adultos mayores de Puerto Rico.

Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, Inc. (ADCCLD)

La Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, Inc. (ADCCLD) compareció ante la Comisión y favoreció la investigación ordenada por la Resolución de la Cámara 530. La organización destacó la importancia de examinar no solo los programas de asistencia alimentaria existentes, sino también las poblaciones que, por razón de los criterios de elegibilidad o el diseño de dichos programas, quedan excluidas de sus beneficios.

La entidad explicó que los adultos mayores institucionalizados constituyen una población con características y necesidades particulares que no siempre son consideradas dentro de los programas alimentarios diseñados para escenarios comunitarios o centros de cuidado diurno. A su juicio, resulta indispensable distinguir entre las distintas modalidades de atención a adultos mayores, ya que las necesidades, fuentes de financiamiento y estructuras operacionales varían significativamente entre quienes viven de forma independiente, reciben servicios comunitarios o residen en establecimientos de cuidado prolongado.

La ADCCLD destacó que, en los centros de cuidado prolongado, la alimentación forma parte integral del servicio que se ofrece a los residentes y constituye un componente esencial de su salud, bienestar y calidad de vida. Señaló que garantizar una alimentación adecuada implica atender consideraciones nutricionales, condiciones médicas, dietas especializadas y otros factores que conllevan costos operacionales significativos para las instituciones que prestan estos servicios.

Reconoció que muchos de los programas federales de asistencia alimentaria actualmente disponibles fueron diseñados para otros escenarios de servicio y, por tanto, no necesariamente permiten la participación de facilidades residenciales de cuidado prolongado. No obstante, sostuvo que la inelegibilidad de una institución para participar en determinados programas no elimina las necesidades alimentarias de los adultos mayores que residen en ellas. A esos efectos, planteó la necesidad de evaluar posibles vacíos en la política pública relacionados con la seguridad alimentaria de esta población.

Como parte de sus recomendaciones, la asociación propuso que se realice un inventario interagencial de programas alimentarios dirigidos a personas adultas mayores, que se identifiquen claramente las poblaciones elegibles y excluidas de dichos programas, y que se evalúe la existencia de mecanismos complementarios para atender las necesidades de adultos mayores institucionalizados. De igual forma, sugirió que se considere la creación de un incentivo alimentario especial para instituciones de cuidado prolongado sin fines de lucro que atiendan población vulnerable y que se promueva una mayor coordinación entre las agencias gubernamentales y el sector de cuidado prolongado.

La organización también resaltó la importancia de fortalecer los esfuerzos de orientación y colaboración entre la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), las instituciones de cuidado prolongado y demás entidades concernidas, con el propósito de mejorar la prestación de servicios y la protección de los derechos de los residentes.

Finalmente, la ADCCLD sostuvo que cualquier análisis sobre seguridad alimentaria y servicios para adultos mayores debe incluir expresamente la realidad de las personas que residen en centros de cuidado prolongado, al entender que se trata de una población particularmente vulnerable cuyas necesidades requieren atención específica dentro de la política pública del Estado.

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La investigación realizada por esta Comisión permitió examinar el marco de servicios, programas e iniciativas dirigidas a la población adulta mayor en Puerto Rico, así como identificar las distintas entidades gubernamentales y organizaciones que participan en la prestación de servicios alimentarios, nutricionales y de apoyo comunitario a este sector de la población.

De la información recibida surge un consenso claro sobre la importancia de continuar fortaleciendo la política pública dirigida a las personas adultas mayores. Las entidades comparecientes coincidieron en reconocer que Puerto Rico enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional que impone nuevos retos en materia de salud, seguridad alimentaria, servicios comunitarios, vivienda, cuido y protección social. Esta realidad exige una evaluación continua de los programas existentes y de la capacidad del Estado para responder adecuadamente a las necesidades de esta población.

La evidencia recopilada también demostró que actualmente existen múltiples programas estatales y federales dirigidos a promover la nutrición y el bienestar de las personas adultas mayores. Entre estos se encuentran los programas administrados por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), la Agencia Estatal de Servicios de Alimentos y Nutrición (AESAN) del Departamento de Educación, el Departamento de Agricultura y otras entidades gubernamentales y comunitarias que participan activamente en la prestación de servicios a esta población.

No obstante, la investigación también permitió identificar la complejidad del sistema mediante el cual se ofrecen estos servicios. La diversidad de programas, requisitos de elegibilidad, fuentes de financiamiento y estructuras administrativas evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de coordinación interagencial para facilitar el acceso a la información y maximizar el uso de los recursos disponibles.

Particularmente, la Comisión encontró que algunos programas federales de asistencia alimentaria responden a poblaciones o modalidades específicas de servicio, lo que puede provocar que ciertos grupos de adultos mayores no cualifiquen para determinados beneficios debido a criterios de elegibilidad establecidos por la reglamentación federal. Sobre este particular, la comparecencia de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración puso de relieve la necesidad de examinar con mayor detenimiento la realidad de los adultos mayores institucionalizados y evaluar si existen áreas que ameriten atención adicional por parte del Estado.

La Comisión reconoce, además, la importancia de la labor realizada por la OPPEA en la coordinación de servicios y protección de los derechos de las personas adultas mayores, así como el rol que desempeñan las demás entidades gubernamentales y organizaciones colaboradoras en la administración de programas dirigidos a promover la seguridad alimentaria y el bienestar de esta población.

A la luz de la evidencia recibida, esta Comisión concluye que la política pública vigente dirigida a las personas adultas mayores continúa siendo necesaria y pertinente. Sin embargo, también concluye que existen oportunidades para fortalecer la coordinación entre agencias, mejorar el acceso a la información relacionada con los programas disponibles y continuar identificando posibles brechas de servicio que puedan afectar a poblaciones particularmente vulnerables.

Por tal razón, la Comisión recomienda desarrollar un inventario actualizado e integrado de los programas de asistencia alimentaria y servicios dirigidos a las personas adultas mayores, incluyendo información relacionada con las agencias administradoras, requisitos de elegibilidad, población impactada y fuentes de financiamiento. De igual forma, recomienda promover mayores esfuerzos de coordinación entre las entidades responsables de administrar programas dirigidos a esta población, con el propósito de maximizar recursos y evitar duplicidad de esfuerzos.

Asimismo, la Comisión recomienda que se continúe evaluando la situación de los adultos mayores que residen en establecimientos de cuidado prolongado y otras poblaciones que pudieran no estar cubiertas por determinados programas existentes, a fin de identificar posibles alternativas de política pública que permitan atender sus necesidades de manera efectiva y responsable.

Finalmente, esta Comisión reconoce el compromiso demostrado por las entidades comparecientes y entiende que la información recopilada durante esta investigación constituye una herramienta valiosa para futuras iniciativas legislativas dirigidas a fortalecer la protección, el bienestar y la calidad de vida de las personas adultas mayores en Puerto Rico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, luego de examinar la información recopilada, evaluar las gestiones realizadas y analizar los memoriales explicativos sometidos, tiene a bien someter el presente Informe Final correspondiente a la Resolución de la Cámara 530, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares, reservándose la Comisión la continuación de los trabajos investigativos para la eventual presentación del informe final que corresponda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,