GOBIERNO DE PUERTO RICO

20 ^ma Asamblea 1 ^ra Sesión

Legislativa Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1013

INFORME POSITIVO

7 DE MAYO DE 2026

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, tras el correspondiente análisis y evaluación, recomienda respetuosamente a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobación del Proyecto de la Cámara número 1013 (en adelante, P. de la C. 1013), incorporando las enmiendas sugeridas que se detallan en el el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. de la C. 1013 dispone Para añadir un nuevo Artículo 9.11 a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de agrupar y consolidar en esta Ley, todas las disposiciones relativas a la política pública que impera en Puerto Rico, con respecto al serio problema de obesidad que afecta la salud y la calidad de vida de los estudiantes de las escuelas del sistema educativo; derogar la Ley 26-2012, conocida como “Ley del Consejo Asesor de la Salud Escolar y Control de Obesidad”; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

La Exposición de Motivos de la pieza legislativa presentada destaca que la obesidad infantil constituye un serio problema de salud pública en Puerto Rico, ya que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y afecta el bienestar integral de la población infantil. A lo largo de los años, el Gobierno ha promulgado múltiples leyes dirigidas a prevenir esta condición dentro del ámbito escolar, promoviendo la actividad física y hábitos nutricionales más saludables. No obstante, el propio texto legislativo reconoce la existencia de diversas normativas con objetivos similares, lo que ha dificultado su implantación efectiva y ha generado redundancias en el marco regulatorio vigente.

Con el fin de atender esta situación, la medida propone derogar la Ley 26-2012 e integrar aquellas disposiciones pertinentes dentro de un nuevo Artículo 9.11 en la Ley 85-2018, conocida como la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico. Esta integración busca unificar y fortalecer las estrategias de prevención de la obesidad infantil dentro del sistema educativo público, centralizando las responsabilidades y promoviendo una implementación más coherente y coordinada.

A través de la creación de un Protocolo Uniforme de Atención para el Niño Obeso, el proyecto establece un enfoque interagencial entre los Departamentos de Educación, Salud y Recreación y Deportes. Asimismo, procura optimizar la administración pública, reducir duplicidad legislativa y garantizar una respuesta más eficiente ante la creciente preocupación por la obesidad infantil en Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la evaluación y análisis de la medida referida, esta Comisión celebró una (1) vista pública y recibió memoriales explicativos de la Asociación de Psicología de Puerto Rico; el Departamento de Educación; el Departamento de Recreación y Deportes; y el Departamento de Salud. Asimismo, se solicitó memorial explicativo a la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. Al momento de la redacción de este informe, dicha entidad no había remitido su posición, por lo que se interpreta que no tienen objeción a la aprobación de la medida. Todos los memoriales recibidos fueron evaluados rigurosamente para propósitos de este informe.

A continuación, se presenta un resumen de los comentarios sometidos por las entidades participantes.

ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA DE PUERTO RICO

La Asociación de Psicología de Puerto Rico (en adelante, APPR) presentó su ponencia, en la cual reconoce la obesidad infantil como un problema complejo que requiere un enfoque multisectorial, fundamentado en la evidencia científica y orientado a promover la salud integral. Señalan que, para el año 2023, las tasas estimadas de obesidad infantil en Puerto Rico fluctuaban entre un 28% y un 30%. La entidad sostiene que la consolidación de políticas públicas bajo un solo marco normativo, como propone el P. de la C. 1013, constituye una oportunidad para fortalecer la coherencia y efectividad de las estrategias de prevención e intervención en el ámbito escolar.

En su ponencia, la APPR expone que el impacto de la obesidad infantil se extiende más allá de la salud física, afectando la salud mental, la autoestima, el rendimiento académico y la integración social del estudiantado. Por tal razón, recomiendan que las políticas públicas adoptadas incorporen un enfoque biopsicosocial que contemple los factores psicológicos, emocionales y sociales asociados a esta condición. Enfatizan la importancia de evitar medidas que puedan generar estigmatización o afectar la autoimagen de los menores, promoviendo en cambio intervenciones tempranas, apoyo psicoeducativo y estrategias que fomenten una relación saludable con la alimentación, la actividad física y la imagen corporal.

