GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma Asamblea 3 ^ra Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 534

7 DE ENERO DE 2026

Presentada por la representante Vargas Laureano

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar un estudio exhaustivo sobre la posibilidad y deseabilidad de establecer políticas públicas de largo plazo en el Gobierno de Puerto Rico en áreas estratégicas para el desarrollo del país; los mecanismos institucionales, legales y administrativos necesarios para garantizar su continuidad más allá de los ciclos electorales; modelos comparados en otras jurisdicciones que puedan servir de referencia para la creación de estructuras permanentes de planificación estratégica; la viabilidad de establecer un marco legal vinculante que obligue a las agencias a adoptar, ejecutar y reportar metas de largo plazo; la creación de un organismo permanente —legislativo, ejecutivo o híbrido— encargado de la planificación estratégica del país; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico enfrenta una coyuntura histórica que exige una reflexión profunda sobre la manera en que el Estado diseña, ejecuta y sostiene sus políticas públicas. Los retos que hoy afectan al país —desde la transformación económica, la planificación territorial, la transición energética, la educación pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura crítica y la adaptación al cambio climático— no pueden abordarse eficazmente mediante estrategias fragmentadas, improvisadas o sujetas a los vaivenes de los ciclos electorales. La ausencia de mecanismos institucionales que garanticen continuidad y visión de largo plazo ha provocado que iniciativas esenciales se interrumpan, se dupliquen o se abandonen con cada cambio de administración, generando ineficiencia, pérdida de recursos y falta de coherencia en la dirección estratégica del país.

En un contexto global marcado por la competencia económica, la aceleración tecnológica y la vulnerabilidad climática, los países y regiones que han logrado avances sostenidos comparten un elemento común: la existencia de estructuras permanentes de planificación estratégica y políticas públicas de largo plazo que trascienden intereses partidistas y se sostienen mediante acuerdos institucionales amplios. La experiencia internacional demuestra que la continuidad en la política pública no es un lujo, sino una condición indispensable para el desarrollo sostenible, la estabilidad institucional y la competitividad económica.

Finlandia constituye uno de los ejemplos más emblemáticos de este modelo. Su Committee for the Future, un órgano parlamentario permanente, evalúa tendencias globales, anticipa riesgos y oportunidades, y orienta la formulación de políticas públicas a 10, 20 y 30 años. Este mecanismo ha permitido al país sostener políticas educativas, tecnológicas y de bienestar social que hoy son referentes mundiales. De manera similar, Nueva Zelanda ha institucionalizado la planificación estratégica mediante la Public Finance Act y el Wellbeing Budget Framework, que obligan al gobierno a establecer metas de largo plazo y a reportar periódicamente su progreso, integrando indicadores de bienestar, sostenibilidad y equidad en la toma de decisiones.

Otros países han adoptado estructuras igualmente robustas. Singapur opera bajo un modelo de planificación estatal a varias décadas, con agencias permanentes como el Economic Development Board y el Urban Redevelopment Authority, responsables de asegurar continuidad en política económica, infraestructura y planificación urbana. Escocia, por su parte, ha desarrollado el National Performance Framework, un sistema de metas nacionales a largo plazo que guía la acción gubernamental independientemente del partido en el poder. En Canadá y Australia, los planes nacionales de infraestructura y energía establecen prioridades a 20 y 30 años, con mecanismos de revisión periódica que garantizan estabilidad y adaptación continua.

En Estados Unidos, varios estados han reconocido la importancia de la planificación estratégica sostenida. Hawaii creó el Office of Planning and Sustainable Development, encargado de coordinar políticas de largo plazo en planificación territorial, sostenibilidad y resiliencia climática. Oregon implementó un sistema de planificación estatal con metas obligatorias que guían decisiones municipales y estatales, mientras Texas y Florida han adoptado planes energéticos y de infraestructura a largo plazo que se revisan periódicamente y se integran a los presupuestos estatales.

Estas experiencias demuestran que la planificación estratégica de largo plazo no solo es viable, sino esencial para enfrentar los retos contemporáneos. Puerto Rico, con su realidad fiscal, demográfica y climática, necesita evaluar seriamente la adopción de mecanismos similares que permitan establecer políticas públicas estables, coherentes y sostenidas en el tiempo. La creación de estructuras permanentes de planificación, la adopción de marcos legales vinculantes y la integración de métricas de desempeño pueden fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar proyectos transformadores y garantizar continuidad en áreas críticas para el bienestar colectivo.

Ante este panorama, resulta imperativo que la Asamblea Legislativa examine, con rigor y amplitud, la posibilidad y deseabilidad de establecer políticas públicas de largo plazo en Puerto Rico, así como los mecanismos institucionales, legales y administrativos necesarios para su implantación. Este estudio permitirá identificar modelos exitosos, evaluar su aplicabilidad al contexto puertorriqueño y proponer estructuras que aseguren que las decisiones estratégicas del país respondan a una visión de Estado y no a los límites de un cuatrienio.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Sección 1. — Se ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar un estudio exhaustivo sobre la posibilidad y deseabilidad de establecer políticas públicas de largo plazo en el Gobierno de Puerto Rico en áreas estratégicas para el desarrollo del país; los mecanismos institucionales, legales y administrativos necesarios para garantizar su continuidad más allá de los ciclos electorales; modelos comparados en otras jurisdicciones que puedan servir de referencia para la creación de estructuras permanentes de planificación estratégica; la viabilidad de establecer un marco legal vinculante que obligue a las agencias a adoptar, ejecutar y reportar metas de largo plazo; la creación de un organismo permanente —legislativo, ejecutivo o híbrido— encargado de la planificación estratégica del país.

Sección 2. — La Comisión rendirá un informe detallado a esta Cámara de Representantes dentro de un término de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Resolución, incluyendo hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime necesarios.

Sección 3. — Vigencia

Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.