Aunque el P. de la C. 1013 dispone únicamente la derogación de la Ley 26-2012, la APPR hace referencia en su análisis a la Ley 235-2008, destacando la importancia de rescatar los elementos efectivos de marcos legales previos para garantizar la continuidad de prácticas exitosas. Señalan que la consolidación propuesta podría modernizar y unificar esfuerzos gubernamentales, siempre y cuando se preserven aquellos componentes que han demostrado ser funcionales y se incorpore una perspectiva de salud mental en el diseño de la política pública.

La APPR recomienda que la implantación del Protocolo Uniforme de Atención para el Niño Obeso contemple la capacitación adecuada del personal docente, de manera que puedan identificar necesidades de manera sensible y empática. Asimismo, favorecen la integración de equipos multidisciplinarios, compuestos por psicólogos, nutricionistas y educadores, para diseñar planes individualizados que respondan a las necesidades particulares del estudiantado. Destacan, además, la importancia de ofrecer talleres dirigidos a las familias sobre nutrición y actividad física inclusiva, así como el uso de herramientas tecnológicas para el monitoreo privado y la difusión de material educativo. La APPR también recomienda evaluaciones periódicas que incluyan, además del índice de masa corporal (IMC), mediciones relacionadas al bienestar emocional y la percepción corporal de los estudiantes.

Finalmente, subrayan la importancia de evitar enfoques punitivos o reduccionistas, promoviendo narrativas positivas sobre la diversidad corporal y garantizando recursos suficientes para que las escuelas se conviertan en espacios que prioricen la salud integral, el autocuidado y la equidad. La APPR expresa su apoyo al P. de la C. 1013, señalando que su implantación debe ejecutarse desde un enfoque biopsicosocial, libre de estigmatización y con la participación de profesionales de diversas disciplinas. Reafirman, asimismo, su disposición a colaborar en este proceso para garantizar que las decisiones y estrategias adoptadas respondan al conocimiento científico y al respeto por los derechos humanos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO

El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante, DEPR), a través de su Secretario, el Lcdo. Eliezer Ramos Parés, presentó su memorial explicativo, en el cual reiteró su aspiración fundamental de garantizar una educación de excelencia para toda la población estudiantil.

El DEPR expuso que cuenta con varios programas dirigidos a fomentar hábitos saludables entre los estudiantes, tales como los programas de salud escolar, educación física y enfermería. Estos programas tienen como misión promover el bienestar integral del estudiantado mediante la atención individualizada y acciones básicas en salud, con el fin de satisfacer las necesidades identificadas, fomentar estilos de vida saludables y brindar asistencia conforme a las condiciones médicas presentes en la población escolar.

En cuanto al servicio de enfermería escolar, el Departamento detalló que este recopila, en coordinación con los padres, información sobre la salud de los estudiantes al inicio del año académico, con el propósito de ofrecer intervenciones adecuadas. Entre las funciones del personal de enfermería se encuentran el desarrollo de historiales de salud para estudiantes con condiciones crónicas, la realización de clínicas de evaluación y, en caso necesario, la referida a proveedores de servicios de salud. En estas clínicas se identifican indicadores como peso, estatura, signos vitales y el estado nutricional de los alumnos.

Por su parte, el programa de educación física tiene como finalidad preparar a los estudiantes para desenvolverse de manera exitosa en la sociedad, promoviendo la autonomía, el bienestar y la participación social. El maestro de educación física juega un rol medular en la recopilación y análisis de datos relacionados al estado físico de los estudiantes, incluyendo el índice de masa corporal y los resultados de distintas pruebas de aptitud física. Esta información se registra en la plataforma correspondiente y se comunica oportunamente a los padres, tutores o encargados.

El DEPR señaló que la consolidación de las leyes a ser derogadas dentro de la Ley 85-2018 contribuirá a fortalecer la política pública relacionada con la prevención y el manejo de la obesidad infantil. Entre los beneficios proyectados mencionan el establecimiento de una política unificada en educación física y salud estudiantil, un enfoque más efectivo en la prevención de la obesidad, un monitoreo más riguroso de los programas implantados y la adopción de estrategias mejoradas para atender esta condición.

Asimismo, el programa de salud escolar complementa estos esfuerzos mediante la integración de experiencias educativas que promueven el autocuidado y el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con la nutrición, la prevención de enfermedades y el bienestar integral. Este currículo fomenta valores esenciales para la convivencia, tales como la ética, el bienestar social y la igualdad de oportunidades.

En conjunto, estos programas trabajan de manera articulada para garantizar el desarrollo físico, académico y emocional del estudiantado, reforzando la importancia de mantener una condición física óptima y promover hábitos de vida saludables dentro de la comunidad escolar.

El DEPR manifestó su apoyo a los cambios propuestos en el P. de la C. 1013, los cuales buscan derogar y consolidar disposiciones legales en la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico con el objetivo de fortalecer la política pública relacionada con la salud y el bienestar estudiantil. A juicio de la agencia, estas medidas contribuirán a fomentar en los estudiantes la conciencia sobre la importancia de una condición física adecuada y el bienestar integral.

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

El Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico (DRD), a través de su Secretario, el Sr. Héctor Vázquez Muñiz, presentó su memorial explicativo. Luego de exponer las responsabilidades medulares de la agencia, destacó la política pública gubernamental y departamental orientada a garantizar el bien común y el interés público mediante la promoción de la actividad física, la recreación y estilos de vida saludables.

En su ponencia, el DRD señaló que, en los últimos años, la obesidad infantil y la promoción de hábitos saludables han adquirido una importancia significativa a nivel mundial. Citó datos del Joint Child Malnutrition Estimates (2021), los cuales reflejan que aproximadamente 39 millones de niños menores de cinco años padecían obesidad, lo que representa cerca del 6 % de esa población. A nivel local, mencionó que, según datos del Departamento de Salud de Puerto Rico, para el año 2019 la prevalencia de obesidad entre estudiantes de escuela superior ascendía al 14.4 %, mientras que un 15.4 % se encontraba en sobrepeso. Estos datos evidencian que cerca de 30 de cada 100 jóvenes no se encuentran en un peso recomendado.

El DRD identifica como factores principales que contribuyen al sobrepeso y la obesidad la inactividad física y hábitos alimentarios deficientes. Destacan que aproximadamente un 30% de los estudiantes no realiza actividad física de al menos 60 minutos una vez por semana; más del 20% ve televisión por más de tres horas al día; un 12% no consume frutas ni jugos sin azúcar añadida; y más del 19% no ingiere vegetales. Esta situación incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y colesterol alto, además de afectar el bienestar emocional y la autoestima de los menores.

Frente a este panorama, el DRD respalda firmemente la implantación de políticas públicas dirigidas a la concienciación y educación sobre la obesidad infantil, así como aquellas que promuevan la participación de la comunidad escolar y permitan recopilar datos esenciales para diseñar programas efectivos.

La agencia expresó su apoyo al P. de la C. 1013, por considerar que esta iniciativa aportará significativamente a la reducción de la obesidad infantil en Puerto Rico y permitirá fortalecer la política pública en esta materia. Asimismo, recomendaron la adopción del Modelo Socioecológico como marco conceptual para desarrollar entornos sostenibles que fomenten la colaboración interagencial y la participación del sector privado. Destacan que la integración de investigación empírica facilitará la evaluación del impacto de los programas implantados y permitirá fundamentar cambios necesarios en la gestión administrativa.

El DRD reiteró su compromiso con la prevención y erradicación de la obesidad infantil, enfatizando la importancia de la colaboración estrecha entre el Departamento de Educación, el DRD y el Departamento de Salud para garantizar el éxito de estas estrategias. Finalmente, subrayan la necesidad de desarrollar proyectos sostenibles con un enfoque integral, que aseguren la continuidad y eficacia de los esfuerzos dirigidos a mejorar la salud y el bienestar de los niños y jóvenes en Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO

El Departamento de Salud de Puerto Rico (en adelante, DSPR), por conducto del Secretario de Salud designado, el Dr. Víctor M. Ramos Otero, presentó su posición respecto al P. de la C. 1013, reconociendo que la medida persigue un objetivo loable y sensato dirigido a garantizar la salud de los estudiantes del sistema público de enseñanza. El DSPR destaca que la iniciativa contribuirá a mejorar la condición física de los menores, promover estilos de vida saludables y reducir los conflictos normativos existentes entre leyes que persiguen propósitos similares.

En su memorial explicativo, el DSPR se expresó en torno al Protocolo Uniforme de Atención para el Niño Obeso, destacando la obligación de realizar evaluaciones periódicas del índice de masa corporal (IMC) y de los niveles de actividad física del estudiantado. La agencia recomendó la utilización de herramientas de medición más avanzadas, tales como la Tanita, a fin de obtener datos más precisos. Asimismo, sugirió que la recopilación de datos se lleve a cabo en varias fases durante el año escolar y que la capacitación relacionada con el manejo del IMC se dirija prioritariamente a los docentes de Educación Física y Salud Escolar. Del mismo modo, enfatizó la importancia de educar tanto a los estudiantes como a sus familias sobre hábitos alimenticios saludables. El DSPR también recomendó evaluar la posibilidad de extender la aplicación del protocolo a las escuelas privadas, considerando el volumen significativo de estudiantes matriculados en dichas instituciones.

El DSPR expresó preocupación por la omisión de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico en la implantación del plan propuesto. Destacó que esta Comisión ha desempeñado un rol fundamental en la formulación de estrategias para la prevención de la obesidad infantil y cuenta con un Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en Puerto Rico que se alinea con los objetivos de esta medida. En esa misma dirección, subrayaron la importancia de aumentar la frecuencia de los informes de evaluación, a fin de mejorar el análisis del desempeño de las estrategias implantadas.

El DSPR manifestó su respaldo al P. de la C. 1013, condicionando dicho apoyo a la inclusión de las recomendaciones señaladas, particularmente aquellas relacionadas con la continuidad de las funciones de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico dentro de los recursos disponibles. La agencia indicó que la integración de esta Comisión resulta esencial para asegurar la efectividad de las estrategias dirigidas a la prevención y control de la obesidad infantil en el sistema educativo público.

DETERMINACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO

Conforme al análisis efectuado y a los hallazgos derivados del estudio de la medida, esta Comisión de Educación determina que la aprobación del P. de la C. 1013 no conllevará un impacto fiscal significativo sobre los presupuestos de las agencias, departamentos, organismos, instrumentalidades o corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. En consecuencia, no se requiere certificación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para los fines de esta medida.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes ha realizado un análisis exhaustivo de todas las ponencias, memoriales explicativos y comunicaciones recibidas en torno al P. de la C. 1013. De la evaluación realizada, surge un claro consenso entre las agencias y entidades consultadas respecto a la necesidad impostergable de atender la problemática de la obesidad infantil mediante un marco normativo coherente, actualizado y eficaz. Tanto la Asociación de Psicología de Puerto Rico, como el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Educación de Puerto Rico y el Departamento de Salud coincidieron en la urgencia de adoptar estrategias integrales que promuevan hábitos de vida saludables y fortalezcan la educación física y la nutrición en el entorno escolar.

Los organismos consultados expresaron un respaldo firme a la medida, reconociendo que su aprobación permitirá consolidar los esfuerzos dirigidos a la prevención y manejo de la obesidad infantil bajo un enfoque uniforme que articule las responsabilidades de las agencias componentes. Destacaron, además, que esta iniciativa facilitará un monitoreo más efectivo de los programas implantados y promoverá la creación de ambientes escolares que apoyen el desarrollo saludable de la niñez y la juventud.

El Departamento de Salud de Puerto Rico, si bien respalda la medida, condicionó su apoyo a que se incorporen sus recomendaciones esenciales, particularmente aquellas dirigidas a garantizar la continuidad de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico dentro de los recursos disponibles. La participación de esta comisión es indispensable para asegurar la estabilidad, coherencia y efectividad de las estrategias de prevención y control de la obesidad infantil, por lo que su integración resulta fundamental para el éxito del plan interagencial propuesto.

Es evidente que este proyecto no solo responde a una necesidad inmediata, sino que constituye una inversión estratégica en el futuro de Puerto Rico. La prevención de la obesidad infantil contribuirá a reducir la carga sobre el sistema de salud, mejorará la calidad de vida de las nuevas generaciones y promoverá una cultura sostenida de bienestar, salud física y actividad regular. Esta visión es respaldada por la comunidad científica, las entidades gubernamentales y organismos nacionales e internacionales que coinciden en la importancia de adoptar políticas que aborden esta problemática desde una perspectiva integral y multisectorial.

Por tanto, esta Comisión de Educación insta a la Asamblea Legislativa a actuar con determinación y aprobar el P. de la C. 1013. Esta medida refleja el compromiso del Gobierno de Puerto Rico con el desarrollo integral de los niños y jóvenes, y representa un paso firme hacia la construcción de un país más saludable, consciente y preparado para enfrentar los desafíos del porvenir.

POR LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes recomienda la aprobación del P. de la C. 1013, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,

Tatiana Pérez Ramírez

Presidenta

Comisión de Educación